Ante la llegada a Montevideo del presidente chileno, Sebastián Piñera, gremios estudiantiles se concentrarán y marcharán en protesta contra su llegada, en solidaridad con sus pares chilenos, en conflicto con el gobierno por la educación pública.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llegará este miércoles a Uruguay cerca de las 19 horas. En su agenda, el mandatario mantendrá un encuentro con el presidente José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori, visitará la Suprema Corte de Justicia, disertará en ADM y participará en la sesión de la Asamblea General.

Por su parte, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media de Montevideo (CEEM), del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (IPA) y del Encuentro Nacional de Trabajadores, Estudiantes y jubilados clasistas se concentrarán este jueves a las 17 horas en el Liceo Bauzá para marchar hacia la residencia presidencial de Suárez y Reyes para manifestar su protesta, mientras los mandatarios de Chile y Uruguay estén reunidos.

Los manifestantes leerán una proclama en repudio al accionar de Piñera frente a los estudiantes chilenos y el programa de educación pública, y en la misma criticarán a Mujica, acusándolo como "responsable del proceso de mercantilización de la educación, que toma como ejemplo el modelo chileno", indicó este martes a Ultimas Noticias Gabriel Bermúdez, encargado de Relaciones Internacionales de la FEUU.

Extractos de la carta de declaración de la Feuu:

"En nuestra América de hoy se viven tiempos de cambios, las distintas luchas de nuestros pueblos nos han permitido dar vuelta la página de la historia y lo que parecía una larga y oscura noche neoliberal en los noventa se fue convirtiendo poco a poco en el alba de nuestros pueblos."

"En estos tiempos los gobiernos de Puerto Rico, Colombia y Chile son resabios de aquella noche, son el ejemplo de lo que no se debe hacer, son las sociedades con la mayor desigualdad en materia de salud, trabajo y educación".

"Ante la visita del Presidente de Chile, Sebastian Piñera, la FEUU quiere expresar su más profundo rechazo a la presencia en nuestro país de quien defiende el sistema de enseñanza chileno, que fue instaurado en la dictadura de Pinochet, donde el Estado no se responsabiliza de la educación y los padres deben pagar una buena parte para que sus hijos puedan estudiar."

"Este mismo modelo que se trató de imponer en Uruguay en la década de los 90 y que gracias a la lucha sostenida de los estudiantes y trabajadores junto al pueblo no pudo implementarse."

En base a Agencias

Federaciones universitarias chilenas efectuaron este miércoles un paro nacional y miles de estudiantes se manifestaron por las calles de Santiago y otras ciudades del país, apoyados por autoridades académicas y profesores, en rechazo al modelo privatizador en la educación, por un cambio estructural y mayor acceso a la enseñanza superior.

Se estima que al menos 30 mil universitarios participaron en las marchas de protesta por el centro de esta capital y ciudades como Talca, Valparaíso, Concepción, Temuco, La Serena, Coquimbo, Valdivia y Puerto Montt, en movilizaciones en que sólo se registraron algunos incidentes aislados.

Las autoridades policiales informaron de algunos detenidos, sin precisarse el número.

La multitudinaria marcha en Santiago se realizó pacíficamente, y solamente al final hubo disturbios frente al Ministerio de Educación, a una cuadra del palacio presidencial de La Moneda, luego de que un grupo de jóvenes encapuchados intentó bloquear en sus alrededores el tráfico vehicular.

Las escaramuzas se desataron cuando la policía militarizada de Carabineros intervino con carros lanzagua y la utilización de bombas lacrimógenas.

El Colegio de Profesores y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales se sumaron a la manifestación de protesta, encabezada por todos los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile y los rectores de la Universidad de Santiago, Manuel Zolezzi, y de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Luis Pinto.

El rector Zolezzi declaró que las reivindicaciones que han planteado los estudiantes este año han sido muy coherentes con lo que yo he estado sosteniendo durante cinco, seis años. Por ello, dijo, me parece que es legítimo acompañarlos ya que han tomado las mismas banderas que yo he sostenido por mucho tiempo, por una educación pública de calidad, justa y equitativa.



