El voto es a la vez derecho y deber. Yo quiero ejercerlo.... y vos???
Campaña por el voto en el exterior
Esquina por la alegría
"Hoy más que nunca la alegría es un artículo de primera necesidad, tan urgente como el agua o el aire. Pero nadie nos va a regalar ese derecho de todos; .... es preciso pelearlo...."
Eduardo Galeano
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Esquina Bertold Bretch
Primero se llevaron a los comunistas pero a mí no me importó porque yo no era. En seguida se llevaron a unos obreros pero a mí no me importó porque yo tampoco era. Después detuvieron a los sindicalistas pero a mí no me importó porque yo no soy sindicalista. Luego apresaron a unos curas pero como yo no soy religioso tampoco me importó. Ahora me llevan a mí pero ya es tarde.
El portavoz del partido neonazi griego Amanecer Dorado, Ilias Kasidiaris, sigue siendo buscado tras su agresión el jueves a dos candidatas de izquierdas en un programa de televisión emitido en directo.
Para esta tarde han sido convocadas manifestaciones antifascistas en las principales ciudades de Grecia.
El portavoz del partido neonazi griego Amanecer Dorado, Ilias Kasidiaris, sigue siendo buscado tras su agresión el jueves a dos candidatas de izquierdas en un programa de televisión emitido en directo.
Según confirmó hoy la Dirección General de Policía, Kasidiaris aún no ha sido encontrado.
La orden de arresto emitida ayer por la Fiscalía expira esta medianoche, tras lo que Kasidiaris no sería detenido, sino que simplemente debería presentarse ante dicha institución, de acuerdo a la ley griega.
“Estamos buscando en los principales puntos donde esta persona podría encontrarse”, precisó el portavoz de la Policía griega, Thanassis Kokkalakis, al canal público NET.
Ante las acusaciones de que la Policía se comporta de forma más benigna con los miembros de Amanecer Dorado, Kokkalakis respondió que “se están siguiendo los procedimientos estándares como con cualquier otro ciudadano en territorio griego”
“Desde hace 17 o 18 años la Policía griega recluta a su personal a través de un sistema de exámenes nacionales. Absorbe esencialmente el producto de la sociedad. El hecho de que uno prefiera, por cualquier razón, un partido del centro, de la izquierda o de la derecha no afecta a que nuestra organización haga su trabajo de forma correcta”, aseguro.
Amanecer Dorado ha salido en defensa de su portavoz, que es candidato a las elecciones del 17 de junio, justificando que lanzara un vaso de agua a la candidata del izquierdista Syriza, Rena Duru, y que abofeteará a la miembro del Partido Comunista, Liana Kaneli.
“Kaneli fue la primera en atacar físicamente a Kasidiaris golpeándole con un taco de papeles”, aseguró el partido neonazi, que quiere expulsar a todos los inmigrantes ilegales y cerrar con vallas electrificadas las fronteras.
Por ello, y ante lo que aseguran es una guerra sucia que los medios están librando contra el partido, los neonazis han decidido boicotear a la prensa y no conceder más entrevistas ni participar en programas en lo que queda de campaña electoral.
“Amanecer Dorado continuará su lucha por un gran frente nacionalista y contra estos huérfanos de Marx que gobiernan la televisión y utilizan sus juegos de propaganda indecente”, anunció la formación en un comunicado.
La candidata de Syriza, Rena Duru, llamó hoy a los demócratas a mantener la calma pero pidió que los sucesos de ayer no sean considerados como un incidente aislado.
De hecho, Kasidiaris debe comparecer el lunes ante los tribunales por un caso en el que se le acusa de participar en el apaleamiento y robo de un joven universitario en 2007.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han criticado en diversas ocasiones la falta de investigación y la lentitud de la Justicia en casos de ataques ligados a los neonazis.
Otra candidata de Amanecer Dorado, Themis Skordelli, está acusada de estar implicada en la paliza a un inmigrante afgano y su juicio ha sido pospuesto ya en seis ocasiones.
Los ataques a inmigrantes se han multiplicado en los pasados años pero, especialmente en las últimas semanas, se han venido produciendo con carácter diario.
El reportero del “Jerusalem Post” Gil Shefler fue ayer apaleado por un grupo de unos veinte enmascarados cuando trataba de grabar cómo estos atacaban a unos inmigrantes.
Para esta tarde han sido convocadas manifestaciones antifascistas en las principales ciudades de Grecia.
Más de 20 detenidos, cinco de los cuales quedaron a disposición judicial, y ocho policías heridos fue el balance tras los graves enfrentamientos entre agentes y un grupo de ultraderechistas ocurridos en Patras, ciudad en el oeste del país.
