Ante la llegada a Montevideo del presidente chileno, Sebastián Piñera, gremios estudiantiles se concentrarán y marcharán en protesta contra su llegada, en solidaridad con sus pares chilenos, en conflicto con el gobierno por la educación pública.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llegará este miércoles a Uruguay cerca de las 19 horas. En su agenda, el mandatario mantendrá un encuentro con el presidente José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori, visitará la Suprema Corte de Justicia, disertará en ADM y participará en la sesión de la Asamblea General.

Por su parte, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media de Montevideo (CEEM), del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (IPA) y del Encuentro Nacional de Trabajadores, Estudiantes y jubilados clasistas se concentrarán este jueves a las 17 horas en el Liceo Bauzá para marchar hacia la residencia presidencial de Suárez y Reyes para manifestar su protesta, mientras los mandatarios de Chile y Uruguay estén reunidos.

Los manifestantes leerán una proclama en repudio al accionar de Piñera frente a los estudiantes chilenos y el programa de educación pública, y en la misma criticarán a Mujica, acusándolo como "responsable del proceso de mercantilización de la educación, que toma como ejemplo el modelo chileno", indicó este martes a Ultimas Noticias Gabriel Bermúdez, encargado de Relaciones Internacionales de la FEUU.

Extractos de la carta de declaración de la Feuu:

"En nuestra América de hoy se viven tiempos de cambios, las distintas luchas de nuestros pueblos nos han permitido dar vuelta la página de la historia y lo que parecía una larga y oscura noche neoliberal en los noventa se fue convirtiendo poco a poco en el alba de nuestros pueblos."

"En estos tiempos los gobiernos de Puerto Rico, Colombia y Chile son resabios de aquella noche, son el ejemplo de lo que no se debe hacer, son las sociedades con la mayor desigualdad en materia de salud, trabajo y educación".

"Ante la visita del Presidente de Chile, Sebastian Piñera, la FEUU quiere expresar su más profundo rechazo a la presencia en nuestro país de quien defiende el sistema de enseñanza chileno, que fue instaurado en la dictadura de Pinochet, donde el Estado no se responsabiliza de la educación y los padres deben pagar una buena parte para que sus hijos puedan estudiar."

"Este mismo modelo que se trató de imponer en Uruguay en la década de los 90 y que gracias a la lucha sostenida de los estudiantes y trabajadores junto al pueblo no pudo implementarse."

En base a Agencias

Argimón contra baja de edad de imputabilidad; jóvenes independientes y grupo colorado se suman a campaña del PIT-CNT y de la FEUU.

El 22 de junio será el lanzamiento oficial de la red "No a la baja", integrada por el PIT-CNT, la FEUU, organizaciones no gubernamentales y juventudes políticas del Frente Amplio. Se han sumado a esa articulación los jóvenes del Partido Independiente y la agrupación colorada Hugo Batalla, y se eligió ese día para la presentación pública con la intención de contrarrestar una jornada nacional de recolección de firmas, convocada por el Partido Colorado para el 18 de junio. La ex diputada Beatriz Argimón (Alianza Nacional, Partido Nacional -PN-) no integra formalmente esa contracampaña, pero se pronunció contra la propuesta plebiscitaria.

El título del documento de Argimón cita la consigna de los promotores de la campaña contra la baja de la edad de imputabilidad: "Ningún pibe nace chorro. Es más fácil encerrar que hacerse cargo. Yo no firmo".

La ex directora del Iname, hoy Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), explica en un texto, al que accedió la diaria, que las frases están escritas en dos muros sobre Avenida Italia, y que expresan "con una simplicidad mayúscula, lo que a veces sentimos quienes estamos en contra de esta campaña", promovida por el Partido Colorado (PC) y por prácticamente todo el sector blanco de Unidad Nacional.

Para explicar su postura contraria, Argimón utiliza dos de los argumentos más reiterados por quienes se oponen a la recolección de firmas, principalmente desde el Frente Amplio (FA). "Para quienes no lo saben, la baja de imputabilidad en nuestro país ya se efectuó con la sanción del último Código de la Niñez y Adolescencia [que establece penas desde los 13 años], además se estableció un proceso penal para los adolescentes en conflicto con la ley con medidas privativas de libertad y socio educativas", recuerda Argimón. Además, la dirigente del PN considera que la "creciente inseguridad ciudadana claramente tiene que ver con los adultos, quienes directa o indirectamente, utilizando adolescentes cometen delitos" y agregó que para demostrarlo "alcanza ver el número de reclusos adultos en las cárceles".