Los dirigentes de la Universidad de Chile, Camila Vallejos, y de la Universidad Católica, Giorgio Jackson, expresaron su satisfacción con la convocatoria que atrajo a miles de manifestantes para exigir el regreso a la educación superior ampliando el acceso a jóvenes con menores ingresos, y que se establezcan limitaciones a las universidades privadas para impedir que sólo sean un negocio.

Vallejo señaló que “nuestras demandas siguen siendo transversales como lo fue el 12 de mayo -el día de otra multitudinaria movilización nacional-, la gente todavía nos respalda, creen que es necesario avanzar en lo que nosotros estamos planteando porque la educación es un derecho y tiene que ser garantizado como tal, debido a lo cual nosotros no vamos a transar en ese sentido”.

Jackson, dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, celebró que se haya entendido el llamado a reformar el sistema completo y que venimos a decirle al ministro que no somos los privilegiados de siempre los que estamos viniendo a luchar, sino que estamos haciendo un movimiento amplio.

En los últimos años, los estudiantes chilenos han venido denunciando la falta de financiamiento para las universidades públicas, así como la escasa regulación en las universidades privadas. En estas últimas, sostienen, los planes de estudio son deficientes, existe una alta deserción estudiantil y prima solamente la rentabilidad económica.

Los dirigentes universitarios han insistido ante las autoridades en que el problema se deriva desde la época de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), cuando el régimen militar impuso una drástica reducción de los recursos a las universidades y una amplia privatización de ese sector educativo. Todo esto, aun cuando en años recientes fueron aumentadas las asignaciones.

Conforme a datos emitidos por la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco), Chile es la única nación del mundo con una educación superior considerada casi enteramente privatizada, pues toda es pagada y los estudiantes de los sectores pobres apenas pueden acceder a ella debido a los altos aranceles.



Las universidades tradicionales que realizamos la mejor docencia e investigación de Chile llevamos muchos años esperando un trato justo y equitativo de las autoridades, y no queremos seguir esperando mientras se frustran los sueños e ideales de generaciones de chilenos, declaró el rector de la estatal Universidad de Chile, Víctor Pérez Vela.

Apuntó que “por eso es que estamos exigiendo que haya seriedad, transparencia y que se termine el lobby oscuro que busca traspasar recursos de todos los chilenos, sin fiscalización alguna, para mejorar el negocio de algunas universidades privadas nuevas”.

En otro orden, se informó que en coma inducido permanece hospitalizado Luciano Pitronello Schufenneger, de 22 años, un joven presuntamente vinculado a un grupo anarquista que esta madrugada perdió las manos al estallarle una bomba que intentaba colocar en una sucursal bancaria en Vicuña Mackenna, en Santiago.

Mientras, el tanatólogo uruguayo Hugo Rodríguez reconoció que el análisis que realizó de las causas de la muerte del presidente constitucional chileno Salvador Allende fue especulativo, porque no ha visto las lesiones que sufrió y sólo tuvo acceso al informe de la primera autopsia.

Lo único que sostengo es que si el informe de la autopsia se corresponde con la realidad, hay dos lesiones de armas bien diferentes. Pero eso yo no lo sé, porque no vi las lesiones. Ni siquiera hay fotografías, subrayó el experto.

Rodríguez agregó al diario Las Últimas Noticias que yo no digo cuántos balazos recibió el ex presidente Allende y cómo se los provocaron. Digo que, de ser correcta la información expuesta, encontramos dos patrones de armas y lesiones diferentes.

Ese análisis en un programa de la televisión estatal provocó durante la víspera molestia en la familia Allende.

Enrique Gutiérrez

Fuente: La Jornada

El conflicto en Punta Arenas por el alza del precio del gas, en la única zona de Chile de donde se extrae petróleo y gas, deja en evidencia la ausencia de una política de desarrollo regional del gobierno central de Chile y el predominio de los intereses del mercado por sobre los intereses del país y de la región más austral de Chile.