Los hechos tuvieron lugar durante la pasada noche cuando unas 350 personas trataron de entrar por la fuerza e incendiar la fábrica abandonada de Peiraiki Patraiki, donde decenas de inmigrantes malviven en condiciones muy precarias.
Las unidades de policía desplegadas en el exterior del inmueble trataron de dispersar a la multitud utilizando para ello gases lacrimógenos y material antidisturbios, pero fueron atacadas con piedras, bengalas y bombas de fabricación casera.
En el comunicado emitido hoy por los responsables policiales, se aseguraba que la mayor parte de los agresores "son miembros de Amanecer Dorado", un partido neofascista que en las elecciones del pasado 6 de mayo consiguió obtener representación en la Asamblea Nacional.
La policía señaló que los enfrentamientos siguieron a una manifestación pacífica de cientos de residentes locales que pedían el desalojo de la nave en desuso, mientras que el grupo xenófobo convocó a sus seguidores por separado para "recuperar Patras" y "tomar la justicia por su mano".
A su vez el diputado local del partido, Mijalis Arvanitis, fue atacado por un grupo de antifascistas cuando salía de los estudios de un canal de televisión al que había concedido una entrevista.
La tensión en la ciudad portuaria se disparó tras el asesinato de un hombre de 30 años el pasado sábado presuntamente a manos de tres inmigrantes afganos, y según algunos informes la pelea comenzó después de que el perro de la víctima atacara a los extranjeros.
La policía detuvo a uno de los sospechosos, quien al parecer habría admitido su participación, pero los otros dos siguen en libertad.
Patras es el principal destino de los inmigrantes que tratan de llegar clandestinamente a Italia, escondidos en transbordadores, una vez que la crisis convirtió a Grecia en una enorme cárcel para los trabajadores extranjeros, pues no hay trabajo, pero tampoco pueden abandonarla al carecer de documentación en regla.
En discurso en El Paso, justo en la frontera con México, el mandatario de EU calificó el cambio en la materia como un “imperativo económico” para el país y consideró que sólo puede ser conducido por los ciudadanos.
El presidente estadounidense, Barack Obama, apeló este martes a la presión popular para lograr que el Congreso acepte examinar una reforma migratoria integral, durante un discurso en la fronteriza ciudad de El Paso.
"Este cambio tiene que ser conducido por ustedes, para ayudarnos a lograr una reforma integral" pidió Obama en un discurso ante centenares de personas.
"Les pido que añadan sus voces a este debate. Necesitamos que Washington sepa que hay un movimiento en favor de la reforma que gana fuerza de costa a costa. Así lo lograremos", dijo.
En su segundo discurso dedicado específicamente al tema de la reforma migratoria desde que asumió el poder, el mandatario aseguró que sigue apoyando el proyecto conocido como Dream Act, que daría una posibilidad de legalización a estudiantes que llegaron indocumentados al país.
Ese proyecto fracasó en el Senado en diciembre pasado, ante la oposición de republicanos y algunos demócratas.
Pero Obama no reveló ninguna estrategia específica para intentar avanzar el debate migratorio. El mandatario ha recibido a líderes de la comunidad hispana en la Casa Blanca, y su gobierno prevé a corto plazo reuniones públicas protagonizadas por miembros del gabinete en todo el país.
“Les pido que añadan sus voces a este debate. Necesitamos que Washington sepa que hay un movimiento en favor de la reforma que gana fuerza de costa a costa. Así lo lograremos”, dijo.
El 68% de los hispanos se considera satisfecho por el desempeño en general de Obama, según un sondeo divulgado esta semana por CNN.
Pero casi el mismo porcentaje de estadounidenses (63%) considera que es más importante controlar la frontera sur que una reforma que implique abrir las puertas a la legalización a cerca de 10.8 millones de indocumentados, según un reciente sondeo de Rasmussen.
Obama recordó que la frontera nunca ha estado más vigilada en la historia, con 20 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, mil 200 soldados de la Guardia Nacional y aviones no tripulados de vigilancia.
Ese operativo sin precedentes, además de polémicas redadas de trabajadores indocumentados en empresas en todo el país, han llevado a un número récord de deportaciones, más de 800 mil en los últimos dos años.
Los intentos de cruce de inmigrantes ilegales han disminuido en un tercio en ese mismo periodo, y los decomisos de droga han aumentado, dijo Obama.
Los republicanos “¿tal vez dirán que necesitamos un foso? ¿Con caimanes?” en la frontera con México, bromeó el mandatario.
Una reforma económica es además “un imperativo económico”, explicó.
