El Episcopado confirmó ante la Justicia que desde 1978 sabía que la dictadura militar asesinaba a las personas detenidas-desaparecidas, cosa que nunca hizo pública. La tardía admisión se produjo con el reconocimiento de la autenticidad del documento publicado aquí el domingo 6 de mayo sobre el diálogo secreto con el dictador Jorge Videla del 10 de abril de ese año. Pese a ello tanto el Episcopado como el Vaticano y la gran prensa guardan silencio.

La Iglesia Católica confirmó por primera vez ante la Justicia que por lo menos desde 1978 sabía que la dictadura militar asesinaba a las personas detenidas-desaparecidas, cosa que nunca hizo pública, y que sus máximas autoridades discutieron con el jefe supremo de la dictadura cómo manejar la información sobre esos crímenes. La tardía admisión se produjo con el reconocimiento de la autenticidad del documento publicado aquí el domingo 6 de mayo sobre el diálogo secreto con el dictador Jorge Videla del 10 de abril de 1978, luego de un almuerzo del que participaron los tres miembros de la Comisión Ejecutiva que conducía a la institución. Pese a ello tanto el Episcopado como el Vaticano y la gran prensa siguen guardando un escandaloso silencio.

La cuestión de las listas

La judicialización del documento eclesiástico se produjo en la causa abierta para determinar lo sucedido con los restos de Roberto Santucho, a pedido de su familia, representada por el abogado Pablo Llonto. Santucho fue abatido por una partida del Ejército el 19 de julio de 1976 y su cuerpo exhibido a la prensa en Campo de Mayo, pero luego desapareció sin explicaciones. A raíz de la confesión de Videla a un periodista español y otro argentino sobre el asesinato de los detenidos-desaparecidos, la jueza federal de San Martín, Martina Forns, a cargo de esa causa, citó a declarar al ex dictador. Videla dijo que él había decidido ocultar el destino de los restos de Santucho para evitar homenajes pero que quien sabía qué habían hecho con ellos era el entonces jefe de Campo de Mayo, general Santiago Riveros. Ante el cuidadoso interrogatorio preparado por Forns, Videla respondió sus preguntas durante más de tres horas. Sin eufemismos dijo que los detenidos-desaparecidos eran “condenados” y “ejecutados” y que ese método se había adoptado por comodidad porque creían que “no provocaba el impacto de un fusilamiento público”, que “la sociedad no lo iba a tolerar”. Agregó que “era difícil pensar que tantas personas podían ser juzgadas y la Justicia estaba asustada por la persecución que habían sufrido los jueces” del Camarón, el tribunal especial que actuó entre 1971 y 1973 durante la penúltima dictadura. Cuando Forns lo interrogó sobre las listas de personas detenidas-desaparecidas, Videla contestó que eran incompletas y que no se publicaron, porque contenían errores e inexactitudes y no hubo acuerdo entre las tres Fuerzas Armadas que compartían el gobierno. Agregó que la información sobre el destino de cada persona es “una obligación moral” pero que no es fácil cumplir con ella “por la forma tabicada en que se procedía y en algunos casos no hay rastros de eso y no puede publicarse a medias”.

