"El Gobierno debe suspender ese acto porque es un atentado a la democracia. O se han olvidado que asesinaron a un Presidente constitucional elegido por el pueblo, como Salvador Allende, y las muertes, las torturas, las desapariciones de miles de chilenos. Hacerle un homenaje a un criminal es querer avalar la tortura, los golpes de Estado y las violaciones a los derechos humanos." - Adolfo Pérez Esquivel

Una treintena de alcaldes y concejales se sumaron en las últimas horas al creciente espectro de sectores en Chile que repudia la realización de un homenaje a Augusto Pinochet, organizado por exmilitares.

Las autoridades locales pidieron a la administración de Sebastián Piñera que tome las medidas necesarias para impedir la realización del acto, programado para el próximo 10 de junio en el teatro Caupolicán de Santiago.

El criticado homenaje está convocado por la Corporación 11 de Septiembre, que lleva su nombre en alusión al golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet (1973-1990) con el apoyo del gobierno de Estados Unidos.

Han participado directamente en su organización además exuniformados, miembros de grupos ultraderechistas y condenados por delitos de lesa humanidad como el exjefe operativo de la policía pinochetista Alvaro Corbalán, indicó Prensa Latina.

Ya expresaron su rechazo a la iniciativa las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, numerosas organizaciones sociales, parlamentarios y líderes de la oposición.

También manifestó su repudio el Premio Nobel de la Paz (1980), Adolfo Pérez Esquivel, quien calificó el agasajo al exdictador como una aberración.

El Gobierno debe suspender ese acto porque es un atentado a la democracia. O se han olvidado que asesinaron a un Presidente constitucional elegido por el pueblo, como Salvador Allende, y las muertes, las torturas, las desapariciones de miles de chilenos, dijo.

Remarcó el pacifista argentino que hacerle un homenaje a un criminal es querer avalar la tortura, los golpes de Estado y las violaciones a los derechos humanos.

La posición de La Moneda la dio a conocer ayer el vocero Andrés Chadwick, quien dijo que el gobierno no favorecía el homenaje, pero podía realizarse si se cumplían las normas vigentes.

No favorecemos ni colaboramos ni menos participamos y no somos partidarios de este tipo de homenajes, pero obviamente que en democracia y con nuestra legislación pueden darse, eso es así, afirmó Chadwick.

Independientemente de la posición del Presidente Piñera, que es de sobra conocida en la materia, ellos pueden desarrollar su acto en la medida en que lo hagan respetando las normas vigentes, agregó.

Fuente: Granma

El país más poblado del mundo árabe parece haber desaparecido. No del mapa, pero sí de los titulares de los periódicos en los que ahora rara vez tiene presencia. Se comprende: los estruendos de Libia y los asesinatos de Siria lo han quitado del medio. Caído Mubarak, la primavera egipcia adquiere tintes de otoño prematuro. Un vistazo a este adelanto estacional podría proporcionar indicios sobre el destino posible de un movimiento que sacudió al mundo y alimentó esperanzas de democracia en regiones donde sólo se conoce la palabra.

Las decenas de miles, sobre todo jóvenes, que el 2 de febrero se lanzaron a las calles de El Cairo querían algo más que echar al dictador: entre otras cosas, libertad de expresión, de reunión y de opinión. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, al que Mubarak entregó el poder, declaró su apoyo a los reclamos largamente y con sangre expresados, pero la consigna que los manifestantes voceaban en la plaza Tahir, “el pueblo y el ejército unidos”, ha recalado en la base de la Y que separa dos caminos.

Se ha fundado en El Cairo la red de televisión independiente Tahir. Hace unos días, el entrevistado y bloguero Hossam el Hamalawy expresó que “todas las instituciones del país que viven de nuestros impuestos deben de estar abiertas al escrutinio”. Para Mahmoud Saad, el entrevistador, fue demasiado: “No, no, no, no le permitiré que diga esas cosas en esta red”. Al día siguiente, Hamalawy y otros dos periodistas de televisión conocidos por su pensamiento liberal fueron convocados a una sede militar y sometidos a hábiles interrogatorios. Saad, desde luego, no (www.nytimes.com, 31-5-11).

Las autoridades militares están enviando cartas a los medios advirtiéndoles que deben supervisar todo artículo, análisis o discusión sobre las fuerzas armadas antes de publicarlo o difundirlo. Una corte militar sentenció a un bloguero a tres años de prisión por lo que calificó de “ataques persistentes” al Consejo Supremo y presentó cargos contra un candidato presidencial, que tiene el defecto de practicar la franqueza, por calumniar a un general y por insultar a los militares. No pocos periodistas son citados a cuarteles para que revelen el nombre de sus fuentes. Sucede que hay denuncias de manifestantes torturados por elementos de un gobierno provisional que ha prometido mucho. Las promesas, ya se sabe.

La cadena CNN citó el lunes pasado a un general egipcio que admitió que los uniformados practicaron humillantes “exámenes de virginidad” a las mujeres arrestadas en las manifestaciones de marzo. “Las chicas que fueron detenidas no eran como su hija o la mía –adujo el general–. Eran muchachas que habían acampado junto con varones durante las protestas en la plaza Tahir” (www.time.com, 2-6-11). A saber cómo se llevó a cabo ese examen.

Los organismos de derechos humanos señalan que los abusos contra los manifestantes sufridos durante la represión militar de marzo fueron minimizados en la prensa egipcia, aunque se difundieron ampliamente por Internet. The New York Times recoge el testimonio de Rami Essam, apodado “El cantor de la revolución” por las baladas que creó recogiendo las demandas de la gente. Luego de ser apaleado con saña, lo entrevistaron periodistas de la TV local “y todos me advirtieron que no hiciera ‘travesuras’ ni criticara a los militares. Me dijeron que si mencionaba que me habían torturado, la entrevista no salía y que hasta podían clausurar la estación. Mubarak se fue, pero es la misma gente, la misma cosa”.

El mismo régimen también. Los jefes y oficiales de las fuerzas armadas recibieron no pocas prebendas y beneficios económicos de manos de Mubarak. ¿Por qué renunciar a ellos? Como en la época de su antecesor, la junta militar sigue fomentando el sectarismo que divide a la población a fin de debilitar su empuje reformador. A comienzos del 2011, cuando una multitud ocupó diversos edificios gubernamentales, se encontraron documentos secretos que revelan que el propio régimen había organizado los ataques contra la comunidad cristiana del país. Los extremistas islámicos salafistas repitieron la práctica, pero ya no sólo contra los cristianos: también agredieron a musulmanes chiítas. Dirigentes coptos y chiítas han denunciado la entente de la junta militar cairota, Israel y Arabia Saudita (www.globalresearch.ca, 28-5-11).