Los opositores a la reforma “nunca estarán satisfechos. Y lo comprendo. Así es la política”, añadió el mandatario, para quien ahora es necesaria una movilización de los afectados.
“El presidente está fuera de lugar al hablar de la reforma integral. Ya hemos vivido esto antes”, replicó en Washington el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Eric Cantor.
Un intento parcial de legalización que beneficiaría a miles de estudiantes indocumentados fue derrotado cuando los demócratas tenían la mayoría en ambas cámaras del Congreso, en diciembre pasado.
“La realidad es que si uno mira hacia los republicanos en la Cámara de Representantes, no veo cómo obtener una reforma integral”, reconoció el senador demócrata hispano Robert Menéndez, quien promovió una iniciativa el año pasado.
Obama se ha reunido con líderes y estrellas de la comunidad hispana en las últimas semanas para pedirles su colaboración.
Pero algunos de esos líderes le reprocharon al presidente el aumento de deportaciones.
Obama quiere aumentar en todo el país el número de reuniones públicas sobre la reforma migratoria con altos cargos de su gobierno, un estilo de movilización que recuerda su campaña electoral victoriosa de 2008.
Sin embargo, en el ámbito estatal la situación aparece complicada. Arizona aprobó hace menos de un año una dura ley contra la inmigración ilegal que está siendo contestada por el gobierno federal ante los tribunales, pero el ejemplo cundió y otros estados están debatiendo medidas similares.
La OTAN deja morir de hambre y sed en una embarcación a 61 inmigrantes procedentes de Libia
La embarcación con 72 personas a bordo, incluyendo varias mujeres, niños y refugiados políticos, abandonó Tripolí, capital libia, con destino a la isla italiana de Lampedusa el pasado marzo.
Docenas de inmigrantes africanos han muerto en el mar Mediterráneo después que militares europeos y unidades de la OTAN ignorasen aparentemente sus peticiones de ayuda, según publica el diario británico The Guardian.
La embarcación con 72 personas a bordo, incluyendo varias mujeres, niños y refugiados políticos, abandonó Tripolí, capital libia, con destino a la isla italiana de Lampedusa el pasado marzo. A pesar de las señales de alarma de los integrantes de la embarcación, que entablaron contacto con unidades militares y un helicóptero de la OTAN, nadie se esforzó en rescatarles.
Todos los inmigrantes menos 11 murieron de sed y hambre después de que su embarcación quedó a la deriva en el mar durante 16 días.
“Cada mañana nos levantamos y encontrábamos más cuerpos, los cuales tirábamos al mar”, relata a The Guardian Abu Kurke, uno de los nueve supervivientes. La barcaza salió de Trípoli el pasado 25 de marzo cargada con 47 etíopes, siete nigerianos, siete eritreos, seis ghaneses y cinco sudaneses. Se quedó sin combustible cerca de Lampedusa y sin alimentos ni agua.
Los barcos que debieron acudir en su ayuda los ignoraron e incluso un helicóptero de la OTAN, que según la investigación del periódico británico correspondía al Ejército francés, no atendió a su rescate. Después de días a la deriva en el mar, la embarcación acabó llegando el 10 de abril a una ciudad costera cerca de Misrata.
La ley internacional marítima obliga a todos los buques, incluyendo los militares, a dar respuesta a la angustia y llamadas de ayuda de embarcaciones cercanas que lo soliciten. Organizaciones de derechos humanos han reclamado una investigación por las muertes, mientras que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha pedido una estricta cooperación entre navíos militares y comerciales en el Mediterráneo en un esfuerzo para salvar vidas.
En la última semana, el aumento del flujo de inmigrantes que trataron de alcanzar las costas italianas se ha convertido en tragedia, con el naufragio el sábado de un barco con 600 personas a bordo cerca de Trípoli. Ayer, se vivieron momentos dramáticos al caer al agua los 500 inmigrantes que llegaban a Lampedusa en otra embarcación, entre ellos numerosos mujeres y niños, aunque finalmente han sido rescatados.
La barcaza llegó al puerto de la isla italiana hacia las cuatro de la madrugada, guiada por tres miembros de la Guardia de Finanzas que habían subido a bordo. Pero la rotura del timón provocó que encallase en las rocas a una decena de metros de la orilla, con riesgo de vuelco debido al oleaje. Los inmigrantes cayeron al agua o lanzaron por miedo, aunque no sabían nadar. Una cadena humana, formada por miembros de las fuerzas de seguridad, voluntarios de organizaciones humanitarias ciudadanos e incluso periodistas se organizaron para salvarlos, según el diario Il Corriere Della Sera.