Un diálogo entre amigos

Pero durante el almuerzo con el cardenal Raúl Primatesta, arzobispo de Córdoba, el arzobispo de Santa Fe, Vicente Zazpe, y el de Buenos Aires, cardenal Juan Aramburu, quienes eran presidente y vicepresidentes del Episcopado, Videla dio otra explicación mucho más sincera acerca de la publicación de las listas y sobre lo sucedido a las personas detenidas-desaparecidas. Ello consta en una minuta para el Vaticano, que los tres eclesiásticos redactaron luego de ese almuerzo y que fue reproducida en esta página hace tres domingos, en la nota “Preguntas sin respuesta”. En un clima que Aramburu describió como cordial, Videla dijo que no era fácil admitir que los desaparecidos estaban muertos, porque eso daría lugar a preguntas sobre dónde estaban y quién los había matado. Primatesta hizo referencia a las últimas desapariciones producidas durante la Pascua de 1978, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”. Videla respondió que “sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir los secuestradores y asesinos. Primatesta insistió en la necesidad de encontrar alguna solución, porque preveía que el método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Se refería en forma implícita a la carta que esa misma mañana le había enviado el presidente fundador del CELS, Emilio Mignone, padre de la detenida-desaparecida Mónica Candelaria Mignone, y una de las más altas personalidades laicas del catolicismo argentino. Mignone había sido ministro de Educación en la provincia de Buenos Aires en la década de 1940 y viceministro de Educación nacional en la de 1960. El fundador del CELS le escribió a Primatesta que el sistema del secuestro, el robo, la tortura y el asesinato, “agravado con la negativa a entregar los cadáveres a los deudos, su eliminación por medio de la cremación o arrojándolos al mar o a los ríos o su sepultura anónima en fosas comunes” se realizaba en nombre de “la salvación de la ‘civilización cristiana’, la salvaguardia de la Iglesia Católica”. Agregó que la desesperación y el odio iban ganando muchos corazones. Al día siguiente del almuerzo, Zazpe le informó a Mignone que la Comisión Ejecutiva le había transmitido a Videla “todo lo que dice su carta”. Dijo que habían sido “tremendamente sinceros y no recurrimos a un lenguaje aproximativo” pero le advirtió, como si se tratara de una accesoria cuestión técnica, que había una “divergencia con su carta” acerca de la publicidad o reserva de esta entrevista. “En esta ocasión volvió a recurrirse a la reserva”, que dura hasta hoy. Primatesta informó luego a la Asamblea Plenaria que los obispos le plantearon a Videla los casos señalados en su carta por Mignone, de presos que en apariencia recuperaban su libertad pero en realidad eran asesinados; que se interesaron por sacerdotes desaparecidos, como Pablo Gazzarri, Carlos Bustos y Mauricio Silva, y por otros detenidos de los que pidieron la libertad y/o el envío al exterior. Pero el desarrollo completo del diálogo sólo consta en la síntesis para el Vaticano. Cuando Primatesta advirtió sobre las amargas consecuencias del método de la desaparición forzada, Videla asintió. También él lo advertía, pero no encontraba la solución, dijo. Zazpe preguntó: “¿Qué le contestamos a la gente, porque en el fondo hay una verdad?”. Según el entonces arzobispo de Santa Fe, Videla “lo admitió”. Aramburu explicó que “el problema es qué contestar para que la gente no siga arguyendo”. Según Aramburu, cuando Videla repitió que “no encontraba solución, una respuesta satisfactoria, le sugerí que, por lo menos, dijeran que no estaban en condiciones de informar, que dijeran que estaban desaparecidos, fuera de los nombres que han dado a publicidad”. Primatesta explicó que “la Iglesia quiere comprender, cooperar, que es consciente del estado caótico en que estaba el país” y que medía cada palabra porque conocía muy bien “el daño que se le puede hacer al gobierno con referencia al bien común si no se guarda la debida altura”.

Luego de la publicación, la jueza Forns solicitó la entrega del documento a la Conferencia Episcopal. Sin dilación, recibió una copia. De este modo, la máxima conducción católica de la Argentina corroboró en forma oficial y en un expediente judicial que tanto la Iglesia argentina como la Santa Sede, para la que se confeccionó esa minuta, estaban al tanto del asesinato de las personas cuya desaparición era denunciada por sus familiares y por los organismos defensores de los derechos humanos.

Copia Fiel

El facsímil que se publica a la izquierda es el que obtuve en forma subrepticia en la sede de la calle Suipacha que el propio Videla donó a la Conferencia Episcopal antes de dejar el poder, en 1981. Arriba a la derecha se observa el número con que está archivado, lo cual da una idea de la magnitud de ese archivo cuya misma existencia la Iglesia negó, en una nota que en el año 2000 me dirigió su presidente, cardenal Estanislao Karlic. El de la derecha es el que la actual conducción episcopal, presidida por el Arzobispo de Santa Fe, José Arancedo, remitió a la jueza Forns. Arriba a la izquierda se lee “Es Copia Fiel” y abajo a la derecha consta el sello de la Conferencia Episcopal Argentina. En ambos ejemplares de ese documento secreto se observa que la afirmación de Videla sobre la protección a quienes cumplieron sus órdenes criminales está completada a mano por Primatesta. Pese a la enorme trascendencia de este demorado reconocimiento, ninguna autoridad eclesiástica hizo la menor referencia pública al tema, aunque la Comisión Ejecutiva se reunió el 16 de mayo y emitió un documento, cuestionando la ley de muerte digna sancionada por el Congreso. Como si la enormidad del hecho les cortara el habla, tampoco los diarios Clarín, La Nación y Perfil se dieron por enterados de la publicación de ese documento fundamental para establecer el grado al que llegó la complicidad de la Iglesia Católica con la dictadura militar y su política criminal. Treinta y cuatro años después, el encubrimiento continúa. Cuando el periodista español Ricardo Angoso lo entrevistó en la prisión que el Servicio Penitenciario Federal tiene en Campo de Mayo, Videla dijo que “mi relación con la Iglesia Católica fue excelente, muy cordial, sincera y abierta”, porque “fue prudente”, no creó problemas ni siguió la “tendencia izquierdista y tercermundista” de otros Episcopados. Condenaba “algunos excesos”, pero “sin romper relaciones”. Con Primatesta, hasta “llegamos a ser amigos”. Se nota.

Horacio Verbitsky

Fuente: Página 12

La campaña para los comicios internos en este domingo del gobernante Frente Amplio de Uruguay, acaparó los principales espacios de la prensa escrita, radial y televisiva de este país durante la semana.

Los cuatro candidatos a presidir la coalición de izquierda efectuaron intensas jornadas proselitistas conjuntas por todo el país y también en Buenos Aires, que tuvieron como colofón un acto de cierre el jueves último.