Este contubernio se las trae. Pretende convertirse en la columna vertebral del dominio estadounidense en Medio Oriente y goza, desde luego, de la jubilosa bendición de Washington. Estaría propiciando la instalación en Egipto de un gobierno presuntamente islamita merced al apoyo de diferentes partidos políticos organizados y financiados por Arabia Saudita y el proyecto contaría, al parecer, con el acuerdo de algunos sectores de la Hermandad Musulmana. Es muy difícil imaginar qué cambios introduciría un sistema de esa índole. En tanto, Mubarak sigue internado en una clínica de Sharm el Sheik, ciudad turística donde posee mansiones y otros bienes de un valor estimado en siete millones de dólares. Una junta médica reciente diagnosticó que el estado de salud del dictador no permite su traslado a la cárcel donde debería esperar que lo procesen. La junta es oficial, los médicos también.

Juan Gelman

Fuente: Página 12

Más allá de la ley de caducidad, causas por tortura invaden los juzgados penales

Tras el debate parlamentario de ayer (y más allá de su resultado) y una vez que se acalle el silencio que hoy retumbará en 18 de julio, Uruguay ingresará a otro debate sobre los derechos humanos ante la presentación de una serie de denuncias penales vinculadas a casos de tortura, el crimen de lesa humanidad que intentaba ocultar la Ley de caducidad y sobre el cual se debate hoy a nivel internacional. Serán citados Mujica, Fernández Huidobro y el Goyo Álvarez entre otros testigos e indagados.

Mientras los medios de comunicación seguían las alternativas de la ley interpretativa de la ley de caducidad, los dichos y contradichos de legisladores, dirigentes del gobierno, voceros del oficialismo, personajes de la oposición, constitucionalistas y juristas y hasta de militares en retiro o actividad, la Suprema Corte de Justicia se pronunció en un aspecto importante del tema de los derechos humanos, al considerar que los desaparecidos del “segundo vuelo” de Orletti no debían tipificarse como tales, como pedía la fiscal Mirtha Guianze, y darle la razón al juez Luis Charles, quien había condenado a militares y policías por un delito de homicidio especialmente agravado.

El punto, fue interpretado erróneamente como una definición en contra de la tipificación de crimen de lesa humanidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura y como una confirmación de que en noviembre próximo todos los casos no denunciadas hasta el momento habrían prescripto. Sin embargo, la propia fiscal Guianze explicó –sin que se le diera mayor repercusión- que había pedido una aclaración a la Corte de Justicia ya que el homicidio también puede ser considerado un crimen de lesa humanidad imprescriptible. La respuesta aún no ha llegado y el tema no se ha definido.

El escenario judicial también se conmovió con otro inesperado episodio en la guerra desatada contra la jueza Mariana Mota, a cargo de varios de los más importantes casos de violaciones a los derechos humanos, cuando el Colegio de Abogados realizó un pronunciamiento en su contra (siguiendo la campaña que habían iniciado el ex fiscal Miguel Langón, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre), que determinó una desafiliación pública al gremio por parte de la fiscal Ana María Telechea, quien acusó a la Colegiatura de convertirse en un tribunal de alzada y no defender a jueces y fiscales afiliados que son sometidos a una presión política.

Precisamente, la jueza Mota y la fiscal Telechea, prometen ser las protagonistas de los tiempos judiciales que se avecinan en la medida que serán quienes deban instruir una serie de casos en los que se juzgará el delito de tortura, como ya ocurrió con el caso de Nybia Sabalsagaray (excluido de la caducidad por decisión de la Suprema Corte que consideró inconstitucional la ley) donde el juez Rolando Vomero y la fiscal Mirtha Guianze decidieron el procesamiento con prisión del general en actividad Miguel Ángel Dalmao y del coronel retirado José Chialanza como cómplice de la muerte por torturas en 1974 de la joven militante comunista.

En el juzgado penal de 7º turno, a cargo de Mota y Telechea, se sustancia el caso caratulado como “Organizaciones de Derechos Humanos denuncian” que implica a 19 casos de muertes por tortura durante el período dictatorial encabezado por Juan María Bordaberry, a quien jueza y fiscal condenaron por crímenes de lesa humanidad. Sobre esos casos, la semana pasada un equipo de investigación de la Fundación Mario Benedetti entregó un informe en el que se aportan nuevos datos y testimonios para colaborar con el trabajo de la justicia.

La jueza Mota y la fiscal Telechea también intervendrán en la denuncia presentada por el colectivo de ex presos políticos Crysol sobre torturas sufridas en el mismo período en la base aérea Boiso Lanza, a la que prometen sumarse otras denuncias similares por parte de los presos políticos que sufrieron apremios físicos en el Regimiento de Caballería Nº 9, en los cuarteles de infantería Nº 2 y Nº 3 y en otras unidades militares cuyas víctimas se vienen reuniendo para realizar las denuncias en forma conjunta.

También la jueza Mariana Mota recibió días atrás una denuncia de Antonio Viana Acosta, militante tupamaro secuestrado en Argentina en febrero de 1974 y primer trasladado a Uruguay donde fue torturado en Montevideo y Rocha. El caso, patrocinado por el abogado Pablo Chargonia determinará que entre los múltiples testigos que comenzarán a ser citados en junio, deban comparecer el propio presidente de la República, José Mujica, y el ex senador Eleuterio Fernández Huidobro, quienes estaban en el cuartel de Rocha cuando fue torturado el “pantera”. También quedaría implicado el dictador Gregorio Álvarez que fue uno de los que torturó a Viana Acosta.

El tema de la tortura, en debate internacional cuando se apologizan la base de Guantánamo, la cárcel de Abu Ghraib, las guerra en Afganistán e Irak o los métodos para encontrar y ejecutar a Osama Bin Laden, será también el eje de un seminario regional, impulsado por varias organizaciones de derechos humanos, en el que personalidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay expondrán sobre éste imprescriptible crimen de lesa humanidad, en los días previos al próximo 27 de junio, cuando se cumplirán treinta y ocho años del golpe de Estado de 1973.

5 presidentes y la tortura

Desde el 10 de diciembre de 1948, cuando la Organización de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Estado uruguayo, uno de los 48 países firmantes, se comprometió a cumplir el artículo 5º que estableció que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Desde entonces la tortura implicó una violación al derecho internacional. “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados”, subrayaba en su artículo 30º aquel compromiso de La Haya.