Desde que se iniciaron las revueltas en los países árabes, 660.000 personas han huido de Libia por las fronteras de Egipto y Túnez, según los datos de ACNUR. A Italia han llegado por mar casi 10.000, si se suman los 2.000 de este fin de semana. Tras frenarse la salida de barcos desde Túnez, es ahora Libia la que ha abierto la mano.
El gobierno conservador de Reino Unido prevé hoy una drástica reducción de los trabajadores inmigrantes y de visas a estudiantes procedentes de países fuera de la Unión Europea, pese a las críticas a la nueva política migratoria.
Se espera que la ministra de Interior, Theresa May, confirme una cifra oscilante entre un 13 y 25 por ciento menos de los registros de 2009 en cuanto a migrantes extra comunitarios, equivalente a un corte de 37 mil a 43 mil personas.
El plan apuntalado por el primer ministro, David Cameron, apunta a la meta de reducir la migración a más de la mitad, lo cual incluye además un recorte a los programas de becas para estudiantes extranjeros, con lo que se suma a políticas similares de otros gobiernos europeos.
Al menos se excluirán unos 22 mil de los 50 mil inmigrantes que arribaron el pasado año a Reino Unido y fueron empleados en empresas multinacionales, señala el periódico The Guardian.
El ministro de Negocios, Vince Cable, asoció la severa reducción de las cuotas de migrantes con los planes de disminución de ingresos y las prestaciones sociales, medidas que componen el programa de austeridad fiscal, tachado de impopular por trabajadores y estudiantes británicos.
Los permisos para estudios de postgrados y doctorados podrían recortarse hasta 60 por ciento y las visas familiares en el rango de 20 por ciento.
En su primer discurso ante la Cámara de los Comunes a inicios de noviembre, May admitió la intención del gobierno de endurecer la política migratoria con criterios más severos de selectividad en el visado y en la cuota de permisos anuales.
Asesores del ejecutivo alientan, por otra parte, la tesis sobre la pertinencia de dar prioridad a los trabajadores altamente calificados y a científicos, para aplacar las preocupaciones de las universidades que temen a una recaída de las investigaciones en el país por los recorte de gastos públicos en la educación superior.
El ahora opositor Partido Laborista deploró la nueva política migratoria por el impacto que tendrá en los negocios y en la investigación científica, en un momento crítico para la economía británica, afirman. La opinión es compartida también por representantes de la Cámara de Comercio.
Londres puso en marcha en julio pasado la implementación de un tope migratorio de hasta un 20 por ciento de permisos a extranjeros, bajo la mira de ejecutar el plan en 2011.
Con un límite máximo de visados cerca de 120 mil personas al año podrían perder su actual derecho a establecerse en Reino Unido y convertirse en ciudadanos británicos, advierten medios informativos.
El organismo de la Unión Europea (UE) responsable de la gestión de las fronteras exteriores, Frontex, se mostró interesado en probar el uso de aviones no tripulados y sistemas terrestres fijos para controlar la llegada de personas sin documentos en regla.
"En materia de control fronterizo se puede recurrir a un amplio espectro de medios como cámaras diurnas y de infrarrojos, radares y sensores fijos terrestres, sistemas móviles, aparatos tripulados y satélites", reza un comunicado aparecido en el sitio de Internet de Frontex (Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión).
"Pero es claro que los vehículos aéreos no tripulados (VAT) pueden desempeñar un papel específico en el mejoramiento del control fronterizo, pese a ciertas dificultades técnicas, entre otras", añade.
Frontex se dedicó este año a estudiar de manera exhaustiva la posibilidad de utilizar los VAT, declaró el portavoz de la agencia, Michal Parzyszek, quien se negó a proporcionar detalles adicionales.
Además, el desarrollo del Sistema de Vigilancia Europea (Eurosur) integrado, en el que Frontex tiene una influencia importante, atrajo a varios fabricantes de dispositivos de seguridad como VAT, entre otros.
El Foro Europeo de Innovación e Investigación en Seguridad (Esrif, por sus siglas en inglés), que funcionó entre 2007 y 2009, reunió a personalidades y organizaciones, al sector privado y a instituciones europeas. Frontex fue un actor clave en esa instancia.
La agencia creada en 2004, pero que comenzó a funcionar al año siguiente, es el organismo de la Unión Europea dedicado a frenar la inmigración no deseada. Frontex coordina las patrullas marítimas, los vuelos de reconocimiento, las operaciones navales y terrestres y reúne a especialistas para identificar el país de origen de las personas detenidas.
El Foro fue más que un lugar de reunión para intercambiar opiniones sobre cuestiones de seguridad, dijo a IPS Frank Slijper, de la Campaña Tegen Wapenhandel, iniciativa contra las armas.
