En la autopsia de los restos del militante comunista Ramón Peré, los forenses determinaron como causa de la muerte "disparo de arma de fuego, de pequeño calibre, probablemente un revólver 22, desde una distancia de 40 ó 50 metros. El proyectil ingresó por la región dorsal(espalda), impactó en la vértebra nº 11 y afectó el corazón. Además, Peré presentaba un fuerte golpe en el cráneo".

El juez Ruben Saravia procesó con prisión al coronel (r) Tranquilino Machado por el asesinato del militante Juan Ramón Peré. El abogado del militar, Miguel Langón, dijo a Montevideo Portal que se utilizó el "derecho penal del enemigo".

En conversación con Montevideo Portal el abogado del militar retirado, Miguel Langón, dijo que no esperaba esta decisión del juez: "Yo esperaba que algún día cambiara este derecho penal del enemigo".

Langón señaló que no se tomó en cuenta que el procesado reconoció en el momento que había sido él quien había disparado, a la vez que actuó bajo órdenes en una situación de enfrentamiento.

El abogado manifestó que el arma con la que Peré actuó se encontró en el lugar: "No es una muerte en un cuartel y se le dio asistencia. Una vez más un procesado sin pruebas. Se argumenta la peligrosidad, yo creo que nunca le vio la cara", agregó Langón que preparará en las próximas horas el documento de apelación del fallo

Machado tenía 24 años cuando ocurrió el hecho y se desempeñaba como alférez en el batallón Florida.

El hecho ocurrió durante la huelga general de 1973, cuando Peré ocupaba la Facultad de Veterinaria. Peré, que falleció tras recibir un disparo por la espalda, fue el primer muerto de la dictadura.

Se encontraba ocupando ese local en el marco, en protesta por el golpe de Estado y estaba repartiendo volantes con un compañero cerca de Facultad cuando detectaron que eran seguidos por dos efectivos vestidos de civil. Uno de los efectivos hizo fuego y una de las balas alcanzó a Peré.

Uno de los elementos centrales de la imputación fue la autopsia de los restos de Peré, en la que los forenses determinaron como causa de la muerte "disparo de arma de fuego, de pequeño calibre, probablemente un revólver 22, desde una distancia de 40 ó 50 metros".

"El proyectil ingresó por la región dorsal (espalda), impactó en la vértebra nº 11 y afectó el corazón. Además, Peré presentaba un fuerte golpe en el cráneo", señaló la autopsia difundida por el diario La República cuando se conoció el pedido del fiscal, en diciembre de 2010.

Fuente: Montevideo Portal

El imputado es Manlio Torcuato Martínez, quien deberá declarar mañana ante el juez Daniel Bejas. La fiscalía sostiene que el ex magistrado participó en los homicidios de cinco personas y en la privación ilegítima de la libertad de otra, a través del incumplimiento de sus deberes de funcionario como forma de garantizar la impunidad de policías y militares.

La Fiscalía Federal n° 1 de Tucumán, en un trabajo conjunto con la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, presentó al Juez Federal Daniel Bejas un pedido para que cite a prestar declaración indagatoria al ex juez federal tucumano Manlio Torcuato Martínez por su participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado.

El pedido se realizó en la segunda parte de la causa conocida como “Romero Niklison”, en cuyo primer tramo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dictó sentencia en el mes de marzo de este año, condenando a Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz (a) “Tuerto” a prisión perpetúa.

Se trata del asesinato de cinco militantes de la organización Montoneros (María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz) en una vivienda de calle Azcuénaga n° 1.816/1.820 de San Miguel de Tucumán el día 20 de mayo de 1976.

Para la Fiscalía existen pruebas suficientes de que el ex magistrado participó en los homicidios de cinco personas y en la privación ilegítima de la libertad de otra, a través del incumplimiento de sus deberes de funcionario como forma de garantizar la impunidad de los policías y militares que cometieron estos hechos materialmente, o que dieron las órdenes para que se cometieran.

De ésta manera, la presencia de Martínez a cargo del juzgado federal nº1 “otorgaba a los responsables del aparato represivo en Tucumán la anuencia de aquél para organizar la actividad del aparato represivo con riesgos jurídicos minimizados” según señala el dictamen fiscal.