Semejante crimen de lesa humanidad también fue prohibido –aún en situación de guerra interna- en el Convenio de Ginebra aprobado el 12 de agosto de 1949 y ratificado en Uruguay (Ley 13.683) el 17 de setiembre de 1968 (con la firma del presidente Jorge Pacheco Areco y de los ministros del exterior Venancio Flores y de Defensa, general Antonio Francese). En el artículo 3º se estableció que “las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad (…) Al respecto, se prohíben en cualquier tiempo y lugar (…) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, los tratos crueles, la tortura y los suplicios…”

El 27 de diciembre de 1985, bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti, Uruguay también ratificó la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (Ley 15.798) que tipificaba: “se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

Bajo la presidencia de Luis Alberto Lacalle, el 11 de agosto de 1992, Uruguay ratificó la “Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura” (Ley 16.294) que rezaba: “se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.

El 13 de junio de 2001, con la firma del presidente Jorge Batlle, Uruguay ratificó (Ley 17.347) la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Naciones Unidas en 1968, donde se impone que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad (definidos en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg del 8 de agosto de 1945 y confirmado por resoluciones de Naciones Unidas de 1946, 1948 y 1949, “son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”

Y durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el 25 de setiembre de 2006, se aprobó la Ley 18.026 que incorporó a la normativa uruguaya lo establecido por la “Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad”, y se tipificó que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles (Art. 7º) y que “no podrán declarase extinguidos por indulto, amnistía, gracia, ni por ningún otro instituto de clemencia, soberana o similar, que en los hechos impida el juzgamiento de los sospechosos o el efectivo cumplimiento de la pena por los condenados” (Art. 8º).

Roger Rodríguez
rogerrodriguez@adinet.com.uy

Fuente: Caras & Caretas

La Fundación Mario Benedetti entregó a la jueza penal Mariana Motta la investigación por la muerte de 19 militantes de izquierda entre 1972 y 1976, durante la presidencia de Juan María Bordaberry.

Se trata de la primera investigación de derechos humanos financiada por la fundación creada a partir de la muerte del escritor en 2009. Benedetti pidió a sus albaceas que el dinero fuera destinado a actividades culturales, pero también a investigaciones sociales relacionadas con la historia reciente.

Fundación Benedetti contrató al periodista Roger Rodríguez como coordinador de un equipo que integran una veintena de estudiantes universitarios de distintas disciplinas. El equipo ya tiene en proceso nuevas investigaciones sobre asesinatos ocurridos durante la dictadura militar.

Los casos que llegaron a la jueza Motta integran la llamada "Megacausa" y podría llevar a estrados judiciales a militares retirados y en actividad en carácter de testigos e indagados. Estas investigaciones se llevarán a cabo por fuera de la Ley de Caducidad cuya anulación se buscar aprobar esta semana, e incluso por fuera de las anulaciones de los actos administrativos que inauguró el presidente Mujica la semana anterior al abrir la investigación por el asesinato del militante comunista Álvaro Balbi.

A fines de la semana pasada, la Fundación Benedetti, entregó el documento a la jueza Motta. El hecho fue confirmado por la magistrada a Subrayado esta mañana.

Tanto la jueza Motta como la fiscal Ana María Tellechea habían abierto una investigación que llevó al procesamiento de Bordaberry por atentado a la Constitución y a su vinculación a delitos de lesa humanidad en el ejercicio de la presidencia.

Dentro de la megacausa "Organización de los Derechos Humanos" hay militares que están retirados, pero hay otros que se encuentran en actividad. El informe forma parte de un presumario, por lo cual no es posible dar a conocer otros detalles.

Las muertes de los 19 militantes, en su mayoría comunistas o tupamaros, ocurrieron entre 1973 y 1976.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad para los 19 casos el lunes 1° de noviembre. El caso fue anexado por la fiscal Ana María Tellechea a la causa Bordaberry.

LOS CASOS INVESTIGADOS

Gerardo Alter y Walter Arteche murieron el 19 de agosto de 1973 en el Batallón Florida de Infantería N° 1. Ambos eran militantes tupamaros.

En el Batallón de Infantería N° 13 murieron tres militantes. Carlos Argenta falleció allí el 16 de diciembre de 1975.

En ese regimiento murieron Silvina Saldaña el 13 de junio de 1976 y Hugo Pereyra Cunha el 28 de agosto de 1977.

En el batallón de Ingenieros N° 1 fallecieron Iván Morales el 21 de noviembre de 1974 y Julián Basilicio López el 5 de enero de 1976. Este último era afiliado al Partido Comunista del Uruguay (PCU).

En el Batallón de Ingenieros N° 4 murieron Amelia Lavagna el 29 de abril de 1975, Eduardo Mondello Techera el 9 de marzo de 1976.

En el Batallón de Infantería N° 2 ubicado en Camino Maldonado murió el militante comunista Nuble Yic el 15 de marzo de 1976

En el Regimiento de Caballería N° 2 de Durazno Oscar Fernández falleció el 24 de mayo de 1973.

Ese mismo año, el 13 de diciembre de 1973 muere en el Hospital Militar Gilberto Coghlan, luego de ser torturado en el Regimiento de Caballería N° 4.

Aldo Perrini murió el 3 de marzo de 1974 en el Batallón de Infantería N° 4 de Colonia

Carlos Curuchaga (PCU) falleció el 26 de setiembre de 1975 en la Dirección de Inteligencia policial luego de ser torturado.

En el Batallón de infantería N° 8 de Paysandú murió el comunista Ivo Fernández.

El militante tupamaro Pedro Lerena murió el 27 de febrero de 1976 en el Regimiento de Caballería N°9.

En el Batallón de Infantería N° 4 falleció Oscar Olivera, el 27 de febrero de 1976.

En marzo de 1976 murió Nicanor Aldabadle en la División del Ejército N° 4 de Lavalleja.

El último fallecido que integra la causa "Organización de los Derechos Humanos" es Humberto Pascaretta, quien murió el 4 de junio de 1977 en el Hospital Militar.

Fuente: Subrayado HD

Foto: Javier Calvelo

Síntoma de desequilibrio

Profesional acusado de implementar tortura psicológica durante la dictadura presta servicios de salud para varias instituciones del Estado.

Martín Gutiérrez Oyhamburo es señalado por ex presos políticos como uno de los artífices del plan de aplicación de tortura psicológica durante la dictadura, en coordinación con el psicólogo Marcelino Dolcey Brito.‭ ‬La clínica del psiquiatra ganó‭ ‬a fines de‭ ‬2009‭ ‬varios ítems de una licitación para suministrar estudios y procedimientos médicos.‭ ‬Entonces,‭ ‬otros dos oferentes denunciaron que no contaba con la habilitación del Ministerio de Salud Pública‭ (‬MSP‭) ‬exigida en el pliego,‭ ‬sino que estaba en trámite.‭ ‬Actualmente‭ ‬sigue en este estado.