No obstante, también cuestiona al FA por su responsabilidad como partido de gobierno. "La institucionalidad no acompañó con los cambios necesarios las exigencias del nuevo código. Y ahí evidentemente hay un notorio fracaso, especialmente del FA, que durante mucho tiempo, siendo oposición, indicaba que tenía claro el rumbo a seguir en políticas de infancia y cuando llegó al poder no sostuvo, en lo que tiene que ver con la adolescencia infractora, un solo proyecto de resultados existosos", señala. Sin embargo, reconoce que "los tiempos cambiaron, que hay violencia en la sociedad toda y que, por tanto, también los adolescentes son más violentos, también es cierto que las políticas públicas hacia ese sector de la sociedad han fracasado". "Yo tampoco firmo porque quiero que el sistema se haga cargo de estos jóvenes que también son víctimas", culmina Argimón.

Falsas asociaciones

La Red Nacional contra la baja de la edad de imputabilidad en el Uruguay es un espacio que funciona los viernes, y que generalmente se reúne en sindicatos y sedes de organizaciones sociales. Han asistido delegados del PIT-CNT, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), de la Coordinadora de Estudiantes de la Enseñanza Media, Ielsur, Gurises Unidos, el Comité por la Defensa de los Derechos del Niño y de las juventudes partidarias del Frente Amplio. Han tenido una participación activa los sindicatos más vinculados a la temática, como el que nuclea a los funcionarios policiales, a los del INAU y a los judiciales. También se han integrado a la coordinación los jóvenes del Partido Independiente y la agrupación colorada Hugo Batalla, cuyo principal referente es el dirigente Diego Fau. "La campaña de Pedro es un disparate gigantesco; para un batllista es imposible acompañar esa idea", dijo Fau a la diaria.

Un documento de esta red de organizaciones sociales y políticas, que incluye ocho puntos de acuerdo entre sus impulsores, propone realizar una campaña "respetuosa", que sea capaz de advertir a la ciudadanía sobre los riesgos "que supone la eventual baja de la edad de imputabilidad, buscando desarticular la falsa asociación entre inseguridad y adolescencia". "La baja no resuelve los problemas de seguridad, los agrava. Los países que han implemento estas medidas no han tenido como resultado un aumento de la seguridad. Por lo contrario, las políticas de mano dura han demostrado especializar y profundizar la violencia", agregan.

En el documento citan datos del departamento estadístico de la Suprema Corte de Justicia, que revelan que apenas 5,9% de los procesamientos en el país corresponde a infracciones cometidas por adolescentes y que 2% del total de delitos cometidos por adolescentes es "contra la persona", mientras que 98% es "contra la propiedad, hurtos o rapiñas". "En 2009 hubo en nuestro país 13.709 denuncias por violencia doméstica, y 32 mujeres muertas, 22.784 accidentes de tránsito con 467 víctimas fatales y 548 suicidios. ¿Son los y las adolescentes los responsables del dolor y del peligro?", señalan. Ayer, además, se reunió nuevamente la comisión integrada por decanos del área social de la Universidad de la República, quienes están elaborando un documento con insumos técnicos contrarios a la propuesta de extender el régimen penal adulto. Ese material será discutido el martes 7 de mayo por el Consejo Directivo Central de la Udelar, aunque el rector, Rodrigo Arocena, ya adelantó su postura contraria a la idea que lanzó Vamos Uruguay, a la que luego adhirieron los sectores nacionalistas más cercanos a Luis Alberto Lacalle.

La regla del 30

Diego Fau, de la agrupación colorada Hugo Batalla, recordó que 30% de los convencionales del Partido Colorado rechazó en la orgánica partidaria la campaña de recolección de firmas que desde un primer momento impulsó el sector liderado por Pedro Bordaberry. Para Fau, ese porcentaje refleja la existencia de una "sensibilidad interna" que no está de acuerdo con la mayoría de los planteos que se hacen desde Vamos Uruguay. "Es un número que se ha repetido en las últimas instancias importantes, hay un 30% de votantes colorados que apoyaron a [José] Mujica en la segunda vuelta electoral, y estimamos que un 30% de los votantes del PC ensobraron la papeleta rosada", afirmó.

