Allanan la casa de Luciano Benjamín Menéndez a pedido de Hijos y Familiares de Desaparecidos de Córdoba, y encontraron documentación sobre la dictadura.

El dueño de casa, con siete condenas a prisión perpetua, estaba allí porque tiene arresto domiciliario. “Nunca pensé que la Justicia iba a hacer una cosa como ésta”, se quejó. El procedimiento se realizó a partir de las declaraciones de Videla.

El Episcopado confirmó ante la Justicia que desde 1978 sabía que la dictadura militar asesinaba a las personas detenidas-desaparecidas, cosa que nunca hizo pública. La tardía admisión se produjo con el reconocimiento de la autenticidad del documento publicado aquí el domingo 6 de mayo sobre el diálogo secreto con el dictador Jorge Videla del 10 de abril de ese año. Pese a ello tanto el Episcopado como el Vaticano y la gran prensa guardan silencio.

La Iglesia Católica confirmó por primera vez ante la Justicia que por lo menos desde 1978 sabía que la dictadura militar asesinaba a las personas detenidas-desaparecidas, cosa que nunca hizo pública, y que sus máximas autoridades discutieron con el jefe supremo de la dictadura cómo manejar la información sobre esos crímenes. La tardía admisión se produjo con el reconocimiento de la autenticidad del documento publicado aquí el domingo 6 de mayo sobre el diálogo secreto con el dictador Jorge Videla del 10 de abril de 1978, luego de un almuerzo del que participaron los tres miembros de la Comisión Ejecutiva que conducía a la institución. Pese a ello tanto el Episcopado como el Vaticano y la gran prensa siguen guardando un escandaloso silencio.

La cuestión de las listas

La judicialización del documento eclesiástico se produjo en la causa abierta para determinar lo sucedido con los restos de Roberto Santucho, a pedido de su familia, representada por el abogado Pablo Llonto. Santucho fue abatido por una partida del Ejército el 19 de julio de 1976 y su cuerpo exhibido a la prensa en Campo de Mayo, pero luego desapareció sin explicaciones. A raíz de la confesión de Videla a un periodista español y otro argentino sobre el asesinato de los detenidos-desaparecidos, la jueza federal de San Martín, Martina Forns, a cargo de esa causa, citó a declarar al ex dictador. Videla dijo que él había decidido ocultar el destino de los restos de Santucho para evitar homenajes pero que quien sabía qué habían hecho con ellos era el entonces jefe de Campo de Mayo, general Santiago Riveros. Ante el cuidadoso interrogatorio preparado por Forns, Videla respondió sus preguntas durante más de tres horas. Sin eufemismos dijo que los detenidos-desaparecidos eran “condenados” y “ejecutados” y que ese método se había adoptado por comodidad porque creían que “no provocaba el impacto de un fusilamiento público”, que “la sociedad no lo iba a tolerar”. Agregó que “era difícil pensar que tantas personas podían ser juzgadas y la Justicia estaba asustada por la persecución que habían sufrido los jueces” del Camarón, el tribunal especial que actuó entre 1971 y 1973 durante la penúltima dictadura. Cuando Forns lo interrogó sobre las listas de personas detenidas-desaparecidas, Videla contestó que eran incompletas y que no se publicaron, porque contenían errores e inexactitudes y no hubo acuerdo entre las tres Fuerzas Armadas que compartían el gobierno. Agregó que la información sobre el destino de cada persona es “una obligación moral” pero que no es fácil cumplir con ella “por la forma tabicada en que se procedía y en algunos casos no hay rastros de eso y no puede publicarse a medias”.

Un diálogo entre amigos

Pero durante el almuerzo con el cardenal Raúl Primatesta, arzobispo de Córdoba, el arzobispo de Santa Fe, Vicente Zazpe, y el de Buenos Aires, cardenal Juan Aramburu, quienes eran presidente y vicepresidentes del Episcopado, Videla dio otra explicación mucho más sincera acerca de la publicación de las listas y sobre lo sucedido a las personas detenidas-desaparecidas. Ello consta en una minuta para el Vaticano, que los tres eclesiásticos redactaron luego de ese almuerzo y que fue reproducida en esta página hace tres domingos, en la nota “Preguntas sin respuesta”. En un clima que Aramburu describió como cordial, Videla dijo que no era fácil admitir que los desaparecidos estaban muertos, porque eso daría lugar a preguntas sobre dónde estaban y quién los había matado. Primatesta hizo referencia a las últimas desapariciones producidas durante la Pascua de 1978, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”. Videla respondió que “sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir los secuestradores y asesinos. Primatesta insistió en la necesidad de encontrar alguna solución, porque preveía que el método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Se refería en forma implícita a la carta que esa misma mañana le había enviado el presidente fundador del CELS, Emilio Mignone, padre de la detenida-desaparecida Mónica Candelaria Mignone, y una de las más altas personalidades laicas del catolicismo argentino. Mignone había sido ministro de Educación en la provincia de Buenos Aires en la década de 1940 y viceministro de Educación nacional en la de 1960. El fundador del CELS le escribió a Primatesta que el sistema del secuestro, el robo, la tortura y el asesinato, “agravado con la negativa a entregar los cadáveres a los deudos, su eliminación por medio de la cremación o arrojándolos al mar o a los ríos o su sepultura anónima en fosas comunes” se realizaba en nombre de “la salvación de la ‘civilización cristiana’, la salvaguardia de la Iglesia Católica”. Agregó que la desesperación y el odio iban ganando muchos corazones. Al día siguiente del almuerzo, Zazpe le informó a Mignone que la Comisión Ejecutiva le había transmitido a Videla “todo lo que dice su carta”. Dijo que habían sido “tremendamente sinceros y no recurrimos a un lenguaje aproximativo” pero le advirtió, como si se tratara de una accesoria cuestión técnica, que había una “divergencia con su carta” acerca de la publicidad o reserva de esta entrevista. “En esta ocasión volvió a recurrirse a la reserva”, que dura hasta hoy. Primatesta informó luego a la Asamblea Plenaria que los obispos le plantearon a Videla los casos señalados en su carta por Mignone, de presos que en apariencia recuperaban su libertad pero en realidad eran asesinados; que se interesaron por sacerdotes desaparecidos, como Pablo Gazzarri, Carlos Bustos y Mauricio Silva, y por otros detenidos de los que pidieron la libertad y/o el envío al exterior. Pero el desarrollo completo del diálogo sólo consta en la síntesis para el Vaticano. Cuando Primatesta advirtió sobre las amargas consecuencias del método de la desaparición forzada, Videla asintió. También él lo advertía, pero no encontraba la solución, dijo. Zazpe preguntó: “¿Qué le contestamos a la gente, porque en el fondo hay una verdad?”. Según el entonces arzobispo de Santa Fe, Videla “lo admitió”. Aramburu explicó que “el problema es qué contestar para que la gente no siga arguyendo”. Según Aramburu, cuando Videla repitió que “no encontraba solución, una respuesta satisfactoria, le sugerí que, por lo menos, dijeran que no estaban en condiciones de informar, que dijeran que estaban desaparecidos, fuera de los nombres que han dado a publicidad”. Primatesta explicó que “la Iglesia quiere comprender, cooperar, que es consciente del estado caótico en que estaba el país” y que medía cada palabra porque conocía muy bien “el daño que se le puede hacer al gobierno con referencia al bien común si no se guarda la debida altura”.

Luego de la publicación, la jueza Forns solicitó la entrega del documento a la Conferencia Episcopal. Sin dilación, recibió una copia. De este modo, la máxima conducción católica de la Argentina corroboró en forma oficial y en un expediente judicial que tanto la Iglesia argentina como la Santa Sede, para la que se confeccionó esa minuta, estaban al tanto del asesinato de las personas cuya desaparición era denunciada por sus familiares y por los organismos defensores de los derechos humanos.

Copia Fiel

El facsímil que se publica a la izquierda es el que obtuve en forma subrepticia en la sede de la calle Suipacha que el propio Videla donó a la Conferencia Episcopal antes de dejar el poder, en 1981. Arriba a la derecha se observa el número con que está archivado, lo cual da una idea de la magnitud de ese archivo cuya misma existencia la Iglesia negó, en una nota que en el año 2000 me dirigió su presidente, cardenal Estanislao Karlic. El de la derecha es el que la actual conducción episcopal, presidida por el Arzobispo de Santa Fe, José Arancedo, remitió a la jueza Forns. Arriba a la izquierda se lee “Es Copia Fiel” y abajo a la derecha consta el sello de la Conferencia Episcopal Argentina. En ambos ejemplares de ese documento secreto se observa que la afirmación de Videla sobre la protección a quienes cumplieron sus órdenes criminales está completada a mano por Primatesta. Pese a la enorme trascendencia de este demorado reconocimiento, ninguna autoridad eclesiástica hizo la menor referencia pública al tema, aunque la Comisión Ejecutiva se reunió el 16 de mayo y emitió un documento, cuestionando la ley de muerte digna sancionada por el Congreso. Como si la enormidad del hecho les cortara el habla, tampoco los diarios Clarín, La Nación y Perfil se dieron por enterados de la publicación de ese documento fundamental para establecer el grado al que llegó la complicidad de la Iglesia Católica con la dictadura militar y su política criminal. Treinta y cuatro años después, el encubrimiento continúa. Cuando el periodista español Ricardo Angoso lo entrevistó en la prisión que el Servicio Penitenciario Federal tiene en Campo de Mayo, Videla dijo que “mi relación con la Iglesia Católica fue excelente, muy cordial, sincera y abierta”, porque “fue prudente”, no creó problemas ni siguió la “tendencia izquierdista y tercermundista” de otros Episcopados. Condenaba “algunos excesos”, pero “sin romper relaciones”. Con Primatesta, hasta “llegamos a ser amigos”. Se nota.