"Esrif fue el lugar donde proveedores y compradores se reunieron en un contexto formal", explicó. "Fue una situación beneficiosa para todas las partes. Ese tipo de iniciativas permiten integrar la dimensión militar en un momento posterior", añadió.
Es importante reparar en "la cantidad de empresas de armamento en Esrif que, tras los atentados del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington, crearon divisiones especiales de seguridad porque se convirtió en un mercado creciente", añadió Slijper.
Frontex encabezó el tercer grupo de trabajo del Foro, que reunió a 80 personas, 20 de la parte interesada, gobierno y agencias estatales, y 60 de proveedores industriales, señaló Ben Hages, investigador del Transnational Institute.
Desde hace dos años, Frontex participa de forma regular en foros a favor de un fuerte control fronterizo en Europa, junto a organizaciones que defienden intereses corporativos.
Entre ellos, los de la asociación Aerospace and Defence, que promueve la industria aeronáutica como prioridad estratégica de la región y la Security Defence Agenda (SDA), grupo de estudio con sede en Bruselas.
La Security Defence Agenda ofrece una plataforma de encuentro entre instituciones de la UE y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte con funcionarios y representantes de la industria de medios internacionales y especializados, académicos y organizaciones no gubernamentales.
Una nueva disposición, que dará a la agencia la posibilidad de adquirir equipos de forma directa, modificará su estatus de participante a cliente. La norma, a la que pudo acceder IPS, confirma la voluntad de militarizar la vigilancia fronteriza y controlar la migración.
Frontex puede recoger y procesar datos personales de sospechosos de participar en actividades ilegales en la frontera, adquirir equipos de vigilancia, integrar los distintos planes de capacitación de guardias y crear y operar un sistema de intercambio de información clasificada.
La norma prevé un "papel mayor para la investigación y el desarrollo a fin de controlar y vigilar las fronteras exteriores", lo que convertirá a la agencia en un actor clave entre las instituciones europeas y de la naciente industria de seguridad interna.
¡Qué extraña y triste mueca la de esa Europa sin memoria, la de ese común conglomerado de poses y apetitos, hoy empeñada en desandar su historia, en negarse hasta la náusea en aquella virtud en la que, si aún fuera generosa, debería asentar su razón y su respeto, cuando los horizontes se echaban a la espalda y la punta de la bota era el camino!
¡Que amargo y vano olvido el de esa Europa que, así fuera el hambre que empujara la mano o la ambición que sostuviera el puño, rompió amarras un día y puso rumbo al sur, siguió el curso del sol hasta encontrarse de nuevo con la noche mientras fundaba el este y el oeste, y ya hastiada de andar, señora a veces, casi siempre golfa, ha terminado anclando espantos y miserias en el mismo corazón de su virtud!
¡Qué sórdida palabra que no dice, que abrazo que no une, que beso que no besa!
Bien temprano hubo ingleses surcando las aguas del Caribe, en un trasiego armado de alborotos, acarreando esclavos y devengando haciendas, honrando piratas como corsarios devenidos en sires, desde el lago Ontario hasta la Patagonia, a lomos de elefantes en la India, de la mano del opio en el mar de la China, en las antiguas Egipto y Palestina, en los llanos de Australia, en el Africa austral, en la vecina Irlanda.
Eran franceses los que entraron en Quebec, pisaron Martinica, durmieron en Haití y despertaron en Guyana, los que hablaron francés en Mauritania y fumaron hachís en Marrakech, los mismos que llegaron a Argelia y acamparon en Chad, Costa de Marfil, Túnez, Senegal, Madagascar… y volvieron a amar en Indochina y a quienes todavía maldicen en Vietnam. Ni siquiera para defenderse les bastó la Polinesia, y aún se empeñan en seguir viendo franceses cuando miran a un corso, a un vasco o a un bretón.
Y fueron españoles los que hicieron Primada a La Española, ascendieron al Cuzco, cuando América valía un Potosí, bajaron a Santiago, nominaron Caracas, La Habana, Buenos Aires, recorrieron Centroamérica y Colombia, a vueltas por las dunas del Sahara, de Nápoles a Flandes, hasta las Filipinas, en un imperio en el que no se ponía el sol, e insisten en contar como españoles a gallegos, catalanes y vascos.
