Cecilia Michelini, la hija del diputado uruguayo Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires en 1976, y titular de la fundación que lleva el nombre de su padre dialogó con Las/12 sobre las consecuencias de la impunidad cívico-militar tras la dictadura padecida en ese país. Junto a ella, la secretaria de la Asociación de Amigos del Museo de la Memoria, Antonia Yáñez, se refirió a las denuncias por violencia sexual como delito de lesa humanidad.

Cecilia tiene 53 años y es una de los diez hijos de Zelmar Michelini y Elisa Delle Piane. Cuando asesinaron a su padre en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor, tenía 19 años y también se encontraba en la misma ciudad junto con algunos de sus hermanos. Poco después partió hacia Suecia y Francia, donde estuvo exiliada varios años. Entre tanto, su madre se quedó junto a sus hijos más pequeños en Uruguay y fue una de las protagonistas de la lucha por el juzgamiento de los responsables de la dictadura cívico-militar padecida por el pueblo uruguayo. Dos de sus hermanas, Elisa y Margarita, sufrieron largos encarcelamientos: Margarita permaneció secuestrada en el centro clandestino conocido como Automotores Orletti, en Buenos Aires.

¿Cómo fueron los años de impunidad y ausencia de justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura?

– Un proceso de mucha lentitud por la combinación de varios factores. La salida de la dictadura fue una salida “negociada” porque ya no podían sostenerla, pero nunca se supo bien en qué había consistido esa “negociación” en la que participaron todos los sectores políticos de nuestro país; en ciertos sectores, más que “negociado” fue “consensuado”. Es más, hay indicios de que se hicieron cambios destruyendo pruebas en los lugares donde estaban los restos de los desaparecidos, en forma consensuada con algunos sectores políticos, no todos. “Lo dice la tierra”, como explican los antropólogos forenses. Lo cierto es que toda la sociedad política participó en esa salida de la dictadura.

Pero en democracia se sancionó la Ley de Caducidad.

– Sí, se negoció entre los partidos tradicionales ya sin los militares, por lo menos teóricamente, la Ley de Caducidad que impidió el juicio precisamente a los militares. A partir de ahí se creó una fuerte corriente en la que mi mamá fue muy protagonista junto a la mujer de Gutiérrez Ruiz, el otro legislador que asesinaron con mi papá, y María Esther Gatti, abuela de Mariana Zaffaroni, que derivó en el plebiscito de 1989. Fue una lucha enorme, emblemática, recorrieron todo el país, pero se perdió, y a partir de ahí se instaló la impunidad y, salvo ciertas excepciones, fueron responsables todas las fuerzas políticas. Los familiares de los desaparecidos intentaron seguir luchando hasta 1996, cuando se instaló la Marcha del Silencio y empezó a lograrse que se hablara del tema; sólo eso, que se hablara. En 2000, cuando ganó la presidencia Jorge Valle, creó la mal llamada Comisión de la Paz. Fue como una Comisión de la Verdad, un gesto con el que se avanzó muy poco. Tendría que haberse establecido la búsqueda de la verdad y el enjuiciamiento de los culpables, pero no fue así.

¿La sociedad civil no reclamaba justicia?

– En Uruguay fue todo muy despacio con respecto a otros países. Si bien Valle no fue protagonista, acompañó a Juan Gelman en el gesto cuando encontró a Macarena, porque el que encontró a Macarena fue su abuelo; Valle lo acompañó públicamente y por primera vez se reconoció ese horror de haber matado a una chica tan joven y haberse quedado con su niña. Pero tampoco se hicieron cosas que la Ley de Caducidad sí habilitaba, como haber juzgado a los mandos superiores, a los civiles y a los delitos económicos. Lo que no se podía investigar ni juzgar era el tema de los desaparecidos, aunque eso no impedía buscarlos. Sin embargo, la impunidad fue tan impresionante que a pesar de eso no se hizo la búsqueda. Era una ley anticonstitucional porque el presidente decidía por sobre los tres poderes.

¿Cuándo se empezó a avanzar?

– Recién en 2005, con el gobierno de Tabaré Vázquez. Entonces sí se investiga a los mandos y la cuestión de los desaparecidos. Fueron presos Bordaberry, el presidente civil que dio el golpe y luego fue desplazado, y algunos militares. Se hizo un acuerdo con la universidad para que empezaran a buscarse los cuerpos; se avanzó mucho con eso. Pero la Ley de Caducidad seguía vigente y hubo pacto de silencio entre los militares de los altos mandos, no se produjeron resultados porque no se podía investigar sobre los desaparecidos. Fue un proceso complejo, se avanzó muy poco. Es algo que se mezcla con la política, tiene raíces políticas, pero no se logra una cultura de lo que es el Estado de Derecho y una sociedad en esos términos, por eso muchas veces las agendas se marcan por momentos electorales o políticos. Recién ahora la sociedad civil está remontando y tiene una fuerza mayor: comparando con la Argentina, siempre me pareció que la uruguaya es una sociedad más débil.

¿Y la izquierda uruguaya? ¿Cuál es su protagonismo en todo este proceso?

– Bueno, algunas cosas empiezan a pasar, las víctimas comienzan a reclamar sus derechos, a tener conciencia de la memoria; hay leyes reparatorias, todas muy tibias. El proceso es tibio pero igual algo se ha avanzado, aunque no en el caso de los desaparecidos. Ahí no se han puesto los medios que deben ponerse y los tiempos corren, los familiares están muy mayores y tampoco se le ha dado medios a la Justicia para que se especialice en esos temas. Hay mucho por hacer, por el rescate de la memoria constructiva, hacia adelante. Y hay una mezcla de temáticas que hace que ciertos políticos, incluso dentro de la izquierda, de alguna manera planteen la teoría de los dos demonios, desvirtuando el hecho de que una cosa es el Estado arrogándose el derecho de aterrorizar a la población violando todos los derechos humanos, y otra cosa es que personas particulares hagan tal o cual acto delictivo. Es un tema con el que hay que luchar mucho y en el que la izquierda también ha sido débil.

Pero surgió el fenómeno de los jóvenes.

– Sí. Un fenómeno nuevo en Uruguay, que continúa, y es la participación de la gente joven, los de 18 años. Las manifestaciones por el Sí fueron enormes. Para ellos fue una desilusión el haber perdido, pero igual siguieron y las Marchas del Silencio son de gente de 18 a 25 años. Obviamente, también participamos los mayores, pero es un acontecimiento muy importante el de los jóvenes involucrándose de esa manera. Y, finalmente, el 27 de octubre de 2011 el Parlamento aprobó la Ley 18.831, que calificó los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado hasta el 1O de marzo de 1985 como de lesa humanidad. La Ley de Caducidad nunca fue anulada ni derogada, pero los hechos legislativos ocurridos en 2011, como el desarchivo de los casos, su no amparo bajo la Ley de Caducidad y la votación en las cámaras legislativas, que impidió que las causas caduquen, determinaron que sus efectos fueran eliminados del ordenamiento jurídico del Uruguay. A partir de todo esto es que tenemos muchísimos casos en la Justicia y en la Corte Interamericana.

¿En qué situación está la búsqueda e identificación de desaparecidos?

– Eso es algo en lo que quiero rescatar a José López Maz, que está al frente del equipo de antropólogos forenses, y a la Universidad de la República, por el trabajo que están haciendo con el apoyo del gobierno del Frente Amplio que los llamó, aunque no tienen recursos. Los militares les dieron pistas falsas para desprestigiarlos, pero ellos siguen y encontraron dos cuerpos más: en total, hasta ahora, son cuatro, dos en el primer período de Tabaré Vázquez. Nosotros tenemos alrededor de 200 desaparecidos, muchos fueron secuestrados en la Argentina en el marco del Plan Cóndor. No hay nada más importante que el hecho de que los familiares cuenten con la posibilidad de buscar a sus desaparecidos, y tener justicia. Luego hay que mencionar todo lo que tiene que ver con la memoria, que es en concreto donde sentimos que desde la Fundación Zelmar Michelini podemos aportar más. Así, el año pasado en Montevideo organizamos el Seminario Dos Orillas entre Argentina y Uruguay, y hoy estamos haciendo este coloquio entre ambos países en el Centro Haroldo Conti.

¿Qué intentan impulsar a partir de estos encuentros?

– La humanización y la búsqueda de reflexión sobre lo que nos pasó, y el recuerdo y el reconocimiento a la resistencia, al coraje y a la solidaridad de tanta gente. Esas personas tuvieron nombres, ilusiones, amores, un novio, una minifalda, se pintaron los ojos; era gente joven. Pensando en los miles de desaparecidos acá en la Argentina y en los de nuestro país, hay que darle vida a todo eso. Y además tuvimos ideas, quisimos un mundo mejor... La fundación trabaja mucho desde el hoy. Nos parece que derechos humanos es también pelear por las condiciones en las cárceles, por la gente que todavía sufre pobreza. Es la construcción de derechos humanos y de ciudadanía desde el pasado y desde el hoy. Son las ideas de Zelmar Michelini llevadas adelante, con una visión optimista y constructiva.

VIOLENCIA SEXUAL Y LESA HUMANIDAD

Antonia Yáñez (63) es docente y secretaria de la Asociación de Amigos del Museo de la Memoria uruguayo, es militante del Partido Comunista (PCU) y fue detenida en 1975 y en 1981. En 1975 había sido apresada y juzgada por la justicia militar y civil, antes de la gran operación masiva contra el PCU que ocurrió en octubre de ese año.

“En el ’76 ocurren las muertes en Buenos Aires de compañeros que se habían asilado. La concepción de mi partido era quedarse y continuar la lucha en nuestro país, y así lo hicimos. En el ’77 cae mi marido; teníamos un hijo. Estar clandestina me impidió ir a verlo a él a la cárcel y estuve separada de mi hijo, que era criado por mis padres y mis suegros. En el ’79 y ’80 siguió habiendo caídas importantes: nosotros atribuimos nuestra caída posterior al plebiscito del ’80, al hecho de que se hubiera perdido; fue una represalia. Cayeron más de doscientas personas, hay tres compañeros desaparecidos. Uruguay tiene cuarenta y pico de personas muertas en la tortura y desaparecidas, recién ahora se pudo identificar a cuatro en total. Y después está el conjunto de personas desaparecidas en el marco del Plan Cóndor en la Argentina”, relata.

“Yo estuve en el centro La Tablada, en las afueras de Montevideo, donde hay cincuenta lugares que fueron centros de desapariciones y torturas. Junto a otros compañeros estuvimos seis meses desaparecidos y después nos llevaron a la cárcel de Punta de Rieles, que fue el presidio de todas las mujeres a partir del ’74. Nosotras estamos haciendo recién ahora las denuncias sobre las torturas, por ese proceso que significó llegar a considerar los delitos de lesa humanidad como imprescriptibles. Armamos un seminario sobre tortura y violencia sexual al que vinieron un fiscal y especialistas argentinos, e hicimos una denuncia de violencia sexual. Somos un grupo de veintiocho mujeres que nos fortalecimos y unimos en torno a esto, teniendo en cuenta lo que significan las denuncias y la exposición”, subraya. “Hay otras compañeras que estuvieron presas en la cárcel de Carmelo y decidieron plegarse a la denuncia.”