El club deportivo Platense, en el popular barrio El Cordón, recibió un desborde de frenteamplistas, portadores de banderas de los respectivos sectores y en especial el estandarte de las tres franjas: roja, azul y blanca, identificativo del Frente (FA).
Intervinieron el actual presidente del FA, Jorge Brovetto, y los aspirantes Ernesto Agazzi (Movimiento de Participación Popular), Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), Mónica Xavier (Partido Socialista) y Juan Castillo (Partido Comunista).
Las intervenciones estuvieron centradas en llamados unitarios y, entre otros conceptos, destacaron la futura labor organizativa y de funcionamiento de la agrupación para lograr una tercera etapa de gobierno frentista (2015-2020).

En las elecciones de este domingo podrán participar todos los seguidores del Frente mayores de 14 años y los que opten por incorporarse a la fuerza política.

Estarán habilitados más de mil locales de votación en todo el país en comités de base, sectores de la fuerza y en otros inmuebles.

Durante la jornada dominical se votará por el presidente del FA, la representación en el Plenario Nacional y en la Mesa Política de los sectores políticos y las bases, e iguales cargos en los 19 departamentos (provincias).

Fuente: PL

Las alarmas de la crisis económica europea, los vaivenes del euro, la salida de Grecia o no de la Eurozona, el enfrentamiento Hollande/Merkel sobre cómo superar la situación juntando agua y aceite, o sea, austeridad y de- sarrollo, las reuniones cumbre de los mandatarios de la Unión sacudidas por las protestas populares, han silenciado casi un hecho no pequeño: la confesión tácita de EE.UU. y la OTAN de su derrota en Afganistán.

Se produjo el lunes pasado, en la cumbre de Chicago, cuando los líderes otanescos adoptaron la posición de Obama y firmaron un “pacto de transición” que presentan como conducente a “la retirada irreversible” de sus tropas del país asiático en el segundo semestre del 2013, dejando las tareas de seguridad en manos locales. “Ahora estamos unidos para dar fin responsablemente a la guerra en Afganistán”, subrayó el presidente estadounidense (www.mcclatchydc.com, 22-5-2). Tal como sucede en Europa, la mayoría de la opinión pública de EE.UU. se opone a la continuación del conflicto, considera que se acabó con la muerte de Bin Laden. Y Obama está en brega por su reelección en pleno año electoral: así cumpliría entonces con su promesa de retirar las tropas en el 2014 a más tardar.

El nuevo pacto prácticamente es igual al que adoptó la cumbre de jefes de Estado de la OTAN que tuvo lugar en Lisboa los días 18 y 19 de noviembre del 2010, sólo que hay un detallito diferente: más de dos semanas antes de la cumbre de Chicago, en un rápido y no anunciado viaje a Kabul, Obama firmó un acuerdo con el presidente afgano Karzai “para cubrir la década siguiente a la retirada final de las tropas de combate de EE.UU. en el 2014” (www.ajc.com, 2-5-12). Los términos de este trato no son públicos y el ocupante de la Casa Blanca aclaró que las tropas que no sean retiradas sólo se ocuparán de “entrenar a las fuerzas afganas y de combatir al terrorismo, pero no construirán bases permanentes en este país, ni patrullarán sus ciudades y montañas”. Es una curiosa victoria: EE.UU. continuará la guerra diez años más. Por ahora.

Las declaraciones de Obama recuerdan a W. Bush cuando dijo “misión cumplida” en mayo del 2003 al ser derrocado Saddam Husein: los efectivos de EE.UU. y la OTAN se quedaron ocho años más y no todos se fueron. Esta experiencia tal vez aconsejó a la Casa Blanca que era preferible extender por una década las previsiones de combate, dado que los hechos indican que la violencia en Afganistán ha aumentado en el 2011 por quinto año consecutivo: el número de civiles afganos muertos se incrementó más del 15 por ciento en el primer semestre de ese año, se intensificaron los ataques suicidas y no ha cesado el empeño de los talibán en combatir a los ocupantes.

Una Evaluación Nacional de Inteligencia (NIE, por sus siglas en inglés) elaborada en enero de este año por el Consejo Nacional de Inteligencia de EE.UU. que agrupa a los 16 organismos del ramo estima que la lucha en Afganistán se halla en punto muerto: “La corrupción imperante, la inoperancia del gobierno (afgano) y los operativos que los talibán lanzan desde Pakistán minaron lo ganado con el aumento de tropas estadounidenses (en el 2009)” (http://www.militaryphotos.net, 12-1-12).

El propio Obama reconoció en Chicago que el talibán sigue siendo “un enemigo vigoroso” y que lo conseguido por la OTAN en el campo de batalla es frágil (http://www.reuters.com, 21-5-12). De manera que Afganistán seguirá ocupado de un modo o de otro hasta el 2024 por la continuación de una guerra que Washington y sus aliados comenzaron hace más de diez años sin éxito a la vista. Esto no le impidió insistir en el triunfalismo durante su visita a Kabul: “Ya vemos la luz de un nuevo día... nuestro objetivo es destruir a Al Qaida y estamos exactamente en el camino que nos llevará a lograrlo”. Quién sabe. Horas después de que Obama dejara Kabul se produjo una serie de explosiones y tiroteos en la capital afgana con un saldo de seis muertos. Los talibán se atribuyeron el ataque a un complejo habitacional armado que alberga a centenares de contratados extranjeros.