Además se lo acusa de haber enviado a un detenido a su cargo a un Centro Clandestino de Detención, entregándolo al entonces encargado del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía provincial, “Tuerto” Albornoz; y luego de haberlo privado de su libertad durante más de un año.

El ex juez Manlio Martínez deberá presentarse ante el juzgado federal de Tucumán, el próximo miércoles 8 de junio, a fin de prestar declaración indagatoria por los hechos que se le imputan.


Un juez de la dictadura


“Manlio Torcuato Martínez fue nombrado como juez federal de Tucumán entre 1974 y 1975, en reemplazo del Dr. Jesús Santos. Según el entonces general Acdel E. Vilas, a cargo del “Operativo Independencia” en su primera etapa, este nombramiento obedeció a un pedido suyo, pues para él el accionar excesivamente “legal” del juez anterior entorpecía las tareas represivas de las FFAA a su cargo. Señala Vilas que en aquel momento pidió “la remoción de la Cámara de Apelaciones, del juez federal (…) y del fiscal, tratando que los nuevos nombramientos recayesen sobre personas de inequívoca ortodoxia”. Una de esas personas era Martínez” según afirma un comunicado oficial de la fiscalía.

“Desde 1975 hasta 1983 Martínez dio muestras que cumpliría con la promesa realizada a Vilas. Sólo entre 1975 y 1976 fueron presentadas más de 350 acciones de habeas corpus ante su juzgado a fin de dar con el paradero de personas secuestradas y/o desaparecidas: todas fueron rechazadas o archivadas. Las denuncias de torturas y violaciones por personas secuestradas “legalizadas” eran sistemáticamente pasadas por alto por el ex juez, quien aceptaba como prueba incriminatoria confesiones arrancadas bajo tortura. Pese a la innumerable cantidad de denuncias que tenía en su despacho (incluidos cientos de casos de hallazgos de cadáveres, violaciones de domicilio y secuestros) nunca inició investigación alguna para buscar a sus responsables. Existen además registros de su presencia en los Centros Clandestinos de Detención más importantes de la provincia, como la Jefatura de Policía, la cárcel de Villa Urquiza, lo que se llamaba “Puesto de Comando Táctico” del Operativo Independencia, la “Escuelita de Famaillá” y la Delegación local de la Policía Federal Argentina, donde el ex magistrado decidió no percibir que existían cientos de personas secuestradas y torturadas” concluye el comunicado.


La causa por la que es imputado.

Pese a que Martínez habría estado presente ese mismo día en el lugar del hecho de la calle Azcuénaga (20/05/1976) y a que las escasas pruebas reunidas por la policía indicaban que se había tratado no de un enfrentamiento sino de un “fusilamiento masivo” (todas las víctimas presentaban múltiples heridas de bala en el cráneo), el ex juez decidió no investigar a los autores de estos hechos y, en cambio, hacer suya la versión oficial brindada por el IIIer Cuerpo de Ejército. En su declaración indagatoria Bussi señaló en estos hechos “la participación directa y personal del ex Juez Manlio Martínez cuya información al suscripto fue similar a la del Jefe Militar que intervino directamente”. Lo insostenible de la falta de investigación quedó demostrado con la minuciosa reconstrucción de los hechos realizada casi 30 años después por el Tribunal Oral de Tucumán, que sirvió de base para condenar a Menéndez y Albornoz.

Pese a cerrar la investigación respecto del personal militar y policial ejecutor de la masacre, Manlio Martínez entendió que sí había mérito suficiente para investigar al propietario del inmueble donde ocurrieron los homicidios, Miguel Armando Romano, a quien privó ilegítimamente de la libertad durante más de un año acusándolo de pertenecer a una asociación ilícita, pese a que su única acción fue firmar un contrato de alquiler con una persona a la que no conocía (quien actuaba además con nombre falso) y a que tenía un severo trastorno mental. Decidió que Romano debía ser detenido e incomunicado en el CCD que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán para luego, al agravarse su enfermedad mental al no proveerle la medicación que necesitaba como parte de su tratamiento, ordenar su internación en una institución psiquiátrica.

