El voto es a la vez derecho y deber. Yo quiero ejercerlo.... y vos???
Campaña por el voto en el exterior
Esquina por la alegría
"Hoy más que nunca la alegría es un artículo de primera necesidad, tan urgente como el agua o el aire. Pero nadie nos va a regalar ese derecho de todos; .... es preciso pelearlo...."
Eduardo Galeano
Esquina por Verdad y Justicia
Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad
Nunca más terrorismo de estado
Esquina contra la violencia de género
Esquina contra el bloqueo
Esquina por la libertad de los 5
Esquina contra la pornografía infantil
Esquina Víctor Jara
Esquina contra la vergüenza
Ningún ser humano es ilegal
Hacelos valer
Campaña por nuestros derechos sexuales y reproductivos
Esquina contra la directiva del horror
PIT-CNT
Escritores por la Tierra
Foro social mundial de las migraciones
Esquina por la Paz
Esquina por la aparición de Julio López
Esquina Bertold Bretch
Primero se llevaron a los comunistas pero a mí no me importó porque yo no era. En seguida se llevaron a unos obreros pero a mí no me importó porque yo tampoco era. Después detuvieron a los sindicalistas pero a mí no me importó porque yo no soy sindicalista. Luego apresaron a unos curas pero como yo no soy religioso tampoco me importó. Ahora me llevan a mí pero ya es tarde.
La Comisión de la Verdad, nombrada por la presidenta Dilma, corre el peligro de transformarse en una Comisión de la Vanidad, en el caso de que sus integrantes la conviertan en alabanza de vanidades personales.
Al día siguiente de los nombramientos, antes de la toma de posesión, ya
aparecieron en los medios opiniones dispares sobre los miembros de la comisión
en cuanto a su objetivo principal. ¿El ministro Gilson Dipp, del Tribunal
Superior de Justicia, se encuadra en los criterios definidos por la ley que creó
la comisión? Según los términos de su artículo 2°, # inciso II, “no podrán
participar en la Comisión Nacional de la Verdad los que (…) no estén en
condiciones de actuar con imparcialidad en el ejercicio de las competencias de
la Comisión”.
Al actuar como perito del Estado brasileño en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Dipp se posicionó contra los familiares de los guerrilleros
del Araguaia, cuyos cuerpos todavía siguen desaparecidos. ¿Actuará ahora con
imparcialidad? El papel de los siete nombrados es investigar graves violaciones
de derechos humanos sucedidas entre 1946 y 1988. Lo fundamental sería que
adoptaran la postura ética de Antígona, de dar sepultura digna a los muertos y
desaparecidos bajo la dictadura militar (1964-1985).
La comisión tendrá que actuar bajo la oscura luz de la injusta Ley de Amnistía,
promulgada en 1979 y aprobada en referendo por el STF en el 2010. Dicha ley
equipara a torturadores y torturados, a asesinos y asesinados. Entonces ¿cómo
amnistiar al que nunca fue juzgado, sentenciado y castigado?
No hubo “dos caras”. Lo que hubo fue un golpe de Estado perpretado por militares
y el derribo de un gobierno constitucional y democráticamente elegido. La
dictadura implantada suprimió los partidos y eliminó políticos, creando un
aparato represivo (“el monstruo”, según el general Golbery), que instaló centros
de tortura mantenidos con recursos públicos y privados.
El aparato represivo, en nombre de la “seguridad nacional”, capturó, torturó,
asesinó, exilió, deportó e hizo desaparecer a los que osaron combatir a la
dictadura, así como también a innumerables personas que nunca tuvieron nada que
ver con la resistencia organizada, como sucedió con el exdiputado Rubens Paiva,
el periodista Vladimir Herzog y el sacerdote Antonio Enrique Pereira Neto.
A la comisión le corresponde averiguar la muerte de las víctimas de la
dictadura, lo que pasó con los desaparecidos y quiénes son los responsables de
tales atrocidades. Los militares cumplen órdenes de los superiores. Es
necesario, pues, aclarar quién ordenó la práctica de la tortura, la eliminación
sumaria de militantes políticos y el ocultamiento de sus cuerpos. La comisión
deberá también abrir los archivos de las Fuerzas Armadas, oír a los verdugos y a
sus superiores jerárquicos, a las víctimas y a los parientes de los
desaparecidos, y esclarecer episodios emblemáticos que nunca han sido
debidamente investigados, como el atentado a Riocentro en 1981, dirigido a segar
la vida de miles de personas.
Defender el concepto de “crímenes conexos” y citar como sospechosos a aquellos a
quienes el Brasil debe el rescate de la democracia y del Estado de Derecho
equivaldría a imputar a la Resistencia Francesa crímenes contra la ocupación
nazi de París o citar a los judíos como reos ante el Tribunal de Nuremberg.
Los integrantes de la Comisión de la Verdad saben muy bien que legalidad y
justicia no son sinónimos. Y deben tener en cuenta la afirmación de Cervantes:
“La verdad alivia más que hiere. Y estará siempre por encima de cualquier
falsedad, como el aceite sobre el agua”.