Fuente: La Diaria

A todos y todas buenas noches,

A las autoridades, a los compañeros de movimiento sindical y del movimiento estudiantil, a los ex militantes, a los actuales, muchas gracias por venir y compartir con nosotros estos 82 años forjando cultura y libertad, dejando claro que no sólo celebramos nosotros, hoy también cumplen años todos aquellos jóvenes de otros tiempos que hicieron de la FEUU lo que es hoy.

Estos 82 años regados por el compromiso, regados por la sangre de los compañeros y compañeras que quedaron en el camino. Según dicen las madres de Plaza de Mayo que “la sangre de los nuestros será vengada el día que nuestro pueblo sea feliz”, y todavía falta mucho para la felicidad de nuestro pueblo.

Nuestros desaparecidos, nuestros mártires, cayeron peleando por un mundo mejor, y su homenaje, para ser justo, debe ser ante todo acto de lucha por una sociedad más justa y para todos.

Es también lucha, por la unidad, que nos permitimos simbolizar en la consigna generada hace ya varias décadas entre obreros y estudiantes, unión en la que hoy más que nunca debemos profundizar, ya que somos portadores de sueños postergados y tenemos la obligación y el compromiso moral de lograr que nuestra casa mayor de estudios tenga las puertas abiertas a todo el pueblo, que la inequidad geográfica o económica no sean impedimentos, y que de una vez por todas y para siempre, todas y todos los trabajadores y sus hijos puedan ingresar a la Universidad.

No podemos concebir una sociedad en la que se siga excluyendo a los eternos postergados, no nos lo podemos permitir, porque seguimos caminando hacia ese horizonte, esa utopía que aprendimos hombro con hombro en la calle con los trabajadores, con nuestro pueblo todo.

Ese “trato” al decir de Benedetti, no es sólo con el movimiento sindical, sino también con los estudiantes todos, ya que sabemos que las reivindicaciones de los estudiantes son para toda la educación y la batalla la daremos todos juntos, siempre; como en el 58, cuando estudiantes de secundaria también ocuparon sus liceos uniéndose a la lucha por La Ley Orgánica de la Universidad en una muestra de unidad de todos los estudiantes, que hay que admirar y honrar, o más acá en el tiempo en todas las luchas donde el movimiento estudiantil peleó por mayor presupuesto para toda la Educación Pública, para tener más estudiantes, para que nuestros egresados puedan incorporar valor a nuestra producción, para el desarrollo de investigaciones de calidad, pero sobre todo de pertinencia social, porque la educación además de ser un derecho adquiere una centralidad estratégica en un modelo de desarrollo soberano, no sólo como constructor de ciudadanía, forjador de hombres y mujeres libres, también como cimiento de la economía, y sepan desde ya que las calles nos encontrarán buscando un mayor presupuesto en la próxima rendición de cuentas, ya que el aumento en materia edilicia ha sido bastante bueno, pero debemos pelear por llenar esa infrestructura con cada vez más y más estudiantes.

Esta Organización Social, una de las más antiguas, que pelea día a día por los estudiantes, por los que están y los que vendrán; pero por sobre todo, por los que aún tienen el ingreso limitado, porque somos convencidos que no hay hombres y mujeres libres sin educación, sin conocimiento; para nosotros la batalla por la universalización de la educación, es una lucha por la LIBERTAD. Un país que pretenda construirse sobre las bases de la justicia social y de los más profundos valores democráticos, debe empeñarse en generalizar el acceso a todas las ramas de la educación y a la educación superior en particular, porque es un derecho humano no sólo conocer, sino comprender la naturaleza en tanto sea posible, así como la realidad material y cultural de la sociedad en la que vivimos, no como una fatalidad irremediable, sino como producción histórica de los hombres, plausible de ser cambiada.