Horacio Verbitsky

Fuente: Página 12

¿Cáncer terminal, paro cardíaco o inyección letal? Treinta y nueve años después de la muerte de Pablo Neruda, el periodista español Mario Amorós desgrana en un nuevo libro los misterios de la muerte del poeta chileno sobre la que se ciernen las sombras de la dictadura.

“En el libro yo pregunto si Neruda pudo haber sido asesinado, pero no respondo a ello”, dice a Efe Amorós sobre el libro “Sombras sobre Isla Negra. La misteriosa muerte de Pablo Neruda”, que él mismo presentó en la capital chilena.


El Premio Nobel de Literatura en 1971 falleció en una clínica privada de Santiago doce días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet, el 23 de septiembre de 1973, debido oficialmente a un avanzado cáncer de próstata, según consta tanto en el certificado como en el acta de defunción.


Sin embargo su tercera mujer, Matilde Urrutia, sostuvo durante los doce años que le sobrevivió que al autor de “Cancionero general” “no le mató el cáncer”, sino que su fallecimiento se debió a un paro cardíaco.


“Es muy sorprendente descubrir cómo Matilde Urrutia no dio crédito a que la causa de muerte fuera el cáncer. Habló simplemente de un paro cardíaco. (Aun así), ella jamás denunció que su marido hubiera sido asesinado“, recalca Amorós.


Esa versión es la que defiende Manuel Araya, antiguo chófer de Neruda que actualmente vive en la localidad costera de San Antonio, y que en 2011, en una entrevista a la revista mexicana Proceso, insistió en que Neruda fue asesinado por agentes del régimen.


Su hipótesis recuerda al caso del expresidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), que falleció en 1982 en la misma clínica, la Santa María, cuando encabezaba una incipiente oposición al régimen.
Oficialmente, su muerte se debió a una septicemia, pero desde 2009 la Justicia investiga si en realidad se debió a un homicidio por envenenamiento.


En el caso de Neruda, fue la denuncia del chófer lo que dio lugar a que el Partido Comunista, en el que Neruda militó, presentara en mayo de 2011 una querella que fue admitida por la Justicia, con lo que se abrió así una investigación sobre su muerte.


En esa indagatoria, el juez Mario Carroza se ha topado con que ninguno de los tres centros hospitalarios en que Neruda fue atendido durante 1973 conservan sus informes médicos, pese a que la ley obliga a mantenerlos durante 40 años, dice Amorós.


“La tesis del libro es que la muerte de Pablo Neruda es una muerte envuelta en el misterio. Hay una infinidad de interrogantes sobre si pudo ser asesinado, como sostiene su chófer e investiga ahora el juez Mario Carroza, o si es una muerte natural”, señala.


“En ese último caso, desde mi punto de vista, habría sido inducido por el terrible sufrimiento que supuso para él el golpe de Estado”, añade el autor, que ha escrito varios volúmenes dedicados a Chile, entre ellos, “Antonio Llidó, un sacerdote revolucionario”.


En este nuevo libro recorre el último año de vida del poeta desde su regreso a Chile como embajador en Francia en noviembre de 1972 hasta su muerte y entierro. Además, el último capítulo repasa la vida de su viuda Matilde Urrutia hasta su deceso, en 1985.


De todo el relato, los hechos clave se concentran en los dos últimos días de vida del poeta, aunque sus principales testigos, Matilde Urrutia y Manuel Araya, difieren en sus relatos.


Según la versión de Araya, el 23 de septiembre, Pablo Neruda les pidió a Urrutia y a él que viajaran a Isla Negra para recoger algunas pertenencias de la casa que poseían en esa apacible localidad del litoral chileno, a unos 100 kilómetros de Santiago.


Neruda y su mujer se disponían a partir al exilio en México tras recibir una invitación a través del entonces embajador de ese país, Gonzalo Martínez Corbalá.


Cuando estaban en Isla Negra, “recibieron una llamada de Pablo Neruda, que les alertó de que le habían colocado una misteriosa inyección en el estómago“, relata Amorós.


Al retornar a Santiago, encontraron a Neruda con fiebre. Un médico pidió entonces a Araya que saliera a buscar un medicamento fuera y en ese momento fue detenido y conducido al Estadio Nacional, donde fue torturado.


En cambio, Urrutia siempre afirmó que el viaje a Isla Negra se produjo un día antes, el 22 de septiembre, y que al regresar a la capital encontraron a Neruda muy alterado y afectado por las noticias sobre la sangrienta represión del régimen.


En ese momento, según contó en sus memorias, llamó a una enfermera y le colocaron una inyección, un tranquilizante, que le sumió en un sueño del que nunca más despertó. Tras pasar un día en estado de coma, el gran poeta falleció en la noche del día 23.


“Hay contradicciones en los dos relatos, principalmente en el de Araya“, admite Amorós.


Esas contradicciones alimentan las dudas, y esas dudas, según este periodista, “hay que despejarla con la exhumación” de los restos del poeta, que hoy descansan frente al mar, en Isla Negra, junto a los de Matilde Urrutia.

Fuente: CubaDebate

Marcos Ana y Valdenia Aparecida. Ex-preso y abogada. El poeta y la letrada brasileña dialogan en el aniversario de Amnistía Internacional.

Dos símbolos de la lucha contra la impunidad se reunieron ayer a escasos 300 metros de la Puerta del Sol, símbolo actual de la voz del pueblo. El expreso y poeta comunista Marcos Ana y la abogada activista brasileña Valdenia Aparecida Paulino reflexionaron sobre el pasado y el presente de los derechos humanos en la celebración del 50 aniversario de la ONG Amnistía Internacional.

"Me pienso llevar a Brasil este movimiento de los jóvenes. Allí tenemos una juventud muy alienada por culpa de los medios de comunicación. Sólo la generación del hip-hop trata de lanzar un mensaje contra la discriminación, pero son reprimidos por la Policía", analiza la abogada Valdenia Aparecida Paulino. Ella sabe muy bien cómo es la Policía brasileña. Su lucha en las favelas de los suburbios de São Paulo por los derechos de las niñas muchas de ellas violadas y prostituidas por la Policía le llevó a un acoso tal que Aministía Internacional tuvo que acogerla en 2008 como protegida en España.

Valdenia escucha admirada cómo Marcos Ana (seudónimo artístico de Fernando Macarro), de 91 años, explica cómo ha pasado varios días en la Puerta del Sol "hablando con los chicos hasta las dos y las tres de la madrugada". "Estoy totalmente a favor del espíritu del texto del 14 de mayo", dice confundiendo la fecha del 15-M, quizá consciente del paralelismo con el 14 de abril. "Es un orgullo que estos jóvenes que no ven certeza en su futuro peleen", explica el poeta, que estuvo 23 años consecutivos en prisión hasta que salió en 1961.

Ana lucha por la memoria de su generación que peleó contra el fascismo de una dictadura militar como la que también sufrió Brasil. "Los miembros de la dictadura ocupan hoy puestos importantes en el Congreso en Brasil. De ahí que no se haya podido abrir la comisión de la verdad y la justicia que debía abrir los archivos de la dictadura. El cuerpo y la memoria están en los archivos, y no abrirlos es como decir que se mató el cuerpo y se borró de la historia", explica Valdenia en paralelo al caso Garzón que indigna al poeta.

"Es lo mismo que ocurre aquí. La denuncia a Garzón fue de Falange Española de las JONS, que debería ser un partido ilegal. Son los hijos de los que nos encarcelaron los que siguen administrando justicia", añade Marcos.

"¿En los 23 años no tuviste condicional?", pregunta asombrada Valdenia.

"No, fueron seguidos, consecutivos, sin salir", le responde el poeta antes de recibir un beso de su "compañera brasileña".

Diego Barcala

Fuente: Público

Más allá de la ley de caducidad, causas por tortura invaden los juzgados penales

Tras el debate parlamentario de ayer (y más allá de su resultado) y una vez que se acalle el silencio que hoy retumbará en 18 de julio, Uruguay ingresará a otro debate sobre los derechos humanos ante la presentación de una serie de denuncias penales vinculadas a casos de tortura, el crimen de lesa humanidad que intentaba ocultar la Ley de caducidad y sobre el cual se debate hoy a nivel internacional. Serán citados Mujica, Fernández Huidobro y el Goyo Álvarez entre otros testigos e indagados.