Y concluye que “en Uruguay las cosas fueron lentas y la política no siempre está a la altura de las necesidades de otro orden. Pero a partir de que ganó el Frente Amplio se pudo empezar a hablar, y el hecho de que haya militares y civiles presos marca una diferencia. El otro tema a destacar es la necesidad de que el movimiento popular y por los derechos humanos vaya ensanchándose. Claro, un gobierno abierto, progresista, también hace que una aspire siempre a más”.

Noemi Ciollaro

Fuente: Página 12

Perciballe recurrirá a la Corte Interamericana si su recurso de revocación es rechazado por el MEC y el TCA

Para hoy a las 18.00 está fijada una asamblea de socios de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU). La convocatoria está vinculada con la resolución del fiscal de Corte, Jorge Díaz, de trasladar a Ricardo Perciballe de la Fiscalía Penal especializada en Crimen Organizado de 2° turno a la Fiscalía Civil de 1º turno. Luego de esta decisión, Perciballe pidió apoyo para que el tema se tratara en asamblea, pero ante los “cuestionamientos” por parte de algunos colegas, retiró la solicitud. No obstante, 13 fiscales recogieron las firmas necesarias y la asamblea quedó convocada.

“La solicitud no era un pedido de apoyo personal. Tenía que ver con que el plenario discuta el mensaje que se transmite a los asociados con este tipo de decisión que es grosera por donde se la mire. Esto es lo que se tiene que discutir mañana [por hoy]. Mi situación personal se resuelve por otros caminos, lo que hay que discutir es un problema de todos”, señaló el magistrado a la diaria. El presidente de la AMFU, Carlos Negro, explicó a la diaria que si bien la convocatoria se dio en ese contexto no hay orden del día establecido y la comisión directiva no tiene previsto elevar ninguna propuesta.

El lunes la comisión directiva se reunió con Perciballe y el fiscal Juan Gómez, quien pasó a ocupar el puesto vacante tras el traslado. La instancia fue solicitada por este último, quien se sintió agraviado por el recurso de revocación que presentó Perciballe el 23 de mayo contra la resolución del Fiscal de Corte. En dicho escrito, Perciballe alega que en los más de 20 años de servicio tuvo una sola licencia por enfermedad de cuatro días, apunta que actualmente no tiene problemas de salud y adjunta exámenes clínicos. Añade que “contrariamente”, Gómez, “amén de poseer mayor edad” que él, ha tenido “lamentablemente importantes quebrantos de salud”. “No me agrada que ligeramente se me descalifique en función de mi edad y de mi estado de salud. Tengo 56 años y la única licencia por enfermedad la solicité hace dos años y fue de 21 días, desde el 9 de abril al 10 de mayo de 2010. Después de eso tomé dos días por el fallecimiento de mi madre”, detalló Gómez en diálogo con la diaria. El directorio entendió que el planteo de Gómez era de recibo y, en palabras de Negro, aprobó una resolución “de fuerte respaldo por los agravios”.

Perciballe, por su parte, explicó que su recurso pretende defender su situación ante la resolución de Díaz y que la mención del estado de salud de Gómez responde al argumento del jerarca de que su estadía en Crimen Organizado le genera “un desgaste físico y emocional importante”. “Si alguien se quiere agraviar, que se agravie. Nunca dije que [Gómez] no estuviera capacitado”, señaló. Ambos fiscales se volverán a encontrar hoy en la asamblea.

El recurso de revocación está en el Ministerio de Educación y Cultura. El ministro Ricardo Ehrlich derivó el expediente al departamento de Asuntos Constitucionales para que evalúe la existencia de “vicios formales” en el trámite. Fuentes de esa cartera señalaron a la diaria que todo indica que se respaldará la decisión de Díaz. Previos descargos de Perciballe, pasará a consideración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que podrá confirmar la resolución o solicitar la anulación.

Cualquier decisión del TCA es vinculante, pero el proceso -que incluye diligenciamiento de pruebas, alegatos, el estudio del caso por un procurador del Estado y el análisis ministro por ministro- puede demandar años. Para Perciballe, hay un “vicio formal” en su traslado que tiene que ver con que no se le dio vista previa. Desde el TCA se considera que este criterio es discutible de acuerdo a la interpretación que cada ministro le dé a la norma.

El fiscal recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si su recurso no es aceptado y lo hará amparándose en el artículo 11 de la Convención. Éste establece que “toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad” y que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas” ni de “ataques ilegales a su honra o reputación”.

Lourdes Rodríguez

Fuente: La Diaria

Siete represores fueron detenidos en Jujuy por el secuestro de militantes del Partido Comunista.

Los ex militares y policías fueron arrestados por seis desapariciones ocurridas entre agosto y diciembre de 1976 en la localidad de Tumbaya, ubicada en la Quebrada de Humahuaca. Expectativa por la indagatoria de Blaquier.

La reactivación de las causas por delitos de lesa humanidad en Jujuy, con el llamado a indagatoria del empresario Pedro Blaquier como suceso emblemático, sigue generando un efecto dominó de novedades procesales. Ayer fueron detenidos siete ex militares y policías, por orden del Juzgado Federal 2 de esa provincia, involucrados en un tramo de la causa denominada Galeán que investiga el secuestro de militantes del Partido Comunista en la localidad de Tumbaya durante la dictadura. En tanto, Inés Peña, presidenta de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, destacó la “expectativa” de la parte querellante en la megacausa por los crímenes de La Noche del Apagón sobre los resultados de la pericia médica a la que fue sometido Blaquier.

El mandamás de Ingenio Ledesma, imputado en ese expediente, estaría en condiciones físicas y mentales de ser interrogado, al menos así lo consideraron quienes lo examinaron el miércoles en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema. Sin embargo, el informe oficial se conocerá recién el jueves próximo y a partir de entonces el juez federal Fernando Poviña decidiría si lo cita para interrogarlo. “Esa indagatoria será un hecho histórico, no sólo porque permitirá dilucidar una de las causas más emblemáticas de derechos humanos en Jujuy, sino porque además permitirá revelar la vinculación entre el poder económico y el represivo”, dijo la presidenta de ese organismo de derechos humanos. Y recordó la consigna “el poder económico también fue la dictadura”, que puso en relieve la colaboración empresaria en el terrorismo de Estado, que se había propuesto garantizar la liberalización económica y para eso fue necesario eliminar a todos los sectores que resistieron, que se opusieron y que “alentaron un proyecto de país inclusivo y con justicia social”.

Peña también informó que en otra causa el mismo juzgado ordenó las detenciones del sargento Francisco Espíndola, el agente Catalino Soto, el cabo Jorge Mendoza (alias Gaucho Martín), los agentes del Servicio Penitenciario Félix Batalla y Federico Colmenares, el subprefecto Ramón Herrera y Emiliano Portal. Están acusados por el secuestro, tortura y desaparición de los hermanos Crecencio y Paulino Galeán, Rosa Santos Mamaní, Rosalino Ríos, Juan Elías Roconás y Américo Vilca Vera, entre otros militantes del PC y trabajadores rurales. El hecho ocurrió en la localidad de Tumbaya, ubicada en la Quebrada de Humahuaca, entre agosto y diciembre de 1976. La mayoría de los secuestrados en la localidad quebradeña fueron trasladados al Servicio Penitenciario de Jujuy, según testimonios de quienes compartieron la prisión desde donde desaparecieron. De acuerdo con los testimonios, Mendoza habría intervenido en el secuestro de Galeán.

Ludmila Da Silva Catela, investigadora en derechos humanos del Conicet junto a Elizabeth Yelín, relata que el lugar donde hubo más desaparecidos en Jujuy fue Tumbaya, porque sobre una población de 200 personas había seis. “Hablé con Federico Galeán, guardián de esa memoria, y me fui enterando de que en el momento del secuestro se llevaron a veinte hombres y que muchos de ellos habían estado afiliados al PC. Los primeros entrevistados, familiares y personas que estuvieron presas temblaban porque estaban contando algo que era muy pesado en su historia, y lo interesante es pensar que en ese pasado hubo gente con un proyecto político, que tenían libros y escuchaban discos de súper avanzada”, contó en una entrevista a la revista digital El Ojo de la Tormenta. “El cambio que hubo en Tumbaya respecto de la memoria es significativo, ahora hay una placa y, como dice Galeán, lo que cambió es que nos sentimos mucho más seguros y que la gente tiene mucho menos miedo para hablar”, afirmó Da Silva Catela.

En tanto, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy se reunió con el director de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad del Consejo de la Magistratura, Pablo Vassel, quien fue a interiorizarse del estado de las causas vinculadas al terrorismo de Estado en Jujuy.

Adriana Meyer

Fuente: Página 12

El fiscal Ricardo Perciballe presentó un recurso de revocación. Defensores de derechos humanos piden que lo coloquen en la fiscalía que deja Mirtha Guianze. El fiscal de Corte Jorge Díaz marca su mandato de diez años. La sanción es aplaudida por quienes denunciaban una campaña en contra de Gonzalo Fernández y por quienes no lo enfrentarán en una causa penal.

El nuevo fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz, parece dispuesto a imponer la política con la que se regirá en los diez años que debería durar su mandato. El traslado del fiscal Ricardo Perciballe y la designación de su sustituto Juan Gómez se han convertido en un mensaje para un gremio de fiscales que rechazaba que un juez fuera nombrado en el cargo.

Perciballe fue enviado a ocupar la única vacante en una fiscalía civil (por la muerte de Edward Hernández) cuando su especialización en lo criminal podía utilizarse en las fiscalías penales que dejan Eduardo Fernández Dovat desde octubre de 2011, Juan Gómez que pasa a delitos especiales y Mirtha Guianze, quien fue designada en el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

La posibilidad de que el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, revea la decisión del traslado o, al menos, reubique a Perciballe en la fiscalía penal de 2° turno que deja Guianze, y en la que aún existen una serie de casos de crímenes en tiempos de la dictadura, es el propósito de varias ONG, personalidades y organizaciones de derechos humanos.

El traslado de Perciballe aparece teñido de connotaciones políticas, desde el momento en que el fiscal atendía una causa en la que era indagado el ex canciller Gonzalo Fernández y en la que era juez el propio Jorge Díaz, quien tenía otras causas relativas a presunta corrupción. El mismo día en que Perciballe era trasladado, Fernández denunciaba irregularidades en la instrucción del caso.