Hay más de un problema en las entrañas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La decisión de retirar del país asiático a todas las tropas de Francia a fin de año que, en cumplimiento de una promesa electoral, anunció el presidente socialista François Hollande –3400 soldados, 14 helicópteros y 900 vehículos– no se atiene a lo que se acordó en Chicago y es un reto a Obama y a la OTAN. Por otra parte, EE.UU. financia el 85 por ciento de la guerra y presiona a los aliados europeos, en plena crisis económica, para que aumenten sus aportes.

El problema central es que la guerra continúa pese a los anuncios optimistas del Pentágono. El general John Allen, comandante de todas las tropas instaladas en Afganistán, afirmó que EE.UU. utilizará “un poder de fuego significativo” en el período 2012-2013 (http://www.reuters.com, 23-5-12). “Vamos a necesitar capacidad de combate –afirmó– y creo que nadie cuestiona esto. Le debo al presidente un análisis realista del tema.” El general se halla sobre el terreno y sabrá por qué lo dice.

Juan Gelman

Fuente: Página 12

El especialista en DDHH Javier Palummo considera que modificar la legislación para combatir la pasta base responde a una "lógica perversa que entiende que más seguridad implica menos garantías".

El gobierno parece dispuesto a ajustar su política de seguridad con nuevas medidas y posibles cambios en la legislación, que apunten de forma central a combatir el tráfico de pasta base. Permitir los allanamientos nocturnos para detectar bocas de pasta base o equiparar las penas del narcotráfico con los de homicidios fueron algunas de las propuestas presentadas por la oposición y consideradas por el Poder Ejecutivo en los últimos días.

Para el abogado Javier Palummo, especializado en Derechos Humanos, Derechos de la Infancia y Defensa Penal, algunas de las modificaciones a la Constitución y el Código Penal para generar más seguridad son "preocupantes".

Consultado por Montevideo Portal, el abogado advirtió que muchas de las iniciativas en materia de seguridad que han surgido en los últimos tiempos "parten de una lógica perversa que considera que aumentar la seguridad implica disminuir las garantías".

Según el experto, la posibilidad de permitir los allanamientos nocturnos para combatir las bocas de pasta base va en contra de garantías consolidadas en el derecho uruguayo. "No es razonable postular que la seguridad es incompatible con las garantías individuales, que son costosísimas y que muchas de ellas son productos de batallas muy importantes", opinó Palummo, agregando que "es necesario que haya políticas de seguridad, pero que estén dentro del derecho porque si están afuera puede convertirse en una situación peligrosa".

Palummo considera además que no es aconsejable introducir reformas en la legislación pensando específicamente en la pasta base, ya que "es poco razonable definir una política de seguridad en base a una sustancia determinada, porque con el tiempo puede cambiar y habrá que legislar de nuevo". Además, sostuvo que, al tener la pasta base un segmento de la población determinado - especialmente los sectores más vulnerables económicamente - "se corre el riesgo de disminuir las garantías para ese sector determinado de la sociedad".

Palummo dijo también que la legislación actual permite hacer allanamientos en el día y que los que proponen la necesidad de allanamientos nocturnos "deberían explicar por qué allanar de noche va a mejorar los resultados", indicando que "parece poco probable que las bocas funcionen solo de noche, ya que la gente va a comprar todo el tiempo". El abogado añadió que "yo estaría más preocupado por encontrar los laboratorios, que no están precisamente donde se vende la droga".

El abogado también se refirió a las iniciativas manejadas en los últimos días para equiparar el delito de narcotráfico con el de homicidio. La propuesta es para Palummo cuestionable desde el punto de vista filosófico dado que "el Código Penal define al homicidio como la intención de matar a otra persona y no se puede andar redefiniendo algo tan importante".

Al respecto, Palummo expresó que la legislación "reconoce a la vida como el valor jurídico superior y le encarga al Estado la tutela de ese valor", para luego añadir que "equiparar el homicidio con otros delitos es filosóficamente cuestionable porque hace pensar que la vida ya no sería el valor jurídico superior".

En el mismo sentido, afirmó que equipar la venta de pasta base con un homicidio "no es lo más adecuado" porque deja de considerarse la voluntad de la persona que adquiere la sustancia, opinando que con el mismo criterio podría considerarse homicidio la venta de otras drogas que perjudiquen al organismo. "Otra cosa distinta es elevar las penas al narcotráfico, que depende de la política de criminal que se aplique", indicó.

Palummo reafirmó la necesidad de establecer "políticas eficientes en materia de seguridad" y enfatizó que "no hay una contradicción entre los defensores de políticas de seguridad y los defensores de los Derechos Humanos, porque no hay mayor violación a los derechos que la impunidad".