‭“‬La guerra continuaba en el interior del presidio.‭ ‬Día tras día,‭ ‬reglamento tras reglamento,‭ ‬el objetivo perseguido era el de hacerlos sufrir sicológicamente‭”*‬.‭ ‬Gutiérrez no recuerda haber pronunciado esa frase‭ ‬atribuida a él‭ ‬-‭“‬No tengo idea de lo que está diciéndome‭”‬,‭ ‬aseguró a‭ ‬la diaria-,‭ ‬aunque reconoció coincidir en algo:‭ “‬Mire,‭ ‬yo creo que‭ [‬la guerra]‭ ‬todavía continúa‭”‬.‭ ‬El psiquiatra negó las acusaciones sobre apremios formuladas por ex presos y registradas en diferentes ámbitos‭ (‬ver recuadro‭)‬.‭ “‬Por ahí estaban un poco confundidos.‭ ‬Es una historia muy antigua.‭ […] ‬No cometí abuso de ninguna especie.‭ ‬Yo dejo que caminen esas cosas‭”‬,‭ ‬mencionó en referencia al‭ “‬escrache‭” ‬de diciembre frente a su clínica,‭ ‬antes de que le tocara el turno a Brito‭ (‬ver‭ ‬la diaria del‭ 0‬3/12/10‭)‬.‭ ‬Prefirió no hacer más declaraciones.

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Gutiérrez según Julio María

“‬Si el radicalismo de izquierda ha llevado al país a una guerra,‭ ‬el de la derecha procura arrastrar al Ejército al golpe de Estado.‭ ‬El semanario Azul y Blanco,‭ ‬impreso en offset a todo color,‭ ‬destila todos los miércoles una cuota de combustible para mantener encendida la hoguera.‭ ‬Reniega de las instituciones democráticas,‭ ‬acusa de comunista a todo el que exprese alguna reserva sobre la conducción militar,‭ ‬hace la constante apología del falangismo y exhuma antecedentes históricos del militarismo uruguayo del siglo XIX‭ (‬1875-1886‭)‬,‭ ‬ofrecido como fuente de inspiración.‭ ‬El animador de la publicación es el Dr.‭ ‬Martín Gutiérrez,‭ ‬médico psiquiatra del Hospital Militar,‭ ‬y el redactor responsable el Sr.‭ ‬Diego Ferreiro,‭ ‬hijo de un clásico historiador de origen herrerista.‭ ‬Acción lo enfrenta duramente y,‭ ‬bajo el título de‭ '‬La tatucera gorila‭'‬,‭ ‬denuncia su incitación al golpe,‭ ‬su inequívoca filiación nazi-fascista y su permanente actitud de difamación para con los hombres públicos del país,‭ ‬especialmente los batllistas y los blancos wilsonistas‭”.

En La agonía de una democracia: ‬proceso de la caída de las instituciones en el Uruguay‭ (‬1963-1973‭)‬,‭ de Julio María Sanguinetti. Taurus, Montevideo, 2008 (páginas ‬304‭ ‬y‭ ‬305).

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Obtuvo su título de psiquiatra a fines de la década de 1960‭ ‬por competencia notoria,‭ ‬modalidad validada por el MSP.‭ ‬Así lo confirmó su colega Juan Pedro Severino,‭ ‬distinguido‭ ‬por su actividad profesional y gremial en‭ ‬2004‭ ‬por el Sindicato Médico del Uruguay‭ (‬SMU‭)‬,‭ ‬que al momento de la titulación era jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Militar‭ (‬hasta ser sustituido en‭ ‬1975‭)‬.‭ ‬En esas fechas Severino había viajado a Europa,‭ ‬y fue al regreso de ese viaje que supo que el doctor Daniel Murguía,‭ ‬entonces docente de la Facultad de Medicina‭ (‬llegó a ser emérito de la cátedra de Psiquiatría‭)‬,‭ ‬había firmado el título de Gutiérrez. Simpatizante del Partido Nacional,‭ Gutiérrez ‬fue el principal referente de la publicación de derecha Azul y Blanco.‭ “‬La huella más honda me produjo el conocimiento del Dr.‭ ‬Martín Gutiérrez,‭ ‬joven y brillante líder del nacionalismo uruguayo.‭ […] ‬Es inteligencia,‭ ‬entusiasmo y ardorosa energía,‭ ‬hombre que proyecta el nacionalismo hacia el plano mundial‭”**‬.‭ ‬El elogio data de‭ ‬1975‭ ‬y corresponde a Sergio Miranda Carrington,‭ ‬integrante de Avanzada Nacional,‭ ‬partido chileno que respaldó abiertamente la dictadura pinochetista. Se conocieron en Punta del Este a fines de‭ ‬1973,‭ ‬en un encuentro de‭ “‬cinco apretados días para analizar problemas,‭ ‬principalmente uruguayos,‭ ‬pero también comunes para todo el nacionalismo iberoamericano‭” ‬y‭ “‬conocer detalles de la liberación de Chile del marxismo‭”‬.‭ ‬Del cónclave también participó el argentino Carlos Alberto Sacheri,‭ ‬también‭ “‬nacionalista‭”‬.

Proceso licitatorio

La clínica de Gutiérrez,‭ ‬EEG Electrodiagnóstico Médico SRL,‭ ‬provee servicios para las unidades ejecutoras de la Administración de Servicios de Salud del Estado‭ (‬ASSE‭) ‬en Montevideo y en otros departamentos,‭ ‬para Sanidad Policial y de las Fuerzas Armadas,‭ ‬Hospital de Clínicas,‭ ‬Banco de Seguros,‭ ‬Banco de Previsión Social,‭ ‬Banco Hipotecario y Agencia Nacional de Vivienda,‭ ‬desde que se adjudicó la licitación convocada por la Unidad Centralizada de Adquisiciones‭ (‬UCA‭) ‬del Ministerio de Economía y Finanzas bajo el llamado ‭“‬Suministro de estudios y procedimientos médicos‭”‬. En julio de‭ ‬2009,‭ ‬un mes después de la apertura de los pliegos,‭ ‬otros dos oferentes denunciaron formalmente,‭ ‬y por separado,‭ ‬en la UCA, que EEG‭ “‬no presentó la constancia de habilitación vigente expedida por el MSP‭”‬.‭ ‬Este requisito fue añadido al pliego de condiciones en un‭ “‬comunicado urgente‭” ‬luego de haber abierto el llamado.‭ ‬El original ya exigía que cualquier permiso debía estar vigente al momento de la apertura y durante el período de vigencia de la ejecución del contrato. Gutiérrez,‭ ‬en cambio,‭ ‬concursó con la copia de una‭ “‬ficha trámite‭” que descargó de la página en internet del MSP, ‬y un documento que lleva su firma y que aclara que adjuntó una‭ “‬acreditación del MSP de rehabilitación en curso y vigente‭ [‬se renueva cada dos años]‭”‬.‭ “‬Llama la atención la redacción de esta frase,‭ ‬cuya ambigüedad puede haber sido redactada ex profeso para confundir a la administración de la UCA.‭ ¿‬Qué quiere decir‭? ¿‬Desde cuándo se renuevan las habilitaciones cada dos años‭?”‬,‭ ‬cuestionan los oferentes en sus denuncias,‭ ‬las cuales nunca fueron respondidas pese a que las reiteraron en enero de‭ ‬2010‭ ‬cuando la UCA ya había concretado la adjudicación.‭ ‬Las habilitaciones se renuevan cada cinco años.