La olla se sigue destapando y el mal olor invade los pasillos institucionales de la Iglesia Católica Romana, su jerarquía y sus estructuras de poder por más que sus autoridades hagan grandes esfuerzos por disimularlo y se empeñen en negarlo.
En 1982 el teólogo brasileño Leonardo Boff, uno de los iniciadores de la teología latinoamericana de la liberación, publicó un libro titulado Iglesia, carisma y poder. Ensayos de eclesiología militante para denunciar la corrupción de la institución eclesiástica católica y lo que él consideraba una traición al legado espiritual del cristianismo. Ese libro le trajo aparejado a Boff serias disputas con el Vaticano y, en particular, con el entonces prefecto (ministro) de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI. A pesar de que Boff, sacerdote franciscano desde 1959, doctor en teología y filosofía por la Universidad de Munich (Alemania), siempre planteó que hacía sus críticas “desde el interior de la Iglesia” y buscando la superación de los problemas, el Vaticano nunca le perdonó haber puesto en evidencia, en base a argumentos teológicos y eclesiológicos, la corrupción de la propia Iglesia. Ratzinger hizo de la persecución a Boff una cuestión personal. En 1985 recayó sobre el brasileño una sanción que le imponía “silencio” y le impedía enseñar en ningún ámbito controlado por la Iglesia Católica. Pocos años después Leonardo Boff decidió abandonar su condición de sacerdote católico, pero siguió la prédica religiosa y ecologista acorde con su formación franciscana.
La mención a Boff viene a cuento de lo que está sucediendo en estos días en Roma con revelaciones que ponen de manifiesto luchas intestinas de poder en el Vaticano y, sobre todo, dejan al descubierto la crisis de corrupción que afecta a toda la estructura eclesiástica católica. Desmoronamiento que no se reduce al jaqueado poder central del catolicismo, sino que se extiende a lo largo y a lo ancho del mundo donde cada día surgen nuevas evidencias de casos de corrupción como los ocurridos con los Legionarios de Cristo, los casos de pedofilia, los escándalos sexuales, las estafas y las complicidades en violaciones a los derechos humanos, como acaba de ratificarse en nuestro país. Lo que acontece ahora en el Vaticano es lo mismo que ya denunció Boff hace treinta años y por lo que fue silenciado, acusado de traidor y finalmente obligado a salir de la Iglesia Católica.
La olla se sigue destapando en el Vaticano... y huele a podrido. Y por cierto que Paolo Gabriele, el mayordomo infiel del Papa que se encuentra detenido en una prisión eclesiástica, no parece ser el principal responsable de la situación, aunque finalmente pueda acabar convirtiéndose en el chivo expiatorio. Aunque el vocero Federico Lombardi se obstine en afirmar que “no se sospecha de ningún cardenal, ni italiano ni extranjero”, sería muy ingenuo pensar que el mayordomo Gabriele no es apenas un eslabón menor de una cadena de conspiraciones que, como mínimo, intenta disputar el poder mirando a la sucesión de Ratzinger, enfermo, cansado y con 85 años.
Pero no se trata solamente de una lucha de poder en el interior de la institución católica, sino de las conexiones entre la Iglesia Católica y el poder político y económico en el mundo. Varias son las investigaciones periodísticas que han puesto esto en evidencia. Entre las últimas, el libro publicado hace poco más de una semana por el periodista italiano Gianluigi Nuzzi. El propio Benedicto XVI lo terminó admitiendo cuando decidió destituir hace apenas unos días al presidente del IOR (banco vaticano), Ettore Gotti Tedeschi, sospechado de manejos fraudulentos y de operaciones poco transparentes en relación con el lavado de dinero. Ratzinger procedió antes que el IOR fuera denunciado directamente por las autoridades financieras europeas.
Con la misma lógica, Benedicto XVI actuó nombrando una comisión integrada por el cardenal Julian Herranz (Opus Dei), el cardenal eslovaco Jozef Tomko, ex prefecto (ministro) de la Congregación para la Propagación de la Fe, y por el arzobispo de Palermo, Salvatore De Giorgi, para investigar las “filtraciones”. El portavoz Lombardi aseguró que esa comisión tiene plenos poderes, que reporta directamente al Papa y que puede interrogar a quien decida. Sin embargo, poco se podrá conocer de lo que allí se obtenga. Porque todo seguirá en la misma lógica del secretismo que encubre la corrupción institucional, como ha sucedido hasta el momento con tantos casos de pedofilia o con las acusaciones de corrupción económico-financiera hechas por el arzobispo Carlo María Viganó, cuyos contenidos sólo se conocieron a través de otra filtración después de que el denunciante fue separado de su cargo y “promovido” a nuncio (embajador) en Estados Unidos. ¿Y quién podría dar explicaciones acerca de las revelaciones del ultraconservador cardenal colombiano Darío Castrillón señalando –en una carta privada y personal al Papa– que el cardenal italiano Paolo Romero en su viaje a China se había extendido explicando las disputas entre Ratzinger y su segundo, el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado?