Mientras los medios de comunicación seguían las alternativas de la ley interpretativa de la ley de caducidad, los dichos y contradichos de legisladores, dirigentes del gobierno, voceros del oficialismo, personajes de la oposición, constitucionalistas y juristas y hasta de militares en retiro o actividad, la Suprema Corte de Justicia se pronunció en un aspecto importante del tema de los derechos humanos, al considerar que los desaparecidos del “segundo vuelo” de Orletti no debían tipificarse como tales, como pedía la fiscal Mirtha Guianze, y darle la razón al juez Luis Charles, quien había condenado a militares y policías por un delito de homicidio especialmente agravado.

El punto, fue interpretado erróneamente como una definición en contra de la tipificación de crimen de lesa humanidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura y como una confirmación de que en noviembre próximo todos los casos no denunciadas hasta el momento habrían prescripto. Sin embargo, la propia fiscal Guianze explicó –sin que se le diera mayor repercusión- que había pedido una aclaración a la Corte de Justicia ya que el homicidio también puede ser considerado un crimen de lesa humanidad imprescriptible. La respuesta aún no ha llegado y el tema no se ha definido.

El escenario judicial también se conmovió con otro inesperado episodio en la guerra desatada contra la jueza Mariana Mota, a cargo de varios de los más importantes casos de violaciones a los derechos humanos, cuando el Colegio de Abogados realizó un pronunciamiento en su contra (siguiendo la campaña que habían iniciado el ex fiscal Miguel Langón, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre), que determinó una desafiliación pública al gremio por parte de la fiscal Ana María Telechea, quien acusó a la Colegiatura de convertirse en un tribunal de alzada y no defender a jueces y fiscales afiliados que son sometidos a una presión política.

Precisamente, la jueza Mota y la fiscal Telechea, prometen ser las protagonistas de los tiempos judiciales que se avecinan en la medida que serán quienes deban instruir una serie de casos en los que se juzgará el delito de tortura, como ya ocurrió con el caso de Nybia Sabalsagaray (excluido de la caducidad por decisión de la Suprema Corte que consideró inconstitucional la ley) donde el juez Rolando Vomero y la fiscal Mirtha Guianze decidieron el procesamiento con prisión del general en actividad Miguel Ángel Dalmao y del coronel retirado José Chialanza como cómplice de la muerte por torturas en 1974 de la joven militante comunista.

En el juzgado penal de 7º turno, a cargo de Mota y Telechea, se sustancia el caso caratulado como “Organizaciones de Derechos Humanos denuncian” que implica a 19 casos de muertes por tortura durante el período dictatorial encabezado por Juan María Bordaberry, a quien jueza y fiscal condenaron por crímenes de lesa humanidad. Sobre esos casos, la semana pasada un equipo de investigación de la Fundación Mario Benedetti entregó un informe en el que se aportan nuevos datos y testimonios para colaborar con el trabajo de la justicia.

La jueza Mota y la fiscal Telechea también intervendrán en la denuncia presentada por el colectivo de ex presos políticos Crysol sobre torturas sufridas en el mismo período en la base aérea Boiso Lanza, a la que prometen sumarse otras denuncias similares por parte de los presos políticos que sufrieron apremios físicos en el Regimiento de Caballería Nº 9, en los cuarteles de infantería Nº 2 y Nº 3 y en otras unidades militares cuyas víctimas se vienen reuniendo para realizar las denuncias en forma conjunta.

También la jueza Mariana Mota recibió días atrás una denuncia de Antonio Viana Acosta, militante tupamaro secuestrado en Argentina en febrero de 1974 y primer trasladado a Uruguay donde fue torturado en Montevideo y Rocha. El caso, patrocinado por el abogado Pablo Chargonia determinará que entre los múltiples testigos que comenzarán a ser citados en junio, deban comparecer el propio presidente de la República, José Mujica, y el ex senador Eleuterio Fernández Huidobro, quienes estaban en el cuartel de Rocha cuando fue torturado el “pantera”. También quedaría implicado el dictador Gregorio Álvarez que fue uno de los que torturó a Viana Acosta.

El tema de la tortura, en debate internacional cuando se apologizan la base de Guantánamo, la cárcel de Abu Ghraib, las guerra en Afganistán e Irak o los métodos para encontrar y ejecutar a Osama Bin Laden, será también el eje de un seminario regional, impulsado por varias organizaciones de derechos humanos, en el que personalidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay expondrán sobre éste imprescriptible crimen de lesa humanidad, en los días previos al próximo 27 de junio, cuando se cumplirán treinta y ocho años del golpe de Estado de 1973.

5 presidentes y la tortura

Desde el 10 de diciembre de 1948, cuando la Organización de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Estado uruguayo, uno de los 48 países firmantes, se comprometió a cumplir el artículo 5º que estableció que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Desde entonces la tortura implicó una violación al derecho internacional. “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados”, subrayaba en su artículo 30º aquel compromiso de La Haya.

Semejante crimen de lesa humanidad también fue prohibido –aún en situación de guerra interna- en el Convenio de Ginebra aprobado el 12 de agosto de 1949 y ratificado en Uruguay (Ley 13.683) el 17 de setiembre de 1968 (con la firma del presidente Jorge Pacheco Areco y de los ministros del exterior Venancio Flores y de Defensa, general Antonio Francese). En el artículo 3º se estableció que “las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad (…) Al respecto, se prohíben en cualquier tiempo y lugar (…) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, los tratos crueles, la tortura y los suplicios…”

El 27 de diciembre de 1985, bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti, Uruguay también ratificó la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (Ley 15.798) que tipificaba: “se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

Bajo la presidencia de Luis Alberto Lacalle, el 11 de agosto de 1992, Uruguay ratificó la “Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura” (Ley 16.294) que rezaba: “se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.

El 13 de junio de 2001, con la firma del presidente Jorge Batlle, Uruguay ratificó (Ley 17.347) la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Naciones Unidas en 1968, donde se impone que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad (definidos en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg del 8 de agosto de 1945 y confirmado por resoluciones de Naciones Unidas de 1946, 1948 y 1949, “son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”

Y durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el 25 de setiembre de 2006, se aprobó la Ley 18.026 que incorporó a la normativa uruguaya lo establecido por la “Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad”, y se tipificó que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles (Art. 7º) y que “no podrán declarase extinguidos por indulto, amnistía, gracia, ni por ningún otro instituto de clemencia, soberana o similar, que en los hechos impida el juzgamiento de los sospechosos o el efectivo cumplimiento de la pena por los condenados” (Art. 8º).

Roger Rodríguez
rogerrodriguez@adinet.com.uy

Fuente: Caras & Caretas

La Fundación Mario Benedetti entregó a la jueza penal Mariana Motta la investigación por la muerte de 19 militantes de izquierda entre 1972 y 1976, durante la presidencia de Juan María Bordaberry.

Se trata de la primera investigación de derechos humanos financiada por la fundación creada a partir de la muerte del escritor en 2009. Benedetti pidió a sus albaceas que el dinero fuera destinado a actividades culturales, pero también a investigaciones sociales relacionadas con la historia reciente.

Fundación Benedetti contrató al periodista Roger Rodríguez como coordinador de un equipo que integran una veintena de estudiantes universitarios de distintas disciplinas. El equipo ya tiene en proceso nuevas investigaciones sobre asesinatos ocurridos durante la dictadura militar.

Los casos que llegaron a la jueza Motta integran la llamada "Megacausa" y podría llevar a estrados judiciales a militares retirados y en actividad en carácter de testigos e indagados. Estas investigaciones se llevarán a cabo por fuera de la Ley de Caducidad cuya anulación se buscar aprobar esta semana, e incluso por fuera de las anulaciones de los actos administrativos que inauguró el presidente Mujica la semana anterior al abrir la investigación por el asesinato del militante comunista Álvaro Balbi.

A fines de la semana pasada, la Fundación Benedetti, entregó el documento a la jueza Motta. El hecho fue confirmado por la magistrada a Subrayado esta mañana.

Tanto la jueza Motta como la fiscal Ana María Tellechea habían abierto una investigación que llevó al procesamiento de Bordaberry por atentado a la Constitución y a su vinculación a delitos de lesa humanidad en el ejercicio de la presidencia.

Dentro de la megacausa "Organización de los Derechos Humanos" hay militares que están retirados, pero hay otros que se encuentran en actividad. El informe forma parte de un presumario, por lo cual no es posible dar a conocer otros detalles.

Las muertes de los 19 militantes, en su mayoría comunistas o tupamaros, ocurrieron entre 1973 y 1976.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad para los 19 casos el lunes 1° de noviembre. El caso fue anexado por la fiscal Ana María Tellechea a la causa Bordaberry.

LOS CASOS INVESTIGADOS

Gerardo Alter y Walter Arteche murieron el 19 de agosto de 1973 en el Batallón Florida de Infantería N° 1. Ambos eran militantes tupamaros.

En el Batallón de Infantería N° 13 murieron tres militantes. Carlos Argenta falleció allí el 16 de diciembre de 1975.

En ese regimiento murieron Silvina Saldaña el 13 de junio de 1976 y Hugo Pereyra Cunha el 28 de agosto de 1977.