En el ámbito político, el traslado del fiscal fue aplaudido por quienes denuncian una campaña en contra del ex secretario presidencial como un tiro por elevación contra Tabaré Vázquez y el gobierno. Paradójicamente, también aplauden criminales y delincuentes que no tendrán que enfrentar a Perciballe en casos penales, de crimen organizado o violación a los derechos humanos.

La indirecta sanción al fiscal que había ordenado el procesamiento de miembros del Escuadrón de la Muerte y actuó en el caso Feldman, también ha sido asociada a los intentos de censura o presión sobre la independencia técnica de la jueza Mariana Mota, o las fiscales Ana María Tellechea y Mirtha Guianze, quienes actúan en causas de violaciones a los derechos humanos.

“Tomé determinadas conductas procesales que entendía pertinente, que de una forma u otra pueden haber molestado al ex juez [Jorge Díaz]”, dijo Perciballe, quien presentó esta semana un fundamentado recurso de revocación y no descarta, de ser necesario, recurrir incluso ante tribunales internacionales frente a lo que considera una violación de sus derechos.

JUSTICIA ESPECIALIZADA

En 2008 el sistema jurídico uruguayo vivió una importante modificación cuando el Parlamento aprobó en la Rendición de Cuentas la creación de dos nuevos juzgados especiales contra el crimen organizado, una iniciativa del gobierno en el marco de su política contra el narcotráfico, el lavado de activos y la instalación de mafias internacionales en el ámbito local.

El 1 de enero de 2009 asumieron en las flamantes sedes judiciales los magistrados Graciela Gatti y Jorge Díaz. Gatti había procesado al dictador Juan María Bordaberry por crímenes de la dictadura y ordenó la prisión de Juan Peirano, extraditado desde Estados Unidos. Díaz había sobresalido por su acción en las operaciones contra las drogas Cancerbero y Cancerbero II.

Días después, la entonces ministra de Educación y Cultura, María Simon, nombraba a los fiscales Mónica Ferrero y Ricardo Perciballe como fiscales contra el crimen organizado, a propuesta del doctor Rafael Ubiría, titular de la Fiscalía de Corte desde 2007 cuando en el Parlamento obtuvo los votos que la oposición negó al candidato del oficialismo: casualmente, Ricardo Perciballe.

Los nuevos fiscales tenían destacados antecedentes. Ferrero había sido la representante del ministerio público en las causas contra los narcotraficantes que había instruido el propio juez Jorge Díaz. Perciballe había logrado reconocimiento por su dictamen en la causa contra miembros del Escuadrón de la Muerte, defendidos por el influyente ex fiscal de Corte Miguel Langón.

En los casos de crímenes complejos, Perciballe y Díaz se constituyen en un equipo destacado por la prensa, al menos hasta octubre de 2009 cuando les toca intervenir en el caso de Saúl Feldman, muerto a balazos tras un incendio que evidenció la existencia de un arsenal de 700 armas en su domicilio del barrio Aires Puros. Perciballe terminó pidiendo el archivo del caso. Díaz aceptó.



ENCAUSAR A FERNÁNDEZ

En setiembre de 2010, el fiscal Perciballe y el juez Díaz toman otro caso con fuertes connotaciones políticas. El abogado Gustavo Salle denuncia al jurista Gonzalo Fernández por una presunta maniobra en la que se llega a derogar el artículo 76 de la Ley 2.230 para que desaparezca el delito por el que fueron procesados con prisión los hermanos Peirano Basso.

No era el único caso en el que Díaz y Perciballe indagaban a Gonzalo Fernández. El jurista también era sospechoso de beneficiar a su estudio jurídico personal en la defensa de un gerente del Banco Montevideo y en la aprobación de un decreto que dio marco jurídico a un sistema de seguros del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), cliente del estudio jurídico de Fernández.

Curiosamente, en aquellos días el abogado Salle pidió que el fiscal Ricardo Perciballe se abstuviera de intervenir en el expediente, ya que tenía un vínculo con Gonzalo Fernández, quien en 2007, siendo secretario de Presidencia de la República durante el gobierno de Tabaré Vázquez, había impulsado la candidatura de Perciballe al cargo de fiscal de Corte que finalmente obtuvo Ubiría.

Gonzalo Fernández tenía por entonces otras denuncias en su contra. Una por no suspender el ejercicio de su profesión de abogado siendo secretario de Presidencia, otra por una supuesta negociación con la empresa Cerro Free Port y otra por ser consultor de la empresa Tenfield durante un juicio por defraudación tributaria. Las tres terminaron archivadas.

Ante la nueva denuncia contra Fernández, el juez Díaz pide ampliar la información documental a los tres poderes del Estado. El expediente judicial sobre la quiebra del Banco Montevideo, la promulgación presidencial de la ley que eliminó el delito de los Peirano y las actas parlamentarias en las que el senador blanco Sergio Abreu hizo un planteo de fueros sobre el episodio.

Abreu sostuvo que derogar el artículo 76 de la ley 2.230 fue una sugerencia de Fernández, quien en 2006 advirtió a Danilo Astori que si derogaban el artículo los Peirano quedaban libres. La ley se promulgó con la firma de Fernández, que era canciller. Fernández y su pareja, Cecilia Salom, eran “indistintamente” abogados del banquero Juan Domingo Ratti, beneficiado con el decreto.

JUEZ SOBRE FISCALES

En setiembre del año pasado, el juez Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero comenzaban a tomar declaraciones en una causa sobre presuntas irregularidades en el Hospital Italiano, que había denunciado una comisión interventora que durante el primer año de mandato del presidente José Mujica administró el centro asistencial.

Entre los indagados aparecían el abogado Mario Bianchi, hoy secretario general de OSE, quien presidió la Junta Directiva del Italiano en 2008, y Jorge Massa, presidente de la institución médica, reconocido por su condición de gran maestre de la Masonería. Los directivos, según la denuncia, habían creado una empresa fantasma con la que vaciaron la institución.

En esos días trasciende que el juez Díaz será designado fiscal de Corte en lugar de Rafael Ubiría. La noticia implica una inmediata reunión de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) que reivindica que el cargo de fiscal de Corte sea ocupado por un miembro del ministerio público y no por un magistrado del Poder Judicial.

En la reunión gremial, el fiscal Perciballe es uno de lo que reclaman con mayor firmeza que se mantenga la tradición de ocupar el cargo desde las fiscalías. La misma posición sostienen las fiscales Mirtha Guianze y Ana María Tellechea. La posición de Perciballe deriva en un distanciamiento con el juez Díaz.

Sólo semanas después, en noviembre de 2011, el rostro emocionado del juez Jorge Díaz ocupa las pantallas de televisión cuando ordena el procesamiento con prisión de la jueza Anabella Damasco, implicada en un caso de desvío de fondos. La jueza no apela. El 10 de abril, el Parlamento concede la venia para la designación del juez Díaz, que asume el día 17 como jefe de todos los fiscales.

DE PENAL A CIVIL ES GOL

El 10 de mayo, sorpresivamente se difunde en la prensa que el flamante fiscal de Corte decidió el traslado de Perciballe a una fiscalía civil y su subrogación por el fiscal Juan Gómez en el despacho contra el crimen organizado. La noticia publicada en El País explica que el Ministerio de Educación y Cultura, a cargo de Ricardo Ehrlich, ya designó a Gómez pero aún no notificó a Perciballe.

Trasciende que la remoción fue pedida el lunes 7 de mayo, pero que el viernes 27 de abril, Jorge Díaz ya le había ofrecido el cargo a Gómez, con quien le une una larga amistad. Gómez, que fue fiscal en Maldonado, se encontraba en la Fiscalía Penal de 1er turno que el propio Perciballe había dejado antes de pasar a trabajar contra el crimen organizado.

Los senadores Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry escriben en sus cuentas de Twitter que el propio Díaz les había anunciado el traslado de Perciballe. No explicaron en qué ámbito tuvieron la infidencia. Ninguna de las actas parlamentarias de comisiones y sala hace referencia a que el tema se haya tocado en el seno del Parlamento.

También trasciende que Gómez, quien el mismo día 10 se despedía de sus colaboradores en la fiscalía, se excusaría de intervenir en las causas que implican a Gonzalo Fernández por haber sido compañero de trabajo de su mujer, Cecilia Salom. El caso Fernández quedará en manos de la fiscal Mónica Ferrero, quien permanecería en los juzgados especiales.

En la misma jornada del 10 de mayo, el propio Gonzalo Fernández se presentó ante el juzgado penal con un escrito en el que calificó de irregular que en 17 meses de investigación ni el fiscal ni el juez le llamaran a declarar. Dijo que Perciballe “alardeaba” con su procesamiento y que lo que se pretendía era enlodar a Tabaré Vázquez y perjudicar su futuro político.

La AMFU recién tratará el tema en junio, pero desautorizó una declaración de la fiscal Tellechea, quien advirtió que "esto responde a otros intereses" y ahora "todos quedamos propensos a que nos venga un latigazo de arriba". "Los fiscales tenemos que aprender a madurar y aceptar los destinos", replicó Gustavo Zubía, fiscal de menores, también amigo de Díaz.

EL RECURSO DE RICARDO

El fiscal Ricardo Perciballe presentó esta semana ante el ministro Ehrlich un recurso de revocación de 18 páginas, en el que considera que la resolución de su traslado tiene vicios formales en la medida en que se omitió darle vista previa, lo que implica una lesión de garantías constitucionales y dice que sólo se fundamenta en argumentos de “rotación” y “mejora del servicio”.

El fiscal sancionado subraya que la medida “no obedece de forma alguna a un mal desempeño de la tarea desplegada” y opina que en el caso hay un uso discrecional del poder del fiscal de Corte que llega a la arbitrariedad y constituye la vulneración flagrante de una regla de derecho, y que no existieron tales razones de servicio.

Alega también que no ha tenido mayor exposición mediática o algún problema de salud, al punto de que en veinte años de servicio sólo utilizó cuatro días de licencia por enfermedad. Agrega que no se comprende por qué no es trasladada la otra fiscal especial, Mónica Ferrero, quien ha tenido un número mayor de casos y de desgaste y tendrá ahora, además, el caso Gonzalo Fernández.

Perciballe opina que se está desmantelando los juzgados especializados y señala que se ordenó su traslado inmediato mientras al fiscal Gómez se le permitió terminar algunas causas en trámite y hasta subrogar otra fiscalía. También aduce que Díaz anticipó su decisión a sectores políticos, en clara contradicción con el principio de independencia técnica de los magistrados.

“Como broche de oro de este largo collar de contradicciones, se designa al suscrito en la órbita civil cuando precisamente éste se ha especializado desde hace más de veinte años en materia penal, circunstancia más que conocida por el proponente”, dice el escrito que advierte que en el ámbito penal había tres despachos a subrogar y se lo envía a la única fiscalía en lo civil vacante.