Mientras tanto, Benedicto XVI decidió reincorporar con todos los honores a los lefebvristas de la Sociedad San Pío X y está convencido de que la salvación de la Iglesia Católica pasa por la restauración y el cerrar filas hacia adentro, antes que acceder a los cambios propuestos hace ya medio siglo por el Concilio Vaticano II.
La olla se sigue destapando y el mal olor invade los pasillos institucionales de la Iglesia Católica Romana, su jerarquía y sus estructuras de poder por más que sus autoridades hagan grandes esfuerzos por disimularlo y se empeñen en negarlo. Claro está que, como lo ha señalado más de un estudioso de los temas eclesiales, esta institucionalidad eclesiástica en decadencia poco tiene que ver con la fe en Cristo y con la experiencia religiosa de tantos millones de fieles alrededor del mundo. Lo que está en crisis, lo que cruje y se derrumba es una estructura corrupta aliada con el poder económico y político que ejerce hoy la “titularidad” del mundo occidental. Seguramente porque el diablo entró sin golpear... lo invitaron a pasar.
El Comité pide a España revisar las medidas de austeridad por perjudicar de forma “desproporcionada” a los colectivos más vulnerables y marginados, especialmente a las personas pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y jóvenes desempleados, las personas mayores, las personas sin hogar, la comunidad gitana, los migrantes y los solicitantes de asilo.
Tras la comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC), este organismo internacional ha expresado su preocupación por la reducción de los niveles de protección efectiva de derechos como la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, entre otros, como consecuencia de las medidas de austeridad.
El Comité hizo especial hincapié en la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Estado para paliar los efectos negativos de la crisis en los sectores más desfavorecidos de la población y establece la necesidad de realizar mayores esfuerzos para que los Derechos Humanos guíen sus estrategias de recuperación económica.
El Comité también le recomienda a España que garantice que todas las medidas de austeridad implementadas mantengan el nivel alcanzado de protección de los Derechos económicos, sociales y culturales y sean en todo caso, temporales, proporcionales y no perjudiciales para estos derechos.
Este Comité, constituido por 18 expertos independientes de diferentes nacionalidades, está encargado de supervisar el cumplimiento por parte de los Estados partes con sus obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por el Estado español en 1977. Cada Estado parte tiene la obligación de rendir cuentas periódicamente ante el Comité en Ginebra sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales.
Recomendaciones a España
En sus recomendaciones finales, publicadas el pasado 21 de mayo, el Comité pide a España revisar las medidas de austeridad por perjudicar de forma “desproporcionada” a los colectivos más vulnerables y marginados, especialmente a las personas pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y jóvenes desempleados, las personas mayores, las personas sin hogar, la comunidad gitana, los migrantes y los solicitantes de asilo.
Asimismo, el Comité recordó al Estado que es precisamente en tiempos de crisis económica cuando los esfuerzos deben ser redoblados para garantizar los Derechos Humanos de todas las personas, sin discriminación, y en especial de las personas en mayor situación de vulnerabilidad.
El Comité recomienda “vigorosamente” que el Estado adopte un nuevo programa nacional de lucha integral contra la pobreza que incluya “medidas específicas y estrategias para mitigar los efectos adversos de la crisis”. El Comité destacó las altas tasas de pobreza infantil y la situación de las personas mayores que viven con pensiones cuya cuantía es, en muchos casos, inferior al nivel de subsistencia mínimo.
En materia laboral, muestra su preocupación por el incremento de las tasas de desempleo, que afectan especialmente a las personas jóvenes, inmigrantes, gitanas y las personas con discapacidad. Pide al Estado “evitar cualquier retroceso” en este ámbito, “incluyendo en materia de protección de los Derechos laborales de los trabajadores”.
Muestra inquietud ante la congelación del Salario Mínimo Interprofesional a un valor que no permite un nivel de vida digno y recomienda su ajuste periódico al costo de la vida.
En cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, el Comité pide redoblar los esfuerzos para combatir la brecha salarial y los estereotipos de género, así como fomentar la igual representación en los sectores públicos y privados. El Comité muestra especial preocupación por la “persistencia de altos niveles de violencia doméstica” e insta al Estado que garantice que los recortes “no perjudiquen la protección de las víctimas ni sus Derechos”. También recomienda garantizar el acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional.
En cuanto al Real Decreto–Ley 16/2012 sobre la reforma sanitaria, el Comité pide al Estado que asegure el acceso a los servicios de salud de todas las personas que residen en el Estado, cualquiera que sea su situación legal, en consonancia con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias. También insta al Estado “a dar pleno efecto a las nuevas regulaciones para mejorar las condiciones de vida en los centros de internamiento de extranjeros (CIE)”.
Reconociendo la situación de las personas con hipotecas impagables, recomienda al Estado que “impulse una reforma legislativa que faculte la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria, de modo que esta opción no dependa únicamente de la discrecionalidad de las entidades bancarias”.