En el batallón de Ingenieros N° 1 fallecieron Iván Morales el 21 de noviembre de 1974 y Julián Basilicio López el 5 de enero de 1976. Este último era afiliado al Partido Comunista del Uruguay (PCU).

En el Batallón de Ingenieros N° 4 murieron Amelia Lavagna el 29 de abril de 1975, Eduardo Mondello Techera el 9 de marzo de 1976.

En el Batallón de Infantería N° 2 ubicado en Camino Maldonado murió el militante comunista Nuble Yic el 15 de marzo de 1976

En el Regimiento de Caballería N° 2 de Durazno Oscar Fernández falleció el 24 de mayo de 1973.

Ese mismo año, el 13 de diciembre de 1973 muere en el Hospital Militar Gilberto Coghlan, luego de ser torturado en el Regimiento de Caballería N° 4.

Aldo Perrini murió el 3 de marzo de 1974 en el Batallón de Infantería N° 4 de Colonia

Carlos Curuchaga (PCU) falleció el 26 de setiembre de 1975 en la Dirección de Inteligencia policial luego de ser torturado.

En el Batallón de infantería N° 8 de Paysandú murió el comunista Ivo Fernández.

El militante tupamaro Pedro Lerena murió el 27 de febrero de 1976 en el Regimiento de Caballería N°9.

En el Batallón de Infantería N° 4 falleció Oscar Olivera, el 27 de febrero de 1976.

En marzo de 1976 murió Nicanor Aldabadle en la División del Ejército N° 4 de Lavalleja.

El último fallecido que integra la causa "Organización de los Derechos Humanos" es Humberto Pascaretta, quien murió el 4 de junio de 1977 en el Hospital Militar.

Fuente: Subrayado HD

Paula junto a Chicha Mariani, quien sigue buscando a su nieta

“Esas mujeres eran locas y sus hijos tirabombas”

Su abuela Elsa la ubicó en poder de los apropiadores en 1982, pero recién logró que Paula recuperara su identidad en 1987. Con ella se utilizaron por primera vez las pruebas de ADN que finalmente se convirtieron en una herramienta indiscutible.

Paula Logares tiene un recuerdo antiguo de las playas de Mar del Plata, de haber estado una o dos veces ahí. En esas playas aparece una escena, la imagen de los aplausos de la gente. Cree que alguna vez preguntó a quienes suponía sus padres qué es lo que hacía esa gente. Que en ese momento le explicaron que los aplausos eran porque un niño se había perdido, y eran señales para buscar a la familia. “No me acuerdo bien –dice Paula ahora, miles de años después–, pero creo que en ese momento, yo misma, entonces, fragüé una pequeña perdidita, creo que fue así.”

Hubo otras dos veces en las que intentó perderse como si intuyera algo de su historia y de un padre que era subcomisario de la brigada de San Justo y, aún bajo la dictadura, aparecía con autos de la Mercedes Benz porque estaba contratado por la compañía. Una vez sucedió en el patio, cuando se quedó mirando una puerta pequeña convencida de que podía llevarla a algún lado. Otra vez ocurrió cerca del Obelisco. Quien hacía de madre entró a un hotel, ella se quedó atrás, imaginó qué pasaría si no la seguía. Lo hizo. No la siguió. Caminó unos metros en dirección contraria hasta que de repente sintió que su apropiadora la agarraba de los brazos.

“Me parece interesante marcar esto de que yo no estaba tan cómoda ahí, desde la perspectiva de una nena”, dice Paula. “Yo les decía papá y mamá a ellos pero era como si eso no fuese natural, como si yo estuviese de alguna manera enajenada, viviendo una situación sin vivirla y aun así es como que podía ver los roles de cada uno, tal vez algo que para una criatura no es habitual.”

A Paula la secuestraron a los 23 meses de edad. El 18 de mayo de 1978 en Uruguay una patota se la llevó con su madre Mónica Grinspon y su padre Claudio Logares. Era un día feriado, ellos bajaban de un colectivo y subían a otro camino al parque Rodó. Paula estuvo los siguientes seis años con los apropiadores: Raquel Teresa Mendiondo y Rubén Lavallén, el subcomisario de San Justo. Su abuela Elsa Pavón caminó todos esos años para encontrarla. La vio una vez cuando Paula había cumplido seis años, pero cuando quiso volver a verla los Lavallén habían dejado la casa. Las dos contaron la historia en las audiencias por el plan sistemático de robo de bebés. Elsa habló tres horas. Lloró la sala, los abogados y tres de los cuatro jueces del Tribunal Oral Federal 6 que no sabían cómo taparse la cara. La mujer habló de esa lógica siniestra del “acá está” y “acá no está” que reproducen las vueltas de una calesita. Y mientras lo hacía, y revivía cada aparición y desaparición, dijo lo que respondió cuando estaba a punto de encontrarla: “Y si me dicen finalmente que no es ella, no importa: al otro día me pongo los zapatos y empiezo otra vez”.

La reconstrucción de Paula

Paula está convencida de que Lavallén conoció a sus padres porque pasaron por el centro clandestino de la Brigada de San Justo. Los Lavallén la anotaron como hija biológica con dos años menos de edad, como si hubiese nacido más tarde.

Una vez, dice, escuchó en televisión una especie de juego en el que decían: socorro y auxilio. “Me acuerdo que con Lavallén nos pusimos a jugar en la calle, íbamos caminando y cuando él me agarraba yo empezaba a gritar socorro y auxilio. Era un juego –dice–, pero hoy lo miro distinto: creo que hay juegos y juegos y uno no se pone a jugar así, a pedir socorro y auxilio en la calle porque sí.”

Dicen que sus apropiadores no pudieron cambiarle el nombre. Que cuando llegó a la casa Paula lo repetía constantemente. “Del nombre yo no me acuerdo tanto –dice Paula–, pero sí de un juego que se repetía. Un día estaba ella, Raquel, y una especie de vecina en el departamento y me dicen: ‘A ver, hoy jugamos a que te llamás de tal manera’. Yo en esos momentos me recostaba en la cama, daba vueltas y cuando me insistían era como si me cansara y me iba a jugar a otra parte.”

Años más tarde, ya en casa de su abuela, Paula le preguntó si tenía su ropa de bebé. Habían pasado pocos días desde la recuperación, Paula la estaba midiendo. Ante una imagen de las rondas de las Madres por televisión, ya le había dicho a su abuela que esas mujeres eran locas y los hijos tirabombas. Ahora pedía la ropa. Elsa se la dio. Paula le dijo que una vez también se la había pedido a su apropiadora. La primera vez, la mujer le dijo que no la tenía porque la había donado a los chicos pobres. La segunda vez le dijo lo mismo, pero le preguntó si era egoísta. La tercera vez, le dijo egoísta y le dio una cachetada.

Paula no se acuerda. “Siempre me acuerdo que él le pegaba a ella en general en el baño –dice–, aunque alguna vez lo hizo delante mío. Me acuerdo que ella me pegó una vez, y es más, yo siempre pensé que era la única: yo tiré un plato de porcelana, tendría cerca de ocho años, y sólo me acuerdo que la miré y no volvió a pegarme.”

La búsqueda

Elsa buscó y buscó. Su consuegro le dijo una vez: “¿Se miró al espejo, Elsa?”. O: “¿Vio en qué estado está?”. Le sugirió que dejase la búsqueda, que a lo mejor su nieta ya estaba con otra familia: “¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a volver a sacarle a los padres?”. Elsa respondió con lo que iba a decir siempre: que iba a seguir, que ésos no eran los padres.

Con el tiempo, Abuelas tuvo fotos de los Lavallén por una vecina que escuchó una discusión. Elsa vio a Paula en la puerta de la casa, pero cuando intentó volver encontró un cartel de alquiler con el departamento vacío. Dos años después, con la apertura democrática y los murales de Abuelas en las calles, alguien aportó otro dato. Paula estaba ahora a cuatro cuadras de Chacarita. Elsa viajó todos los días desde Banfield a comprar verduras frente a la casa. La primera vez que la vio entró en shock porque su nieta tenía un guardapolvo de preescolar cuando debería haber tenido uno de primaria. Elsa no sabía de la inscripción de nacimiento retrasada ni de lo que después los psicólogos le explicaron como estrés de guerra: desde el secuestro, Paula había empezado a tener retrasos de crecimiento.

Un día siguió a un micro, y supo dónde estaba la escuela. Otro día le pidió a su marido que se acerque a la niña para preguntarle nombre y apellido para la denuncia. Cuando su marido se topó con la niña tuvo la impresión de que ella estuvo a punto de decirle “abuelo”. “Mi abuela me contó eso después, pero yo tengo presente otra escena –dice Paula–: tengo el registro de gente que me miraba, y un día hubo alguien que me llama la atención y entonces me acuerdo de haber mantenido la mirada, era la hora de la salida de la escuela, yo iba camino al micro. Yo miro, sostengo la mirada pero no de forma desafiante sino como para ver qué pasaba”.

Paula después supo que ése era su abuelo. Que ese día se quedó preocupado porque no sabía si ella había reconocido en forma instintiva algún detalle y que pudiera decir algo en la casa.