La principal empresa de Magallanes de capital nacional y del Estado chileno es la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y una de las más importantes del país junto a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). Hablar de la ENAP es sinónimo de Magallanes como decir Codelco, norte de Chile. Estas dos empresas son un botín a conquistar por el capital privado, cuya meta es la maximización de beneficios al mínimo costo, objetivo lícito en una empresa privada pero que se contrapone muchas veces a los intereses de la Nación y de la sociedad en general.

¿Qué hay detrás del conflicto o guerra del gas en Magallanes? La respuesta parcial a este interrogante es la enajenación de la renta del gas. ¿A beneficio de quién? Para dilucidarlo hay que analizar quiénes son los principales demandantes de este recurso en la región. Por un lado se tiene a la población de Magallanes y por el otro, a la empresa extranjera Methanex.

La ENAP vende este recurso para consumo domiciliario de las familias magallánicas a un promedio diario de 700 mil metros cúbicos. Por otro lado, la firma extranjera Methanex recibe diariamente más de 1.600.000 metros cúbicos de gas por parte de la ENAP a un precio inferior que el que pagan las familias magallánicas. El hidrocarburo es transformado a metanol, y posteriormente, vendido para ser utilizado como combustible de aviones.

¿Quién controla a la ENAP y autoriza esta política de discriminación de precios? El gobierno que actúa en beneficio de Methanex y en perjuicio de la población que hace historia en el sur del sur de Chile.

El siguiente paso de esta historia y siguiendo la lógica del mercado y no la de los intereses geopolíticos del país es la enajenación de ENAP o privatización. Para esto el camino a seguir es trivial: señalar que es deficitaria e ineficiente como se hizo en la historia reciente de Chile y América latina para justificar la privatización de un activo rentable

¿Quiénes son los favorecidos de este negocio? El capital extranjero. ¿Y cuál empresa? Una empresa de origen canadiense que los magallánicos conocen. Para hacer la operación más “transparente”, lo adecuado es hacerlo a través de capital dividido en acciones que se cotizan en la bolsa y dan origen a las sociedades anónimas. El siguiente paso es entonces privatizar ENAP, para el beneficio de unos pocos donde “aparentemente” para el Poder Ejecutivo sobra la población de Magallanes.

El actual gobernante desea aumentar la apuesta y amenaza a la población del sur del sur de Chile que de no cesar la protesta ciudadana, que ayer cumplió ocho días, se les aplicará la ley de seguridad interior del Estado, que suena mejor que Estado de Sitio. Este comprenderá a la Región de Magallanes, Ultima Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica chilena. Esto refleja la nula visión geopolítica del titular del Poder Ejecutivo, que el año pasado envió fuerzas policiales para reprimir en Isla de Pascua, territorio insular chileno ubicado en la Oceanía.

La protesta de Magallanes deja en evidencia la crisis del sistema político chileno, su verticalismo y centralismo. En la actualidad no hay autoridades regionales –intendentes y gobernadores– competentes, pues estos son nombrados por el Ejecutivo, en vez de ser electos por el voto popular, como corresponde en un régimen democrático representativo. De esta forma se puede observar que los alcaldes, concejales, diputados y senadores electos por el voto popular apoyan la legítima protesta de Magallanes; no es el caso de las autoridades regionales designadas sin el voto popular. El Poder Ejecutivo, en vez de llamar al diálogo y a ampliar la participación de los ciudadanos con más democracia, responde encerrándose en sí mismo y negándose al diálogo, desconociendo las legítimas demandas de la ciudadanía de Magallanes, abriendo el camino a la militarización y criminalización de las protestas y al incremento de la represión sobre la población civil.

Que una de las consignas en Magallanes y en los diferentes lugares de Chile donde se han manifestado los magallánicos haya sido “Piñera atina o nos vamos pa’Argentina”, dice mucho. Cuando se plantea esto es que “¡Nos vamos pa’Argentina como región!”. La XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena tiene una superficie en la zona continental de 132.033,5 km² y en el Territorio Antártico de 1.250.257,6 km². La superficie de Chile Continental es de 756.096 k km². ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Por el grado de abandono y la ausencia de políticas de desarrollo en una zona rica en recursos naturales, gran atractivo turístico e importancia geopolítica.