Adjudicaciones

Cuando se abrieron los pliegos,‭ ‬el tribunal planteó observaciones y advertencias a seis empresas sobre documentos faltantes y les otorgó una prórroga de‭ ‬48‭ ‬horas para que las incluyeran.‭ ‬Ninguna de éstas estaba dirigida a la clínica de Gutiérrez.‭ ‬En la‭ “‬ficha trámite‭” ‬de EEG a la que accedió‭ ‬la diaria figura que la última gestión de EEG para obtener la habilitación‭ ‬data de febrero de‭ ‬2009,‭ ‬cuatro meses antes de la apertura de pliegos. En enero de‭ ‬2011‭ ‬una funcionaria del Departamento de Habilitaciones en Servicios de Salud del MSP informó a‭ ‬la diaria que el proceso de aval para la clínica‭ ‬“está en trámite‭”‬,‭ ‬mientras que por otras vías en este trabajo se pudo confirmar que desde febrero de‭ ‬2009‭ ‬a la fecha la clínica nunca obtuvo la habilitación formal del MSP.‭ “‬No voy a hacer declaraciones públicas de ninguna especie.‭ ‬Sí te puedo decir que Salud Pública hace todo lo que debe hacer‭”‬,‭ ‬señaló a‭ ‬la diaria Gutiérrez‭ ‬-miembro de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría-‭ ‬acerca del proceso que le otorgó la posibilidad de ser contratado por el Estado para aplicar‭ ‬14‭ ‬procedimientos en el área‭ “‬Neurología,‭ ‬neurocirujía y psiquiatría‭” ‬en adultos y niños. Algunos de estos exámenes médicos son dolorosos,‭ ‬como el electromiograma para el que es necesario insertar un electrodo de aguja en los músculos.‭ ‬Otros implican el suministro de estímulos eléctricos -como el electromiograma con protocolo para miastenia o los estudios eléctricos de uno y dos miembros-‭, ‬visuales‭ (‬flashes luminosos‭) ‬y auditivos.‭ El suministro de servicios médicos de l‬a clínica de Gutiérrez tiene vigencia hasta el‭ ‬31‭ ‬de diciembre de‭ ‬2011‭ ‬y,‭ ‬salvo manifestación en contrario de una de las partes,‭ ‬puede renovarse automáticamente cada seis meses hasta la misma fecha de‭ ‬2012.

* Bloche,‭ ‬Maxwell G‭, ‬Uruguay military physicians,‭ ‬AAAS,‭ ‬Washington,‭ ‬1987.‭ ‬Citado en Uruguay Nunca Más,‭ ‬Serpaj,‭ ‬Uruguay,‭ ‬1989‭; ‬y en‭ “‬Ética profesional en tiempos de crisis.‭ ‬Médicos y psicólogos en las dictaduras de América del Sur‭”,‬ de Horacio Riquelme, en Polis,‭ r‬evista de la Universidad Bolivariana,‭ ‬año/vol.‭ ‬3,‭ ‬Nº‭ ‬8,‭ ‬Chile,‭ ‬2004. ** “Carlos Alberto Sacheri‭”,‬ de Sergio Miranda Carrington, en Orden Nuevo,‭ ‬Nº‭ ‬8,‭ ‬Chile,‭ ‬abril de‭ ‬1795; p. 13.

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Punta de madeja

“‬El aparato represivo tenía un aparato sanitario.‭ ‬La vida cotidiana dice que los médicos no estaban solos.‭ ‬Esto es una punta de la madeja.‭ ‬Búsquelo en Vivienda,‭ ‬Agricultura y Pesca...‭ ‬Encontramos a alguien de la salud.‭ ‬No hay ninguna norma legal que les impida participar de una licitación.‭ ‬Está dentro de la impunidad de una ley‭ [‬la de Caducidad‭]‬.‭ É‬se es el gran tema.‭ ‬Sucede con una clínica,‭ ‬un profesional o un ciudadano y está planteado no sólo en el Estado,‭ ‬también en la sociedad en su conjunto.‭ ¿‬Dónde se diluyeron todas esas personas que estaban en el aparato represivo más íntimo‭? ‬No se diluyeron.‭ ‬Conviven.‭ ‬Ahí la sociedad está enferma.‭ ‬Las sociedades no se construyen si no hay un sistema democrático justo o si se impide el juicio honesto‭ ‬-no el castigo-‭ ‬y transparente por el que la sociedad debe sanar‭”‬,‭ ‬analizó el ministro interino de Salud Pública,‭ ‬Jorge Venegas.‭ ‬Sobre la habilitación de la clínica,‭ ‬se limitó a decir que‭ "‬el MSP suele hacer las fiscalizaciones correspondientes‭”‬.

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Testimonios

“‬No me trató,‭ ‬me interrogó.‭ ‬Porque ni bien me vio me empezó a insultar‭”‬,‭ ‬relató Chela Fontoura,‭ ‬quien en Ovillos de la memoria‭ (‬2006‭) ‬narra su experiencia con Gutiérrez‭ ‬durante su estadía en la cárcel de Paso de los Toros, en‭ ‬1974.‭

“‬Un día me llamó para entrevistarme.‭ ‬Dijo que estaba haciendo un estudio del grupo social tupamaro.‭ ‬Le agradecí la amabilidad y le dije que no estaba dispuesta‭ ‬a ser su conejillo de indias en una cárcel al mejor estilo nazi.‭ ‬Creo que hizo el intento de llamar a dos o tres más‭”‬,‭ ‬contó a la diaria María Elia Topolansky.‭

En‭ ‬1982,‭ ‬un duro testimonio ante Amnistía Internacional en Suecia de Irma Leites,‭ ‬detenida en Punta de Rieles,‭ ‬describió la forma en que Gutiérrez trató a Mabel Araújo,‭ ‬quien finalmente se autoeliminó.‭ “‬Su suicidio,‭ ‬el de Norma y el de tantas mujeres más‭ ‬fueron asesinatos bajo ese estado de horror planificado y ejecutado por médicos y militares‭”‬,‭ ‬concluye.