Perciballe sostiene que hay motivos no explicitados en su traslado, entre los que incluye su rechazo al nombramiento de un juez en la Fiscalía de Corte y diferencias que tenía con Díaz en casos sobre los que no puede ampliar porque aún están en presumario, pero que denota “el animus vindicatum” (ánimo vindicativo) del proceder del fiscal de Corte y su desviación de poder.

ROGER RODRÍGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy

Fuente: Caras&Caretas

Los conocí en la cárcel, cuando fui a visitarlos aquí en Buenos Aires. Me dieron la mejor impresión. Bien campesinos, con respuestas claras sobrellevando un destino injusto, pensando en sus familias. Hablé largo con ellos. Sí, me di cuenta ahí, en todos sus sentidos, de lo que significa la palabra injusticia.

Se trata de los presos paraguayos, que ya han pasado a la historia de la indignidad humana del ejercicio injusto del poder, es el mismo caso que los presos cubanos que sigue manteniendo Estados Unidos.

Acaba de regresar de Asunción, la capital paraguaya, una delegación de representantes de los organismos de derechos humanos de la Argentina que concurrieron a ese lugar para reunir más información y señalar de viva voz la injusticia increíble que la denominada Justicia paraguaya comete contra esos seis nobles hombres de la tierra.

La delegación argentina estuvo presidida nada menos que por Nora Cortiñas, la Madre de Plaza de Mayo que ha dedicado su vida desde 1976 para luchar por la Justicia con mayúscula. Al regresar, sus declaraciones fueron bien claras. Luego de explicar cuánta corrupción oficial hay en el tratamiento de los presos paraguayos en ese país se refirió a las condiciones en las cuales se los mantiene encarcelados. Dijo, con toda la valentía que caracteriza a esa madre, que “los fui a ver y debo decir que la cárcel donde están presos es vergonzosa, ni un chiquero donde habitan los chanchos es como ese lugar donde de ninguna manera se puede aherrojar a seres humanos. Me fui avergonzada de ese país hermano”. Y, por supuesto, explicó cómo se ha falseado la verdad para tratar de mantener presos a esos seis dignos representantes del partido Patria Libre. Los seis campesinos, Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Simón Bordón, Arístides Vera, Basiliano Cardozo y Gustavo Lezcano, fueron acusados de ser los autores del secuestro de Cecilia Cubas, hija del ex presidente de la Nación Raúl Cubas Grau, el 21 de julio del 2004. El 16 de febrero del 2005 fue encontrado el cadáver de ella. El fiscal general de Estado Germán Latorre acusó a los seis campesinos de haber resuelto la ejecución de la raptada Cecilia Cubas en una reunión realizada en la casa de Regina Rodas. Para esa acusación se sirvió del testimonio del informante policial Dionisio Olazar, que se había infiltrado en al partido Patria Libre. Los acusados rechazaron de plano dicha acusación. A continuación, el juez Pedro Mayor Martínez dictó falta de mérito porque no existía otra prueba que la declaración de ese informante, quien además no aportó ningún otro dato fehaciente. La declaración del juez se puede ver en el film documental Chokokué, de Miriam Paz y Guillermo Cohen. A pesar de ese veredicto, los seis campesinos, conociendo cómo se maneja el Poder Judicial en el Paraguay, resolvieron viajar a la Argentina y presentarse aquí a la Justicia pidiendo asilo político. Pero, por pedido del gobierno paraguayo, son detenidos aquí en la oficina del Cepare donde solicitaron el pedido de asilo. Y fueron extraditados al Paraguay el 2 de diciembre del 2008 y encerrados en la cárcel de Tacumbú. Antes estuvieron cierto tiempo detenidos en una cárcel de aquí, donde tuve oportunidad de visitarlos y reunir datos para su defensa. En Asunción llevan ya cinco años de detención. Por ello, los abogados defensores presentaron un hábeas corpus pidiendo su libertad por haberse excedido el tiempo máximo de prisión preventiva sin condena. Pero este recurso fue rechazado por la Justicia paraguaya con el falso argumento de que no hay pruebas de que hayan estado presos en la Argentina. Una falsedad total, porque el autor de esta nota puede demostrar su visita a la cárcel argentina donde estuvieron presos. Pero no sólo mi testimonio lo puede probar, sino también la documentación de las autoridades argentinas que al parecer no le interesó a la Justicia paraguaya.

El 29 de febrero de este año comenzó el nuevo juicio que es fácil de demostrar que está plagado de irregularidades. Por ejemplo, el soplón policial dijo que Cecilia Cubas fue asesinada el 24 de diciembre del 2004 y se desdice al declarar que la reunión donde se decidió su muerte fue el 13 de enero del 2005. Y también pueden comprobarse otras graves imprecisiones. No se tuvo en cuenta la declaración de otros testigos. Por ejemplo, la de Regina de Rodas, acusada de que en su casa se realizó la citada reunión donde se resolvió el crimen. Esta testigo denunció a la Justicia que la Fiscalía le había ofrecido medio millón de dólares para que declarara que lo del espía policial era verdad, a lo cual ella se negó.

Los seis campesinos siguen presos. Es hora de que intervengan todos los organismos latinoamericanos de derechos humanos y todas las organizaciones de esos fines para terminar con esta ignominia. La Madre Nora Cortiñas, a quien llamamos Norita, con todo cariño, se emociomó al hacer estas declaraciones. Y agregó: “Otra injusticia más he podido ver. Pero como finalmente triunfa siempre la Etica veremos libres a los queridos campesinos presos, y despreciados por el pueblo para siempre los jueces y políticos que permiten esto en tierras del sufrido pueblo paraguayo”.

Otro episodio que habla de la falta de conducta democrática es el hecho que denunciamos en una de estas contratapas: la cesantía que sufrió el conocido periodista Herman Schiller, en Radio Ciudad, que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Basta pronunciar la palabra Macri para comprender algo que daña la base democrática que debe tener nuestra Capital de la República. Schiller, a pesar de todas sus denuncias y solicitudes, no obtuvo ninguna explicación a la medida. Pero este hombre de lucha no se da por vencido y prosigue con su denuncia en forma abierta. Y es secundado por decenas de periodistas argentinos y extranjeros. Llama la atención que ninguna radio, de la extensa lista de nuestra ciudad y del país, le haya abierto de inmediato sus puertas a este valioso defensor de la verdadera democracia. Hasta ahora todas miran hacia otro lado y guardan silencio. Por eso, los periodistas que defienden como principio la verdadera libertad de prensa democrática han preparado una concentración para el 7 de junio a las puertas de Radio Ciudad, en la calle Sarmiento entre Montevideo y Paraná, a las 14 horas. A la misma concurrirán representantes de partidos políticos, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, escuelas de periodismo y precisamente los oyentes que acompañaron a Schiller en sus profundos programas durante años en Radio Ciudad. Una manera absolutamente democrática de denunciar un gravísimo caso de falta de libertad de prensa. Así el pueblo busca un definitivo respeto por la verdadera democracia.

Osvaldo Bayer

Fuente: Página 12

En lo que es la primera condena de este tipo en cualquier parte del mundo, el ex presidente de EE.UU. y siete miembros clave de su administración fueron hoy (11 de mayo) declarados culpables de crímenes de guerra.

Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld y sus asesores jurídicos Alberto Gonzales, David Addington, William Haynes, Jay Bybee y John Yoo fueron juzgados in ausencia en Malasia.

El juicio, celebrado en Kuala Lumpur, contó con testimonios desgarradores de las víctimas de la tortura que sufrieron a manos de soldados y contratados estadounidenses en Irak y Afganistán.


Se incluyeron el testimonio del británico Moazzam Begg, un ex preso de Guantánamo y de la iraquí Jameelah Abbas Hameedi que fue torturada en la tristemente célebre prisión de Abu Ghraib.


Al final de la audiencia de una semana de duración, el tribunal compuesto por cinco miembros dictó por unanimidad veredictos de culpabilidad en contra de Bush, Cheney, Rumsfeld y sus asesores legales clave, quienes fueron condenados como criminales de guerra por tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Transcripciones completas de los cargos, declaraciones de testigos y demás material pertinente se enviará ahora al Fiscal General de la Corte Penal Internacional, así como a las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad.

La Comisión de Crímenes de Guerra Kuala Lumpur solicita también que los nombres de Bush, Cheney, Rumsfeld, Gonzales, Yoo, Bybee, Addington y Haynes sean introducidos e incluidos en el Registro de la Comisión de Criminales de Guerra para conocimiento público.

El tribunal es la iniciativa del retirado Primer Ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, quien se opuso firmemente a la invasión estadounidense de Iraq en el 2003.

Mohamad estuvo presente a lo largo de toda la audiencia, ya que tomó las declaraciones personales y testimonios de tres testigos nombrados Abbas Abid, Moazzam Begg y Hameedi Jameelah. El tribunal también escuchó otras dos declaraciones del ciudadano iraquí Ali Shalal y de Ahmed Rahul, otro ciudadano británico.

Tras dictarse el veredicto de culpabilidad alcanzado por cinco jueces de alto nivel, Mahathir Mohamad, dijo: "Los países ricos están escapando de sus crímenes."

El experto en crímenes de guerra y abogado Francis Boyle, profesor de derecho internacional en la Universidad de Illinois, Facultad de Derecho en Estados Unidos, formó parte del equipo de la fiscalía.

Después del caso dijo Boyle: "En el mundo, esta es la primera condena de estas personas".

Mientras que la audiencia es considerada por algunos como puramente simbólica, el activista de derechos humanos Boyle dijo que tenía esperanzas de que Bush y compañía podrían pronto enfrentarse a juicios similares en otras partes del mundo.

"Tres veces hemos intentado detener a Bush en Canadá, pero estas iniciativas fueron frustradas por el gobierno canadiense, entonces temimos que Bush se fuera a Suiza. El intento español fracasó debido a su gobierno y lo mismo sucedió en Alemania. "

A continuación, cuando se le preguntó acerca de la credibilidad de la iniciativa de Malasia, Boyle hizo referencia a la Carta de Nuremberg, la cual se utilizó como estructura de este tribunal. Citó: "Los dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices participantes en la formulación o ejecución de un plan común o conspiración para cometer crímenes de guerra son responsables de todos los actos realizados por cualquier persona en ejecución de dicho plan".

EE.UU. está sujeto al derecho internacional y los principios de la Carta de Nuremberg, dijo Boyle, quien también cree que el juicio de una semana de duración, fue "casi con toda seguridad" monitoreado muy de cerca por funcionarios del Pentágono y la Casa Blanca.

El Profesor Gurdial Singh Nijar, que dirigió la acusación dijo: "El tribunal tuvo mucho cuidado en respetar escrupulosamente las normas establecidas por los tribunales de Nuremberg y los Tribunales Penales Internacionales".