Además, señaló la necesidad de “aumentar la oferta de vivienda social”, especialmente la de alquiler y la necesidad de implementar un marco legislativo que establezca salvaguardas de Derechos Humanos que deben cumplirse antes de llevar a cabo un desalojo. Recuerda la obligación del Estado de adoptar una definición oficial de “persona sin hogar”, así como de recopilar datos que permitan evaluar esta realidad tras la crisis y adoptar medidas de rehabilitación adecuada.
El Comité critica que la educación haya sido uno de los sectores más afectados por los recortes y afirma que las medidas adoptadas por el Estado que incrementan las tasas universitarias son “regresivas” y ponen “en riesgo el acceso de las personas y grupos desfavorecidos” a la educación universitaria. Recomienda al Estado que asegure “una inversión económica y presupuestaria sostenida y suficiente” en educación y que redoble los esfuerzos para reducir la tasa de abandono escolar temprano, que duplica la media de la UE.
La discriminación, especialmente hacia la población inmigrante y gitana, y hacia las personas con discapacidad, resulta una de las áreas de preocupación transversal. En este sentido, el Comité pide al Estado adoptar una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
También insta a que la descentralización de las competencias relacionadas con los Derechos económicos, sociales y culturales, y las disparidades entre comunidades autónomas en términos de inversión social, no resulten en un disfrute “inequitativo o discriminatorio” de estos derechos entre las 17 comunidades. Ante la disminución de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), pide elevar la cooperación al desarrollo a un nivel no menor al 0,7% de la Renta Nacional Bruta, en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España.
Cabe destacar que al emitir las recomendaciones sobre España, el Comité dirigió una carta pública a todos los Estados parte del PIDESC, en la que plantea los criterios que las políticas de austeridad y otras políticas asumidas por los Estados en tiempos de crisis económica han de respetar para cumplir con las obligaciones derivadas del Pacto.
Primero, cualquier medida que pueda impedir la realización progresiva de los Derechos económicos, sociales y culturales ha de ser temporal y limitada al periodo de crisis; segundo, debe ser estrictamente necesaria y proporcionada, de tal manera que no adoptarlas pondría en riesgo aún más los derechos humanos; tercero, no puede ser discriminatoria y debe tomar en cuenta todas las alternativas posibles, entre ellas, medidas de política fiscal, para garantizar las prestaciones necesarias para paliar las desigualdades que pueden surgir en tiempos de crisis, así como asegurar la protección de los derechos de los grupos más vulnerables.
Finalmente, según el Comité, las medidas deben identificar y proteger el contenido mínimo esencial de los derechos consagrados en el PIDESC en todo momento.
Las organizaciones sociales de Vía Campesina Brasil señalaron como insuficiente el veto parcial de la presidenta Dilma Roussef al Código Forestal. Pero afirmaron que representa una derrota para el latifundio y los hacendados.
El integrante de Vía Campesina Brasil, Luiz Zarref, afirmó que los vetos son una derrota para "los latifundistas más atrasados que esperaban una amnistía total e integral, esos latifundistas que plantan soja hasta la orilla del río y que no quiere recuperar nada" .
Sin embargo, el activista aclaró que la decisión de Rousseff "no atiende las necesidades de la población de una producción de alimentos saludables y de la conservación de la naturaleza".
Por otra parte, Zarref indicó que el veto parcial constituye la consolidación de lo que llamó el "agronegocio" representado por la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil.
Según el análisis de Vía Campesina, un Gobierno de coalición y la relación tensa de Rousseff con el Congreso la colocó en una situación difícil para hacer un veto integral del Código Forestal.
El Congreso brasileño tiene un plazo de 4 meses para analizar los vetos. Para derribarlos se necesita el apoyo de la mayoría absoluta de parlamentarios en el
Senado y enla Cámarade Diputados.
Dilma Rousseff vetó el pasado viernes 12 artículos del nuevo Código Forestal y aprobó 31 modificaciones.
Sectores ambientalistas y campesinos demandaban el veto total de la norma porque consideran que constituye una amenaza para la floresta nacional.
En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto (RELACAHUPAN) y el Nacimiento en conjunto con Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) entregaremos una carta al presidente de la República, Sr. José Mujica, con el objetivo de poner en su conocimiento una problemática que impacta directamente sobre la salud y la vida de las mujeres uruguayas.
Sr. José Mujica Presidente de la República Presente
De nuestra mayor consideración:
En este 28 de mayo Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a Ud. con el propósito de poner en su conocimiento una problemática que impacta directamente sobre la salud y la vida de las mujeres uruguayas.
El Sistema Nacional Integrado de Salud ha significado un paso muy importante para garantizar la cobertura universal de la atención en salud para la población. Se cuenta además con marcos normativos que buscan proteger este derecho humano.
Las mujeres por nuestra condición biológica recurrimos a los servicios de salud de manera frecuente por necesidades vinculadas, fundamentalmente, a la vida reproductiva: controles ginecológicos, acceso a métodos anticonceptivos, atención durante embarazo, parto y puerperio, situaciones de embarazo no deseado y prevención de aborto inseguro, menarca, climaterio y menopausia, entre otros.