Será el próximo 8 de junio, la primera vez que el ex magistrado sea indagado por su participación en los delitos de violación de domicilio, homicidio doblemente agravado, privación ilegítima de la libertad con tormentos y/o vejaciones, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de su deber de promover la persecución penal por los hechos que se han descripto, todo ello en su carácter de juez federal y como miembro de una asociación ilícita.

Fuente: Diario 24

Richard Tesore, director de la ONG Rescate Fauna Marina dijo a Montevideo Portal que le preocupa la falta de previsión ante problemas ambientales como el que causó la muerte de cientos de pingüinos en las costas de Maldonado. Para Tesore, los uruguayos creen que éstos fenómenos "no pasan en Uruguay".

El sábado pasado vecinos de Maldonado advirtieron la aparición de bolsas de un potente insecticida sobre la costa, a la altura de la parada 40 de La Mansa. Según informa FM Gente, las bolsas correspondían a un insecticida marca Fortex, considerado de alta toxicidad.

Richard Tesore, director de la ONG S.O.S. Rescate Fauna Marina, dijo a Montevideo Portal que las autoridades no están debidamente preparadas para afrontar problemas ambientales como este.

"El sábado, cuando apareció la sustancia tóxica, Prefectura no quiso recoger los sachets y mandó a Bomberos" relató Tesore, agregando que los Bomberos levantaron la sustancia aunque quedaron algunas bolsas.




Sin embargo, para el director de la ONG lo más grave fue la actitud de la Intendencia de Maldonado, que "mandó a una cuadrilla a llevarse los animales muertos, pero fueron sin ningún equipamiento, con botas y guantes de cuero, que absorben la sustancia".

Para Tesore, los uruguayos siguen creyendo que los fenómenos de contaminación ambiental "no pasan en Uruguay" y por eso "los protocolos existen pero no se cumplen".

El ambientalista indicó que, más allá de la relación entre la aparición de las bolsas de herbicida y la muerte de los animales, la presencia de productos tóxicos en el agua "es un hecho grave". Tesore se mostró preocupado porque sigue habiendo residuos tóxicos en las costas, y "cualquier niño podría tocarlas, por ejemplo".

Las autoridades sanitarias del departamento fernandino intentan ahora determinar si efectivamente el herbicida fue el causante del fenómeno. Según informó Subrayado, la sustancia conocida con el nombre Fortex es un fuerte insecticida utilizado por los barcos graneleros, para matar a los insectos que aparecen en los granos transportados.

Fuente: Montevideo Portal

Piden perpetua para 15 de los 18 imputados

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió condena a prisión perpetua para 15 de los 18 imputados por los crímenes en la Escuela Mecánica de la Armada: Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Juan Carlos Fotea, Julio César Coronel, Manuel García Tallada, Pablo García Velasco, Alberto González, Oscar Montes, Antonio Pernías, Jorge Carlos Radice, Juan Carlos Rolón, Néstor Savio, Raúl Enrique Scheller y Ernesto Frimón Weber. Solicitaron, en cambio, 25 años de prisión para el ayudante mayor de la Prefectura Juan Antonio Azic, Adolfo Miguel Donda y el médico Carlos Antonio Capdevilla.

El alegato –que demostró la responsabilidad de los 18 procesados en crímenes de lesa humanidad en la ESMA– incluyó un pedido para que el Tribunal Oral Federal 5 remitiera las declaraciones por violencia de género al juzgado de primera instancia para que se investigaran como delitos autónomos.

El CELS consideró que los abusos y la violencia de género fueron “prácticas sistemáticas” en la ESMA y deben ser considerados delitos de lesa humanidad. Los abogados Carolina Varsky, Gerardo Fernández y Daiana Fusca fundamentaron el pedido en la enumeración de los casos y en fallos como el del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, donde la Justicia condenó a prisión perpetua al ex subjefe de la Base Aérea Gregorio Molina, por homicidio agravado, violaciones reiteradas, privación de la libertad y tormentos agravados.