Añadió que era optimista de que el Tribunal se continuara en otras partes del mundo donde "los países tienen el deber de juzgar a los criminales de guerra" y citó el caso del ex dictador chileno Agusto Pinochet quien fue detenido en Gran Bretaña para ser extraditado a España por los cargos de crímenes de guerra.

"Pinochet había estado tan sólo ocho años fuera de la presidencia cuando eso sucedió."

En el caso Pinochet fue la primera vez que varios jueces europeos aplicaron el principio de jurisdicción universal, declarándose competentes para juzgar los crímenes cometidos por los ex jefes de Estado, a pesar de las leyes de amnistía locales.

A lo largo de la semana, cuando los testigos comparecieron y durante el contra interrogatorio de la defensa encabezada por el abogado Jason Kay Kit Leon, el tribunal estuvo repleto de juristas y estudiantes de derecho.

El tribunal escuchó cómo:

• Abbas Abid, un ingeniero de 48 años de edad, de Fallujah, en Iraq le habían quitado sus uñas con tenazas.
• Ali Shalal fue atado con cables eléctricos pelados, electrocutado y colgado de una pared.
• Moazzam Begg fue golpeado, encapuchado y puesto en confinamiento solitario.
• Jameelah fue desnudado, humillado y fue utilizado como escudo humano mientras era transportado por helicóptero.


Los testigos también detallaron que hasta hoy tienen lesiones residuales.

Moazzam Begg, que ahora trabaja como director para el grupo Cageprisoners de derechos humanos con sede en Londres dijo que estaba encantado con el veredicto, pero añadió: "Cuando la gente habla de Nuremberg hay que recordar que los procesados fueron todos juzgados después de la guerra".

"En estos momentos Guantánamo sigue abierta, las personas aún permanecen allí y siguen siendo torturadas allí."

En respuesta a las preguntas acerca de la diferencia entre la administraciones de Bush y Obama, agregó: "Si el presidente Bush era el presidente de la tortura extrajudicial entonces el presidente de EE.UU. Barack Obama es el presidente de la ejecución extrajudicial a través de ataques aéreos no piloteados. Nuestro trabajo acaba de empezar."

La acusación se basaba en demostrar cómo quienes tomaban las decisiones al más alto nivel -el presidente Bush, el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa Rumsfeld, con la ayuda y complicidad de los abogados y los otros comandantes y funcionarios de la CIA- actuaron todos de acuerdo. La tortura fue aplicada de forma sistemática y se convirtió en una norma aceptada.

Según la acusación, el testimonio de todos los testigos expuso una permanente perpetración de acciones brutales, bárbaras, crueles y deshumanizantes en contra de las víctimas. Estos actos criminales se han aplicado de forma acumulativa para infligir el peor dolor y sufrimiento posible, dijeron los abogados.

El presidente del tribunal, Tan Sri Dato Lamin bin Haji Mohd Yunus Lamin, encontró que la fiscalía había establecido más allá de "una duda razonable que los acusados, el ex presidente George Bush y sus co-conspiradores participaron en una red de instrucciones, memorandos, órdenes, asesoramiento jurídico y acción que establecía un plan y un propósito común, empresa conjunta y/o conspiración para cometer los delitos de Tortura y Crímenes de Guerra, incluido y no limitado a un plan común y propósito para cometer los siguientes delitos en relación con la "guerra contra el terrorismo" y las guerras desatadas por los EE.UU. y otros en Afganistán e Iraq."

El presidente Lamin dijo ante una sala repleta: "Como tribunal de conciencia, el Tribunal es consciente que su veredicto es de naturaleza meramente declarativa. El tribunal no tiene poder de ejecución, ni poder para imponer cualquier pena privativa de libertad a uno o más de los 8 condenados. Lo que podemos hacer, en virtud del artículo 31 del capítulo VI de la Parte 2 de la Carta es recomendar a la comisión Kuala Lumpur sobre Crímenes de Guerra presentar esta declaración de condena por el Tribunal, junto con un registro de estas actuaciones, al Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, así como a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad".

"El Tribunal también recomienda a la Comisión de Kuala Lumpur sobre Crímenes de Guerra que los nombres de los 8 condenados sean ingresados e incluidos en el Registro de la Comisión de Criminales de Guerra y en consecuencia, se haga público".

"El Tribunal recomienda a la Comisión de Crímenes de Guerra dar la mayor publicidad internacional a esta condena y garantice las reparaciones, ya que estos son crímenes universales para los que existe una responsabilidad de las naciones de iniciar acciones judiciales si alguna de estas personas acusadas entraran en sus respectivas jurisdicciones".

Yvonne Ridley

Traducción: Esquina Montevideo

Fuente: Information Clearing House

Perciballe solicitó revocación de su traslado por entender que existieron “vicios formales” y “desviación de poder”

 

El magistrado Ricardo Perciballe presentó ayer un recurso de revocación y jerárquico contra la resolución del fiscal de Corte Jorge Díaz de trasladarlo de la Fiscalía Nacional de lo Penal especializada en Crimen Organizado de 2° turno a la Fiscalía Nacional de lo Civil de 1er turno.


En primer lugar, Perciballe advierte en el escrito que existió un “vicio formal”, ya que no se le permitió acceder a una “vista previa” de la resolución y, por tanto, se omitió “una garantía constitucional de la que no puede prescindirse en ningún caso, si el acto de que se trata impone una sanción o provoca de alguna manera un perjuicio al interesado”. En segundo lugar, fundamenta que no existieron razones de servicio que ameritaran su traslado y, por tanto, califica la acción de Díaz como una “desviación de poder” que se “asienta en motivos espurios”.


Recuerda que uno de los fundamentos que manejó Díaz para el traslado fue que era necesaria una rotación en las fiscalías de Crimen Organizado por la “complejidad de la temática y su mayor exposición ante la opinión pública, todo lo cual genera en el titular, en el mediano y largo plazo, un desgaste físico y emocional importante”. Respecto de estos argumentos Perciballe remarca que en el ejercicio de su función mantuvo “una escasa o nula presencia” en los medios de prensa y que en relación con su salud nunca “manifestó a persona alguna la necesidad de un cambio para preservarla”. Señala también que en más de 20 años de servicio sólo solicitó una vez licencia por enfermedad.


El magistrado también llama la atención sobre el hecho de que dirigentes de la oposición, como Pedro Bordaberry y Jorge Larrañaga, conocían la decisión de Díaz de trasladarlo aun antes de que éste fuera fiscal de Corte, como se desprende de algunos comentarios que formularon en sus cuentas de Twitter; “algo sumamente llamativo y ostensiblemente reñido con nuestra Ley Orgánica, que entre sus principios fundamentales establece la Independencia Técnica”, indica Perciballe. Remarca, por otra parte, que durante más de 20 años se ha especializado en el área penal y ahora se lo designa para la órbita civil.


Finalmente, sugiere que la decisión de Díaz pudo deberse a un rechazo personal. Recuerda que es “notorio” que en los últimos meses de 2011 mantuvo discrepancias con Díaz, cuando se hizo público que iba a ser designado fiscal de Corte, ya que Perciballe entendía que ese cargo debía ser ocupado por un magistrado fiscal. Comenta que a partir de esas manifestaciones la relación entre ambos se fue “deteriorando”. Por todo lo expuesto, solicita la nulidad del traslado dispuesto por Díaz.


Fuente: La Diaria


Nota de edición: Hay que hacer notar lo "oportuno" del traslado, teniendo en cuenta que el Dr. Perciballe ha demostrado su compromiso histórico con las causas de DDHH, al punto que fue quien investigó el siniestro escuadrón de la muerte y solicitó varios procesamientos.

Juan Miguel Wolk fue jefe del centro clandestino conocido como Pozo de Banfield. Hace diez días se fugó de su arresto domiciliario, antes de que lo enviaran a una cárcel. Justicia ofrece una recompensa a quien aporte datos.

El Ministerio de Justicia anunció una recompensa de cien mil pesos a quienes aporten información útil para encontrar al represor Juan Miguel Wolk, quien se fugó del arresto domiciliario que cumplía en su casa del barrio marplatense de Punta Mogotes antes de que fuera encerrado en prisión otra vez. Así lo definió ayer la cartera que conduce Julio Alak con el objetivo de profundizar las medidas para detener nuevamente al policía retirado de 77 años, quien durante la dictadura se desempeñó como jefe del centro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield.


La recompensa ofrecida por el Ministerio de Justicia fue establecida por un plazo de doce meses, mediante la resolución 798 publicada ayer en el Boletín Oficial. La noticia sobre la fuga del oficial retirado, conocido en su labor genocida como “el Nazi” y “el Alemán”, se difundió hace diez días, luego de que efectivos policiales lo fueron a buscar a su vivienda de la calle Benedetto Croce 3045 de Mar del Plata, donde cumplía arresto domiciliario por un beneficio que le había concedido el juez federal platense Arnaldo Corazza, y no lo encontraron.


El represor actuó como jefe del campo de torturas y muerte cuando pasaron por allí los diez estudiantes de la Noche de los Lápices, de los cuales seis desaparecieron y cuatro sobrevivieron, entre otros cientos de detenidos desaparecidos. Su detención había sido dictada por el mismo magistrado luego de que la Suprema Corte bonaerense revocara la decisión del juez de primera instancia y ordenara que el ex comisario mayor vaya a una cárcel común por estar procesado por delitos de lesa humanidad.


En la década del ‘80, Wolk fue condenado a 25 años de prisión, pero en 1987 evitó ese castigo por las leyes de punto final y obediencia debida. En 2000 fue requerido por el juez español Baltasar Garzón para su extradición y juicio en la Audiencia Nacional de Madrid, junto a otros 80 represores de la dictadura, aunque el gobierno de Fernando de la Rúa no atendió aquella solicitud.


Indultado y fuera de la jurisdicción del juez español, Wolk siguió escapando a la Justicia. Cuando el Juzgado Federal Nº 3 lo citó para que diera testimonio en los llamados “Juicios por la Verdad” (no penales), presentó una falsa acta de defunción suya, que el tribunal dio por válida. Sin embargo, Marta Ungaro, hermana de Noemí, una de las adolescentes platenses que estuvo detenida en el Pozo de Banfield y que aún permanece desaparecida, denunció ante Corazza que el represor estaba vivo, que vivía en un chalet próximo a la playa y cobraba su jubilación de comisario retirado. Wolk era vecino en Punta Mogotes de su camarada y superior en la represión de la dictadura, el ex jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense y ex comisario Miguel Etchecolatz, de 83 años, quien en 2007 fue condenado a reclusión perpetua.


Como no hubo diligencia judicial, los deudos de Ungaro filtraron los datos a un periodista marplatense, quien reveló que “el Alemán” aún vivía y lo hizo público en artículos, por lo cual Wolk fue detenido. En esta ocasión, Corazza actuó, pero le dio el beneficio del arresto domiciliario, que luego aprovechó para fugarse.