Luego de las búsquedas, llegó la denuncia. Hubo jueces que hicieron todo lo posible para retrasar el encuentro. No ordenaron allanamientos, no permitieron los exámenes con los que pese a la diferencia de edad entre las dos Paulas se podía saber si era o no. Cuando el dato finalmente estuvo, hubo quien no quiso entregar a la niña hasta que no resolviera la cuestión de fondo de la causa. Paula finalmente conoció a su abuela en diciembre de 1987, fue la primera nieta restituida por ADN. El juez Andrés D’Alessio de la Cámara de Casación las presentó: “El lugar era como un castillo con sillones enormes y había una mesa ratona. Me acuerdo que me presentan a mi abuela y yo daba vueltas alrededor de la mesa porque no quería entrar en contacto con ella, ella se sienta y me muestra unas fotos de cuando yo era chica, una a upa de mis padres y otra donde estaba yo de beba. Lo que sucedió en ese momento es que en una de esas fotos yo me reconozco, me doy cuenta de que era yo, porque era una foto igual a las primeras que me habían sacado en la otra casa, pero miro y en ese momento no dije nada, y no dije nada por mucho tiempo, tal vez se lo dije años después”.

Paula tenía ocho años. “Eso era por el escepticismo que yo tenía, creo que me manejaba un poco así, desconfiaba. De pronto no sé muy bien cómo pero estoy llorando y me agarra sueño, y no era natural. Quería dormirme, como si necesitara descansar, pero no me animaba porque no estaba segura dónde hacerlo. Ahí había una asistente social. Me acuerdo que me dijo que me duerma tranquila, que ella me daba un anillito que tenía: ‘Vos te dormís con el anillo y cuando te despertás me lo das’. Yo le dije que no, y le pedí el otro anillo que tenía en la mano porque me imaginaba que si no me lo había ofrecido era porque tenía más valor.”

Alejandra Dandan

Fuente: Página 12

Argentina rechazó diez préstamos de la dictadura o de pasivos de las empresas de servicios públicos privatizadas, y el Club aceptó. El total a pagar es de 8470 millones de dólares y sólo falta acordar si el plazo es de tres o cinco años.

El equipo económico acordó con el Club de París la cifra total que adeuda el Estado nacional: son 8470 millones de dólares. El arreglo lo negoció directamente el ministro de Economía, Amado Boudou. La disputa final fue por diez préstamos por más de 100 millones de dólares que correspondían a créditos tomados por la última dictadura militar y por pasivos de las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas. El ministro se negó a cancelar esos créditos y el Club de París terminó aceptando. En Economía estiman que el acuerdo por la forma de pago –el último punto que resta negociar– está cerca. Argentina propone, al igual que en las renegociaciones con los acreedores privados de 2005 y 2010, una refinanciación que permita que el Estado no dependa de los mercados internacionales de crédito para su cancelación. Está dispuesta a pagar aproximadamente 1500 millones de dólares anuales. Así el plazo de pago se extendería a cinco años y medio. El club de potencias extranjeras, que comenzó exigiendo un pago al contado, se acercó a aceptar una financiación a tres años. Por esa diferencia se está discutiendo. Alemania es el país más remiso a aceptar la propuesta.

El equipo económico está negociando más de 200 préstamos, tomados con 50 empresas de 16 países. Una alta fuente de Economía explicó a Página/12 el proceso de negociación: “A partir de 2010 se reinició el proceso de negociación con el Club de París, a los efectos de cancelar las deudas pendientes con los países miembros. Paralelamente se llevó a cabo un proceso de conciliación de deudas, consistente en establecer cuáles son elegibles para su negociación y reestructuración en el marco del Club, cuáles son los montos de capital de cada una, las tasas de interés aplicables y la metodología establecida en los contratos para la aplicación de intereses y punitorios, de lo cual resultó el total de cada deuda a una fecha determinada”.

En la cartera económica aseguran que todas las deudas que se incluyeron tienen como fundamento contratos acordados luego del 10 de diciembre de 1983. Esto llevó a rechazar varios reclamos de acreedores, que sumaban más de cien millones de dólares, que pretendían incluir presuntas deudas basadas en contratos efectuados durante la dictadura militar, no convalidadas por un gobierno democrático, las cuales no se consideraron legítimas. “Las discusiones al respecto con las agencias oficiales de los países reclamantes consumieron una parte importante del proceso, pero la decisión se mantuvo firme en el sentido de no admitir estos reclamos (ver nota aparte)”, señaló una fuente de Economía.

Por el peso de sus economías y por los montos involucrados en cada caso, hay cinco países que están definiendo la negociación: Estados Unidos, Japón, España, Italia y Alemania. Estados Unidos fue el país que tuvo mayor influencia para que el Club accediera al pedido de Argentina de negociar sin el “paraguas” del Fondo Monetario Internacional. Japón y España tienen un fuerte lobby de sus empresas para acordar con Argentina y así destrabar la posibilidad de hacer negocios que hoy están vedados por el default con el Club. Alemania, gobernada por una administración poco flexible en general en sus negociaciones, carga con el estigma de aceptar las condiciones excepcionales que propone Argentina al tiempo que impone severos procesos de ajuste a países europeos que están pasando momentos difíciles. El gobierno italiano se alinea con Alemania.

Las negociaciones con el Club de París están estandarizadas. El proceso habitual marca que una condición necesaria para comenzar la negociación es que el país deudor tenga un acuerdo standby con el FMI o que cumpla con el artículo 4, que exige una revisión anual de las cuentas nacionales. Con este requisito cumplido, el Club presenta un menú de financiación prestablecido, según las condiciones de cada país. El deudor sólo puede elegir una opción de ese menú.

Argentina se presentó a negociar luego de nueve años sin mantener contactos oficiales para reabrir la negociación, no aceptó la inclusión del FMI en la negociación y presentó su propia propuesta, sin aceptar un menú prestablecido unilateralmente. “Esta situación incomoda a los integrantes del Club: están recorriendo un camino desconocido y les cuesta convalidarlo”, señaló a Página/12 una fuente de Economía. “Una de las preocupaciones es que Argentina estaría creando un precedente para futuros casos”, completó. A pesar de esto, las posiciones no son homogéneas entre los países con mayor peso en la negociación: hay quienes ven que Argentina viene pagando su deuda, que plantea una propuesta razonable y que quieren volver a hacer negocios.

La posición argentina es que un acuerdo es útil para el país sólo en las condiciones propuestas. “Un acuerdo difícil de cumplir generaría desconfianza en los mercados y terminaría siendo negativo para el país”, es la opinión del gobierno nacional. En Economía quieren acordar con el Club de París no sólo por cerrar definitivamente el capítulo del default nacional, también para que puedan llegar al país inversiones directas con financiamiento a largo plazo y baja tasa de interés.

Por el fuerte crecimiento de la economía en los últimos ocho años, el país requiere de obras de infraestructura de alto precio. Hay empresas internacionales que se están fondeando a 20 años a tasas del 2 por ciento anual, que podrían ofrecer plazos similares y una tasa de interés de alrededor del 4 por ciento anual. Pero esas empresas sólo consiguen las condiciones adecuadas de crédito con la garantía de entes oficiales de los países del Club de París. Hay agencias de garantías, como Ermes, Coface, Securitas y JVIC, entre otras, que esperan el acuerdo del Club para hacer negocios con las empresas que quieren hundir capital en Argentina para realizar obras de infraestructura.

Otro elemento que tiene en cuenta el Gobierno es que el acuerdo dispararía cambios en la nota que deciden las calificadoras de riesgo al país. Una suba en la calificación permitiría a algunos fondos de pensión habilitar créditos para empresas argentinas e invertir en títulos públicos nacionales, hecho que redundaría en una baja de interés en el país. Sin embargo, afirman en el equipo económico, el país no tiene previsto apurar el acuerdo. “La pelota la tienen ellos; Argentina ya definió su posición; ahora hay que esperar que los mismos lobbies de los interesados en invertir en el país desbloqueen las últimas resistencias.”

Roberto Navarro

Fuente: Página 12

Detuvieron a cinco acusados de participar en “VUELOS DE LA MUERTE” durante la última dictadura

Los arrestados son el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el ex suboficial naval Rubén Ormello y tres pilotos que habrían participado del asesinato de las monjas francesas y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

A diecisiete años de la confesión pública del ex capitán Adolfo Scilingo, el juez federal Sergio Torres ordenó detener e indagó ayer a cinco imputados por los vuelos de la muerte. El más conocido es el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, defensor de sus compañeros de la ESMA durante años, pese a que Scilingo lo había denunciado como quien le alcanzaba a personas dormidas para arrojar al vacío. Los ex pilotos Enrique José De Saint George, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino, en cambio, fueron imputados a partir de una investigación de la Procuración General de la Nación, que estudió planillas de Prefectura e identificó el vuelo del Skyvan en el que habrían sido asesinadas las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y los familiares de desaparecidos secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977. El quinto detenido es el ex suboficial naval Rubén Ricardo Ormello, quien confesó su actuación en los vuelos en los ’80 ante compañeros de trabajo. Tanto De Saint George y Arru como el mecánico Ormello son empleados de Aerolíneas Argentinas.

