Foto: Presidencia de la República del Ecuador

Gobierno del Ecuador comprometido con derechos humanos y en lucha contra impunidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió en Washington, (EE.UU), de José Serrano, ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, el informe de la Comisión de la Verdad. Este documento recoge la investigación que el Gobierno ecuatoriano propuso para esclarecer las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el período 1984-2008.

La Comisión de la Verdad es una instancia de la sociedad civil que con el apoyo del presidente ecuatoriano Rafael Correa, documentó las denuncias sobre violaciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas endilgadas a personal de la Fuerza Pública del Ecuador.

Gracias a ese trabajo, efectuado por personas con probidad comprobada, se recabaron más de 600 testimonios, pruebas y demás elementos probatorios que detallan 118 casos de violaciones a los derechos humanos que afectaron a 456 ciudadanos ecuatorianos y extranjeros.

Según esta misma investigación especializada que contó con el total respaldo del Gobierno Nacional, el 50 por ciento de las afectaciones a los derechos humanos lo cometieron policías o miembros de las fuerza armadas en servicio pasivo y activo, en muchos casos con pleno conocimiento de los gobernantes civiles de turno.

Como parte del compromiso del presidente Rafael Correa con la ciudadanía, también se acordó la reparación de las víctimas. En ese sentido, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, junto con los familiares de quienes fueron torturados, asesinados o desaparecidos y con los miembros de la Comisión de la Verdad entregaron a la Fiscalía General del Ecuador el informe para iniciar la judicialización de los primeros 40 casos.

Al hacer la entrega de esta información, José Serrano, ministro de Justicia del Ecuador planteó a la Fiscalía General de la Nación la conformación de un grupo integrado por 12 fiscales para que se encarguen ex profeso de la investigación y, cuando proceda, la reapertura de estos casos para evitar que los delitos de lesa humanidad queden en la impunidad.

Otro de los pasos que dio el Gobierno del Ecuador en este sentido fue la desintegración y el encauzamiento penal de los integrantes del Grupo de Apoyo Operacional (GAO), unidad de élite de la Policía Nacional sobre la que recaen varias denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Toda esta información fue entregada por el Ministro de Justicia del Ecuador a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, hecho inédito en la historia regional latinoamericana ya que es el Estado quien asume esta investigación, la lucha contra la impunidad y la eventual reparación a las víctimas y sus familias.

Este particular no ha pasado desapercibido por los victimarios y sus encubridores, quienes de manera evidente mostraron su descontento con la labor de la Comisión de la Verdad el 30 de septiembre. Ese día, la democracia ecuatoriana logró superar un intento de Golpe de Estado que involucraba a miembros de la Fuerza Pública, quienes, incluso, pretendieron atentar contra la vida del presidente de todos los ecuatorianos.

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

Fuente: Presidencia de la República del Ecuador