Fuente: Página 12

El pasado 6 de junio del 2011, el abogado experto en derechos humanos Dr. Juan Errandonea, participó de una charla abierta en la Sede de Crysol donde se valoraron los caminos posibles a seguir para eliminar la impunidad que pesa sobre los uruguayos.

Veamos como estamos parados hoy con respecto a la Ley de Caducidad, CIDH y prescripción.

Hace unos años El juez Luis Charles procesa y condena a Gavazzo y Arab a 25 años de penitenciaría por 28 homicidios muy especialmente agravados, vinculados al 2º vuelo. La fiscal Mirtha Guianze, en el juicio, pide que se condene por “desaparición forzada” ya que estás 28 personas aún siguen desaparecidas. Guianze apela la sentencia para que el Tribunal de Apelaciones se pronuncie, porque es obvio que la desaparición forzada es una figura que está prevista en los tratados internacionales y fue incorporada por ley en el Uruguay a partir de 25 de setiembre del 2006.

El Tribunal de Apelaciones, no hace lugar y ratifica la sentencia en 1º instancia. Guianze interpone un pedido de Casación ante la SCJ (esto hace casi dos años) y ésta se pronuncia recientemente, por mayoría 4 a 1 ratificando nuevamente la sentencia de condena por homicidios especialmente agravados.

Cuatro cosas que se pueden hacer hoy en el corto plazo que nos queda:

1º) La preocupación y tarea que debemos tener quienes exigimos eliminar la ley de impunidad es conseguir que el Parlamento apruebe una ley con respecto a los plazos de prescripción. No nos podemos distraer de ese objetivo ya que no se puede aprobar una ley después que el plazo prescriba.

Se puede solucionar de varias maneras: prorrogando los plazos (hay argumentos valederos), o que por ley se entienda que son delitos de lesa humanidad o una tercera posibilidad que es que la prescripción se corte con la presentación de la denuncia y no con la orden judicial, el arresto y procesamiento.

Sabemos que no es lo mejor, pero se nos vienen los plazos encima y realmente corremos peligro, porque después que pase el 1º de noviembre, aunque la SCJ se exprese dentro de 1 o 2 años, no se puede hacer renacer el plazo de prescripción.

2º) El fallo de la CIDH, no le exige al Estado uruguayo que “debe anular la ley de caducidad”, lo que dice es que la ley no puede constituir un obstáculo para la investigación y el castigo de los responsables en el caso Gelman (Si Uruguay no cumpliera con la resolución de la CIDH la Corte comunicará a la asamblea de la OEA - Organización de Estados Americanos - que decidirá y hará efectivas las sanciones correspondientes.).

Resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo resuelva y decida que va a hacer con el fallo de la CIDH, porque hasta ahora no han hecho nada. El gobierno puede marcarle el paso a la SCJ para que ésta, de oficio, asuma competencia. El artículo 239 de la Constitución establece que la SCJ es competente para resolver todo lo que tiene que ver con tratados internacionales. El Dr. Alberto Pérez Pérez dice que, como este paso surge de un organismo internacional, es obligatorio para Uruguay y la SCJ es competente para resolver que se hace con ese caso concreto, con la ventaja que se podría dictar una sentencia genérica que dijera que este paso es obligatorio para el Estado uruguayo, por lo tanto no puede ser, la ley de caducidad, un obstáculo para que se realicen investigaciones para todos los casos, además de las reparaciones, búsquedas, etc.

3º) Que el Poder Ejecutivo desarchive las 89 causas que fueron archivadas. Esto es simplemente un acto administrativo y lo puede hacer sacando una resolución que reúna todas las causas, las desarchive y las remita a los juzgados correspondientes. También se puede hacer caso por caso a pedido de los interesados.

4º) Dar el paso de derogar la Ley de Caducidad. Derogar no es perdonar, es dejar de existir y a esta altura y con los plazos establecidos, no podemos seguir dando vueltas con la anulación o los plebiscitos que ya dieron lo que pudieron dar. ¡Urge una solución inmediata!, y se puede hacer un solo paquete con estas cuatro medidas:

a) Prórroga de los plazos de prescripción.
b) Que el gobierno decida que hacer ante la CIDH.
c) El desarchivo de todos los casos.
d) Dar el paso a la derogación, que nos permitiría seguir avanzando.

No es lo deseado por nosotros, pero si tenemos éxito con el desarchivo de todas las causas, si tenemos éxito con la aplicación del fallo de la CHID y si se prorrogan los plazos y podemos seguir tramitando las denuncias penales, y si además, se consigue reclutar alguien más que no sea solo el Frente Amplio para dicha derogación, el efecto que tendría sería un efecto político muy importante. Además, las nuevas denuncias ya no tendrían que depender del P. Ejecutivo de turno, porque se presentarían directamente al juzgado (independencia de Poderes)

Lo que está faltando y es muy necesario, es que los tres Poderes del Estado aparezcan alineados. No es bueno que se le cargue las culpas solamente a la SCJ, facilitando así el camino a la derecha, cuando hace apenas poco tiempo atrás hubo una importante señal de ésta, pronunciándose en tres oportunidades por la inconstitucionalidad de la ley, siendo un duro golpe para la oposición. Mientras el Poder Ejecutivo tomó una actitud de trámite, cuando se le consulta y excluye los casos de la ley; cuando el Parlamento estuvo un año apegado a la ley interpretativa y no ha logrado nada; el Poder Judicial ha tenido un avance, y el gobierno lo está dejando solo. Todas las señales políticas que le llegaron a la Corte desde el Ejecutivo y el Parlamento, no la alentaron en absoluto a dar otro paso hacia adelante.

No es un tema solamente jurídico, es un tema esencialmente político.

Que el parlamento, con una mayoría relativamente importante, derogue la Ley de Caducidad es un hecho político y un claro mensaje a la SCJ que hasta ahora el poder político no ha enviado.

Al contrario, han pasado cosas terribles, desde el discurso del Presidente Mujica en Las Piedras u otro tipo de señales como la visita del mandatario a Dalmao en el hospital militar (Si bien Dalmao era alférez, 15 días antes de la muerte de Nibia Sabalsagaray quedó como sustituto del capitán S2 a cargo del batallón y firmó el parte falso de la víctima), o la señal que da E. Huidobro cuando dice que Dalmao “se comió un garrón” porque “los alférez no torturaban” cosa que no es cierto, está comprobado que si lo hacían. Estas son las señales que el poder político le manda al Poder Judicial.

Hay que dar vuelta lo que hizo Sanguinetti en el 86 con la ley de caducidad. Sanguinetti no hizo simplemente un trámite, metió todo el peso del gobierno, del Partido Colorado y del Partido Nacional con los que llegaron a un acuerdo, y con eso metió presión a la SCJ y consiguió que por 3 a 2 la Corte del año 88 declarara que la ley era constitucional. No es lo mismo para los jueces de la Corte resolver cuando hay determinada presión política, cuando no hay presión o cuando la presión viene en sentido contrario.

Posiblemente si se prorrogan los plazos de prescripción, no faltará quien ponga el grito en el cielo y presente un recurso de inconstitucionalidad, pero la constitución y los tratados internacionales no dicen nada con respecto a la prórroga de los plazos de prescripción. Lo que dicen es que, “no se puede retroactivamente, crear una conducta que era lícita hace años atrás y aprobar ahora una ley para decir que no era delito o viceversa”. Quien lo dice es el Código Penal, pero éste es una ley como cualquier otra y puede ser modificada, y en este caso hay argumentos justificados ya que hubo al menos 18 años de una denegación real y efectiva que impedía que los ciudadanos pudieran hacer denuncias o investigar, eso no solo es violatorio sino es una causal de justificación porque no pueden correr los plazos de prescripción cuando el ciudadano está impedido de actuar.

Se puede avanzar aunque la ley no sea anulada y si derogada. Es preocupante el seguir reclamando la anulación ya que a esta altura nos debilita, porque en vez de acumular fuerzas para conseguir el éxito del objetivo, nos seguimos dando contra la pared siguiendo una estrategia que no ha dado resultado. Debemos y podemos avanzar por otros caminos porque se puede, se ha estado haciendo con la ley vigente, lo lograremos si podemos aplicar el paquete de los cuatro puntos en conjunto.

No hay nada que impida seguir adelante, no tenemos que cerrar ninguna puerta o declararnos derrotados. Los casos seguirán su curso y con este paquete de medidas, cabe la posibilidad que con el transcurso del tiempo una Corte los declare de lesa humanidad y sean juzgados y condenados como tal.

Los crímenes cometidos por el Estado son de lesa humanidad y no prescriben, pero tampoco, según la legislación internacional, se pueden beneficiar con una amnistía. Se trata de terminar con el atropello criminal que viola una de las más sagradas conductas del ser humano, la de honrar la vida y enterrar a sus muertos. Devolveremos la dignidad a todas las víctimas recorriendo los caminos necesarios para un juicio justo y efectivo.

Marys Yic
Junio 2011

El imputado es Manlio Torcuato Martínez, quien deberá declarar mañana ante el juez Daniel Bejas. La fiscalía sostiene que el ex magistrado participó en los homicidios de cinco personas y en la privación ilegítima de la libertad de otra, a través del incumplimiento de sus deberes de funcionario como forma de garantizar la impunidad de policías y militares.

La Fiscalía Federal n° 1 de Tucumán, en un trabajo conjunto con la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, presentó al Juez Federal Daniel Bejas un pedido para que cite a prestar declaración indagatoria al ex juez federal tucumano Manlio Torcuato Martínez por su participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado.

El pedido se realizó en la segunda parte de la causa conocida como “Romero Niklison”, en cuyo primer tramo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dictó sentencia en el mes de marzo de este año, condenando a Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz (a) “Tuerto” a prisión perpetúa.

Se trata del asesinato de cinco militantes de la organización Montoneros (María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz) en una vivienda de calle Azcuénaga n° 1.816/1.820 de San Miguel de Tucumán el día 20 de mayo de 1976.

Para la Fiscalía existen pruebas suficientes de que el ex magistrado participó en los homicidios de cinco personas y en la privación ilegítima de la libertad de otra, a través del incumplimiento de sus deberes de funcionario como forma de garantizar la impunidad de los policías y militares que cometieron estos hechos materialmente, o que dieron las órdenes para que se cometieran.

De ésta manera, la presencia de Martínez a cargo del juzgado federal nº1 “otorgaba a los responsables del aparato represivo en Tucumán la anuencia de aquél para organizar la actividad del aparato represivo con riesgos jurídicos minimizados” según señala el dictamen fiscal.

Además se lo acusa de haber enviado a un detenido a su cargo a un Centro Clandestino de Detención, entregándolo al entonces encargado del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía provincial, “Tuerto” Albornoz; y luego de haberlo privado de su libertad durante más de un año.