Y también portugueses deambulando el negro meridiano, de gira por Angola, de Madagascar a Mozambique, de Mindanao a Singapur, de Sao Paulo al Amazonas. Y holandeses a bordo de reales empresas surcando ajenos mares desde las Antillas hasta Sudáfrica, pasando por Formosa, Malasia o Indonesia. Y belgas que hicieron belga al Congo. Alemanes en Ruanda, Namibia, Tanzania, Camerún, Burundi, Togo…Italianos en Libia, Somalia, Eritrea… Y rusos, suecos, europeos…
Hasta que no quedó una sola costura en el mundo que no padeciera el despojo europeo, nada en ese bautizado “tercer mundo” que conservara su propia identidad; hasta que, como escribiera Neruda, “los garrotazos fueron argumentos tan poderosos que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos”. Porque Europa tenía que trazar nuevas rutas comerciales para sus productos y expandir sus mercados y multiplicar sus beneficios; porque Europa tenía que “hacer las Américas” e imponer sus lenguas y culturas, y convertir sus expolios en moneda de cambio, y trazar nuevas fronteras y saquear viejos recursos, no importa el exterminio, la segregación, la esclavitud, la miseria que todavía perdura y reclama justicia.
Pero esa Europa que nunca supo de puntos y de comas, que ha marcado su acento en todos los idiomas, la pertinaz viajera, la que avistó los polos y coronó todas las cumbres, la misma que anda a vueltas, también, por el espacio…esa Europa, hoy no recibe, hoy no quiere que nadie la perturbe y reitera la vieja cantaleta: más muros, más candados, más rejas. Hoy Europa no quiere emigrantes.
De todo se puede hacer plata en EE.UU., hasta de los inmigrantes a punto de ser deportados. Varias empresas privadas administran prisiones por las que alrededor de un millón de sin papeles han pasado en espera de su expulsión y en condiciones de pesadilla: mujeres y niños violados por los guardianes y muertes causadas por falta de atención médica básica. Las más importantes son la Corrections Corporation of America (CCA) y el GEO Group, las financia el gobierno y gozan del pleno apoyo de Wall Street. No es raro entonces que alienten con fuerza la criminalización y el encarcelamiento de centroamericanos, mexicanos y otros que entraron a la potencia del Norte en busca de trabajo.
La T. Don Hutton, una verdadera cárcel con sede en Taylor, Texas, es un caso que grita: en los primeros días de marzo de 2006 se comenzó a encerrar en ella a los padres y los hijos que iban a ser echados y no tardaron los informes y denuncias sobre el maltrato que el personal de la CCA propinaba a los niños. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) documentó los hechos en una querella judicial y se prohibió alojar a familias en T. Don Hutton, sólo podían ingresar mujeres (www.aclu.org, 26/8/07). El remedio fue peor que la enfermedad: se incrementaron los abusos sexuales y violaciones (www.aclu.org, 20/8/10). La Casa Blanca se ocupa de otras cosas, de guerras, por ejemplo.
Los presos deben pagar su atención médica y que puedan es difícil y aun imposible: en el centro de detención del condado texano de Reeves murieron cinco hombres entre agosto de 2008 y marzo de 2009 –dos suicidios incluidos– por inatención a su salud. El 12 de diciembre de 2008 falleció encerrado en solitario Jesús Manuel Galindo, aquejado de epilepsia, y los guardianes retiraron su cuerpo en una bolsa. Esto desató a mediodía un motín de proporciones: el 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, un hondureño y un mexicano recluidos en un calabozo quemaron un colchón y los demás cautivos obligaron a sus vigilantes a liberarlos (http://www.texasobserver.org/, 7/10/09). Acudieron Rangers, agentes del FBI, policías y efectivos del Departamento de Seguridad Pública, pero no pudieron sofocar la protesta.
Comenzaron las negociaciones y los intermediarios descubrieron, para su sorpresa, que no se trataba de un enfrentamiento gangsteril, una cuestión racial o un estallido espontáneo de violencia: los presos tenían sus demandas por las pésimas condiciones en que los sume el GEO Group. Exigieron una reunión con miembros del Consulado mexicano, el FBI y los guardianes para exponer sus reivindicaciones. Por la tarde, una delegación de siete detenidos –un venezolano, un nigeriano, un cubano y cuatro mexicanos– denunciaron la comida incomible, el abuso del solitario para castigar a quienes pedían tratamiento médico y, sobre todo y ante todo, una completa falta de atención en la materia. Las autoridades prometieron soluciones y el motín terminó al día siguiente.
Promesas son promesas y menos de dos meses después, el 31 de enero del 2009 los presos tomaron nuevamente el control de la cárcel. Esta vez la rebelión duró cinco días y el valor de los daños causados por la represión y la resistencia ascendió a 20 millones de dólares. El GEO Group fue obligado a pagar compensaciones por los maltratos que su personal había infligidos a los internados en Pennsylvania, Texas, Illinois y Nuevo México –hasta 40 millones de dólares por la muerte de un preso en Raymondville–, pero esto poco dañó sus finanzas: acopia 1700 millones anuales.
