Una treintena de militares, en situación de retiro, deberán comparecer ante la Justicia por casos vinculados a las graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Será este 1º de febrero, cuando se reinicie la actividad judicial, con la reapertura de los tribunales.

La carta emitida por un grupo de militares, nucleados en el "Foro Libertad y Concordia", donde denuncian un presunto "hostigamiento" del gobierno, jueces y fiscales, en las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, no generó efectos en el accionar de la Justicia, por cuanto varios militares fueron citados para comparecer ante los tribunales con el reinicio de la actividad judicial.

A nivel político, ayer se sumó el Partido Comunista a los cuestionamientos por el contenido de la misiva en la que el grupo castrense no descartó hacer "sentir nuestra voz, que será muy fuerte, extremo al que no desearíamos llegar jamás", en caso que se produzcan nuevos procesamientos. A su vez, para hoy fue convocada una caceroleada en distintos puntos (véase recuadro)

La jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, y la fiscal Ana Maria Tellechea interrogarán a unos 15 militares en situación de retiro, en el marco de la indagatoria por la desaparición del militante comunista Horacio Gelós Bonilla, un proceso tramitado en expediente anexo a la causa judicial contra el dictador Juan Maria Bordaberry, por "Atentado a la Constitución".

La magistrada y la representante del Ministerio Público analizaron las pruebas recopiladas durante la instrucción y dispusieron la citación de los militares como forma de "ampliar la indagatoria" y poder identificar a los responsables de su tortura, muerte y posterior desaparición, según dijeron fuentes judiciales a La República. Los militares deberán comparecer los días 7, 8, 10 y 12 de febrero.

Gelós Bonilla, un ex militante sindical, integrante del Partido Comunista (PCU) y edil del Maldonado por el Frente Amplio (FA), fue asesinado en enero de 1976, en las entrañas del Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce, tras una cruenta sesión de torturas. Tenía 33 años, era soltero, obrero de la construcción y militante del Sunca. Los testimonios de testigos indican que fue "castrado" poco antes de morir.

"Ahí me levantan la capucha y traen a Gelós Bonilla, maniatado con las rodillas junto a la cabeza. Lo traían a rastras. Ahí vi que lo castraban y salía sangre a borbotones. Yo sólo veía parcialmente el cuerpo de Gelós, se quejaba espantosamente. Los quejidos se fueron apagando", narró un testigo ante una Comisión de Derechos Humanos creada en 1986 para investigar los crímenes de la Dictadura.

El cuerpo del militante comunista nunca pudo ser recuperado. El equipo de Antropología Forense de la Universidad de la República ingresó en 2009 al predio del Batallón de Ingenieros Nº 4 en busca de sus restos, tras el testimonio aportado por un ex militar donde se brindaban datos "certeros" sobre su paradero. Los trabajos no dieron resultados.

Otras causas

La causa por la cual se indaga la muerte y desaparición de Gelós Bonilla, sin embargo, no será la única en la cual se prevé la convocatoria de militares en situación de retiro por los crímenes perpetrados durante la dictadura, tras el reinicio de la actividad judicial.

La jueza Mota y la fiscal Tellechea tienen prevista la citación de ocho militares en el marco de la indagatoria por el "homicidio político" del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa, en 1976. La citación de los militares fue producto de los testimonios aportados por tres ex detenidos políticos en la Base Aérea de Boiso Lanza.

Boiso Lanza fue catalogado por los testigos como un centro de operaciones del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del S2, el cual presuntamente era liderado por el capitán (r) Uruguay Araújo Umpiérrez, procesado por el crimen de Chaves Sosa en octubre de 2010.

En este sentido, la citación de los militares pretende identificar a los integrantes del cuerpo de oficiales encargado de la práctica sistemática de torturas en la unidad militar, señalaron las fuentes.

Chaves Sosa, militante sindical y del PCU, fue detenido el 28 de mayo de 1976 y derivado a Boiso Lanza, donde fue interrogado y torturado, falleciendo horas más tarde.

El caso se tornó emblemático, por cuanto significó el primer cuerpo de un detenido-desaparecido recuperado desde la reapertura democrática en 1985. Sus restos reaparecieron el 29 de noviembre de 2005 en una chacra de Pando, tras los trabajos del equipo de Antropología Forense de la Udelar, en base a información brindada por la FAU.

En tanto, la fiscal Ana María Tellechea solicitaría la comparecencia de varios militares (seguramente más de 10), en el marco de la indagatoria por la muerte por torturas de Aldo Perrini Guala, en el Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, en 1974.

La comparecencia de una veintena de testigos en la causa determinó el fin de la primera etapa de la indagatoria. La jueza Mota resolvió, entonces, derivar el expediente en vista a la Fiscalía para su pronunciamiento; la fiscal pediría la citación de los militares identificados por los testigos como forma de valorar su posible responsabilidad en los hechos. Uno de los citados sería uno de los militares detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 8 ("Cárcel Especial para Militares"), por graves violaciones a los derechos humanos.

El caso de Aldo Perrini fue uno de los 19 crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado para los cuales la Ley de Caducidad fue declarada "inconstitucional e inaplicable" por la Suprema Corte de Justicia. El fallo habilitó la investigación de la totalidad de los responsables en el crimen.

Causas pendientes de resolución

El reinicio de la actividad judicial en 2011 no solamente implicará la citación de una treintena de militares para comparecer como "testigos" o "indagados" en causas por violaciones a los derechos humanos, ya que dos militares en situación de retiro aguardan la resolución de las causas en las cuales son imputados: las muertes de Ramón Peré y Roberto Luzardo.

El juez penal de 3º Turno, Sergio Torres, dejó pendiente para los primeros días de febrero su resolución ante la imputación formulada contra el coronel (r) Tranquilino Machado. El fiscal Juan Gómez solicitó su enjuiciamiento, por un delito de "homicidio muy especialmente agravado", como autor de los disparos por la espalda que hirieron de muerte a Peré, en julio de 1973.

En tanto, el juez penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, deberá resolver la imputación formulada contra el dictador Gregorio "Goyo" Alvarez, por la muerte del militante del MLN-T, Roberto Luzardo, en el Hospital Militar; la fiscal Adriana Costa solicitó su enjuiciamiento como coautor de un "homicidio muy especialmente agravado".

Alvarez, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (Esmaco), habría sido el autor de la orden por la cual el militante tupamaro no recibió la asistencia médica adecuada en el nosocomio castrense, tras ser herido de bala durante un violento procedimiento en el "Bar Asturias", en agosto de 1972.

Fuente: La República