El ex juez Manlio Martínez deberá presentarse ante el juzgado federal de Tucumán, el próximo miércoles 8 de junio, a fin de prestar declaración indagatoria por los hechos que se le imputan.


Un juez de la dictadura


“Manlio Torcuato Martínez fue nombrado como juez federal de Tucumán entre 1974 y 1975, en reemplazo del Dr. Jesús Santos. Según el entonces general Acdel E. Vilas, a cargo del “Operativo Independencia” en su primera etapa, este nombramiento obedeció a un pedido suyo, pues para él el accionar excesivamente “legal” del juez anterior entorpecía las tareas represivas de las FFAA a su cargo. Señala Vilas que en aquel momento pidió “la remoción de la Cámara de Apelaciones, del juez federal (…) y del fiscal, tratando que los nuevos nombramientos recayesen sobre personas de inequívoca ortodoxia”. Una de esas personas era Martínez” según afirma un comunicado oficial de la fiscalía.

“Desde 1975 hasta 1983 Martínez dio muestras que cumpliría con la promesa realizada a Vilas. Sólo entre 1975 y 1976 fueron presentadas más de 350 acciones de habeas corpus ante su juzgado a fin de dar con el paradero de personas secuestradas y/o desaparecidas: todas fueron rechazadas o archivadas. Las denuncias de torturas y violaciones por personas secuestradas “legalizadas” eran sistemáticamente pasadas por alto por el ex juez, quien aceptaba como prueba incriminatoria confesiones arrancadas bajo tortura. Pese a la innumerable cantidad de denuncias que tenía en su despacho (incluidos cientos de casos de hallazgos de cadáveres, violaciones de domicilio y secuestros) nunca inició investigación alguna para buscar a sus responsables. Existen además registros de su presencia en los Centros Clandestinos de Detención más importantes de la provincia, como la Jefatura de Policía, la cárcel de Villa Urquiza, lo que se llamaba “Puesto de Comando Táctico” del Operativo Independencia, la “Escuelita de Famaillá” y la Delegación local de la Policía Federal Argentina, donde el ex magistrado decidió no percibir que existían cientos de personas secuestradas y torturadas” concluye el comunicado.


La causa por la que es imputado.

Pese a que Martínez habría estado presente ese mismo día en el lugar del hecho de la calle Azcuénaga (20/05/1976) y a que las escasas pruebas reunidas por la policía indicaban que se había tratado no de un enfrentamiento sino de un “fusilamiento masivo” (todas las víctimas presentaban múltiples heridas de bala en el cráneo), el ex juez decidió no investigar a los autores de estos hechos y, en cambio, hacer suya la versión oficial brindada por el IIIer Cuerpo de Ejército. En su declaración indagatoria Bussi señaló en estos hechos “la participación directa y personal del ex Juez Manlio Martínez cuya información al suscripto fue similar a la del Jefe Militar que intervino directamente”. Lo insostenible de la falta de investigación quedó demostrado con la minuciosa reconstrucción de los hechos realizada casi 30 años después por el Tribunal Oral de Tucumán, que sirvió de base para condenar a Menéndez y Albornoz.

Pese a cerrar la investigación respecto del personal militar y policial ejecutor de la masacre, Manlio Martínez entendió que sí había mérito suficiente para investigar al propietario del inmueble donde ocurrieron los homicidios, Miguel Armando Romano, a quien privó ilegítimamente de la libertad durante más de un año acusándolo de pertenecer a una asociación ilícita, pese a que su única acción fue firmar un contrato de alquiler con una persona a la que no conocía (quien actuaba además con nombre falso) y a que tenía un severo trastorno mental. Decidió que Romano debía ser detenido e incomunicado en el CCD que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán para luego, al agravarse su enfermedad mental al no proveerle la medicación que necesitaba como parte de su tratamiento, ordenar su internación en una institución psiquiátrica.

Será el próximo 8 de junio, la primera vez que el ex magistrado sea indagado por su participación en los delitos de violación de domicilio, homicidio doblemente agravado, privación ilegítima de la libertad con tormentos y/o vejaciones, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de su deber de promover la persecución penal por los hechos que se han descripto, todo ello en su carácter de juez federal y como miembro de una asociación ilícita.

Fuente: Diario 24

Piden perpetua para 15 de los 18 imputados

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió condena a prisión perpetua para 15 de los 18 imputados por los crímenes en la Escuela Mecánica de la Armada: Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Juan Carlos Fotea, Julio César Coronel, Manuel García Tallada, Pablo García Velasco, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Carlos Radice, Juan Carlos Rolón, Néstor Savio, Raúl Enrique Scheller y Ernesto Frimón Weber. Solicitaron, en cambio, 25 años de prisión para el ayudante mayor de la Prefectura Juan Antonio Azic, Adolfo Miguel Donda y el médico Carlos Antonio Capdevilla.

El alegato –que demostró la responsabilidad de los 18 procesados en crímenes de lesa humanidad en la ESMA– incluyó un pedido para que el Tribunal Oral Federal 5 remitiera las declaraciones por violencia de género al juzgado de primera instancia para que se investigaran como delitos autónomos.

El CELS consideró que los abusos y la violencia de género fueron “prácticas sistemáticas” en la ESMA y deben ser considerados delitos de lesa humanidad. Los abogados Carolina Varsky, Gerardo Fernández y Daiana Fusca fundamentaron el pedido en la enumeración de los casos y en fallos como el del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, donde la Justicia condenó a prisión perpetua al ex subjefe de la Base Aérea Gregorio Molina, por homicidio agravado, violaciones reiteradas, privación de la libertad y tormentos agravados.

Fuente: Página 12

Los cuatro líderes mapuche en huelga de hambre desde hace 80 días continuarán con esa medida de fuerza, luego que la Corte Suprema desistió de anular el juicio en su contra.

Natividad Llanquileo, vocera de los comuneros, dijo estar "muy decepcionada" del máximo tribunal y responsabilizó al Estado chileno "en caso de que les pase algo" a sus hermanos de etnia, en riesgo de muerte por el prolongado ayuno, el segundo en menos de un año por igual espacio de tiempo.

"El veredicto de la Corte avaló los testigos sin rostro contra nuestros hermanos. Hablé con ellos y están tan molestos como todo nuestro pueblo y van a continuar la huelga de hambre", afirmó la portavoz mapuche.

Denunció Llanquileo que la condena de este día es para todo el pueblo mapuche, por lo que necesariamente se tendrá que acudir a los tribunales internacionales. La Corte, subrayó, amparó la aplicación de la ley antiterrorista y la vulneración de las garantías al debido proceso. Esta situación no la vamos a aceptar por ningún motivo, remarcó.

Por su parte, Pamela Pezoa, esposa de Héctor Llaitul, sindicado como líder de la Coordinadora Arauco Malleco, señaló que lo de hoy "fija un precedente gravísimo para que se siga aplicando la ley antiterrorista a los luchadores contra este gobierno capitalista y de derecha".

La rebaja de pena no corrige el error de fondo en el encausamiento judicial, opinó Pezoa en relación con la citada figura jurídica, impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La Corte desoyó el pedido de anulación del juicio contra los cuatro líderes mapuche y optó únicamente por reemplazar la sentencia.

El nuevo fallo condenó a ocho años de cárcel a José Huenuche, Ramón Llanquileo y Jonathan Hullical y a 14 a Héctor Llaitul, en lugar de las penas de entre 20 y 25 años emitidas por el tribunal de Cañete, región del Bío Bío.

Quedó sin efecto el cargo por presunto homicidio frustrado contra un fiscal chileno en 2008, el que varió por supuesta responsabilidad en lesiones a funcionarios policiales y robo con intimidación.

El veredicto fue impugnado por las comunidades indígenas que reaccionaron de inmediato con protestas en el centro de esta ciudad.

Las manifestantes fueron reprimidos con carros lanzaaguas por la Policía de Carabineros, que detuvo además a una docena de ellos.

Natividad Llanquileo criticó la violencia empleada y dijo que proceder así es el habitual. "Lamentablemente este tipo de gente no está bien formada", aseveró.

Fuente: PL

SCJ archivó actuaciones contra Mota pero advirtió que no observó el deber ético de imparcialidad.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) evitó pronunciarse ayer sobre si la jueza Mariana Mota incumplió el artículo 77 numeral 4 de la Constitución, que prohíbe a los magistrados, así como a otros funcionarios públicos, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, "formar parte de comisiones o clubes políticos, suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto".

El semanario Búsqueda publicó el jueves que Mota -quien tiene a su cargo causas vinculadas a las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, entre ellas las denuncias por tortura en la base aérea Boiso Lanza- asistió a la Marcha del Silencio convocada por Madres y Familitares de Detenidos Desaparecidos. La SCJ le pidió a la magistrada un informe sobre el artículo periodístico en cuestión, y la jueza respondió el viernes.

En el escrito presentado ante la máxima sede judicial, Mota no admite que haya asistido a la marcha, aunque sí afirma que sus declaraciones publicadas por Búsqueda corresponden en términos generales a lo conversado con el periodista. Mota dijo al semanario que ese día durante la marcha estuvo "en la calle" conversando con el senador comunista Óscar López Goldaracena. "No tengo prohibida la palabra con nadie ni cuando me lo encuentro a alguien en la calle", respondió la jueza al periodista.

La mayor parte del escrito presentado por Mota se dedica a argumentar por qué la Marcha del Silencio no debe ser considerada un acto político en el sentido atribuido por el artículo 77. Para precisar este sentido, cita al constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz, que restringe el alcance de este artículo a las manifestaciones político-partidarias. Mota compara un hecho como la participación en la Marcha del Silencio con manifestaciones en contra de la violencia doméstica, en contra de la xenofobia, o la participación en actos como la conmemoración de la noche de los cristales rotos o el genocidio armenio. Además, pone el caso de un juez que participa en una conferencia contra la tortura y tiene causas vinculadas, y se pregunta si estaría incurriendo en una violación de la imparcialidad.

Finalmente, hace una referencia indirecta a Búsqueda, al considerar el gran poder que tienen los medios, y al señalar que a veces, en su afán por conseguir noticias, incurren en abusos.

Archivo con objeciones

La SCJ dio a conocer su resolución ayer. En primer lugar, entendió que no le corresponde juzgar un ilícito electoral como el que regula el artículo 77, sino que esto compete a la Corte Electoral, y además, en este caso, no existió una denuncia presentada por cualquiera de las cámaras legislativas, el Poder Ejecutivo o las autoridades de los partidos políticos, por lo tanto, no corresponde un pronunciamiento.

A continuación, la SCJ señala que la "eventual vulneración de la imparcialidad en que pudo haber incurrido la Dra. Motta" debe ser resuelta por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal (ver recuadro). No obstante, advierte que el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial dispone en su artículo 12: "El Juez debe procurar evitar las situaciones que directa o indirectamente justifiquen apartarse de la causa", y que "tal debe ético no resultó observado por la Dra. Mota, en la obvia medida que su conducta puso en tela de juicio su imparcialidad provocando se solicitara su apartamiento de la causa".