El único detenido por los vuelos en el país era hasta el lunes el capitán Emir Sisul Hess, quien relató que los secuestrados caían “como hormiguitas”. Su caso ya fue elevado al Tribunal Oral Federal 5 y podría ser juzgado junto a la segunda tanda de marinos de la ESMA cuando concluya el proceso a Acosta, Astiz & Cía. Distinto es el caso del teniente Julio Alberto Poch, el piloto de Transavia extraditado desde España, quien goza de libertad desde que la Cámara Federal le ordenó al juez Torres reforzar los argumentos del procesamiento. Las nuevas detenciones se produjeron el lunes. Cuatro de los imputados prestaron ayer declaración en el juzgado de Torres, quien los encomendó al Servicio Penitenciario Federal. A Torres de Tolosa, con un tumor cerebral, lo indagó el secretario Pablo Yadarola en la casa, donde quedó detenido con un policía en la puerta. El juez tiene ahora diez días para resolver sus situaciones procesales.

Teniente Vaca

Gonzalo Torres de Tolosa, pariente lejano del capitán Jorge Acosta, integraba el sector Automotores de la ESMA junto con Scilingo, quien lo conocía como “teniente Vaca”, el nombre de cobertura que usaba para ocultar su identidad. Juntos participaron del primer vuelo de la muerte que confesó el marino, ocurrido a mediados de 1977 en un Skyvan de Prefectura. El abogado había estado apenas un día detenido, en 1998, por orden del juez español Baltasar Garzón, quien pidió sin suerte su captura y extradición. Torres de Tolosa estuvo imputado en la megacausa ESMA desde 2005, cuando el fiscal federal Eduardo Taino lo incluyó en su acusación. El dictamen no le impidió recorrer durante años los pasillos de Comodoro Py para defender a sus camaradas en desgracia. El abogado es además uno de los cinco civiles condecorados el 12 de septiembre de 1978 por el ex almirante Emilio Massera por su “esfuerzo y abnegación” como integrante del Grupo de Tareas 3.3 “en operaciones reales de combate”.

El Colorado Ormello

Rubén Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada, tenía 21 años y prestaba servicios en el área militar de Ezeiza. Su confesión, que Página/12 publicó hace veinte meses, la relataron ante el juez sus ex compañeros de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura y para la que trabajó hasta el lunes en el sector mantenimiento del aeropuerto de Mendoza. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’, con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos y cuando ya estaba listo salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello” y reconstruyó un operario. Las fuentes citaron un detalle que los paralizó: “Trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho efecto. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda”, recordaba. El 13 de agosto de 2009 Página/12 buscó a Ormello en su lugar de trabajo y en su casa de Godoy Cruz. Su esposa informó que estaba de viaje. El cronista dejó su teléfono y su mail, pero no recibió respuesta, ni antes ni después de la nota, publicada el 6 de septiembre de 2009.

Del Skyvan al Boeing

Las primeras denuncias sobre el uso de los Skyvan en vuelos de la muerte datan de 1983. Los registros de Prefectura que derivaron en las detenciones no los pidió el fiscal o el juez de la causa ESMA sino el fiscal Miguel Osorio, que decidió investigar vuelos en el marco del Plan Cóndor. La Unidad Fiscal que conducen Jorge Auat y Pablo Parenti procesó 2758 planillas de cuatro Skyvan, identificó vuelos anómalos y señaló en particular el del PA-51 del 14 de diciembre de 1977, que despegó del aeroparque Jorge Newbery a las 21.30, voló tres horas y diez minutos y, sin escalas ni pasajeros según el registro, retornó al punto de partida. Horas antes habían sido fotografiadas en la ESMA las monjas Domon y Duquet, cuyo cadáver apareció en las playas de San Bernardo seis días más tarde. De Saint George y Arru se alejaron de Prefectura en 1978 para incorporarse a Aerolíneas. Hasta el mes pasado, cuando el fiscal Taiano pidió sus detenciones, volaban tres veces por mes a Madrid como comandantes de los Boeing 747. D’Agostino, retirado en servicio, es jefe de la división Veteranos de Guerra. Días después del vuelo un superior elogió el “dominio de sus reacciones emotivas” y aseguró que “aún en situaciones críticas se mantiene sereno”. En Necochea vive aún libre e impune el jefe de los pilotos, prefecto general Hilario Fariña, a quien el Concejo Deliberante local podría declarar el jueves “persona no grata”.

Diego Martínez
diemar75@gmail.com

Fuente: Página 12

Autocrítica de Alberto Cardemil, ex subsecretario del interior de la dictadura pinochetista

“Fue una aberración no entregar los cuerpos de los muertos a las familias”, dijo Cardemil, famoso por demorar la entrega de los resultados de las elecciones que derrotaron a Pinochet en el plebiscito de 1988.

“Será que se están poniendo viejos”, reflexionaba un quiosquero cerca de La Moneda. El tipo lleva años en el lugar y sus comentarios sirven muchas veces de barómetro político a su fiel clientela. “Cuando te acercas a los descuentos de la vida, te da por pedir perdón y lloras por todo”, agregó. Sus frases apuntaban directo al corazón de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), los dos partidos políticos que dan sustento al gobierno de centroderecha de Sebastián Piñera y que en sus filas alberga a muchos que en 1973 festejaron el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, por más que hoy traten de olvidarlo.

Pero el remordimiento es cosa seria. La noche del lunes, el diputado RN Alberto Cardemil, estremeció a su sector al realizar un sentido mea culpa. Sus dichos tomaron al público que llegó al lanzamiento del libro ¿El perdón sin memoria? Respuesta a un general (del diputado PPD Patricio Hales) por sorpresa, dada la condición de pinochetista del parlamentario de derecha.

Cardemil, ex subsecretario del Interior del régimen militar –famoso por demorar en la entrega de los resultados de las elecciones que derrotaron a Pinochet en el plebiscito del SI y el NO de 1988– asumió su responsabilidad en algunos de los hechos ocurridos en dictadura: “Fue una aberración no entregar los cuerpos de los muertos a las familias”, dijo, así, de sopetón.

Tras el remezón del lunes, el ex funcionario de Pinochet complementó ayer sus palabras: “El lanzamiento del libro fue una muy buena ocasión para revisar en forma seria, reflexiva, profunda y respetuosa muchas situaciones del pasado y mirar hacia delante. (El gobierno militar) fue mucho más que una asociación ilícita para delinquir, produjo un avance, un progreso gigantesco para el país y también hubo situaciones mal hechas, hubo violaciones de derechos humanos que todos lamentamos”, sostuvo.

Añadió que “esta es una historia larga, que merece un debate como el que tuvimos ayer. Muchas cosas buenas se hicieron, otras no tanto y es bueno entenderlo y reconocer el pasado en cuanto tal”, agregó.

A su juicio, la transición (dictadura-democracia) “terminó con la elección del presidente Piñera, que votó por el NO y fue apoyado por muchos de los que estuvimos por el SI, pues en su gobierno ha reunido a ex ministros de la Concertación, e incluso a ex personeros del gobierno de Allende y del gobierno del general Pinochet”.




Al arrepentimiento de Cardemil, se sumaron otros parlamentarios. El diputado UDI Patricio Melero dijo que “enfrentado a hechos que ocurrieron después del ‘73, específicamente en el tema de las violaciones a los derechos humanos, consideramos que nada las justificaba y que en ese camino se podría haber hecho más en los caminos de buscar una solución a ese problema”.

Acto seguido, sostuvo que “esta responsabilidad también era compartida por todos: por la izquierda más radical que llevó al país a una visión extrema en el llamado a la lucha armada del Partido Socialista en la década del ‘60, como a las posiciones intransigentes que vivimos en los finales de la UP y también desde el punto de vista de quienes apoyamos al gobierno militar, de haber tenido mayor capacidad para entender las violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo y de haber actuado más oportunamente en ponerle término a esas cosas”.

En su opinión, la UDI “ha contribuido al clima de reconciliación desde el minuto que hemos aprobado todas la leyes de reparación planteadas en el Parlamento”.

Por su parte, el diputado UDI Gustavo Hasbún valoró el mea culpa. Sin embargo, consideró que las palabras de Cardemil son “extemporáneas”. “Hubiese sido mucho más valorado si lo hubiera hecho hace muchos años, cuando recién partió la democracia y no había que defender lo indefendible”, agregó.

Conocidos los hechos, el diputado del Partido Comunista (PC) Lautaro Carmona pidió que Alberto Cardemil sea citado a declarar ante tribunales, para que dé a conocer la información que maneja respecto a desapariciones durante el gobierno militar.

“A la luz de los hechos y frente a la condena mundial, decir que es una aberración no haber entregado los cuerpos, es dar por hecho que hubo cuerpos que se hicieron desaparecer. Estas declaraciones de Cardemil son suficientes para pedir que sea citado a tribunales para que cuente la información que tiene”, dijo el comunista.