Lourdes Rodríguez

Fuente: La Diaria

“Constituye un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el futuro mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto de la verdad de las denuncias referidas y dejar impunes los hechos que constituyen ilícitos penales. Se considera necesario que todos los órganos del Estado, según sus competencias respectivas, procuren el esclarecimiento de los hechos referidos. Sin perjuicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo para esclarecer los hechos ocurridos en el ámbito de su competencia, será necesario dotar al Poder Judicial de los instrumentos jurídicos y reales que permitan el efectivo cumplimiento de la investigación”.

Este párrafo suena radicalísimo por estos días. Parece escrito por resentidos con ojos en la nuca y sed de venganza. Error: todos los partidos políticos y numerosas organizaciones sociales, empresariales y académicas acordaron este texto en febrero de 1985, cuando finalizaba la dictadura, en el peculiar ámbito denominado Concertación Nacional.

Seis meses después, el entonces presidente Julio Sanguinetti rompía la promesa al enviar al Parlamento un proyecto de ley de urgencia para amnistiar a los criminales del régimen. Bastarían dos años para que la mayoría de los legisladores de los partidos Colorado y Nacional hicieran lo mismo y consagraran la impunidad. Un cuarto de siglo más tarde cuesta recordar que la fuerza política que gobierna, el Frente Amplio, también asumió el compromiso. De todos los partidos fue el que más se esforzó por cumplirlo, pero hasta ahora siempre ha aparecido un dique cuando estaba a punto de llegar a la orilla.

Antes de la aprobación de la Ley de Caducidad hubo varios intentos legislativos para facilitar el procesamiento de las violaciones de los derechos humanos en la dictadura. Juristas de los cuatro partidos representados en el Parlamento consideraron la posibilidad de restringir la acción judicial a los delitos más “graves” y a los oficiales con más responsabilidad en la cadena de mando. Un proyecto del Partido Nacional la habría limitado a las denuncias por homicidio, lesiones gravísimas, violación y desaparición presentadas antes de setiembre de 1986. La lista de acusados se hubiera reducido de casi 200 a unos 40, pues habrían quedado impunes los torturadores que no hubieran causado a su víctima la muerte ni enfermedades incurables, “la pérdida de un sentido”, mutilaciones, “una grave y permanente dificultad de la palabra”, “una deformación permanente en el rostro” o un aborto.

La tortura fue la primera carta que se descartó en las negociaciones para una ley que le hiciera más fácil al Estado cumplir con su obligación de impartir justicia, aunque fuera incompleta. Al final ganó la impunidad absoluta. Desde entonces, permaneció la suposición de que, aun si la Ley de Caducidad quedara sin efecto, convenía resignar las denuncias por tortura para aceitar otras por delitos más “graves”. Hasta que 12 ex presos políticos presentaron una esta semana por lo que padecieron en la base aérea de Boiso Lanza. Lo bien que hicieron. No sólo porque se trata del crimen cometido con más frecuencia en el marco de la dictadura, sino porque fue uno de los pilares que la sostenían.

Buena parte de las desapariciones y asesinatos por los que se encarceló a un puñado de represores son consecuencia de la tortura. En algunos casos porque las víctimas no la resistieron; en otros, porque pretendían “quemar el expediente”: eliminaban al torturado para minimizar la posibilidad de ser juzgados.

¿Por qué torturaban los milicos? Casi todas las explicaciones inscriben esa práctica en la lógica de una “guerra” que no existía. El primero que admitió haberlo ordenado, el hoy fallecido general y ex ministro Hugo Medina, le dijo a Búsqueda en 1991 que procuraban “conseguir información rápido, porque eso era vital” para “salvar la vida de un camarada o de un grupo de camaradas”. Fue “una práctica habitual para obtener información”, escribió en 1996 el hoy prófugo capitán de navío Jorge Tróccoli en su libro La ira del Leviatán.

Minga. No fue por eso. O capaz que sí, pero era la menos importante de las razones. Además de las posibilidades de que los motivara una pulsión a la crueldad, apuntaban a un objetivo fuera de la celda: sembrar el terror en la sociedad para desalentar la disidencia y reafirmar su autoridad ilegítima. También lo hacían para sembrar la desconfianza dentro de las organizaciones a las que combatían, fueran o no armadas. Hasta hoy se celebran homenajes a los que “aguantaron” y rige cierto desprecio contra los que “se quebraron” (o “se vendieron”, incluso). Y torturaban para saber “dónde está la guita” y “dónde están los lingotes”. Hubo método, hubo sistema, hubo crueldad, hubo perversión. Todas las víctimas merecen una reivindicación en la Justicia, y también una sociedad que se siente culpable por hacer molde, paralizada por miedo a un dolor que quería mantener ajeno aunque no lo fuera.

Marcelo Jelen

Fuente: La Diaria

A través de una campaña realizada por Facebook se logró ubicar al psicólogo Dolcey Marcelino Brito Puig, uno de los más temibles planificadores de las torturas en el Penal de Libertad durante la dictadura según lo califican los testigos que por allí pasaron.

Su paradero era desconocido hasta ahora pero una campaña de búsqueda permitió ubicar su domicilio frente al cual se convocó a un escrache para el próximo jueves 2 de diciembre en la calle José Enrique Rodó 2106 apartamento 701.

Brito era docente de la Universidad Católica, dictaba clases en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras y permaneció actuando en el Penal de Libertad más allá de los cambios de mando militares que se produjeron durante todo el período dictatorial.

Nacido en Florida el 23 de octubre de 1930, cuenta actualmente con 80 años de edad.

Los testimonios dan cuenta de un "sádico planificador de la tortura" y "arquitecto del monstruoso programa de experimentación psicológica del Penal de Libertad" donde trabajó desde 1972.

Varios ex-presos políticos denuncian que desarrollaba un programa de experimentación médica y con drogas. Brito fue el cerebro detrás de un esquema científico pensado para "arrasar sistemáticamente sus personalidades", dicen varios testimonios.

Brito fingía ser un "devoto amigo de los presos". Manipuló test psicológicos y entrevistas para "precisar dónde y hasta qué profundidad sangrar la psiquis".

"El juego que Brito jugaba requería constante manejo sobre la salud mental de los prisioneros. Así Brito y otras autoridades sabían cuándo tratar de empujar a un prisionero hacia la depresión, alucinación y otros desórdenes, y cuándo apartarlo del borde del suicidio", relatan los testigos.