Sabemos que esta lucha, es el reflejo de la lucha entre una clase social que no quiere perder sus privilegios, y una clase o grupo de clases sociales que están tratando de adquirir sus derechos a la educación. Por ello nos hemos embarcado en la Segunda Reforma Universitaria,que ha ido avanzando, a pesar de intereses mezquinos que muchas veces atenten contra ella.

Permitanme aquí un paréntesis para saludar desde aqui el levantamiento del cuarto intermedio de la convención de ADUR este fin de semana, en el que seguirán discutiendo el cambio de la Ley Orgánica de la Universidad, esa que la Federación y la Universidad toda están discutiendo, y en la que tenemos la esperanza de llegar a tiempo y estar a la altura de las circunstancias que el país necesita.

Esta Organización Social que hoy pone el grito en el cielo para que se deje de criminalizar a los jóvenes, porque no sólo estamos en contra de la campaña mediocre y electoralista, en la que nos quieren hacer creer que ser joven, ser pobre es delito, también estamos en contra de las racias llevadas adelante por el Ministerio del Interior, estamos en contra del acuerdo interpartidario en materia de seguridad que quiere mantener los antecedentes de los menores, estamos en contra del sistema de reclusión de los menores, estamos en contra de la baja de la edad de imputabilidad, creemos que inseguridad es no tener para comer, es no tener futuro, los jóvenes no son el problema sino gran parte de la solución.

La FEUU, cree que en una sociedad justa e igualitaria, sin explotados ni explotadores, una sociedad libre, en la que se debe promover sin restricción ninguna, el goce pleno de los derechos, de todos los derechos, por eso peleamos porque la ley de Salud Sexual y Reproductiva permita a todas nuestras compañeras la opción a decidir sobre su propio cuerpo, garantizando el uso seguro de todos los métodos para interrumpir el embarazo; nos comprometemos a dar la batalla por los justos derechos de la comunidad LGTBQ, y en particular el del matrimonio igualitario; seguiremos dando pelea por el derecho a la vivienda, al trabajo digno y de calidad, el acceso a la salud de todos los uruguayos y uruguayas; nos comprometemos a rodear el palacio el próximo 19 donde nuestra sociedad dará un nuevo paso hacia la justicia y el nunca más.

Una Universidad entre todos y para todos, abierta, autónoma, cogobernada, gratuita y participativa. Una Universidad para el desarrollo, promotora de cultura, inmersa en la sociedad, comprometida, responsable y crítica. Estas fueron nuestras premisas en el 2006, en muchas de ellas ya se ha avanzado pero su concreción total debe ser hoy para todos nosotros, una EXIGENCIA.

Invitamos a todos y a todas a participar de la celebración del 82 aniversario de la FEUU (Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay), a realizarse el día 6 de mayo a las 19 horas en la sede central del PIT-CNT (Jackson 1283).

Aprovecharemos la ocasión para realizar el lanzamiento del XVI CLAE (Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes) que se realizará en Montevideo en el mes de agosto próximo. Y cerraremos la actividad con espectáculo artístico.

Te esperamos.

FEUU

El Consejo Federal de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) impulsará una campaña contra el endurecimiento de las penas para los niños y los adolescentes, y para expresar su “preocupación” por las intenciones de algunos actores políticos de colocar a los adolescentes como los principales responsables de la inseguridad pública.

“Este año hubo una campaña muy fuerte de criminalización de los menores, con el apoyo de los grandes medios, y resolvimos plantear una contraofensiva en el debate público sobre minoridad”, comentó Gastón González, responsable de prensa de la FEUU. Los estudiantes plantearán este tema en el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar).

La FEUU, junto a otras organizaciones sociales como el Comité de los Derechos del Niño y la Asociación Nacional de Ong orientadas al desarrollo, realizaron un pronunciamiento público contra “el endurecimiento de los sistemas penales hacia los niños, las niñas y los adolescentes”, y específicamente, contra la baja de la edad de imputabilidad, el establecimiento de mayores tiempos de pena de prisión y el mantenimiento de los antecedentes penales para los adolescentes.

