Con la Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la Empresa española (FIEM) aprobada el pasado 10 de junio de 2010, se deja intacta la actuación irresponsable de las empresas españolas en el exterior y de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

Cada año el Estado español destina millones de euros a la internacionalización de la empresa española, asumiendo que la economía debe desarrollar respuestas ante la demanda externa, promoviendo las exportaciones y la inversión extranjera directa. Esto incrementaría la competitividad y contribuiría a la creación de empleos.

No obstante, de acuerdo con el Informe de Inversión Mundial de la UNCTAD citado por el economista William Chislett, en 2008 en el mundo se contabilizaban 82.000 transnacionales, las cuales representaban 10% de las ventas globales, 33% de la exportación de bienes y servicios y… tan sólo 3,3% de los empleos.

A pesar de que no existe una relación causal entre la internacionalización de las empresas y una mayor creación de empleos en el país sede, se evidencia una lógica lineal de transferencia de recursos públicos al sector privado en numerosos ámbitos. Por ejemplo, en la Ley de Economía Sostenible o en la reforma prometida por la Ley 38/2006 Reguladora de la Gestión de la Deuda, que estipulaba la obligatoriedad de presentar en esa misma legislatura dos nuevos proyectos de ley que modificarían el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y los seguros CESCE, con el objeto de acabar con el impacto medioambiental, social y económicamente negativo de su uso (principalmente por la generación de deuda externa).

¿El resultado? Una nueva Ley que llega con dos años de retraso, se destina a la Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la Empresa española, crea un Fondo de apoyo a las empresas (FIEM), y se abstiene de reformar a CESCE. Además, ha sido tan apuradamente redactada y aprobada, que se deja una contradicción entre los Artículos 5 y 13: el texto ni siquiera establece claramente quién se beneficia de los créditos FIEM.

Actuaciones empresariales españolas: el déficit FIEM

En las recientes “pruebas de resistencia” realizadas a los mayores bancos de la UE, el Santander ha sido el que mejor nota ha obtenido como banco español. Pero esta calificación sería muy diferente si la "solvencia" se midiera desde el punto de vista de la responsabilidad social y ambiental.

¿Por qué? Por ejemplo, el Santander ha impulsado y participa aún como "Banco-Agente" en el Complejo del Río Madera, un conjunto de megarepresas en la Amazonía, que sumergirá áreas de muy rica biodiversidad y territorios de Pueblos Indígenas -entre los cuales se encuentran pueblos "no-contactados"- tanto en Brasil como en Bolivia.

De hecho, el Santander fue por esto una de las nueve empresas españolas (entre 27 europeas), cuyos casos se presentaron en Madrid en mayo del 2010 ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Unión FENOSA, Telefónica, Repsol YPF, Proactiva Medio Ambiente, Pescanova, Endesa, Canal Isabel II y Aguas de Barcelona fueron también juzgadas por violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos. En anteriores sesiones del Tribunal (2006 y 2008), éstas y otras empresas españolas como el BBVA también fueron denunciadas por las poblaciones latinoamericanas afectadas, así como por colectivos europeos, en el marco de la red Enlazando Alternativas.

Sin embargo, ninguno de los artículos de la Ley FIEM se refiere a estos impactos. Tampoco se determinan mecanismos de consulta, información y participación de las poblaciones afectadas.

Además, se aplica la “garantía soberana” en la concesión de créditos con cargo al FIEM, lo que conlleva que en caso fallido de pago, la deuda externa de los países terceros se vería incrementada. Tampoco los países más empobrecidos (iniciativa HIPC) han sido completamente excluidos de estos préstamos.

CESCE se “salva” de la reforma

CESCE, participada en un 50,25% por el Estado , es el principal instrumento financiero utilizado para la internacionalización empresarial, mediante la cobertura de riesgos de impacto derivados de las ventas de productos y servicios de empresas españolas en el exterior. Los fallidos de pagos de los créditos asegurados por CESCE son responsables de 40% de la Deuda externa.

La Ley no resuelve este problema. Tampoco solventa las deficiencias de CESCE en términos de transparencia, ni su responsabilidad en operaciones que implican violaciones de los Derechos Humanos o el apoyo a proyectos de grave impacto ambiental.

No son pequeños los fondos a los que nos referimos: en 2009, la Ley de Presupuestos Generales del Estado fijó en 4.547,28 millones de euros el límite máximo de cobertura en los seguros emitidos por CESCE por cuenta del Estado, y en 2010 fueron 9.000 millones. Más aún, en tiempos de recortes de un gran número de partidas del presupuesto del Estado, FIEM y CESCE se ubican entre los muy contados sectores cuyo presupuesto no ha sido cambiado o incluso, ha sido aumentado. Así, en los Presupuestos Generales para 2011, se mantiene la suma de 9.000 millones. Por otra parte, si en 2010, el “Fondo de Ayuda al Desarrollo para la Internacionalización” tenía una dotación de 194,03 millones de Euros, hoy, el FIEM, que reemplaza a dicho fondo, se ve dotado de 316, 17 millones .

En conclusión, la política de apoyo a las empresas españolas asegura su impunidad, no beneficia a las poblaciones del Sur, incrementa la deuda externa y además cuesta dinero público que podría ser más bien invertido en la creación de empleos desde una óptica sostenible. Lo lógico sería, al contrario, realizar una auditoría de la deuda que han generado, revisar sus actuaciones e implementar mecanismos de sanción frente a los conflictos que provocan.

Merche Valls y Mónica Vargas / Campaña ¿Quién debe a Quién?

Fuente: Diagonal