Finalmente, la SCJ establece que Mota no incurrió en una falta disciplinaria porque cuando concurrió a la marcha no estaba actuando "en el cumplimiento de sus cometidos" o en el ejercicio de su función judicial, y dispone el archivo de las actuaciones.

Sigue adelante

Mota firmó ayer un decreto en el que rechaza la recusación presentada en su contra y eleva los antecedentes al Tribunal de Apelaciones en lo Penal Interviniente. Esta semana se presentaron tres demandas de recusación contra Mota, dos el lunes y una ayer, por parte de abogados de militares retirados -algunos de ellos indagados por la desaparición de Horacio Gelós Bonilla en 1976- que entendieron que la jueza no les ofrecía garantías de imparcialidad. Para fundamentarlo apelan al artículo de Búsqueda. Con la decisión de Mota de no aceptar la recusación, el Tribunal de Apelaciones tendrá 35 días para expedirse sobre si corresponde o no apartar a la jueza del proceso.

Fuente: La Diaria

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo tendrá de nuevo sobre la mesa el próximo 15 de junio la posible anulación de la sentencia del Consejo de Guerra Permanente número 5 de Madrid que el 18 de enero de 1940 condenó a Miguel Hernández.

La familia del poeta alicantino presentó un incidente de nulidad contra el auto del alto tribunal que el pasado mes de marzo rechazó la posibilidad de tramitar un recurso extraordinario de revisión de la decisión franquista.

La pena de muerte impuesta a Hernández, por un delito de adhesión a la rebelión -previsto en el Código de Justicia Militar de 1890-, fue posteriormente conmutada por la de reclusión durante 30 años, si bien el poeta falleció en la cárcel el 28 de marzo de 1942, como consecuencia de las malas condiciones que sufrió durante su reclusión.

Fuente: La República.es

La Corte de Justicia decidió no pronunciarse sobre la categorización de los crímenes de la dictadura como "delitos de lesa humanidad". No esgrimió posición sobre si se trata de crímenes imprescriptibles. No se sabe si prescriben el 1º de noviembre.

El máximo órgano del Poder Judicial decidió no hacer lugar a un recurso de ampliación y aclaración interpuesto por la fiscal Mirtha Guianze, contra el fallo por el cual se confirmó la condena de los militares José Nino Gavazzo y Ricardo Arab, por el "homicidio muy especialmente agravado" de 28 personas.

La representante del Ministerio Público presentó el recurso para clarificar la postura de la Corte en torno a la posible clasificación de los delitos perpetrados durante la dictadura como "delitos de lesa humanidad", y por ende de carácter imprescriptible.

Guianze fundó su pedido en que la no categorización de los crímenes como "delitos de lesa humanidad" vulneraría las normas de la Convención Americana y la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la imprescriptibilidad de dichos crímenes.

Versiones periodísticas de las últimas horas daban cuenta de la decisión de la Corte de rechazar la categorización de "delitos de lesa humanidad", con lo cual todos los crímenes de la dictadura prescribirían el 1º de noviembre. Empero, la Corte decidió no pronunciarse sobre el punto, so pena de prejuzgar, según el fallo al cual accedió La República.

"La sentencia en cuestión al confirmar el pronunciamiento del Tribunal, en lo que hacía a la figura delictiva imputada a los encausados, indicó que en aplicación del principio de legalidad del delito de desaparición forzada, al ser un delito creado contemporáneamente, devenía inaplicable en autos".

"Obsérvese que al fundar sus conclusiones la Corporación se refirió tanto a normas de orden interno como internacionales, coincidiendo con el fiscal de Corte, que recién a partir de (la) ratificación de la Convención Interamericana del año 1995, se podría sostener su vigencia, siendo de aplicación para hechos acaecidos hacia el futuro, en virtud de lo cual no correspondía que se pronuncie sobre los delitos que se consideran de lesa humanidad", expresa la Corte.

En este sentido, "pronunciarse o aclarar cuál es la posición de la Corte con respecto a los principios orientadores del sistema interamericano de los derechos humanos, tal como lo pretende la representante del Ministerio Público, haría incurrir a la Corporación en una suerte de desborde respecto de los límites del proceso penal y ajeno a la naturaleza misma del medio impugnativo movilizado, así como recaer una posible causal de prejuzgamiento", señala el fallo. Por tanto, la Corte decidió no hacer lugar a los recursos de "aclaración y ampliación", en virtud de la inexistencia de "conceptos oscuros o palabras dudosas" en la sentencia cuestionada.

En este sentido, el abogado Pablo Chargoñia, denunciante en varias causas por violaciones a los derechos humanos, explicó que la postura de la Corte es clara, en cuanto a que pronunciarse sobre el punto sería "prejuzgar". "No se expide en ningún sentido, ni si los considera imprescriptibles o prescriptibles, porque en cualquiera de los dos casos estaría prejuzgando", explicó Chargoñia.

"La Corte dice que el tema no es objeto del proceso, ni de la aclaración que se le requiere, por lo cual no puede pronunciarse". "Para saber qué posición tiene la Corte lo mejor es seguir denunciando y que un caso llegue a casación, con un cuestionamiento sobre la imprescriptibilidad", señaló.

No hay malestar en la SCJ con la Jueza Mota

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) descartó ayer cualquier tipo de "malestar" con relación a la presunta participación de la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, en la 16ª Marcha del Silencio, organizada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Versiones periodísticas daban cuenta de un presunto malestar de los ministros del máximo órgano del Poder Judicial con la magistrada por su presencia en la marcha. Empero, "los ministros de la Corporación no han manifestado malestar alguno en relación a la referida magistrada por su participación en un acto público", expresa un comunicado de la Corte.

En este sentido, "la doctora Mota ha informado a la Suprema Corte de Justicia tal como le fue ordenado, no habiéndose requerido a la magistrada informe ampliatorio en tal sentido". "El asunto continúa a estudio de la Corporación y, hasta el momento, no se ha adoptado resolución", señala el texto.

El máximo órgano del Poder Judicial solicitó un informe a la magistrada como forma de clarificar la polémica desatada por su participación en la Marcha del Silencio, en virtud de tener bajo su órbita diversas causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

La jueza ya brindó sus explicaciones, por lo cual los ministros de Corte deberán definir posibles medidas a adoptar, no descartándose el inicio de una "investigación administrativa". En tanto, abogados de militares investigados en el proceso penal por la desaparición de Horacio Gelós Bonilla, en 1976, decidieron "recusar" a la magistrada en virtud de que "existen circunstancias comprobadas y comprobables" que afectan su "imparcialidad".

Fuente: La República

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Paso atrás en Uruguay

Uruguay: Suprema Corte ratificó a crímenes de la dictadura como “delitos comunes”

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay ratificó que las violaciones de derechos humanos de la última dictadura militar son delitos comunes, no de lesa humanidad, por lo que prescribirán el 1º de noviembre próximo. El Ejecutivo estudia cómo abrir juicios en los 88 casos existentes, dijo ayer un senador del Frente Amplio.

El pronunciamiento del máximo tribunal responde a un pedido de aclaración presentado por la fiscal Mirtha Guianze, a raíz de una primera sentencia emitida por la SCJ que condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión como responsables de 28 “homicidios muy especialmente agravados”. Esa sentencia descartaba la imputación solicitada por Guianze, que había acusado a Gavazzo y a Arab de delitos de desaparición forzada, considerados de lesa humanidad.

El fallo de la Corte explicó que al momento de los hechos, 1976, no existía el delito de de-saparición forzada, creado por ley en octubre de 2006, por lo cual no puede imputarse ese ilícito. De acuerdo con este dictamen, los crímenes de la dictadura (1973-85) son ilícitos comunes, por lo que prescriben el 1º de noviembre próximo, considerando todas las extensiones posibles, entre ellas que no se compute el período de la dictadura.

La abogada Hebe Martínez Burlé, letrada de la familia del senador Zelmar Michelini, secuestrado y desaparecido junto a Héctor Gutiérrez Ruiz en la Argentina, dijo que no coincide con la decisión de la Corte. “Uruguay es signataria de todos los tratados internacionales desde los juicios de Nuremberg a la fecha, incluido el de San José de Costa Rica, que consideran de lesa humanidad e imprescriptibles las torturas, el secuestro, el asesinato y las de-sapariciones en el marco del terrorismo de Estado”, precisó la letrada. A su juicio, “es un gran dilema lo que ocurrirá luego del 1º de noviembre, porque hay muchas demandas iniciadas, pero hay una mitad de la biblioteca que dice que pueden prescribir y la otra mitad dice lo contrario”.

Reconoció que “lo cierto es que la Corte marcó un paso y será muy difícil seguir con los juicios”, aunque indicó que, de todos modos, “hay casos que podrán seguir bajo juicio por jurisdicción universal, como en el caso de los represores uruguayos juzgados en España”. Martínez Burlé añadió que la resolución de la Corte, tomada por mayoría de cuatro de los cinco jueces, “no tiene precedentes, porque Nuremberg apartó de la ley común los casos de terrorismo de Estado y genocidio, y gracias a ello el pueblo judío aún persigue nazis 50 años después del Holocausto”.

Por su parte, el senador frenteamplista Alberto Curiel dijo que el presidente José Mujica estudia qué hacer con “los juicios de 88 casos a los que mandatarios anteriores no hicieron lugar”. Afirmó que el Ejecutivo está estudiando “la apertura de todos esos casos” juntos, o “caso por caso”, y su “andamiento por el artículo cuarto de la Ley de Caducidad”, pero antes del 1º de noviembre. El dirigente reconoció que el fallo pone al gobierno en una encrucijada. “Constituye un gran desafío para la izquierda y el Frente Amplio.”

Y es que la misma coalición de centroizquierda Frente Amplio fracasó en su intento de acabar con la impunidad en Uruguay. El 19 de mayo pasado, los diputados frentemaplistas no lograron darle sanción a un proyecto que postulaba anular la Ley de Caducidad. Esta norma impide que se juzgue a policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Ese frustrado texto incorporaba la jurisprudencia internacional en materia de crímenes de lesa humanidad y no computaba el período 1986-2011, en vigencia de la Ley de Caducidad.

La norma fue aprobada en 1986, durante el primer gobierno tras la restauración democrática, y ratificada en 1989 y 2009 en sendos plebiscitos, aunque cuestionados en su validez por los mecanismos utilizados. La administración de Tabaré Vázquez (2005-10) dejó por fuera de la Caducidad algunos casos, lo que permitió encarcelar al ex dictador Gregorio Alvarez (1981-85) y a otros 16 ex militares y policías por crímenes cometidos durante el régimen.

Fuente: Página 12