Allí señalan que las “políticas de mano dura” que se están proponiendo no significan una “respuesta adecuada”, y que no hay datos “de fuentes confiables y serias” que avalen el supuesto auge de conductas delictivas por parte de adolescentes. Sin embargo, según afirman, lo que sí está avalado “por abundantes cifras y fuentes indiscutibles” es que los niños y los adolescentes son “las principales víctimas de la violencia”. “Ni la baja de edad de imputabilidad, ni la preservación de los antecedentes, ni el incremento de las penas mejoran el estado de la seguridad de las personas, no reducen el temor, ni aportan el clima social adecuado; por el contrario, generan mayor exclusión de los adolescentes, construyendo la ilusión de solucionar el problema”, afirman, al tiempo que critican a los actores políticos “que apuestan a presuntas soluciones que sólo producirán más gente presa a edades más tempranas y un aumento de la violencia tal como ocurrió en todos los países en los que se implementaron iguales medidas”.

El actual contexto, según sostienen las organizaciones, coloca en un “puñado de adolescentes” la responsabilidad de los problemas de seguridad, y de esa manera “se abona un terreno fértil para un discurso de mano dura contra lo mejor que se ha logrado en la lucha por los derechos de la niñez y se ha consagrado en diferentes textos normativos”. Concluyen que todos los objetivos que se plantean las medidas legislativas propuestas “pueden ser alcanzados mediante la cabal aplicación de las leyes vigentes” y “el correcto funcionamiento de las instituciones existentes”.

Vinculado a este tema, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, afirmó ayer que el mantenimiento de los antecedentes penales de los menores de edad violaría convenios internacionales suscriptos por Uruguay. Citado como especialista por la comisión especial creada por el Parlamento para analizar la legislación relativa a la seguridad pública, y en especial la cuestión de los niños y adolescentes infractores, Chediak manifestó que una medida de este tipo incumpliría “una fortísima recomendación vinculante de las Naciones Unidos”, que sugiere la reserva de esa información. El magistrado agregó que el mantenimiento de los antecedentes violaría también el Código del Niño, que es “un poco más radical” porque plantea directamente que esa información debe eliminarse.

La propuesta para mantener los antecedentes de los menores surgió del propio gobierno. “No de todos, pero sí de quienes cometieron delitos muy graves y muy repetidos, yo creo que tienen que mantenerse [los antecedentes]”, manifestó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Fuente: La Diaria

COMUNICADO PÚBLICO

La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay ante la inminente aprobación de la Ley Interpretativa de la Constitución en torno a la Ley de Caducidad expresa:

Que esta norma tiene efectos prácticos similares a la anulación de la Ley de Caducidad, de esta forma los casos que fueron archivados podrán ser reabiertos y la Justicia podrá actuar de oficio como si la Ley de Caducidad nunca hubiese sido aplicada.

Por lo que este texto de ley interpretativa se corresponde con los reclamos de la Federación y de todo el movimiento popular. Dicha norma debe ser respaldada, así como cualquier otra que tienda al respeto de los Derechos Humanos y la persecución por parte del Estado de los crímenes de lesa humanidad.

El proyecto es un paso hacia adelante por Verdad, Memoria y Justicia. Y representa un mojón en una lucha de largo plazo. De ser aprobado, el movimiento popular se encuentra ante la perspectiva de que, si bien el Estado es responsable de la investigación, persecución y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, éste no cuenta hoy en día con la infraestructura necesaria para cumplirlo. De esta forma la Federación, así como la Universidad toda, debe comprometerse y aunar esfuerzos en la promoción y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado en esta materia.

Debemos promover el debate en torno a estas cuestiones en todos los ámbitos de la Universidad, así como volcar recursos humanos a la efectiva implementación de la Ley Interpretativa continuando la lucha por Verdad, Memoria y Justicia.

ASCEEP-FEUU

Montevideo, 23 de setiembre de 2010

El pasado domingo se celebró una nueva jornada cívica, la cual estaba colmada de expectativas que van más allá de los partidos políticos que se postulaban para las elecciones nacionales.

Se ponían a consulta dos plebiscitos de reforma constitucional, que implicaban el pronunciamiento sobre temas ligados con la sociedad. Uno de ellos, a nuestro entender, era el resultado de la continua lucha de organizaciones sociales a favor del esclarecimiento de una parte oscura de nuestra historia.

El debate estaba claro, continuar o no viviendo en un país que se esconde detrás de la ignorancia para tapar los hechos sucedidos durante la última dictadura cívico-militar.