Fuente: Página 12

El país más poblado del mundo árabe parece haber desaparecido. No del mapa, pero sí de los titulares de los periódicos en los que ahora rara vez tiene presencia. Se comprende: los estruendos de Libia y los asesinatos de Siria lo han quitado del medio. Caído Mubarak, la primavera egipcia adquiere tintes de otoño prematuro. Un vistazo a este adelanto estacional podría proporcionar indicios sobre el destino posible de un movimiento que sacudió al mundo y alimentó esperanzas de democracia en regiones donde sólo se conoce la palabra.

Las decenas de miles, sobre todo jóvenes, que el 2 de febrero se lanzaron a las calles de El Cairo querían algo más que echar al dictador: entre otras cosas, libertad de expresión, de reunión y de opinión. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, al que Mubarak entregó el poder, declaró su apoyo a los reclamos largamente y con sangre expresados, pero la consigna que los manifestantes voceaban en la plaza Tahir, “el pueblo y el ejército unidos”, ha recalado en la base de la Y que separa dos caminos.

Se ha fundado en El Cairo la red de televisión independiente Tahir. Hace unos días, el entrevistado y bloguero Hossam el Hamalawy expresó que “todas las instituciones del país que viven de nuestros impuestos deben de estar abiertas al escrutinio”. Para Mahmoud Saad, el entrevistador, fue demasiado: “No, no, no, no le permitiré que diga esas cosas en esta red”. Al día siguiente, Hamalawy y otros dos periodistas de televisión conocidos por su pensamiento liberal fueron convocados a una sede militar y sometidos a hábiles interrogatorios. Saad, desde luego, no (www.nytimes.com, 31-5-11).

Las autoridades militares están enviando cartas a los medios advirtiéndoles que deben supervisar todo artículo, análisis o discusión sobre las fuerzas armadas antes de publicarlo o difundirlo. Una corte militar sentenció a un bloguero a tres años de prisión por lo que calificó de “ataques persistentes” al Consejo Supremo y presentó cargos contra un candidato presidencial, que tiene el defecto de practicar la franqueza, por calumniar a un general y por insultar a los militares. No pocos periodistas son citados a cuarteles para que revelen el nombre de sus fuentes. Sucede que hay denuncias de manifestantes torturados por elementos de un gobierno provisional que ha prometido mucho. Las promesas, ya se sabe.

La cadena CNN citó el lunes pasado a un general egipcio que admitió que los uniformados practicaron humillantes “exámenes de virginidad” a las mujeres arrestadas en las manifestaciones de marzo. “Las chicas que fueron detenidas no eran como su hija o la mía –adujo el general–. Eran muchachas que habían acampado junto con varones durante las protestas en la plaza Tahir” (www.time.com, 2-6-11). A saber cómo se llevó a cabo ese examen.

Los organismos de derechos humanos señalan que los abusos contra los manifestantes sufridos durante la represión militar de marzo fueron minimizados en la prensa egipcia, aunque se difundieron ampliamente por Internet. The New York Times recoge el testimonio de Rami Essam, apodado “El cantor de la revolución” por las baladas que creó recogiendo las demandas de la gente. Luego de ser apaleado con saña, lo entrevistaron periodistas de la TV local “y todos me advirtieron que no hiciera ‘travesuras’ ni criticara a los militares. Me dijeron que si mencionaba que me habían torturado, la entrevista no salía y que hasta podían clausurar la estación. Mubarak se fue, pero es la misma gente, la misma cosa”.

El mismo régimen también. Los jefes y oficiales de las fuerzas armadas recibieron no pocas prebendas y beneficios económicos de manos de Mubarak. ¿Por qué renunciar a ellos? Como en la época de su antecesor, la junta militar sigue fomentando el sectarismo que divide a la población a fin de debilitar su empuje reformador. A comienzos del 2011, cuando una multitud ocupó diversos edificios gubernamentales, se encontraron documentos secretos que revelan que el propio régimen había organizado los ataques contra la comunidad cristiana del país. Los extremistas islámicos salafistas repitieron la práctica, pero ya no sólo contra los cristianos: también agredieron a musulmanes chiítas. Dirigentes coptos y chiítas han denunciado la entente de la junta militar cairota, Israel y Arabia Saudita (www.globalresearch.ca, 28-5-11).

