Foto: Mujeres de Negro

La audiencia pública “Femicidios y violencia doméstica en Uruguay” tendrá lugar el jueves en Washington, a instancias de 23 organizaciones civiles vinculadas al tema. Las delegadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adelantaron a la diaria los puntos más importantes de la exposición. “Es un tema de derechos humanos en el que el Estado hace la vista gorda”, resumió Nita Samuniski, integrante de Mujer Ahora.

La CIDH es la antesala de la Corte IDH. Durante el año hay al menos tres períodos de sesiones de audiencias en las que las organizaciones no gubernamentales de los estados parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos denuncian diferentes situaciones. En la instancia también participan representantes de gobierno. En este caso, por Uruguay encabezará la comitiva la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Beatriz Ramírez.

Tras la audiencia, la CIDH emitirá una serie de recomendaciones al Estado. Hacia eso apuntan las representantes de la sociedad civil, pero también a llamar la atención sobre la gravedad de las situaciones de violencia doméstica (VD). “El objetivo es visibilizar este flagelo, tanto de las víctimas mortales como de las sobrevivientes. Es visto como algo casi ‘normal’. Y muchas de las que fueron asesinadas son mujeres que acudieron a la Justicia en busca de protección. Los tribunales internacionales son el lugar que tenemos para poder reclamar nuestros derechos”, explicó Flor Meza (Cotidiano Mujer), delegada junto con Samuniski y Marina Morelli (Caminos).

En la prensa, acota Samuniski, se logró visibilizar “el titular” después de 20 años de trabajo, no así las cuestiones de fondo de esta problemática. “La prensa anuncia y no pasa nada”, añadió Meza al tiempo de recordar que a través de los medios de comunicación se relevaron desde enero hasta la fecha 28 asesinatos de mujeres a manos de su pareja o ex pareja. “Es un número elevado, pero no es una excepción. Marca una constante que viene sosteniéndose de la década del 90, lo cual marca un nivel de omisión del Estado que se va pautando anualmente”, destacaron.

Durante 2008 y 2009, hubo más denuncias por VD que por rapiñas; fue el delito más denunciado luego de los hurtos, según los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Eso significó un promedio de 35 denuncias por día y una cada 40 minutos. Entre noviembre de 2008 y octubre de 2009, hubo 23 mujeres asesinadas por este delito. “En España son 40 millones de habitantes y llevan 50 mujeres muertas. Nosotros tenemos más de la mitad de esa cifra con poco más de tres millones”, comparó Samuniski.

Pero no son sólo las cifras, advierten. “Las que no mueren son miles. Entre ellas están las que denuncian y las que no porque están amenazadas, tienen miedo, no están informadas o no confían en los discursos del sistema y en que no haya consecuencias protectoras. ¿Qué pasa con las que sí lo hacen? ¿Quién las está recibiendo, cómo se están canalizando sus demandas?”, cuestionaron.

Te lo vengo diciendo

El Estado uruguayo ya recibió observaciones de organismos internacionales por este tema. En 2008, del comité de expertas de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -conocida como Belém do Pará- y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw). En 2009, el llamado de atención provino del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En estos informes, según las activistas, se está señalando “en forma clara” cómo el Estado tiene que avanzar en políticas públicas de prevención.

Entre las recomendaciones siempre se destacan la falta de garantías en el cumplimiento de las medidas cautelares, la falta de refugios donde alojar a las mujeres en situación de VD y la capacitación sostenida de los operadores, especialmente los jurídicos. “Hay una violencia psicológica que los magistrados no identifican como tal. Y éste es un punto súper urgente. No podemos pensar ni en un porcentaje mínimo de rehabilitación para varones porque ni siquiera existen servicios. No podemos darnos ese lujo, son vidas humanas las que están en juego”, expresó Meza.

“No hay ninguna idea de reparación de daños en las familias que han sufrido VD más que los que sostenemos con trabajo voluntario las ONG, sin apoyo estatal alguno. O cuando un hombre rompe una puerta a patadas y entra igual, ¿quién arregla esa puerta? Nadie. Es un clima de tortura intramuros”, graficó Samuniski. “Queremos hacer que el Estado se siente con nosotras y diga qué cosas puede hacer. Tiene la obligación de hacerlo”, puntualizó Meza.

Consultada por la diaria, la directora de Inmujeres se excusó de hacer declaraciones porque está terminado el informe oficial que presentará el jueves, aunque adelantó que apuntarán a sistematizar los avances legales en la materia. “Hay progresos normativos y también progresos discursivos -reconoció Samuniski-, lo que no hay son contenidos acordes porque eso requiere cambios culturales, no sólo cambios administrativos. Hay que hacer determinadas cosas pero buscando el marco de una política con un objetivo: lograr determinados cambios en el funcionamiento de la sociedad. En esa etapa estamos muy lentos”.

Lourdes Rodríguez

Fuente: La Diaria