Esta posibilidad de anular los primeros cuatro artículos de la Ley de Caducidad permitía a la Justicia investigar qué sucedió y dónde se encuentran los restos de tantos ciudadanos que aún se desconoce su paradero.

Nosotros no tenemos más que vergüenza de vivir en un país donde se torturó, mató y desapareció gente y sus autores se amparan en el silencio para protegerse.

Somos convencidos que la verdad hay que encontrarla, esto nos demuestra que debemos estar más unidos que nunca para poder defender los ideales de Verdad y Justicia que están detrás de estas palabras.

Esto es solo una piedra más en el camino, pero no debemos ni podemos bajar los brazos, por ellos, por los que estamos y por los que vendrán.

Rechazamos el rol jugado por los medios de comunicación que durante toda la campaña estuvieron ausentes, y en el último tiempo, fueron cómplices del silencio por no transimtir en tiempo y forma la cadena nacional de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad.

Asimismo, criticamos la falta de ética del Ministro de la Corte Electoral Edgardo Martínez Zimarioff por el mal manejo de los datos del plebiscito, y sin duda fue una manipulación intencional con la expectativa de la gente.

Es imperioso resaltar y reconocer a todos los compañeros de las organizaciones sociales, y especialmente a los integrantes de los centros de estudiantes que dedicaron estos últimos tres años en pos de la anulación de la ley. Estos compañeros, desde talleres, actividades culturales, documentales, charlas, han construido memoria colectiva, han avanzado en este proceso en busca de verdad y justicia. No podemos desconocerlo, ni abandonarlo.

Nosotros creemos que no se ratificó la Ley de Caducidad. En nuestro país hay más gente que se pronunció a favor de su anulación que de su ratificación. Hay un 48% de la población convencida de la anulación, mientras que en ese 52% hay muchos que no sabían directamente lo que se estaba plebiscitando; las proyecciones previas nos daban que tan solo un 35% declaraba que no iba a votar la papeleta rosada con conocimiento.

Perdimos en el acto eleccionario, pero ganamos en todo este proceso porque se trabajó en cada barrio y en cada rinconcito de nuestro país ganando conciencia e impulsando una cultura de respeto de los Derechos Humanos de forma íntegra, y esta batalla estamos convencidos que la ganamos.

Entender el porqué se perdió la votación del plebiscito es un análisis que debemos hacer, no para encontrar culpables pero sí para aclarar el camino de aquí en adelante. Hubo errores desde las propias organizaciones sociales, donde tendríamos que haber dado más desde el comienzo del lanzamiento de la campaña, la Federación se debe una autocritica muy fuerte, y el resto de las organizaciones sociales deberían hacer lo mismo.

Pero el factor más importante de esta derrota fue la falta de información, amparada para nosotros en el silencio y la confusión que se generó desde los referentes de la campaña política partidaria.

El señor Lacalle diciendo que nuestros desaparecidos eran tan solo media docena, o que si se anulaba la Ley los actuales procesados iban a quedar en libertad, no hizo más que confundir a la gente, en vez de darle elementos válidos para que eligieran libremente.

A su vez, es claro que el Frente Amplio salvo excepciones, no asumió integralmente el apoyo a esta campaña, lo que se reflejó en la imposibilidad de compensar la desinformación, transmitir la importancia de la consulta y la necesidad histórica de optar por la papeleta rosada. Muchos de los compañeros caídos, y desaparecidos formaron parte de esta herramienta, entonces no logramos explicarnos porqué se generó este vacío.

Como generación, este es nuestro primer golpe fuerte, el trago más amargo que nos tocó hasta ahora, para muchos de nosotros los días más tristes de nuestras vidas. Pero esta batalla perdida no nos va a paralizar, esta bronca, rabia e indignación que sentimos muchos, la transformaremos en organización y lucha, porque la pelea contra la Impunidad sigue, porque la Verdad no se sabe, los culpables no tienen juicio, y por sobre todo nuestros compañeros siguen desaparecidos, por ellos, por nosotros y los que vienen seguiremos pelando hasta que haya Verdad y Justicia.

ASCEEP - FEUU
Montevideo, 30 de octubre de 2009