El sitio Seeking Alpha, que presenta análisis de mercado muy tenidos en cuenta por Wall Street, reveló que los ingresos de la CCA ascendían a 1600 millones de dólares en 19 estados, con un margen de ganancia del 9,4 por ciento (seekingalpha.com, 23/3/10). Y no es casual que en el presupuesto federal ocupe cada año más espacio el rubro de la represión a los inmigrantes. Estas empresas practican un lobby muy eficaz en los departamentos gubernamentales competentes: cada dólar que el GEO Group invirtió en dicha actividad en el período 2005/2009 se convirtió en 662 billetes verdes en los contratos que obtuvo por un valor total de casi mil millones de dólares. Por algo la inversión del gobierno en la materia aumentó un 51 por ciento desde 2006 a la fecha.
La Casa Blanca aplica la legislación aprobada en 1995 con más dureza cada vez. El número de operativos para detener inmigrantes en lugares de trabajo, vecindarios y hasta en paradas del transporte público y estaciones del subte se duplicó en 2007 en relación con el 2006, según las últimas cifras conocidas, y la cantidad de los encarcelados pasó de unos 250.000 a más de 310.000 en ese lapso. En tanto, los cerebros de Wall Street aconsejan a sus clientes comprar acciones de la CCA y el GEO Group. Perseguir, detener y deportar inmigrantes es un buen negocio en EE.UU.
La cláusula preveía la naturalización de más de un millón de personas menores de 35 años sin papeles, hijos de inmigrantes que lograron ingresar al sistema educativo estadounidense.
La oposición republicana logró bloquear el tratamiento en el Senado de una enmienda que, de haber sido aprobada, abría la puerta a la regularización de la situación de miles de jóvenes estudiantes indocumentados, y dejó prácticamente muerta la posibilidad de una reforma migratoria como la que prometió el presidente, Barack Obama.
Senadores demócratas habían introducido la cláusula en el paquete de la ley de presupuesto de defensa, junto a otra que postulaba el levantamiento de la medida que impide a los homosexuales integrarse a las fuerzas armadas si dan a conocer su orientación sexual, según una nota de Ansa.
Ambas enmiendas quedaron enterradas por el bloqueo de los republicanos en una votación de procedimiento que terminó 56-43, dejando a los demócratas a 4 votos de la mayoría de 60 necesaria.
La cláusula en favor de los estudiantes, conocida como Dream Act, preveía la naturalización de alrededor de un millón de personas menores de 35 años sin papeles. Se trata de los hijos de inmigrantes que, de alguna manera, lograron ingresar al sistema educativo estadounidense.
Sin embargo, los amplios llamados al Congreso para que apruebe la medida -que, según expertos, tenía amplios beneficios humanitarios y económicos- no sirvió para vencer la resistencia de los republicanos, mientras se acercan las elecciones de medio término del 2 de noviembre.
De paso, los republicanos lograron congelar el tratamiento de cualquier reforma migratoria hasta después de esas elecciones, cuando es posible que el Congreso ya no cuente con mayoría demócrata en ambas cámaras.
La Dream Act había sido introducida en la ley de defensa por Harry Reid, el jefe de la bancada demócrata de la cámara alta. Reid, senador por Nevada, depende fuertemente del voto hispano para lograr la reelección en los comicios de noviembre, que se le presenta difícil.
Numerosos analistas interpretaron, en efecto, que la introducción de la Dream Act en esta discusión fue un intento de los demócratas por mantener el apoyo de los votantes latinos, quienes respaldaron masivamente a Obama en las últimas elecciones presidenciales y lo ayudaron a vencer en distritos clave de estados como Florida y Nevada, entre otros.
"Este proyecto de ley amenaza una de las tradiciones más antiguas de la medicina: los médicos deben proteger a sus pacientes sin importar nacionalidad o raza", dijo un médico de Arizona en una carta publicada el miércoles en el New England Journal of Medicine.
Washington. La polémica nueva ley de Arizona contra la inmigración ilegal podría poner a los médicos en aprietos, dijo un médico de Arizona en una carta publicada el miércoles en el New England Journal of Medicine.
El médico Lucas Restrepo del Instituto Neurológico Barrow en Phoenix dijo que debido a que la ley dice que cualquiera que "albergue" a un inmigrante ilegal puede ser multado, podría afectar al personal médico.
"Este proyecto de ley amenaza una de las tradiciones más antiguas de la medicina: los médicos deben proteger a sus pacientes sin importar nacionalidad o raza. Esta legislación, si no es impugnada, forzará a los proveedores de cuidado médico a elegir entre la dignidad de su profesión y la indignidad de violar la ley", declaró Restrepo.