Fuente: La República

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PRONTUARIO DE UN CRIMINAL IMPUNE

DOLCEY MARCELINO PEDRO BRITO PUIG - PSICÓLOGO DE LA MUERTE - COLABORADOR DE LA DICTADURA Y ASISTENTE DE LA MISMA.

NACIDO EN FLORIDA EL 23/10/1930

Dolcey Brito es psicólogo de profesión, actuó en el Penal de Libertad, desde 1972. Varios ex-presos políticos denuncian que fue: “Arquitecto del monstruoso programa de experimentación psicológica del Penal de Libertad"

Visitaba frecuentemente la prisión y estaba involucrado en el programa de experimentación médica y con drogas. Brito fue el cerebro detrás de un esquema científico pensado para “arrasar sistemáticamente sus personalidades”

Brito fingía ser un “devoto amigo de los presos”. Manipuló test psicológicos, como Rorscharchs y entrevistas para “precisar dónde y hasta qué profundidad sangrar la psiquis”.

El juego que Brito jugaba requería constante manejo sobre la salud mental de los prisioneros. Así Brito y otras autoridades SABÍAN cuando tratar de empujar a un prisionero hacia la depresión, alucinación y otros desórdenes, y cuando apartarlo del borde del suicidio.

Brito es el que dirige la campaña de "desmantelamiento personal" individuo por individuo, denuncia otro ex prisionero. Brito no crea sistemas, se dedica a cada persona, la estudia, la conoce, y después empieza lentamente a desarmarla.

Se toma su tiempo para hacerlo a fondo. El realmente los desarma y frente a la técnica psicológica no hay forma de esconderse.

Brito fue quien dispuso los mecanismos de funcionamiento del Penal de Libertad que se consideran torturantes en si mismos. Si en el curso de la visita el preso deja trasparentar la menor preocupación o contrariedad sobre problemas de su familia, la educación de sus hijos, etc., será convocado en los días siguientes por el psicólogo. Brito se muestra muy simpático, trata al preso de igual a igual, mientras que aquel frente a un militar no puede dirigírsele sino es con los ojos bajos, las manos detrás de la espalda y a tres pasos de distancia. Brito se muestra condescendiente, se preocupa de la alimentación, de la salud del preso: Luego de la entrevista, Brito va a cuidar del preso, y este se encuentra con que, en numerosos casos, lo cambian de celda para ubicarlo con otro preso que tenga problemas psiquiátricos, o ya sea un enfermo mental reconocido. Tendrá que compartir durante meses un espacio de seis metros cuadrados con un enfermo, prácticamente 24 hs sobre 24 (con media de recreo, pero a menudo el detenido es sancionado, no sabiendo que actitud tomar con su compañero de celda, teniendo a cada rato una crisis , una tentativa de suicidio, y testigo, sin poder intervenir, de los malos tratos infligidos por los militares al enfermo).

Brito es el que indica a los psiquiatras que vienen a intervalos regulares a la prisión, que tratamientos deben administrar a los enfermos. "Brito llegaba todos los días vestido de civil, con su portafolio, y sube a su oficina del 5º piso como si los controles no existieran para él, las puertas a distancia a su paso le dan el aire de ser el comandante".

En 1974, el director de reclusión era el Mayor Maciel, del Servicio de Inteligencia del Ejercito. Fue bajo su dirección que el sistema de seguridad y de aislamiento psicológico de los prisioneros fue puesto a punto.




Se podía ver a Brito y Maciel desplazarse juntos casi todos los días, se los vio observando a los presos con binoculares desde lo alto del edificio. En esa época nuestro compañero Mas Mas, tuvo una crisis nerviosa muy grave; Brito ayudó personalmente a los guardianes a dominar a Mas Mas y a inyectarle el medicamento CALMANCIAL; esta crisis fue la consecuencia de un aislamiento continuo durante varios meses. Brito siguió de cerca la atención médica posterior en el Hospital y en "La Isla", construcción aparte donde son aislados los presos castigados. Allí se suicidó José Artigas, un compañero que estaba solo en una celda.

Brito y el Capitán Caubarrere utilizaron la cuerda que José Artigas había hecho para colgarse, para provocar a los otros compañeros que se encontraban en ese momento en las otras celdas.

Brito tiene entrevistas frecuentes con compañeros que estaban en mal estado mental, intenta por ese medio obtener informaciones sobre la vida de los otros presos; propone acuerdos a los compañeros de modo que ellos pasen a colaborar con las autoridades. Entre los muchos casos, hay uno bien conocido por todos los presos es el de...(se omite el nombre), un preso que no pudo resistir más el aislamiento y el terror de la tortura y colabora con las autoridades, confesando después toda la historia a sus compañeros.

Brito era una de las personas encargadas del contacto con él para recibir las informaciones y mantenerlo en estado de terror. Uno de los modos mas refinados de desequilibrar a los presos es acusar de homosexualidad a los dos compañeros de una misma celda. Un día le tocó a nuestros compas( se omiten sus nombres), que fueran llevados 3 meses a "La Isla" con una sanción de aislamiento absoluto bajo acusación de homosexualidad. A uno de ellos se le administra Calmancial; Brito personalmente fue a persuadirlos por toda suerte de medios, para que firmen un texto dónde reconocían su "falta".

El pianista argentino Miguel Ángel Estrella, estuvo preso en el Penal de Libertad, entre el 78 y el 80. El 14 de julio del 80 detalla la conducta del psicólogo Dolcey Brito: "Existen hombres que usan su capacidad intelectual para perturbar y hasta enloquecer a otros hombres que no tienen otra defensa que su fuerza moral, hay profesionales como Brito que usan su conocimiento para tratar de que miles de seres humanos, en ese pequeño país que es Uruguay, salgan de las prisiones inhabilitados para reinsertarse normalmente en la sociedad".

Fue consejero en la formulación de reglas durísimas y cambios de rutinas, dirigidas a infligir un sufrimiento mental. "Otro torturador médico aun impune Dr. Martín Gutiérrez, afirmó que la misión de Brito era aconsejar a los oficiales en el diseño del régimen carcelario. Varias fuentes militares habrían revelado que Brito compartía la visión de los militares de que los presos políticos eran "enemigos" en una "guerra que continuaba tras los muros de la prisión "Esta sugestiva leyenda en el cuadro colgado en una de las paredes de su despacho del 5º piso del Penal habla de él . –“Te arrancaré los ojos y me los pondré tú me arrancarás los míos y te los pondrás, así tu me mirarás con mis ojos y yo con los tuyos – León Bischwanger"

Dolcey Brito vive, sigue impune y se desconoce su paradero.

Información tomada del libro "NUNCA MÁS" de SERPAJ

Marys Yic

Impune afirma que:
“La tortura en Guantánamo salvó vidas”.
“La invasión de Irak no fue un error”.
“El mundo está mejor sin Sadam Husein”.