Si bien se ha incorporado progresivamente la atención a la salud sexual y reproductiva queremos señalar que, lamentablemente, a diario muchas mujeres viven situaciones de maltrato y violencia institucional en las consultas vinculadas a estas necesidades.
Las mujeres hemos luchado para que se nos reconozca el derecho a decidir sobre cuándo y cuántos hijos tener pero aún no contamos con una legislación que respete y garantice plenamente el ejercicio de este derecho.
Pero además, cuando optamos por ser madres muy frecuentemente no se nos trata dignamente ni con el respeto que merecemos como protagonistas en el acto de parir.
A diario nuestras organizaciones reciben testimonios y denuncias de mujeres que han padecido el maltrato en la atención del parto o que fueron sometidas a cesáreas innecesarias. Lejos de ser consideradas ciudadanas plenas y portadoras de derechos se vuelven envases portadoras de un bebé o un elemento más de la escenografía de la sala de parto.
“Nadie me miraba a la cara, ni me hablaba”
“Cuando me encontré con la sala de parto literalmente temblé de miedo”
“Lejos de parir gracias a los médicos, parí a pesar de ellos”.
“Parimos acostadas por comodidad del médico cuando la única comodidad que debería de importar es la mía.”
“Me gritaban y cuando me quejé me rezongaron”
Sabiendo de su preocupación y sensibilidad sobre estos asuntos, solicitamos a Ud. ser recibidas para hacerle llegar propuestas que mejoren la calidad de atención y que otorguen a las mujeres el respeto que nos merecemos.
Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y el Nacimiento (RELACAHUPAN)
"Libre es el que es capaz todavía de elegir la defensa de su dignidad en un mundo donde, quieras o no, en algún momento tendrás que tomar partido entre los indignos y los indignados." - Eduardo Galeano
Vivimos para trabajar, ¿qué error hemos cometido?
La economía está al servicio de la industria militar que es el nombre artístico de la industria criminal.
¿El prójimo es el enemigo?
Sí, somos una civilización de soledades que se encuentran y desencuentran continuamente sin reconocerse. Ese es nuestro drama, un mundo organizado para el desvínculo, donde el otro es siempre una amenaza y nunca una promesa.
El miedo nos domina.
Es el pretexto para que esta industria pueda prosperar, porque necesita guerras y enemigos, y si no existen hay que inventarlos. Fíjese en el caso de Nelson Mandela.
El mundo celebra el día que nació.
Pues ha figurado en la lista de enemigos peligrosos para la seguridad de EE.UU. hasta el 2008. Durante 60 años el africano más prestigioso fue un terrorista para el país dominante. ¿Cómo vamos a creer en todo lo que nos cuentan sobre las amenazas terroristas?
¿Somos un gran rebaño de borregos?
Por todos lados aparecen símbolos asombrosos de resistencia y de vida. Lo mejor que tiene la vida es la capacidad de sorpresa.
Sin embargo, vamos tras la seguridad.
Vivimos en un mundo inseguro, no sólo porque podemos ser robados, asaltados... Los coches matan más que las drogas, y el aire que respiramos y los pesticidas nos exterminan. Sólo si nos articulamos para defendernos de un sistema que es enemigo de la naturaleza y de la gente podremos hallar espacios de seguridad.
¿Qué nos hace libres?
Los desafíos que uno enfrenta cada día son los que te abren una rendija para elegir entre la dignidad y la obediencia. Libre es el que es capaz todavía de elegir la defensa de su dignidad en un mundo donde, quieras o no, en algún momento tendrás que tomar partido entre los indignos y los indignados.
Desde niños nos adoctrinan hasta el punto de que nos parece normal lo anormal.
Que el presidente Obama recibiera el premio Nobel de la Paz con un discurso de homenaje a la guerra "justa y necesaria contra el mal" ilustra lo que usted dice.
¿Qué semilla se puede plantar para que la gente sospeche?
Hay que ver al revés las historias que los diarios nos cuentan para poder entenderlas al derecho: Iraq invade EE.UU. porque sus arsenales de armas de destrucción masiva son un peligro para la humanidad. Lo que es verdad, pero este fue el pretexto de los americanos para invadir Iraq y matar a una cantidad ingente de civiles.
¿Cómo averiguar si uno está vivo o es un muerto viviente?
Habrá que preguntarse hasta qué punto soy capaz de amar y de elegir entre la dignidad y la indignidad, de decir no, de desobedecer. Capaz de caminar con tus propias piernas, pensar con tu propia cabeza y sentir con el propio corazón en lugar de resignarte a pensar lo que te dicen.
...
La mayoría trabaja a contracorazón y termina viviendo una vida que no es la suya por las necesidades materiales, y eso es lo que hace que algunos no se den cuenta de que murieron hace muchos años, la última vez que fueron capaces de decir no.
¿Es una utopía un mundo en el que la gente haga lo que le gusta?
Como dice el patriarca del cine argentino, Fernando Birri, la utopía sirve para caminar. A mí me gusta mucho ver el universo por el ojo de la cerradura.