Esto contrasta en forma notable con lo que ocurre en el país vecino donde sí existe una estrategia de desarrollo para el sur del sur de Argentina. Las ciudades de Río Grande, Ushuaia, Río Gallegos, crecen en términos de su PIB, en términos poblacionales, de infraestructura. Con ellas Magallanes establece una comunicación natural en términos geográficos y un mayor grado de integración social que con el “norte” o Chile, del que se encuentran aislado geográficamente.

En síntesis, las medidas del Poder Ejecutivo dañan la seguridad nacional al castigar duramente al sur del sur de Chile, sus habitantes, su economía y su territorialidad. Los magallánicos y chilenos elegimos la democracia como forma de vida y no la autocracia de los mercados.

José Salvador Cárcamo
Economista y MDN (Master en Defensa Nacional), nacido en Punta Arenas.

Fuente: Página 12

Foto: EFE

Los empleados públicos de Chile analizarán este jueves si continúan o no la huelga que mantienen desde el pasado lunes en demanda a un aumento salarial de 5 por ciento, luego de que el Parlamento aprobará en la madrugada el proyecto de gobierno para subir los salarios a 4,2 por ciento.

La iniciativa legal obtuvo 44 votos a favor y 43 en contra, tras ser debatido por la Cámara de Diputados.

El Senado posteriormente aprobó el proyecto de aumento salarial con 15 votos a favor, cuatro en contra y siete abstenciones.

Esta aprobación se dio después que el presidente chileno, Sebastián Piñera, añadió al proyecto un bono por término de conflicto de aproximadamente 448 dólares, para los funcionarios que ganen hasta mil 94 dólares, y 224 dólares para aquellos que ganen dos mil 448 dólares.

Según fuentes oficiales, el proyecto de gobierno también mejorará los montos de algunos bonos y aguinaldos, incluidos ya en la iniciativa legal.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien hizo acto de presencia en los debates que se llevaron a cabo en el Parlamento, consideró la aprobación del proyecto como “un triunfo de los trabajadores”.

El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Raúl de la Puente, quien consideró responsable al Gobierno “por el descontento prevaleciente”, señaló este miércoles que “los trabajadores no aceptarán un reajuste inferior al cinco por ciento”.

El líder sindical indicó que si se toma en cuenta el índice inflacionario de Chile, el incremento del 4,2 por ciento que se propone llega “sólo en la práctica al 1,3 por ciento, número muy por debajo del 4,5” aprobado en 2009.

Miles de manifestantes se concentraron este miércoles frente a la sede del Congreso chileno en la ciudad de Valparaíso, a unos 120 kilómetros de esta capital (Santiago de Chile), en protesta también por los más de ocho mil despidos ocurridos en lo que va de este año.

Las organizaciones sindicales y las bancadas opositoras, que apoyaban la demanda de los trabajadores de un ajuste salarial de al menos 5,0 por ciento, consideran que ha faltado voluntad de diálogo en la administración chilena.

La huelga iniciada paralizó hospitales y consultorios de salud básicos, así como los servicios en las municipalidades, el registro civil, las aduanas y la tesorería.

Fuente: TeleSur

El presidente chileno no logró capitalizar
el rescate de los mineros; bajó su apoyo.

Lejanos parecen los flashes que retrataron al presidente con los 33 mineros rescatados. El mandatario perdió 13 puntos del respaldo ciudadano. Sospechas de que intervino en la elección presidencial del fútbol.

El pasado miércoles, el presidente Sebastián Piñera estuvo de cumpleaños. La cosa iba bien. Almuerzo, regalos y hasta mariachis llegaron a La Moneda para amenizar los festejos. Sin embargo, en la tarde, la torta se puso agria, cuando por los pasillos del palacio presidencial se supo que la influyente encuesta Adimark de noviembre, que se revelaría al día siguiente (ayer), traería malas noticias. Y así fue nomás.

Si bien el oficialismo estaba consciente de que los flashes y cámaras que alumbraron el rescate de los 33 mineros atrapados y, por ende, al gobierno, se apagaron hace semanas, lo que ocasionaría una baja en los niveles de popularidad del mandatario, el porrazo fue más fuerte de lo presupuestado.