Fuente: Montevideo Portal

Los conocí en la cárcel, cuando fui a visitarlos aquí en Buenos Aires. Me dieron la mejor impresión. Bien campesinos, con respuestas claras sobrellevando un destino injusto, pensando en sus familias. Hablé largo con ellos. Sí, me di cuenta ahí, en todos sus sentidos, de lo que significa la palabra injusticia.

Se trata de los presos paraguayos, que ya han pasado a la historia de la indignidad humana del ejercicio injusto del poder, es el mismo caso que los presos cubanos que sigue manteniendo Estados Unidos.

Acaba de regresar de Asunción, la capital paraguaya, una delegación de representantes de los organismos de derechos humanos de la Argentina que concurrieron a ese lugar para reunir más información y señalar de viva voz la injusticia increíble que la denominada Justicia paraguaya comete contra esos seis nobles hombres de la tierra.

La delegación argentina estuvo presidida nada menos que por Nora Cortiñas, la Madre de Plaza de Mayo que ha dedicado su vida desde 1976 para luchar por la Justicia con mayúscula. Al regresar, sus declaraciones fueron bien claras. Luego de explicar cuánta corrupción oficial hay en el tratamiento de los presos paraguayos en ese país se refirió a las condiciones en las cuales se los mantiene encarcelados. Dijo, con toda la valentía que caracteriza a esa madre, que “los fui a ver y debo decir que la cárcel donde están presos es vergonzosa, ni un chiquero donde habitan los chanchos es como ese lugar donde de ninguna manera se puede aherrojar a seres humanos. Me fui avergonzada de ese país hermano”. Y, por supuesto, explicó cómo se ha falseado la verdad para tratar de mantener presos a esos seis dignos representantes del partido Patria Libre. Los seis campesinos, Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Simón Bordón, Arístides Vera, Basiliano Cardozo y Gustavo Lezcano, fueron acusados de ser los autores del secuestro de Cecilia Cubas, hija del ex presidente de la Nación Raúl Cubas Grau, el 21 de julio del 2004. El 16 de febrero del 2005 fue encontrado el cadáver de ella. El fiscal general de Estado Germán Latorre acusó a los seis campesinos de haber resuelto la ejecución de la raptada Cecilia Cubas en una reunión realizada en la casa de Regina Rodas. Para esa acusación se sirvió del testimonio del informante policial Dionisio Olazar, que se había infiltrado en al partido Patria Libre. Los acusados rechazaron de plano dicha acusación. A continuación, el juez Pedro Mayor Martínez dictó falta de mérito porque no existía otra prueba que la declaración de ese informante, quien además no aportó ningún otro dato fehaciente. La declaración del juez se puede ver en el film documental Chokokué, de Miriam Paz y Guillermo Cohen. A pesar de ese veredicto, los seis campesinos, conociendo cómo se maneja el Poder Judicial en el Paraguay, resolvieron viajar a la Argentina y presentarse aquí a la Justicia pidiendo asilo político. Pero, por pedido del gobierno paraguayo, son detenidos aquí en la oficina del Cepare donde solicitaron el pedido de asilo. Y fueron extraditados al Paraguay el 2 de diciembre del 2008 y encerrados en la cárcel de Tacumbú. Antes estuvieron cierto tiempo detenidos en una cárcel de aquí, donde tuve oportunidad de visitarlos y reunir datos para su defensa. En Asunción llevan ya cinco años de detención. Por ello, los abogados defensores presentaron un hábeas corpus pidiendo su libertad por haberse excedido el tiempo máximo de prisión preventiva sin condena. Pero este recurso fue rechazado por la Justicia paraguaya con el falso argumento de que no hay pruebas de que hayan estado presos en la Argentina. Una falsedad total, porque el autor de esta nota puede demostrar su visita a la cárcel argentina donde estuvieron presos. Pero no sólo mi testimonio lo puede probar, sino también la documentación de las autoridades argentinas que al parecer no le interesó a la Justicia paraguaya.

El 29 de febrero de este año comenzó el nuevo juicio que es fácil de demostrar que está plagado de irregularidades. Por ejemplo, el soplón policial dijo que Cecilia Cubas fue asesinada el 24 de diciembre del 2004 y se desdice al declarar que la reunión donde se decidió su muerte fue el 13 de enero del 2005. Y también pueden comprobarse otras graves imprecisiones. No se tuvo en cuenta la declaración de otros testigos. Por ejemplo, la de Regina de Rodas, acusada de que en su casa se realizó la citada reunión donde se resolvió el crimen. Esta testigo denunció a la Justicia que la Fiscalía le había ofrecido medio millón de dólares para que declarara que lo del espía policial era verdad, a lo cual ella se negó.

Los seis campesinos siguen presos. Es hora de que intervengan todos los organismos latinoamericanos de derechos humanos y todas las organizaciones de esos fines para terminar con esta ignominia. La Madre Nora Cortiñas, a quien llamamos Norita, con todo cariño, se emociomó al hacer estas declaraciones. Y agregó: “Otra injusticia más he podido ver. Pero como finalmente triunfa siempre la Etica veremos libres a los queridos campesinos presos, y despreciados por el pueblo para siempre los jueces y políticos que permiten esto en tierras del sufrido pueblo paraguayo”.