Este contubernio se las trae. Pretende convertirse en la columna vertebral del dominio estadounidense en Medio Oriente y goza, desde luego, de la jubilosa bendición de Washington. Estaría propiciando la instalación en Egipto de un gobierno presuntamente islamita merced al apoyo de diferentes partidos políticos organizados y financiados por Arabia Saudita y el proyecto contaría, al parecer, con el acuerdo de algunos sectores de la Hermandad Musulmana. Es muy difícil imaginar qué cambios introduciría un sistema de esa índole. En tanto, Mubarak sigue internado en una clínica de Sharm el Sheik, ciudad turística donde posee mansiones y otros bienes de un valor estimado en siete millones de dólares. Una junta médica reciente diagnosticó que el estado de salud del dictador no permite su traslado a la cárcel donde debería esperar que lo procesen. La junta es oficial, los médicos también.

Juan Gelman

Fuente: Página 12

Los familiares de los líderes mapuche condenados por la justicia chilena iniciaron una huelga de hambre en rechazo a la postura de la Corte Suprema de rehusar la anulación del irregular proceso contra los indígenas.

En comunicado circulado en Santiago dijeron cumplirán la medida en las inmediaciones del Hospital de Victoria, en el sur chileno, donde se encuentran internados los sentenciados en críticas condiciones de salud, debido al ayuno que protagonizan desde hace 85 días en demanda de un juicio justo y sin aplicación de la ley antiterrorista.

Recalcaron los familiares de los sindicados como dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco que la huelga de hambre es la única salida que les deja el Gobierno para exigir justicia.

Los manifestantes instalaron un campamento en las afueras del recinto hospitalario, situado en la región de La Araucanía, hacia donde instaron a representantes de las comunidades nativas a trasladarse para demandar la liberación de los cuatro líderes de la etnia.

El máximo tribunal chileno decidió el viernes pasado rebajar las penas de los comuneros, pero no dio su aval al pedido de anulación del llamado juicio de Cañete, en el Bío Bío chileno, contra Héctor Llaitul, José Huenuche, Ramón Llanquileo y Jonathan Hullical.

Al recalificarse el delito de homicidio frustrado por el de lesiones en alusión al supuesto atentado al fiscal Mario Elgueta, en octubre de 2008, las penas quedaron en ocho y 14 años de cárcel, en lugar de la condena de Cañete que contemplaba entre 20 y 25 años en prisión.

Sin embargo, los encausados, las comunidades nativas, los abogados, parlamentarios y partidos de la oposición no aceptaron el veredicto de la Corte porque al validar el juicio legitima el uso de los testigos sin rostro y otras cuestionadas herramientas amparadas por la ley antiterrorista, instrumento aprobado durante la dictadura en Chile.

Para la portavoz mapuche Natividad Llanquileo, la condena es para todo el pueblo mapuche y no será aceptada de ningún modo; por lo que se acudirá a los tribunales internacionales para exigir justicia.

Los cuatro comuneros fueron parte de la huelga de hambre de más de 80 días sostenida por una treintena de indígenas a mediados del 2010, lo que ha influido en el deterioro físico en que se encuentran, alertó el médico que los atiende Juan Carlos Reinao.

Están en una etapa crítica. La etapa de muerte en casos así sobreviene entre los 60 y 90 días, por lo que se puede complicar la situación en cualquier momento, advirtió el especialista.

Fuente: PL

En los últimos días fueron asesinados cinco líderes rurales en el Brasil. En el Pará mataron a Herenilton Pereira dos Santos y a la pareja de ambientalistas María do Espirito Santo da Silva y José Claudio Ribeiro da Silva, del proyecto agroextractor Praialta-Piranheira.

Los tres vivían en el mismo asentamiento rural, en Nova Ipixuna. José Claudio tenía arrancada una oreja, lo que prueba que fue un asesinato por encargo. Es práctica habitual que el encargante exija al pistolero la oreja de la víctima como ‘recibo’ por el pago por el ‘servicio’ prestado.

