El conflicto en Punta Arenas por el alza del precio del gas, en la única zona de Chile de donde se extrae petróleo y gas, deja en evidencia la ausencia de una política de desarrollo regional del gobierno central de Chile y el predominio de los intereses del mercado por sobre los intereses del país y de la región más austral de Chile.

La principal empresa de Magallanes de capital nacional y del Estado chileno es la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y una de las más importantes del país junto a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). Hablar de la ENAP es sinónimo de Magallanes como decir Codelco, norte de Chile. Estas dos empresas son un botín a conquistar por el capital privado, cuya meta es la maximización de beneficios al mínimo costo, objetivo lícito en una empresa privada pero que se contrapone muchas veces a los intereses de la Nación y de la sociedad en general.

¿Qué hay detrás del conflicto o guerra del gas en Magallanes? La respuesta parcial a este interrogante es la enajenación de la renta del gas. ¿A beneficio de quién? Para dilucidarlo hay que analizar quiénes son los principales demandantes de este recurso en la región. Por un lado se tiene a la población de Magallanes y por el otro, a la empresa extranjera Methanex.

La ENAP vende este recurso para consumo domiciliario de las familias magallánicas a un promedio diario de 700 mil metros cúbicos. Por otro lado, la firma extranjera Methanex recibe diariamente más de 1.600.000 metros cúbicos de gas por parte de la ENAP a un precio inferior que el que pagan las familias magallánicas. El hidrocarburo es transformado a metanol, y posteriormente, vendido para ser utilizado como combustible de aviones.

¿Quién controla a la ENAP y autoriza esta política de discriminación de precios? El gobierno que actúa en beneficio de Methanex y en perjuicio de la población que hace historia en el sur del sur de Chile.

El siguiente paso de esta historia y siguiendo la lógica del mercado y no la de los intereses geopolíticos del país es la enajenación de ENAP o privatización. Para esto el camino a seguir es trivial: señalar que es deficitaria e ineficiente como se hizo en la historia reciente de Chile y América latina para justificar la privatización de un activo rentable

¿Quiénes son los favorecidos de este negocio? El capital extranjero. ¿Y cuál empresa? Una empresa de origen canadiense que los magallánicos conocen. Para hacer la operación más “transparente”, lo adecuado es hacerlo a través de capital dividido en acciones que se cotizan en la bolsa y dan origen a las sociedades anónimas. El siguiente paso es entonces privatizar ENAP, para el beneficio de unos pocos donde “aparentemente” para el Poder Ejecutivo sobra la población de Magallanes.

El actual gobernante desea aumentar la apuesta y amenaza a la población del sur del sur de Chile que de no cesar la protesta ciudadana, que ayer cumplió ocho días, se les aplicará la ley de seguridad interior del Estado, que suena mejor que Estado de Sitio. Este comprenderá a la Región de Magallanes, Ultima Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica chilena. Esto refleja la nula visión geopolítica del titular del Poder Ejecutivo, que el año pasado envió fuerzas policiales para reprimir en Isla de Pascua, territorio insular chileno ubicado en la Oceanía.

La protesta de Magallanes deja en evidencia la crisis del sistema político chileno, su verticalismo y centralismo. En la actualidad no hay autoridades regionales –intendentes y gobernadores– competentes, pues estos son nombrados por el Ejecutivo, en vez de ser electos por el voto popular, como corresponde en un régimen democrático representativo. De esta forma se puede observar que los alcaldes, concejales, diputados y senadores electos por el voto popular apoyan la legítima protesta de Magallanes; no es el caso de las autoridades regionales designadas sin el voto popular. El Poder Ejecutivo, en vez de llamar al diálogo y a ampliar la participación de los ciudadanos con más democracia, responde encerrándose en sí mismo y negándose al diálogo, desconociendo las legítimas demandas de la ciudadanía de Magallanes, abriendo el camino a la militarización y criminalización de las protestas y al incremento de la represión sobre la población civil.

Que una de las consignas en Magallanes y en los diferentes lugares de Chile donde se han manifestado los magallánicos haya sido “Piñera atina o nos vamos pa’Argentina”, dice mucho. Cuando se plantea esto es que “¡Nos vamos pa’Argentina como región!”. La XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena tiene una superficie en la zona continental de 132.033,5 km² y en el Territorio Antártico de 1.250.257,6 km². La superficie de Chile Continental es de 756.096 k km². ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Por el grado de abandono y la ausencia de políticas de desarrollo en una zona rica en recursos naturales, gran atractivo turístico e importancia geopolítica.

Esto contrasta en forma notable con lo que ocurre en el país vecino donde sí existe una estrategia de desarrollo para el sur del sur de Argentina. Las ciudades de Río Grande, Ushuaia, Río Gallegos, crecen en términos de su PIB, en términos poblacionales, de infraestructura. Con ellas Magallanes establece una comunicación natural en términos geográficos y un mayor grado de integración social que con el “norte” o Chile, del que se encuentran aislado geográficamente.

En síntesis, las medidas del Poder Ejecutivo dañan la seguridad nacional al castigar duramente al sur del sur de Chile, sus habitantes, su economía y su territorialidad. Los magallánicos y chilenos elegimos la democracia como forma de vida y no la autocracia de los mercados.

José Salvador Cárcamo
Economista y MDN (Master en Defensa Nacional), nacido en Punta Arenas.

Fuente: Página 12