De acuerdo con el sondeo, un 50 por ciento de la población aprueba su gestión, cifra considerable; sin embargo, también significa una disminución de 13 puntos del respaldo ciudadano, lejos del peak de octubre pasado con el rescate minero planeando sobre las encuestas.

Otro dato no menor es la desaprobación a Piñera que aumenta en 10 puntos (36 por ciento), quebrando una racha a la baja desde agosto.

Más allá del tema minero, las sospechas y rumores –nunca confirmados, hay que decirlo– respecto de que Piñera intervino directamente en las elecciones presidenciales del fútbol chileno (que perdió Harold Mayne-Nicholls y, de paso, desbancó a Marcelo Bielsa, ambos exitosos y amigos públicos de Michelle Bachelet) le pasaron la cuenta.

De hecho, otro sondeo hecho en noviembre, dijo que un 57 por ciento cree que hubo intervención del gobierno en las elecciones de la ANFP.

La Concertación vio tierra fértil para lanzar su artillería e intentó crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, aunque la idea no prosperó, la sensación en la ciudadanía quedó marcada a fuego, pues la dupla Harold-Bielsa ha sido la más exitosa en años. Además, Sebastián Piñera aún es dueño de buena parte de las acciones de Colo-Colo, el equipo más popular de Chile, y su consuegro posee otro porcentaje importante; por ello, el voto de esa institución en contra del dúo futbolero sólo echó más leña a la hoguera.

En cuanto a la evaluación del gobierno, la Adimark también muestra una caída, esta vez de 9 puntos (54 por ciento) en noviembre, mientras que la desaprobación experimenta un alza de 7 puntos (33 por ciento). En relación con los atributos personales de Piñera, éstos también revelan mermas, en especial en las preguntas “genera confianza” (-7 puntos) y “es creíble” (-12 puntos).

Actualmente, el mejor atributo evaluado del presidente (76 por ciento) es “la capacidad para enfrentar situaciones de crisis”, seguido por “activo y enérgico” (74 por ciento). Así las cosas, tanto Piñera como el gobierno vuelven a niveles similares a los mostrados previos al rescate.

Los únicos que sonríen son el ministro de Minería, Laurence Golborne, con 91 por ciento de respaldo ciudadano, y el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter (75 por ciento). Ambos, ya suenan como presidenciables para el 2014.

Conocidos los datos, la vocera de gobierno, Ena von Baer, aseguró que las encuestas no son una preocupación para el gobierno. “Nosotros no estamos preocupados por las alzas o las bajas en el sentido de poder alterar nuestra forma de trabajo... con un presidente activo, en terreno, preocupado por las personas y por un gobierno llevando adelante las reformas profundas de este país.”

A su turno, el presidente del partido de derecha UDI, Juan Antonio Coloma, fue más realista al declarar que “tenemos que mejorar lo que se tenga que mejorar... no perder el rumbo y seguir con más fuerza, corrigiendo los errores que siempre existen, pero ser capaces de avanzar en lo que estamos haciendo... Lo importante es que más de la mitad de los chilenos nos apoyan”, afirmó.

Desde la oposición, el diputado y presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, dijo que es preocupante la pérdida de credibilidad del presidente. “Cuando un presidente tiene una tendencia a la baja desde el punto de vista de su credibilidad, es un problema que nos debiera involucrar a todos”, señaló.

Dijo, además, que “es un mal resultado para el gobierno, sobre todo porque vive muy en función de las encuestas... Además, no creo que en Chile haya alguien sinceramente que piense que en los resultados de las elecciones de la ANFP el gobierno no haya tenido nada que ver, pero probablemente esto nunca se va a saber”, sostuvo.

Finalmente, la presidenta del también opositor partido PPD, Carolina Tohá, señaló que “la encuesta nos muestra algo que nosotros hace rato estamos sintiendo, que no todo el mundo está tan contento con el gobierno como nos quieren hacer ver, que no todo el mundo está tan satisfecho y tan conforme como dicen... este es un gobierno que se evalúa muy bien a sí mismo, pero entre los ciudadanos vemos que hay muchas opiniones distintas. Eso está reflejando que todo este enorme esfuerzo comunicacional y de anuncios por una u otra razón a la gente no le está llegando, no la está convenciendo, o no lo está sintiendo en su vida diaria”, afirmó.