¿Desde lo pequeño?
Sí, para no confundir la grandeza con lo grandote, una de las confusiones del mundo actual. La grandeza no está en los hechos espectaculares, está en la vida cotidiana.
Hay que endulzarla.
En el manicomio general, los franceses dictaron una ley que era un acto de cordura: ya que tenemos máquinas capaces, tengamos 35 horas de trabajo semanal, pero duró 10 años. ¿Por qué el progreso tecnológico tiene que producir angustia y desempleo?
El 99% de las especies del planeta no viven para trabajar, y no les va tan mal.
Nosotros nos hemos especializado en ser instrumentos de nuestros instrumentos, y somos los únicos capaces de destinar nuestros mejores recursos al exterminio loco. Cada minuto el mundo destina tres millones de dólares a gastos militares y mueren 15 niños de enfermedades curables. ¿Qué clase de especie es esta que dice ser la racional?
¿Qué faceta humana nos destruye?
El conformismo, la aceptación de la realidad como un destino y no como un desafío que nos invita al cambio, a resistir, a rebelarnos, a imaginar en lugar de vivir el futuro como una penitencia inevitable.
Y eso hay que hacerlo en compañía.
Sí, en solidaridad, que es un sentimiento horizontal. La caridad es vertical y no me gusta. Hay un viejo proverbio africano que dice que el que da está siempre por encima de la mano que recibe. De hecho, nuestros antepasados sobrevivieron porque supieron repartir la comida y defenderse juntos.
Pese a ello, somos tan destructivos...
Me imagino un juicio universal a la condición humana de las plantas y los animales, apuntándonos con sus patitas y con sus ramitas y preguntándonos: ¿qué han hecho del mundo?, ¿por qué nos mataron? Qué terrible confusión creernos dueños de la naturaleza.´
El fiscal Ricardo Perciballe presentó un recurso de revocación. Defensores de derechos humanos piden que lo coloquen en la fiscalía que deja Mirtha Guianze. El fiscal de Corte Jorge Díaz marca su mandato de diez años. La sanción es aplaudida por quienes denunciaban una campaña en contra de Gonzalo Fernández y por quienes no lo enfrentarán en una causa penal.
El nuevo fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz, parece dispuesto a imponer la política con la que se regirá en los diez años que debería durar su mandato. El traslado del fiscal Ricardo Perciballe y la designación de su sustituto Juan Gómez se han convertido en un mensaje para un gremio de fiscales que rechazaba que un juez fuera nombrado en el cargo.
Perciballe fue enviado a ocupar la única vacante en una fiscalía civil (por la muerte de Edward Hernández) cuando su especialización en lo criminal podía utilizarse en las fiscalías penales que dejan Eduardo Fernández Dovat desde octubre de 2011, Juan Gómez que pasa a delitos especiales y Mirtha Guianze, quien fue designada en el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La posibilidad de que el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, revea la decisión del traslado o, al menos, reubique a Perciballe en la fiscalía penal de 2° turno que deja Guianze, y en la que aún existen una serie de casos de crímenes en tiempos de la dictadura, es el propósito de varias ONG, personalidades y organizaciones de derechos humanos.
El traslado de Perciballe aparece teñido de connotaciones políticas, desde el momento en que el fiscal atendía una causa en la que era indagado el ex canciller Gonzalo Fernández y en la que era juez el propio Jorge Díaz, quien tenía otras causas relativas a presunta corrupción. El mismo día en que Perciballe era trasladado, Fernández denunciaba irregularidades en la instrucción del caso.
En el ámbito político, el traslado del fiscal fue aplaudido por quienes denuncian una campaña en contra del ex secretario presidencial como un tiro por elevación contra Tabaré Vázquez y el gobierno. Paradójicamente, también aplauden criminales y delincuentes que no tendrán que enfrentar a Perciballe en casos penales, de crimen organizado o violación a los derechos humanos.
La indirecta sanción al fiscal que había ordenado el procesamiento de miembros del Escuadrón de la Muerte y actuó en el caso Feldman, también ha sido asociada a los intentos de censura o presión sobre la independencia técnica de la jueza Mariana Mota, o las fiscales Ana María Tellechea y Mirtha Guianze, quienes actúan en causas de violaciones a los derechos humanos.
“Tomé determinadas conductas procesales que entendía pertinente, que de una forma u otra pueden haber molestado al ex juez [Jorge Díaz]”, dijo Perciballe, quien presentó esta semana un fundamentado recurso de revocación y no descarta, de ser necesario, recurrir incluso ante tribunales internacionales frente a lo que considera una violación de sus derechos.
JUSTICIA ESPECIALIZADA
En 2008 el sistema jurídico uruguayo vivió una importante modificación cuando el Parlamento aprobó en la Rendición de Cuentas la creación de dos nuevos juzgados especiales contra el crimen organizado, una iniciativa del gobierno en el marco de su política contra el narcotráfico, el lavado de activos y la instalación de mafias internacionales en el ámbito local.