En Rondonia asesinaron a Adelino Ramos, presidente del Movimiento Campesino Corumbiara. Y en Eldorado dos Carajás mataron a Marcos Gomes da Silva.

El gobierno federal tomó medidas para capturar a los encargantes y a los pistoleros y convocó una reunión ministerial de emergencia para analizar la relación de los crímenes con la reciente aprobación, por la Cámara de Diputados, del nuevo Código Forestal.

La ministra María del Rosario, de los Derechos Humanos, pasó a las autoridades del Pará denuncias de la Federación de Trabajadores de la Agricultura Familiar, que dan cuenta de 17 asesinatos sucedidos en el estado en los últimos años, sin que la policía paraense haya abierto ninguna investigación.

"El Pará es el lugar de mayor actividad de los grupos de exterminio hoy en el Brasil”, declaró la ministra de los Derechos Humanos. "Hay una gran impunidad. Y eso es incompatible con la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos”.

Las cuatro víctimas lideraban luchas contra la deforestación de la Amazonía, causando la ira de madereros y latifundistas. El proyecto Praialta- Piranheira es un modelo de asentamiento sustentable de reforma agraria, adoptado por el Incra en la Amazonía. Su objetivo es asegurar el sustento de familias de pequeños agricultores sin devastar la selva.

Adelino Ramos, en Rondônia, lideraba el proyecto de asentamiento agroforestal. Los dos proyectos, según el Ministerio del Medio Ambiente, son obstáculos para la deforestación (que transforma la selva en pasto) y para la extracción ilegal de madera en la Amazonía.

El nuevo Código Forestal, según fue aprobado por los diputados federales, deberá sufrir modificaciones en el Senado, y sus cláusulas más nocivas serán, con toda seguridad, vetadas por la presidenta Dilma.

Al transferir a los estados y a los municipios el control de la deforestación y al amnistiar el agronegocio de fuertes multas aplicadas a crímenes de degradación ambiental, el nuevo Código da luz verde a la ocupación incontrolada de tierras y agrava las tensiones.

Tal como fue aprobado en la Cámara de los Diputados, el nuevo Código retira la referencia a la ley de crímenes ambientales (Ley 9.605/98). En el art. 130, que exceptúa propiedades de hasta cuatro módulos fiscales de la obligatoriedad de mantener la Reserva Legal en los límites de la ley, permite la deforestación directa de 69.245.404 hectáreas de selvas vírgenes. Sólo en los estados del norte del Brasil, ese dispositivo causaría el despale de hasta 71 millones de hectáreas de selvas vírgenes.

Más que un Código Forestal, el Brasil necesita urgentemente una reforma agraria. Es lamentable que este tema esté ausente de la agenda del Congreso Nacional. Somos una nación de proporciones continentales, con recursos naturales inestimables e inigualables y sin embargo convivimos con la tragedia de cerca de 4 millones de familias expulsadas de sus tierras. ¡El 1 % de los propietarios rurales es dueño del 50 % del territorio brasileño!

La Comisión Pastoral de la Tierra, que acompaña los conflictos agrarios desde 1985, registra que, desde aquel año hasta el 2010, fueron asesinadas 1.580 personas en el campo. De los asesinos, sólo fueron juzgados y condenados 94: 21 encargantes y 73 ejecutores (pistoleros). Y de entre los encargantes solamente uno se encuentra preso, Vitalmiro Bastos de Moura, el Bida, responsable de la muerte de la hermana Dorothy Stang, baleada en el Pará el año 2005.

Actualmente la lista de amenazados incluye 1.855 personas. ¿Personajes de una crónica de las muertes anunciadas? Sí, si el gobierno no pone un basta ya a la nefasta estrategia amazónica de matar para deforestar.

Habrá más muertes por asesinato si la presidenta Dilma no toma precauciones enérgicas para calificar los asentamientos rurales, para impedir la deforestación y castigarla con rigor, así como cobrar las multas aplicadas, federalizar los crímenes contra los derechos humanos y, sobre todo, vetar el Código Forestal aprobado por los diputados federales y promover la reforma agraria.

Frei Betto

Traducción: J.L.Burguet

Fuente: Adital