Christian Palma

Fuente: Página 12

Caricatura: Guillo

Negros nubarrones se siguen acumulando sobre el cielo de los chilenos los que parecen no vislumbrar la tormenta económica que se cierne sobre ellos. Los débiles datos económicos de Estados Unidos y un desempleo de dos dígitos, una Europa con enormes déficit fiscales y políticas contractivas y el menor crecimiento de China le parecen asuntos lejanos y ajenos La realidad parece no contar y en lo inmediato el sistema de endeudamiento vía tarjetas de crédito los circunscribe a una burbuja consumista e inmediatista en que todo parece estar solucionado. No perciben que las campanas de la crisis que sigue su curso también pudieran estar redoblando por nosotros.

Estos nubarrones configuran en la economía internacional uno de los períodos más difíciles desde la época de la posguerra, enmarcándose con una fuerza alucinante en la teoría de las crisis capitalistas previstas por Marx.

Ya antes de esta nueva situación de crisis de acuerdo con las proyecciones del FMI el producto mundial caerá 2,6 % [1]; el volumen del comercio internacional se contraerá en 12,2 % y los socios comerciales de Chile experimentarán una caída en su nivel de actividad económica de 1,1 %. Todas estas cifras así como se vislumbra el panorama deberán ser hoy revisadas a la baja.

La economía chilena que es una de las más abiertas del mundo con un 80 % de apertura (compárese con Estados unidos que tiene un 28 % y Japón que tiene un 31 %), no puede estar inmune a los efectos de la crisis económica global y si producto de la crisis anterior generada en Estados Unidos sus exportaciones cayeron en un 14 % Así son previsibles una caída en el precio de las exportaciones producto de las menores expectativas de crecimiento lo que causará además, reducciones significativas en el ingreso nacional, reducción en la liquidez en los mercados locales por un aumento de las tasas de interés, acorte de los plazos de endeudamiento y mayor estrictez en las condiciones del crédito.

El gobierno de Piñera seguía asentando el cumplimiento de su programa económico, después del terremoto, en que los efectos del shock exterior del 2009 comenzaban a revertirse a través de políticas fiscales coordinadas e implementadas por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central en el último gobierno de la Presidenta Bachelet. No contaban con que la repetición de las crisis económica del capitalismo siguen un curso cada vez más errático y de mayor profundidad.

La economía chilena se ve, entonces, sometida a una crisis externa de doble zambullida. Ya desde el cuarto trimestre del 2008 se aprecia en Chile una reducción de la actividad económica, especialmente de la demanda interna, lo que ha debilitado el mercado laboral y en la demanda interna que se contrajo en 9,2 % en el primer semestre del 2009. A esto se le acopló una desaceleración de la inversión y del consumo privado que evidenció una contracción de 1,9 %; la Formación Bruta de Capital Fijo presentó un retroceso de 14,8 % asociado a una menor inversión en maquinaria y equipo. La pregunta obvia es ¿por qué la gente no percibió en toda su crudeza este obscuro panorama? La respuesta tiene varias componentes principales, aunque no únicas.

Primero la mantención de altos precios del cobre que permitieron que las cotas ingresos fiscales se mantuvieran en un nivel que permitieron maniobrabilidad y bases materiales para enfrentar los problemas de liquidez e iniciar prácticas políticas de estímulo fiscal y monetario, es decir, significativas políticas contracíclicas. El gobierno de Bachelet inició un Programa de Estímulo Fiscal equivalente a un 2,8 % del PIB del 2009. Con esto se inyectó recursos directamente al bolsillo de las familias, generando un impulso al consumo para aminorar los efectos de la crisis sobre la liquidez de las pequeñas empresas y para estimular el empleo con la ampliación del presupuesto de inversión pública otorgando subsidios al empleo juvenil, que si bien no resolvió ni de lejos el alto desempleo juvenil, lo mantuvo en sus cotas de arrastre, y por último alentó la inversión privada con rebajas tributarias transitorias.