Para Amnistía es una confesión

Amnesty Internacional llamó al gobierno estadounidense a enjuiciar al ex presidente George W. Bush, que en sus memorias publicadas ayer cuenta que ordenó someter a prisioneros interrogados a la “simulación de ahogamiento”, hoy considerada tortura por la CIA. “La confesión del presidente Bush es suficiente para desencadenar la obligación internacional que tiene Estados Unidos de investigar esta confesión y de demandarlo ante la Justicia”, dijo Rob Freer, jerarca de Amnesty Internacional.

En el libro, el ex presidente reconoce haber ordenado someter al submarino al cerebro de los atentados del 9/11, Jaled Cheij Mohammed. Fue “difícil desmoronarlo”, agrega Bush. “Pero cuando lo hizo, nos reveló muchas cosas”. Bush afirma que, según su departamento de Justicia, el “submarino” no era una tortura. Sin embargo, actualmente la CIA considera que el “submarino” es una tortura y haber sometido a él a los prisioneros, “un error”.

Por su parte, el representante estadounidense Jerrold Nadler dijo estar “escandalizado” por las revelaciones de Bush y llamó al secretario de Justicia, Eric Holder, a nombrar un procurador especial para investigar los hechos.

En una entrevista con la cadena de noticias NBC, el ex mandatario justificó sus métodos diciendo: “No hay duda de que el procedimiento era duro, pero expertos médicos aseguraron a la CIA que no producía daños permanentes. Hubiera preferido lograr la información de otra forma”.

Fuente: Página 12

Cuadros: Fernando Botero

La eliminación por parte del congreso español de 2 artículos del Código Civil que permitían a padres y tutores “corregir razonable y moderadamente” a los niños, ha convertido en ilegal el popular bofetón con el que tantos adultos enseñaron a la infancia, especialmente en el pasado, respeto y obediencia.

A partir de ahora, quienes pretendan levantar la mano contra un niño, deberán recordar primero que semejante acción puede conducirlos a la cárcel, no importa el parentesco o los motivos que aleguen en favor de su benemérito delito, porque no hay justificación alguna que ampare la violencia contra la infancia, así se trate de un simple guantazo, un sopapo o una torta.

Pero para los tantos sesudos violentos, letrados de los golpes, que aprendieron su oficio con sus hijos y hoy ven frustrada su carrera, no todo está perdido. No hay que desesperarse.

Antes de renunciar a la virtud del golpe y hacer entrar la letra con moderada y razonable sangre, quienes todavía no acepten semejantes disposiciones o sigan creyendo en los valores terapéuticos de la bofetada aplicada a la infancia, sólo deben esperar a que el niño, sobreviva, se desarrolle, crezca y se convierta en joven, y si además es vasco, tanto mejor, porque entonces podrán mantenerlo desnudo e incomunicado durante cinco días, propinarle toda clase de puñetazos y patadas, o simular su asesinato de un tiro en la cabeza, aplicarle la “bañera” y provocar su asfixia, violarlo introduciéndole un palo por el culo, entre otras aberraciones y torturas.

Si ya no es posible recurrir al hombre del saco para que el niño se coma la sopa, siempre se podrá apelar al hombre de la bolsa para que el joven se trague el cuento, se confiese el lobo o firme ser la bruja perversa y desdentada que envenenó a la princesa.

Si hoy es censurable castigar al niño de rodillas, de cara a la pared, por haber sido niño, siempre tendrán a mano castigar al joven de rodillas, de cara a la pared, por seguir siendo joven.

Si ya no se acepta el cuarto oscuro como destino del niño que no entre en razón y se niegue a crecer, siempre quedará el recurso del cuarto oscuro para el joven que no entre en razón y se niegue a morir.

Y todo ello sin que la justicia se interese en el caso, la ciudadanía se alarme y los medios de comunicación se enteren.

El mismo Estado español que escrupuloso como nadie de las buenas formas y los mejores modos, penaliza la bofetada asignada a la infancia con la cárcel, nada tiene que decir al respecto de la tortura aplicada a personas que no sea negarla hasta su evidencia y justificarla con su impunidad.

Amnistía Internacional, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros muchos organismos nacionales e internacionales han venido y siguen condenando al estado español por tolerar y promover la tortura.

Con harta frecuencia llegan denuncias de nuevos casos de torturas practicadas a personas detenidas bajo la acusación de terrorismo que, antes de pasar por un tribunal que dilucide su inocencia o culpabilidad, podrían ser bomberos, pasan por las salas de urgencia de los hospitales donde curar sus “confesiones”.

Uno creía que la tortura, la más aberrante de todas las violencias, es incompatible con eso que llaman estado de derecho; que la tortura, el más infame método de terror, es inconciliable con eso que llaman democracia, pero ocurre que no, que en el Estado español todo principio moral y jurídico tiene sus excepciones y bien lo saben ellas, porque si existiera la justicia, más allá de la burla de la toga y el birrete; si la ética no fuera un mal respingo, por ende inoportuna y nada lucrativa; si los medios fueran independientes y no cautivos de los intereses de sus dueños; si la verdad no estuviera secuestrada tras un código de barras y fuera la dignidad la única propuesta; si la impunidad no siguiera amparando a quienes no responden a la vergüenza de sus cargos y han sido, además, recompensados con cargos sin vergüenza, si este Estado fuera sólo un remedo de lo que dice ser... no existiría la tortura.

Yo, por si acaso, me declaro culpable. Que ellos pongan los cargos.

Koldo Campos Sagaseta

Fuente: Rebelión

Ilustración: Ben Heine

¿Alguien recuerda las promesas de Obama? ¿Alguien conserva todavía una esperanza? Cada día, cada segundo, el personaje del buena gente se va desmontando, y se desmonta a la manera que conviene al sistema, y a él mismo.

Ahora los titulares anuncian que Obama prohibió la publicación de centenares de fotos que documentan las prácticas de torturas por militares norteamericanos a sus prisioneros. La verdad es que es a él a quien le han prohibido publicarlas, y se lo han prohibido el secretario de Defensa, Robert Gates, el jefe del comando central, general David Petraeus, y los mandos militares en Afganistán e Iraq.

¿El pretexto? Le dicen que publicar esas imágenes sería como verter petróleo sobre los incendios de Iraq y Afganistán. Como si cuatro fotos fueran más convincentes que los miles de torturados, mutilados y asesinados por las tropas yanquis en esos países.

Hoy Obama decide desaparecer las fotos, las evidencias de los hechos. Quizá mañana quiera ir más allá, y decida que lo conveniente es desaparecer a las propias víctimas.

Fuente: La Jiribilla