Otro episodio que habla de la falta de conducta democrática es el hecho que denunciamos en una de estas contratapas: la cesantía que sufrió el conocido periodista Herman Schiller, en Radio Ciudad, que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Basta pronunciar la palabra Macri para comprender algo que daña la base democrática que debe tener nuestra Capital de la República. Schiller, a pesar de todas sus denuncias y solicitudes, no obtuvo ninguna explicación a la medida. Pero este hombre de lucha no se da por vencido y prosigue con su denuncia en forma abierta. Y es secundado por decenas de periodistas argentinos y extranjeros. Llama la atención que ninguna radio, de la extensa lista de nuestra ciudad y del país, le haya abierto de inmediato sus puertas a este valioso defensor de la verdadera democracia. Hasta ahora todas miran hacia otro lado y guardan silencio. Por eso, los periodistas que defienden como principio la verdadera libertad de prensa democrática han preparado una concentración para el 7 de junio a las puertas de Radio Ciudad, en la calle Sarmiento entre Montevideo y Paraná, a las 14 horas. A la misma concurrirán representantes de partidos políticos, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, escuelas de periodismo y precisamente los oyentes que acompañaron a Schiller en sus profundos programas durante años en Radio Ciudad. Una manera absolutamente democrática de denunciar un gravísimo caso de falta de libertad de prensa. Así el pueblo busca un definitivo respeto por la verdadera democracia.

Osvaldo Bayer

Fuente: Página 12

En lo que es la primera condena de este tipo en cualquier parte del mundo, el ex presidente de EE.UU. y siete miembros clave de su administración fueron hoy (11 de mayo) declarados culpables de crímenes de guerra.

Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld y sus asesores jurídicos Alberto Gonzales, David Addington, William Haynes, Jay Bybee y John Yoo fueron juzgados in ausencia en Malasia.

El juicio, celebrado en Kuala Lumpur, contó con testimonios desgarradores de las víctimas de la tortura que sufrieron a manos de soldados y contratados estadounidenses en Irak y Afganistán.


Se incluyeron el testimonio del británico Moazzam Begg, un ex preso de Guantánamo y de la iraquí Jameelah Abbas Hameedi que fue torturada en la tristemente célebre prisión de Abu Ghraib.


Al final de la audiencia de una semana de duración, el tribunal compuesto por cinco miembros dictó por unanimidad veredictos de culpabilidad en contra de Bush, Cheney, Rumsfeld y sus asesores legales clave, quienes fueron condenados como criminales de guerra por tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Transcripciones completas de los cargos, declaraciones de testigos y demás material pertinente se enviará ahora al Fiscal General de la Corte Penal Internacional, así como a las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad.

La Comisión de Crímenes de Guerra Kuala Lumpur solicita también que los nombres de Bush, Cheney, Rumsfeld, Gonzales, Yoo, Bybee, Addington y Haynes sean introducidos e incluidos en el Registro de la Comisión de Criminales de Guerra para conocimiento público.

El tribunal es la iniciativa del retirado Primer Ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, quien se opuso firmemente a la invasión estadounidense de Iraq en el 2003.

Mohamad estuvo presente a lo largo de toda la audiencia, ya que tomó las declaraciones personales y testimonios de tres testigos nombrados Abbas Abid, Moazzam Begg y Hameedi Jameelah. El tribunal también escuchó otras dos declaraciones del ciudadano iraquí Ali Shalal y de Ahmed Rahul, otro ciudadano británico.

Tras dictarse el veredicto de culpabilidad alcanzado por cinco jueces de alto nivel, Mahathir Mohamad, dijo: "Los países ricos están escapando de sus crímenes."

El experto en crímenes de guerra y abogado Francis Boyle, profesor de derecho internacional en la Universidad de Illinois, Facultad de Derecho en Estados Unidos, formó parte del equipo de la fiscalía.

Después del caso dijo Boyle: "En el mundo, esta es la primera condena de estas personas".

Mientras que la audiencia es considerada por algunos como puramente simbólica, el activista de derechos humanos Boyle dijo que tenía esperanzas de que Bush y compañía podrían pronto enfrentarse a juicios similares en otras partes del mundo.

"Tres veces hemos intentado detener a Bush en Canadá, pero estas iniciativas fueron frustradas por el gobierno canadiense, entonces temimos que Bush se fuera a Suiza. El intento español fracasó debido a su gobierno y lo mismo sucedió en Alemania. "

A continuación, cuando se le preguntó acerca de la credibilidad de la iniciativa de Malasia, Boyle hizo referencia a la Carta de Nuremberg, la cual se utilizó como estructura de este tribunal. Citó: "Los dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices participantes en la formulación o ejecución de un plan común o conspiración para cometer crímenes de guerra son responsables de todos los actos realizados por cualquier persona en ejecución de dicho plan".

EE.UU. está sujeto al derecho internacional y los principios de la Carta de Nuremberg, dijo Boyle, quien también cree que el juicio de una semana de duración, fue "casi con toda seguridad" monitoreado muy de cerca por funcionarios del Pentágono y la Casa Blanca.

