Saravia mantiene su decisión de no votar el proyecto de ley frenteamplista que declara ilegítima la Ley de Caducidad.

El único senador frenteamplista que tiene una clara posición contraria al proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad es Jorge Saravia (Espacio 609). Ayer la ratificó tras la reunión que mantuvo con la senadora Lucía Topolansky, quien lo instó a acatar el mandato partidario. El diputado Gustavo Guarino (Alianza Progresista), suplente de Rodolfo Nin Novoa, afirmó a la diaria que su sector “velará por el principio de unidad del Frente Amplio”. Se aguarda la definición que este viernes tome la Cap-L, aunque se espera que sea en el mismo sentido.

La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados el miércoles pasado entrará hoy en el Senado para su tratamiento en la Comisión de Legislación y Códigos. Ayer, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) comenzó a abordar el tema, aunque no hubo definiciones. En principio, hoy de tarde recibirán al canciller Luis Almagro, quien informará sobre la situación del Estado uruguayo frente a la demanda presentada por Macarena y Juan Gelman por denegación de justicia para investigar la desaparición de María Claudia García en 1976.

Almagro destacó ayer la importancia de sancionar el texto para dar “protección efectiva a los derechos humanos”. Recordó que Uruguay recibe observaciones de la Comisión Interamericana por la vigencia de la Ley de Caducidad desde 1992. “Eso tiene que ver con las dificultades en cuanto al acceso a la justicia, y requiere una solución país”, alegó.

La audiencia será el 15 de noviembre. En la bancada se manejó la posibilidad de que el plenario trate la iniciativa antes de esa fecha, pero eso dependerá de cómo armonice el cronograma con la ley presupuestal, que debe recibir sanción definitiva el 3 de diciembre.

La fecha se fijará la próxima semana y también se votará la postura definitiva. Fuentes legislativas informaron a la diaria que ayer durante la reunión “nadie pidió libertad de acción”, pero que en todo caso, si esa petición existiera, lo resolvería la bancada por dos tercios de sus integrantes, como lo establece el reglamento de funcionamiento. “Por ahora hay una sola persona que manifestó su postura contraria”, recalcaron. Tras la reunión con Topolansky (Movimiento de Participación Popular), Saravia declaró que aprobar el interpretativo es como “dar un golpe de Estado técnico” y salió al cruce de las declaraciones de Almagro: “El ministro no entiende que la decisión del pueblo es superior a cualquier mandato parlamentario”.

En la misma línea se pronunció ayer el socialista y constitucionalista José Korzeniak, quien afirmó: “En la Constitución uruguaya no dice que el derecho internacional esté por encima”. Insistió también en que el camino son las declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia, caso a caso. “Si la familia Gelman hubiera pedido la inconstitucionalidad, en vez de perder años en denuncias, hubiera salido antes que lo de Nibia Sabalsagaray”, disparó. La familia Gelman solicitó el recurso en febrero de 2004 y fue desestimado por la propia Suprema Corte de Justicia en mayo de ese año.

El viernes Amnistía Internacional exhortó a los legisladores de la cámara alta a aprobar la iniciativa a través de un comunicado público. “Es momento de demostrar que la existencia de una medida aprobada hace 24 años que contribuye a la impunidad y contraviene las obligaciones legales del país ya no se tolera. Poner fin a la ley es un imperativo legal y moral urgente”, expresó. Consultada por la diaria, la senadora Constanza Moreira (Espacio 609) se manifestó confiada en que “se llegará a una buena solución en tiempos convenientes”.

Lourdes Rodríguez

Fuente: La Diaria