Según distintas informaciones, en la dictadura de Pinochet más de 3000 personas desaparecieron desde el 11 de septiembre de 1973. Durante su período en La Moneda, Cardemil estuvo a cargo de entregar los resultados del plebiscito del 5 de octubre de 1988 en el que un 55,9 por ciento de los chilenos decidió rechazar la permanencia de Pinochet en el gobierno, y cuyos resultados fueron difundidos con muchas horas de retraso, generando confusión y miedo en muchos sectores de la población.

Christian Palma

Fuente: Página 12

En una denuncia sobre desapariciones forzadas y tortura en Brasil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló que la Ley de Amnistía no puede impedir investigar ni castigar esos delitos cometidos durante la dictadura que se extendió desde 1964 hasta 1985.

“Se denominó Guerrilha do Araguaia a un movimiento de resistencia al régimen militar integrado por algunos miembros del nuevo Partido Comunista de Brasil”, que se propuso crear un “ejército popular de liberación” para luchar contra la dictadura brasileña. Así lo recuerda la presentación del caso “Gomes Lund y otros (‘Guerrilla do Araguaia’) vs. Brasil”, según un documento de la CIDH. Cuando las Fuerzas Armadas iniciaron en 1972 sus acciones contra esta guerrilla, en la región de Araguaia, el movimiento contaba con unos 70 integrantes, en su mayoría jóvenes, recordó una sentencia de ese tribunal, emitida el 24 de noviembre y publicada esta semana en la página web oficial de la CIDH.

Aquellos primeros operativos militares apuntaron a apresar a los guerrilleros y “sepultar los muertos enemigos en la selva, después de su identificación”. La orden cambió después y dispuso eliminar a los integrantes de ese movimiento, que a fines de 1974 se había terminado. Hubo versiones de que los cuerpos sepultados en la selva fueron desenterrados, pero el “gobierno militar impuso silencio absoluto sobre los acontecimientos de Araguaia”.

La denuncia sobre este caso fue presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch y varias organizaciones de derechos humanos brasileñas, en nombre de las víctimas y sus familiares. Comprende la detención, tortura y desaparición de 70 personas -entre ellas, militantes del Partido Comunista de Brasil y campesinos- a manos del Ejército de 1972 a 1975, en los operativos en Araguaia. Llegó a la CIDH enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también depende de la Organización de Estados Americanos y que había emitido un informe con recomendaciones para el Estado brasileño, que éste no cumplió.

La comisión entendió que llevar la denuncia a la CIDH constituiría, además de un pronunciamiento sobre esos delitos, “una oportunidad importante para consolidar la jurisprudencia interamericana sobre las leyes de amnistía en relación con las desapariciones forzadas y la ejecución extrajudicial, y la resultante obligación de los estados de hacer conocer la verdad a la sociedad e investigar, procesar y sancionar graves violaciones de derechos humanos”. En los últimos años hubo en Brasil algunos intentos de hallar los restos de los desaparecidos en Araguaia que no arrojaron resultados. Se creó una comisión interministerial para investigar lo ocurrido, y también el Grupo de Trabajo Tocantins, organizado con el mismo objetivo en el ámbito del Ministerio de Defensa. Pero respecto al castigo de los responsables de estos delitos, Brasil sigue aplicando una ley de amnistía que fue creada por la dictadura en 1979.

No hay excusa

La CIDH consideró que “las amnistías o figuras análogas han sido uno de los obstáculos alegados por algunos estados para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos”. Al respecto reiteró su posición según la cual las leyes de amnistía no se aplican a casos de violaciones graves a los derechos humanos y son incompatibles con el derecho internacional y las obligaciones que asumen los estados al firmar convenios como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En ese sentido, el fallo de la CIDH concluyó que ese tipo de leyes “carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación” ni para el castigo a los responsables. Añadió que ante delitos tan graves y por “el carácter continuado o permanente de la desaparición forzada” no se puede “aplicar la Ley de Amnistía en beneficio de los autores, así como ninguna otra disposición análoga, prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad”. Advirtió también que aunque estos responsables fueran militares, deben ser sometidos a la Justicia común.

Además de ordenar a Brasil que investigue y castigue estos delitos, dispuso que ese Estado debe reparar a los familiares de las víctimas por los gastos en los que incurrieron al presentar esta demanda, y habilitar que presenten otros pedidos de reparación por los daños que sufrieron. Consideró que los siguen sufriendo hoy por “la falta de investigaciones efectivas para el esclarecimiento de los hechos” y “la impunidad en la que permanece el caso”.

La CIDH también dispuso que el Estado brasileño aumente sus esfuerzos por hallar los restos de las víctimas desaparecidas, reconozca públicamente su responsabilidad y libere la información que pueda ser útil para saber qué ocurrió. En un año Brasil debe responder sobre su cumplimiento de estas órdenes, que incluyen también la creación de una Comisión de la Verdad, la tipificación del delito de desaparición forzada y la promoción de actos conmemorativos, educativos, de ejercicio de la memoria, para garantizar que lo ocurrido no pase nunca más.

Cecilia Pérez

Fuente: La Diaria

Foto: EFE

La Asamblea General celebró sesión extraordinaria en memoria de la aplastante victoria del plebiscito de 1980, que rechazó las reformas constitucionales impulsadas por la dictadura militar.

El plebiscito del 30 de noviembre de 1980, primer acontecimiento que marcó el fin de la dictadura cívico militar, fue recordado ayer por el Parlamento. Con la presencia del presidente Mujica, los parlamentarios rememoraron desde las pequeñas conquistas cotidianas hasta las grandes alocuciones en foros populares y en la televisión abierta, características de los días previos al 30 de noviembre de 1980. Aquel llamado a las urnas, luego de siete años del golpe a las instituciones, fue organizado por el gobierno encabezado por Aparicio Méndez, para enmendar la Constitución con los actos institucionales decretados por la dictadura, incorporar organismos de cuño castrense y permitir que la justicia militar investigara y juzgara en delitos civiles.

En la ceremonia, efectuada en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, el Coro del Sodre interpretó el himno nacional y después se proyectó un documental realizado por Luis Varela, con imágenes del 30 de noviembre de 1980. “Si usted quiere volver al pasado, arriésguese”, decía el locutor de una de las tantas pautas publicitarias que la dictadura difundió. Las imágenes, posteriormente, ilustraban las voces emitidas por radio de Wilson Ferreira, Enrique Tarigo y Germán Araújo.

Se exhibieron fotografías de los interiores y de la represión en los actos de los cines Cordón y Arizona. A estas le siguieron imágenes del escrutinio y los festejos, acompañadas por los aplausos de los parlamentarios, que se pusieron de pie para recordar aquellos años de triunfo sobre aquel gobierno dictatorial.




Los oradores de la jornada fueron el diputado frenteamplista por Montevideo, Óscar Groba, el senador nacionalista, Jorge Larrañaga, y el diputado colorado por la capital, Ope Pasquet.

Varios actos recordatorios se realizaron en Montevideo, entre ellos, un encuentro en la explanada de la Universidad de la República con espectáculo artístico y la presencia de solistas y agrupaciones musicales.

La Junta departamental de Montevideo efectuó una actividad en el Obelisco, donde actuó la banda municipal y hablaron representantes de cada partido.

El plebiscito realizado en Uruguay hace tres décadas fue presentado por la dictadura militar (1973-1985), con el objetivo de modificar la Carta Magna y legitimar al Gobierno de facto.

La población rechazó la propuesta por 57% de los votos válidos y este hecho histórico abrió las puertas para el restablecimiento de la democracia en el país.

Historiadores recordaron que la prensa estaba amordazada, los partidos políticos disueltos, los dirigentes políticos proscriptos y todo hacía pensar en un triunfo del régimen, pero el pueblo entendió la necesidad de votar en contra.

"Eso fue un nuevo ejemplo de este país amante de la democracia y que con eso sorprendió al mundo", sostuvo el diputado frenteamplista Óscar Groba en la sesión extraordinaria de la Asamblea General.

A continuación, la oratoria del diputado Groba.

A través de una campaña realizada por Facebook se logró ubicar al psicólogo Dolcey Marcelino Brito Puig, uno de los más temibles planificadores de las torturas en el Penal de Libertad durante la dictadura según lo califican los testigos que por allí pasaron.

Su paradero era desconocido hasta ahora pero una campaña de búsqueda permitió ubicar su domicilio frente al cual se convocó a un escrache para el próximo jueves 2 de diciembre en la calle José Enrique Rodó 2106 apartamento 701.

Brito era docente de la Universidad Católica, dictaba clases en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras y permaneció actuando en el Penal de Libertad más allá de los cambios de mando militares que se produjeron durante todo el período dictatorial.

Nacido en Florida el 23 de octubre de 1930, cuenta actualmente con 80 años de edad.

Los testimonios dan cuenta de un "sádico planificador de la tortura" y "arquitecto del monstruoso programa de experimentación psicológica del Penal de Libertad" donde trabajó desde 1972.

Varios ex-presos políticos denuncian que desarrollaba un programa de experimentación médica y con drogas. Brito fue el cerebro detrás de un esquema científico pensado para "arrasar sistemáticamente sus personalidades", dicen varios testimonios.

Brito fingía ser un "devoto amigo de los presos". Manipuló test psicológicos y entrevistas para "precisar dónde y hasta qué profundidad sangrar la psiquis".