El Profesor Gurdial Singh Nijar, que dirigió la acusación dijo: "El tribunal tuvo mucho cuidado en respetar escrupulosamente las normas establecidas por los tribunales de Nuremberg y los Tribunales Penales Internacionales".

Añadió que era optimista de que el Tribunal se continuara en otras partes del mundo donde "los países tienen el deber de juzgar a los criminales de guerra" y citó el caso del ex dictador chileno Agusto Pinochet quien fue detenido en Gran Bretaña para ser extraditado a España por los cargos de crímenes de guerra.

"Pinochet había estado tan sólo ocho años fuera de la presidencia cuando eso sucedió."

En el caso Pinochet fue la primera vez que varios jueces europeos aplicaron el principio de jurisdicción universal, declarándose competentes para juzgar los crímenes cometidos por los ex jefes de Estado, a pesar de las leyes de amnistía locales.

A lo largo de la semana, cuando los testigos comparecieron y durante el contra interrogatorio de la defensa encabezada por el abogado Jason Kay Kit Leon, el tribunal estuvo repleto de juristas y estudiantes de derecho.

El tribunal escuchó cómo:

• Abbas Abid, un ingeniero de 48 años de edad, de Fallujah, en Iraq le habían quitado sus uñas con tenazas.
• Ali Shalal fue atado con cables eléctricos pelados, electrocutado y colgado de una pared.
• Moazzam Begg fue golpeado, encapuchado y puesto en confinamiento solitario.
• Jameelah fue desnudado, humillado y fue utilizado como escudo humano mientras era transportado por helicóptero.


Los testigos también detallaron que hasta hoy tienen lesiones residuales.

Moazzam Begg, que ahora trabaja como director para el grupo Cageprisoners de derechos humanos con sede en Londres dijo que estaba encantado con el veredicto, pero añadió: "Cuando la gente habla de Nuremberg hay que recordar que los procesados fueron todos juzgados después de la guerra".

"En estos momentos Guantánamo sigue abierta, las personas aún permanecen allí y siguen siendo torturadas allí."

En respuesta a las preguntas acerca de la diferencia entre la administraciones de Bush y Obama, agregó: "Si el presidente Bush era el presidente de la tortura extrajudicial entonces el presidente de EE.UU. Barack Obama es el presidente de la ejecución extrajudicial a través de ataques aéreos no piloteados. Nuestro trabajo acaba de empezar."

La acusación se basaba en demostrar cómo quienes tomaban las decisiones al más alto nivel -el presidente Bush, el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa Rumsfeld, con la ayuda y complicidad de los abogados y los otros comandantes y funcionarios de la CIA- actuaron todos de acuerdo. La tortura fue aplicada de forma sistemática y se convirtió en una norma aceptada.

Según la acusación, el testimonio de todos los testigos expuso una permanente perpetración de acciones brutales, bárbaras, crueles y deshumanizantes en contra de las víctimas. Estos actos criminales se han aplicado de forma acumulativa para infligir el peor dolor y sufrimiento posible, dijeron los abogados.

El presidente del tribunal, Tan Sri Dato Lamin bin Haji Mohd Yunus Lamin, encontró que la fiscalía había establecido más allá de "una duda razonable que los acusados, el ex presidente George Bush y sus co-conspiradores participaron en una red de instrucciones, memorandos, órdenes, asesoramiento jurídico y acción que establecía un plan y un propósito común, empresa conjunta y/o conspiración para cometer los delitos de Tortura y Crímenes de Guerra, incluido y no limitado a un plan común y propósito para cometer los siguientes delitos en relación con la "guerra contra el terrorismo" y las guerras desatadas por los EE.UU. y otros en Afganistán e Iraq."

El presidente Lamin dijo ante una sala repleta: "Como tribunal de conciencia, el Tribunal es consciente que su veredicto es de naturaleza meramente declarativa. El tribunal no tiene poder de ejecución, ni poder para imponer cualquier pena privativa de libertad a uno o más de los 8 condenados. Lo que podemos hacer, en virtud del artículo 31 del capítulo VI de la Parte 2 de la Carta es recomendar a la comisión Kuala Lumpur sobre Crímenes de Guerra presentar esta declaración de condena por el Tribunal, junto con un registro de estas actuaciones, al Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, así como a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad".

"El Tribunal también recomienda a la Comisión de Kuala Lumpur sobre Crímenes de Guerra que los nombres de los 8 condenados sean ingresados e incluidos en el Registro de la Comisión de Criminales de Guerra y en consecuencia, se haga público".

"El Tribunal recomienda a la Comisión de Crímenes de Guerra dar la mayor publicidad internacional a esta condena y garantice las reparaciones, ya que estos son crímenes universales para los que existe una responsabilidad de las naciones de iniciar acciones judiciales si alguna de estas personas acusadas entraran en sus respectivas jurisdicciones".