El 1 de enero de 2009 asumieron en las flamantes sedes judiciales los magistrados Graciela Gatti y Jorge Díaz. Gatti había procesado al dictador Juan María Bordaberry por crímenes de la dictadura y ordenó la prisión de Juan Peirano, extraditado desde Estados Unidos. Díaz había sobresalido por su acción en las operaciones contra las drogas Cancerbero y Cancerbero II.
Días después, la entonces ministra de Educación y Cultura, María Simon, nombraba a los fiscales Mónica Ferrero y Ricardo Perciballe como fiscales contra el crimen organizado, a propuesta del doctor Rafael Ubiría, titular de la Fiscalía de Corte desde 2007 cuando en el Parlamento obtuvo los votos que la oposición negó al candidato del oficialismo: casualmente, Ricardo Perciballe.
Los nuevos fiscales tenían destacados antecedentes. Ferrero había sido la representante del ministerio público en las causas contra los narcotraficantes que había instruido el propio juez Jorge Díaz. Perciballe había logrado reconocimiento por su dictamen en la causa contra miembros del Escuadrón de la Muerte, defendidos por el influyente ex fiscal de Corte Miguel Langón.
En los casos de crímenes complejos, Perciballe y Díaz se constituyen en un equipo destacado por la prensa, al menos hasta octubre de 2009 cuando les toca intervenir en el caso de Saúl Feldman, muerto a balazos tras un incendio que evidenció la existencia de un arsenal de 700 armas en su domicilio del barrio Aires Puros. Perciballe terminó pidiendo el archivo del caso. Díaz aceptó.
ENCAUSAR A FERNÁNDEZ
En setiembre de 2010, el fiscal Perciballe y el juez Díaz toman otro caso con fuertes connotaciones políticas. El abogado Gustavo Salle denuncia al jurista Gonzalo Fernández por una presunta maniobra en la que se llega a derogar el artículo 76 de la Ley 2.230 para que desaparezca el delito por el que fueron procesados con prisión los hermanos Peirano Basso.
No era el único caso en el que Díaz y Perciballe indagaban a Gonzalo Fernández. El jurista también era sospechoso de beneficiar a su estudio jurídico personal en la defensa de un gerente del Banco Montevideo y en la aprobación de un decreto que dio marco jurídico a un sistema de seguros del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), cliente del estudio jurídico de Fernández.
Curiosamente, en aquellos días el abogado Salle pidió que el fiscal Ricardo Perciballe se abstuviera de intervenir en el expediente, ya que tenía un vínculo con Gonzalo Fernández, quien en 2007, siendo secretario de Presidencia de la República durante el gobierno de Tabaré Vázquez, había impulsado la candidatura de Perciballe al cargo de fiscal de Corte que finalmente obtuvo Ubiría.
Gonzalo Fernández tenía por entonces otras denuncias en su contra. Una por no suspender el ejercicio de su profesión de abogado siendo secretario de Presidencia, otra por una supuesta negociación con la empresa Cerro Free Port y otra por ser consultor de la empresa Tenfield durante un juicio por defraudación tributaria. Las tres terminaron archivadas.
Ante la nueva denuncia contra Fernández, el juez Díaz pide ampliar la información documental a los tres poderes del Estado. El expediente judicial sobre la quiebra del Banco Montevideo, la promulgación presidencial de la ley que eliminó el delito de los Peirano y las actas parlamentarias en las que el senador blanco Sergio Abreu hizo un planteo de fueros sobre el episodio.
Abreu sostuvo que derogar el artículo 76 de la ley 2.230 fue una sugerencia de Fernández, quien en 2006 advirtió a Danilo Astori que si derogaban el artículo los Peirano quedaban libres. La ley se promulgó con la firma de Fernández, que era canciller. Fernández y su pareja, Cecilia Salom, eran “indistintamente” abogados del banquero Juan Domingo Ratti, beneficiado con el decreto.
JUEZ SOBRE FISCALES
En setiembre del año pasado, el juez Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero comenzaban a tomar declaraciones en una causa sobre presuntas irregularidades en el Hospital Italiano, que había denunciado una comisión interventora que durante el primer año de mandato del presidente José Mujica administró el centro asistencial.
Entre los indagados aparecían el abogado Mario Bianchi, hoy secretario general de OSE, quien presidió la Junta Directiva del Italiano en 2008, y Jorge Massa, presidente de la institución médica, reconocido por su condición de gran maestre de la Masonería. Los directivos, según la denuncia, habían creado una empresa fantasma con la que vaciaron la institución.
En esos días trasciende que el juez Díaz será designado fiscal de Corte en lugar de Rafael Ubiría. La noticia implica una inmediata reunión de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) que reivindica que el cargo de fiscal de Corte sea ocupado por un miembro del ministerio público y no por un magistrado del Poder Judicial.
En la reunión gremial, el fiscal Perciballe es uno de lo que reclaman con mayor firmeza que se mantenga la tradición de ocupar el cargo desde las fiscalías. La misma posición sostienen las fiscales Mirtha Guianze y Ana María Tellechea. La posición de Perciballe deriva en un distanciamiento con el juez Díaz.