"El juego que Brito jugaba requería constante manejo sobre la salud mental de los prisioneros. Así Brito y otras autoridades sabían cuándo tratar de empujar a un prisionero hacia la depresión, alucinación y otros desórdenes, y cuándo apartarlo del borde del suicidio", relatan los testigos.

Fuente: La República

Ilustración: Daniel Bittencourt

José Germán Araújo, quien desde los micrófonos de CX30 La Radio (1) hizo un aporte invalorable en el proceso de resistencia a la dictadura, anunciaba con estas palabras el triunfo del NO en el plebiscito de 1980, heroica epopeya del pueblo uruguayo:

“Pedimos por favor a nuestro pueblo: hoy hemos conquistado, hemos dado un paso gigantesco hacia la democracia. Nuestro pueblo ha triunfado y queremos que esta fiesta se viva en paz. Claro que todos querríamos salir a manifestar, pero es conveniente no hacerlo. Festejemos en el interior de nuestros hogares. Festejemos sin salir a las calles. Sabemos cuáles son los resultados, sabemos que hay una tendencia que triunfa con amplitud sobre la otra, pero no podemos decir cuáles son esos resultados. Eso si, una vez más, no salgan a festejar a la calle, festejen en el seno del hogar”

(1) Cx30 era Radio Nacional hasta que la dictadura prohibió usar el término Nacional. José Germán Araújo era director y periodista de CX30.

Archivo de Esquina Montevideo

Homenaje del Dr. Hugo Villar al pueblo, protagonista de esa gesta heroica, que causó el asombro del mundo.

Hoy se cumplen los 30 años del plebiscito de 1980, cuando el pueblo le dijo NO al proyecto de la dictadura de perpetuarse con una constitución antidemocrática. Varias actividades están previstas, incluyendo una concentración en la explanada de la Universidad a la hora 19.00.

En estos días, diversas publicaciones lo recuerdan, y diversas personalidades de todos los sectores, escriben sobre el hecho, desde distintas perspectivas. El doctor Hugo Villar, presidente en esos años del Frente Amplio en el exilio, destaca la importancia de la lucha en el exterior. He aquí el artículo del doctor Villar:

"El golpe de Estado de junio de 1973 formó parte de una gran operación continental estratégica, organizada y apoyada desde los Estados Unidos de Norteamérica, como quedó demostrado por esa época en la Carta de Santa Fe, y de la que formaron parte en un breve período de tiempo las de Brasil, Chile y Argentina, sumadas a la antigua dictadura de Paraguay. En el Uruguay el pretexto fue la lucha contra el Movimiento de Liberación Nacional, ya derrotado militarmente en esa fecha; su verdadera finalidad, como en los otros países, era detener el avance de las fuerzas políticas progresistas y de las organizaciones sindicales, que se desarrollaba en esos países.

La dictadura en Uruguay estuvo entre las más sangrientas y represivas del continente.

Durante su duración de once años, nuestro pueblo luchó y resistió sin pausas y sin treguas, en todos los frentes. A la feroz represión se opuso una indoblegable resistencia.

Esa lucha estuvo jalonada dentro del país, por acontecimientos memorables:

* la lucha permanente de los trabajadores, que se inició con la huelga general de trabajadores y estudiantes convocada por la Convención Nacional de Trabajadores y marcó el comienzo de una resistencia que se mantuvo inalterable durante todo el régimen dictatorial

* las elecciones universitarias de 1973, con voto obligatorio y una contundente victoria de los sectores democráticos, lo que significó un duro golpe para el régimen, del que no pudo recuperarse a nivel universitario. La formación en 1982 de la Federación de Estudiantes de Secundaria y de la Coordinadora Frenteamplista Universitaria

* Más adelante, la derrota de las llamadas comisiones paritarias y del intento de crear una organización sindical nacionalista, procedimientos todos en que el régimen se jugó a crear sindicatos amarillos y dirigencias dóciles y amañadas.

Ni un instante de tregua le dieron los trabajadores a la dictadura

* La resistencia en las cárceles, el silencio de nuestros compañeros, mujeres y hombres en la tortura; qué forma más combativa, en esos momentos, que el silencio de nuestros presos, que no delataban a sus compañeros, lo que a algunos les costó la vida, o que a otros les costó padecer graves lesiones o problemas de todo tipo, ante la impotencia de los propios torturadores, incapaces de comprender tanta dignidad

* el fracaso total en el propósito de crear un aparato político oficialista. Sólo contaron con la complicidad de algunos dirigentes corruptos y de ideología fascista de los partidos tradicionales

* la falta de apoyo de artistas, cantores y otras expresiones de la cultura

* y el trabajo desde el exilio.

Dentro de ese complejo proceso de ideología fascista basado en la llamada "doctrina de seguridad nacional", la fecha del 30 de noviembre de 1980, alcanza un enorme significado. El triunfo del NO no fue un hecho aislado, ni solamente la derrota de una dictadura en un plebiscito. Fue el resultado de un largo proceso de acumulación de fuerzas de todos los sectores democráticos, desarrollado en todos los frentes, dentro y fuera del país, pero que a su vez significó un golpe contra las otras dictaduras del continente, y sirvió para acelerar la descomposición interna del régimen en el Uruguay y la derrota en corto plazo de esa y las otras dictaduras del continente.

Su valor crece aún más, porque se dio en medio de las más duras condiciones, en un clima de represión brutal, con miles de presos políticos, torturados, destituidos y exiliados, con los sindicatos y los partidos políticos ilegalizados y con la complicidad de los grandes medios de comunicación.

Quiero dedicar un espacio para recordar el papel del exilio, frecuentemente no valorizado.

Como tarea asignada por la dirección del Frente Amplio, nos correspondió participar en la organización y el funcionamiento del Frente Amplio desde el exterior del país, actuando como secretario ejecutivo en el Exterior.

El exilio uruguayo durante la dictadura, fue el más numeroso en relación a nuestra población, y el más disperso a través del mundo.

No fue un exilio que se quedó en la nostalgia. Sin duda que se sufrió la nostalgia. Sólo quienes lo vivieron, alcanzan a comprender cuánto se siente la ausencia forzada de familiares, amigos y compañeros, los entrañables recuerdos de nuestra tierra, de nuestra gente, de la rambla, las plazas y las calles arboladas de Montevideo y las hermosas, apacibles y acogedoras ciudades y pueblos del interior de nuestro país.

En un exilio tan numeroso, las experiencias fueron muy diversas, y las formas de reaccionar fueron muy diferentes. Hubo compañeros que nunca se adaptaron. Sin duda hay excepciones a lo que voy a expresar.

Pero puedo decir, por haber conocido la realidad en muchas ciudades, que el exilio uruguayo, al mismo tiempo que supo integrarse a la vida de diferentes pueblos, vivió permanentemente de cara al país, sintiendo como propios los sufrimientos de nuestros presos, de nuestros torturados, de los perseguidos por la dictadura, de los destituidos, de quienes sufrían de mil manera las barbaridades y horrores cometidos por la dictadura.

Fue fundamentalmente un exilio combativo, altamente politizado, que en lugar de debilitarse y perder su identidad, supo fortalecerse ideológicamente, confiar en nuestro pueblo, y prepararse para volver mejorados, cuando se produjera el regreso al país.

Fue además un exilio organizado. En este sentido, la organización del Frente Amplio en el Exterior, jugó un papel de importancia fundamental.

Partimos de la base de que la dirección del Frente estaba dentro de nuestro país. Con el compañero Seregni preso, la dirección estaba a cargo de Juan José Crottogini y un grupo de compañeros, actuando desde la clandestinidad.

Desde su creación en 1976, el Frente Amplio en el Exterior, definió claramente sus objetivos:

1. Luchar por la liberación de todos los presos políticos del Uruguay, y por una Amnistía General

2. Fortalecer la unidad del Frente Amplio. Un solo Frente Amplio dentro y fuera del país

3. Estimular la más amplia convergencia de las organizaciones democráticas de nuestro país, en la lucha contra la dictadura

4. Desarrollar un amplio movimiento de solidaridad internacional, en la lucha contra la dictadura

Sobre la base de esos objetivos se organizaron progresivamente 50 Comités del Frente Amplio en 30 ciudades de América, Europa y Australia, que actuaron coordinadamente mediante las directivas de la dirigencia dentro del país trabajando, las resoluciones del Comité Coordinador y el trabajo permanente del secretario ejecutivo en el Exterior.

Se realizaron reuniones con gobiernos, sindicatos y organizaciones sociales de todos esos países, con comisiones de Naciones Unidas, Derechos Humanos, Unión Parlamentaria, Cruz Roja, Amnistía Internacional y otras organizaciones, reuniones locales y campañas por la amnistía.

Eso permitió generar un gigantesco movimiento de solidaridad internacional, que apoyó la lucha contra la dictadura, sirvió para su progresivo aislamiento.

Vaya hoy nuestro emocionado homenaje a nuestro pueblo, protagonista de esa gesta heroica, que causó el asombro del mundo entero.

Dr. Hugo Villar".

Fuente: La República