Yvonne Ridley

Traducción: Esquina Montevideo

Fuente: Information Clearing House

¿Cáncer terminal, paro cardíaco o inyección letal? Treinta y nueve años después de la muerte de Pablo Neruda, el periodista español Mario Amorós desgrana en un nuevo libro los misterios de la muerte del poeta chileno sobre la que se ciernen las sombras de la dictadura.

“En el libro yo pregunto si Neruda pudo haber sido asesinado, pero no respondo a ello”, dice a Efe Amorós sobre el libro “Sombras sobre Isla Negra. La misteriosa muerte de Pablo Neruda”, que él mismo presentó en la capital chilena.


El Premio Nobel de Literatura en 1971 falleció en una clínica privada de Santiago doce días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet, el 23 de septiembre de 1973, debido oficialmente a un avanzado cáncer de próstata, según consta tanto en el certificado como en el acta de defunción.


Sin embargo su tercera mujer, Matilde Urrutia, sostuvo durante los doce años que le sobrevivió que al autor de “Cancionero general” “no le mató el cáncer”, sino que su fallecimiento se debió a un paro cardíaco.


“Es muy sorprendente descubrir cómo Matilde Urrutia no dio crédito a que la causa de muerte fuera el cáncer. Habló simplemente de un paro cardíaco. (Aun así), ella jamás denunció que su marido hubiera sido asesinado“, recalca Amorós.


Esa versión es la que defiende Manuel Araya, antiguo chófer de Neruda que actualmente vive en la localidad costera de San Antonio, y que en 2011, en una entrevista a la revista mexicana Proceso, insistió en que Neruda fue asesinado por agentes del régimen.


Su hipótesis recuerda al caso del expresidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), que falleció en 1982 en la misma clínica, la Santa María, cuando encabezaba una incipiente oposición al régimen.
Oficialmente, su muerte se debió a una septicemia, pero desde 2009 la Justicia investiga si en realidad se debió a un homicidio por envenenamiento.


En el caso de Neruda, fue la denuncia del chófer lo que dio lugar a que el Partido Comunista, en el que Neruda militó, presentara en mayo de 2011 una querella que fue admitida por la Justicia, con lo que se abrió así una investigación sobre su muerte.


En esa indagatoria, el juez Mario Carroza se ha topado con que ninguno de los tres centros hospitalarios en que Neruda fue atendido durante 1973 conservan sus informes médicos, pese a que la ley obliga a mantenerlos durante 40 años, dice Amorós.


“La tesis del libro es que la muerte de Pablo Neruda es una muerte envuelta en el misterio. Hay una infinidad de interrogantes sobre si pudo ser asesinado, como sostiene su chófer e investiga ahora el juez Mario Carroza, o si es una muerte natural”, señala.


“En ese último caso, desde mi punto de vista, habría sido inducido por el terrible sufrimiento que supuso para él el golpe de Estado”, añade el autor, que ha escrito varios volúmenes dedicados a Chile, entre ellos, “Antonio Llidó, un sacerdote revolucionario”.


En este nuevo libro recorre el último año de vida del poeta desde su regreso a Chile como embajador en Francia en noviembre de 1972 hasta su muerte y entierro. Además, el último capítulo repasa la vida de su viuda Matilde Urrutia hasta su deceso, en 1985.


De todo el relato, los hechos clave se concentran en los dos últimos días de vida del poeta, aunque sus principales testigos, Matilde Urrutia y Manuel Araya, difieren en sus relatos.


Según la versión de Araya, el 23 de septiembre, Pablo Neruda les pidió a Urrutia y a él que viajaran a Isla Negra para recoger algunas pertenencias de la casa que poseían en esa apacible localidad del litoral chileno, a unos 100 kilómetros de Santiago.


Neruda y su mujer se disponían a partir al exilio en México tras recibir una invitación a través del entonces embajador de ese país, Gonzalo Martínez Corbalá.


Cuando estaban en Isla Negra, “recibieron una llamada de Pablo Neruda, que les alertó de que le habían colocado una misteriosa inyección en el estómago“, relata Amorós.


Al retornar a Santiago, encontraron a Neruda con fiebre. Un médico pidió entonces a Araya que saliera a buscar un medicamento fuera y en ese momento fue detenido y conducido al Estadio Nacional, donde fue torturado.


En cambio, Urrutia siempre afirmó que el viaje a Isla Negra se produjo un día antes, el 22 de septiembre, y que al regresar a la capital encontraron a Neruda muy alterado y afectado por las noticias sobre la sangrienta represión del régimen.


En ese momento, según contó en sus memorias, llamó a una enfermera y le colocaron una inyección, un tranquilizante, que le sumió en un sueño del que nunca más despertó. Tras pasar un día en estado de coma, el gran poeta falleció en la noche del día 23.


“Hay contradicciones en los dos relatos, principalmente en el de Araya“, admite Amorós.


Esas contradicciones alimentan las dudas, y esas dudas, según este periodista, “hay que despejarla con la exhumación” de los restos del poeta, que hoy descansan frente al mar, en Isla Negra, junto a los de Matilde Urrutia.

Fuente: CubaDebate