Sólo semanas después, en noviembre de 2011, el rostro emocionado del juez Jorge Díaz ocupa las pantallas de televisión cuando ordena el procesamiento con prisión de la jueza Anabella Damasco, implicada en un caso de desvío de fondos. La jueza no apela. El 10 de abril, el Parlamento concede la venia para la designación del juez Díaz, que asume el día 17 como jefe de todos los fiscales.
DE PENAL A CIVIL ES GOL
El 10 de mayo, sorpresivamente se difunde en la prensa que el flamante fiscal de Corte decidió el traslado de Perciballe a una fiscalía civil y su subrogación por el fiscal Juan Gómez en el despacho contra el crimen organizado. La noticia publicada en El País explica que el Ministerio de Educación y Cultura, a cargo de Ricardo Ehrlich, ya designó a Gómez pero aún no notificó a Perciballe.
Trasciende que la remoción fue pedida el lunes 7 de mayo, pero que el viernes 27 de abril, Jorge Díaz ya le había ofrecido el cargo a Gómez, con quien le une una larga amistad. Gómez, que fue fiscal en Maldonado, se encontraba en la Fiscalía Penal de 1er turno que el propio Perciballe había dejado antes de pasar a trabajar contra el crimen organizado.
Los senadores Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry escriben en sus cuentas de Twitter que el propio Díaz les había anunciado el traslado de Perciballe. No explicaron en qué ámbito tuvieron la infidencia. Ninguna de las actas parlamentarias de comisiones y sala hace referencia a que el tema se haya tocado en el seno del Parlamento.
También trasciende que Gómez, quien el mismo día 10 se despedía de sus colaboradores en la fiscalía, se excusaría de intervenir en las causas que implican a Gonzalo Fernández por haber sido compañero de trabajo de su mujer, Cecilia Salom. El caso Fernández quedará en manos de la fiscal Mónica Ferrero, quien permanecería en los juzgados especiales.
En la misma jornada del 10 de mayo, el propio Gonzalo Fernández se presentó ante el juzgado penal con un escrito en el que calificó de irregular que en 17 meses de investigación ni el fiscal ni el juez le llamaran a declarar. Dijo que Perciballe “alardeaba” con su procesamiento y que lo que se pretendía era enlodar a Tabaré Vázquez y perjudicar su futuro político.
La AMFU recién tratará el tema en junio, pero desautorizó una declaración de la fiscal Tellechea, quien advirtió que "esto responde a otros intereses" y ahora "todos quedamos propensos a que nos venga un latigazo de arriba". "Los fiscales tenemos que aprender a madurar y aceptar los destinos", replicó Gustavo Zubía, fiscal de menores, también amigo de Díaz.
EL RECURSO DE RICARDO
El fiscal Ricardo Perciballe presentó esta semana ante el ministro Ehrlich un recurso de revocación de 18 páginas, en el que considera que la resolución de su traslado tiene vicios formales en la medida en que se omitió darle vista previa, lo que implica una lesión de garantías constitucionales y dice que sólo se fundamenta en argumentos de “rotación” y “mejora del servicio”.
El fiscal sancionado subraya que la medida “no obedece de forma alguna a un mal desempeño de la tarea desplegada” y opina que en el caso hay un uso discrecional del poder del fiscal de Corte que llega a la arbitrariedad y constituye la vulneración flagrante de una regla de derecho, y que no existieron tales razones de servicio.
Alega también que no ha tenido mayor exposición mediática o algún problema de salud, al punto de que en veinte años de servicio sólo utilizó cuatro días de licencia por enfermedad. Agrega que no se comprende por qué no es trasladada la otra fiscal especial, Mónica Ferrero, quien ha tenido un número mayor de casos y de desgaste y tendrá ahora, además, el caso Gonzalo Fernández.
Perciballe opina que se está desmantelando los juzgados especializados y señala que se ordenó su traslado inmediato mientras al fiscal Gómez se le permitió terminar algunas causas en trámite y hasta subrogar otra fiscalía. También aduce que Díaz anticipó su decisión a sectores políticos, en clara contradicción con el principio de independencia técnica de los magistrados.
“Como broche de oro de este largo collar de contradicciones, se designa al suscrito en la órbita civil cuando precisamente éste se ha especializado desde hace más de veinte años en materia penal, circunstancia más que conocida por el proponente”, dice el escrito que advierte que en el ámbito penal había tres despachos a subrogar y se lo envía a la única fiscalía en lo civil vacante.
Perciballe sostiene que hay motivos no explicitados en su traslado, entre los que incluye su rechazo al nombramiento de un juez en la Fiscalía de Corte y diferencias que tenía con Díaz en casos sobre los que no puede ampliar porque aún están en presumario, pero que denota “el animus vindicatum” (ánimo vindicativo) del proceder del fiscal de Corte y su desviación de poder.
La Comisión de la Verdad, nombrada por la presidenta Dilma, corre el peligro de transformarse en una Comisión de la Vanidad, en el caso de que sus integrantes la conviertan en alabanza de vanidades personales.