Estas medidas y otras adicionales al Plan de Estímulo Fiscal como el fortalecimiento del crédito a consumidores y a Pymes y la promoción de la competencia del sector bancario permitieron capear la crisis y que no se sintiera el remezón en toda su magnitud.

Los economistas del sistema crearon luego la “sensación térmica” de que la economía global se estaría estabilizando dejando atrás los peor de ella, sin embargo la codicia ha provocando en el saco sin fondo de la economía capitalista otro enorme forado por el que emergen incontenibles nuevos males: Datos de debilidad y alto desempleo de dos dígitos ya en Estados Unidos, la posibilidad de un menor crecimiento en China y una Europa acudiendo a las políticas contractivas para salir del desastre.

Ante este panorama lo que el gobierno debe resolver hoy es como contrarresta la crisis en desarrollo con unos ingresos fiscales inferiores a los percibidos en el año 2009. Las primeras señales alarmantes, desde luego post discusión del salario mínimo, es si lo hará al estilo Chicago boys y/o Fondo Monetario Internacional, es decir, restringiendo al máximo el gasto fiscal y jibarizando todo lo posible los salarios o lo hará con políticas contracíclicas que tiendan a fomentar el empleo y el poder adquisitivo de la población.

Las políticas neoliberales tienden a asentarse en la falsa tesis de que un incremento de los salarios provoca desempleo cuando lo único cierto es que salarios bajos provocan una menor demanda interna que junto a una menor inflación significan menores niveles de recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y menores Pagos Previsionales Mensuales (PPM), en otras palabras menores ingresos de la caja fiscal lo que no permite financiar programas que mejoren la distribución del ingreso, área en que Chile se encuentra entre las peores del mundo.

La crisis en curso implica revisar prácticamente todos los supuestos en que se basó el Presupuesto de la Nación para el 2010. Ellos estaban basados en una incipiente recuperación económica post crisis que llevaría a Chile a un crecimiento del PIB de un 5 %; un crecimiento (El actual gobierno hablaba de un crecimiento de 6 %) de la Demanda Interna de 6,9 % anual; precios del cobre en torno a US $ 2, 66 dólares la libra como promedio anual; variación del IPC diciembre a diciembre en torno al 2,8 % y un tipo de cambio de $ 560 por dólar.

Sobre estos supuestos macroeconómicos se estimó que el Gobierno Central consolidado obtendría ingresos por $ 22.350.388 millones en 2010, un 16 % mayor que lo que se proyectó para el 2009. Una primera señal de la posibilidad de una nueva realidad lo dio el desplome del precio del cobre a 1.94 dólares por libra. (25 de junio 2010) y el precio del dólar ronda los 540 pesos por dólar.

La realidad reseñada está en jaque y deberá elegir entre elaborar un Programa de financiamiento fiscal que posibilite un crecimiento de la demanda interna que incide principalmente en una mayor recaudación de impuestos o apegarse a las resoluciones del G-20 que han puesto una lápida a los intereses populares sus respectivos países al buscar como opción la reducción en un 50 % los déficit fiscales de aquí al año 2013 lo que significa la receta de la “austeridad”, naturalmente para los trabajadores, con el desmantelamiento de la protección social y reducción de los servicios públicos. Esto es una brutalidad en la fase actual de la crisis con una demanda deprimida y altas tasas de desempleo, pero es la respuesta neoliberal a sus propios desaciertos.

Por lo menos para que no se llamen a engaño, en lo inmediato, las soluciones del gobierno de Piñera son hasta este momento claras: alzar el falso royalty hipotecando los intereses del país hasta el 2025 con una inamovilidad tributaria que significará en el futuro próximo enormes ganancias para las grandes mineras y un reajuste del salario mínimo que dada la inflación esperada para el período será nulo o negativo; la privatización de lo que queda del patrimonio social “para hacer caja” y que cada cual se rasque con las uñas que le queden en una educación y salud privatizadas.

Patricio Malatrassi Aguilera

Fuente: Rebelión