"El nuevo proyecto de ley de inmigración del estado de Arizona promulgado el 23 de abril obstruirá gravemente, sino socavará, la práctica de la medicina en el estado de Arizona", escribió Restrepo.
"Una interpretación es que los proveedores de cuidado médico en Arizona deberán pedir un pasaporte antes de ver a algunos pacientes", declaró.
La legislación, aprobada por republicanos en la legislatura del estado de Arizona, se convierte en ley el 29 de julio, pero puede ser impugnada.
La ley busca sacar a los inmigrantes ilegales del estado fronterizo, un gran corredor para inmigrantes y traficantes de drogas que atraviesan desde México.
Los opositores dicen que la ley es inconstitucional y llevará a la discriminación étnica de los hispanos, que representan cerca de un tercio de la población de Arizona. Se cree que cerca de 11 millones de personas viven en Estados Unidos ilegalmente.
La gobernadora republicana de Arizona (suroeste), Jan Brewer, anunció este viernes la firma de una polémica ley SB1070, antiinmigrante que criminaliza a indocumentados en esa zona de Estados Unidos, pese a las manifestaciones que tuvieron lugar para rechazarla, además de la fuerte crítica del mismo presidente, Barack Obama.
La medida causa preocupación a miles de familias en el sureste de México, zona fronteriza con Estados Unidos, porque si bien estados como Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo no son los principales expulsores de migrantes, son miles los mexicanos son miles los conciudadanos que se encuentran en esa zona estadounidense.
Además la ley criminaliza a nivel estatal a todo indocumentado y permite a las autoridades policiales locales amplia discreción para detener a toda persona que sospechen es inmigrante sin papeles.
No obstante, antes de que se legalizaran los actos racistas y discriminatorios contra toda la población inmigrante, especialmente hispana, algunos cuerpos policiales ya ejercían funciones de autoridades migratorias, aseguró el profesor e investigador del Colegio de Sonora, Leopoldo Santos Ramírez.
Por su parte, el colaborador de teleSUR en Los Ángeles, Marco Amador, informó que han habido reacciones en contra de la promulgación de la ley.
"Básicamente ha habido reacción mayor de la organizaciones comunitarias políticas que han soportado la reforma migratoria (Â…) ha habido una reacción muy fuerte", indicó.
Señaló que "esta ley crea a Arizona en un estado policíaco, le da poder a las fuerzas de policía para que sean mas agentes de migración", señaló.
Anteriormente autoridades del sureste estadounidense se mostraron hostiles hacia estados como Yucatán (sureste mexicano), al llegar a presentar incluso denuncias en su Senado como la que se llevó en el año 2005 en contra de la Guía del Migrante Yucateco.
Adicionalmente, senadores de Arizona denunciaron a Yucatán por "promover la expulsión de indocumentados hacia esa parte de Estados Unidos", en tanto que la Secretaría de Gobernación, el Instituto para la atención de los Pueblos Indígenas y comunidad maya (Indemaya), así como el gobierno de la entidad protestaron y establecieron mayor distribución de la "Guía para el migrante".
Guía que para la entonces directora del Indemaya, actualmente Pueblos indígenas, Diana Canto Moreno, contiene información legítima, pues trata de cuidar y defender la integridad de las personas en esa condición y de ninguna manera promueve la migración.
Entretanto, el investigador Santos Ramírez señaló, con motivo a la ley antiinmigrante, que se trata de la cereza del pastel, y señaló que en el condado de Maricopa, donde se encuentra la capital de Phoenix, el sheriff, Joe Arpaio mantiene redadas en supermercados y en lugares de trabajos en busca de indocumentados.
Ramírez recordó, que en esta polémica entidad estadounidense, han sido aprobadas otras iniciativas que intentan reducir el flujo migratorio y expulsar a residentes ilegales, pero no han trascendido.
"En 1988 se aprobó una iniciativa denominada Only English que obligaba a los funcionarios de dependencias de servicios públicos a hablar sólo en ingles", señaló.
"Más tarde se votó a favor una ley que impide que se otorgue servicios de educación y salud a migrantes o hijos de migrantes y la más reciente había sido la Ley 200, que castiga a los patrones que den trabajo a los indocumentados", mencionó.
El Gobernador de Sonora (noreste de México), Guillermo Padrés Elías, exhortó a los legisladores y autoridades de Arizona a revisar la ley SB1070.
"Yo apelaría a que la revisaran bien, desde que yo tengo razón Estados Unidos pregona que es un país que practica mucho la libertad de los ciudadanos, yo creo que ese deberían de revisar y de meditar quienes tienen ahorita la responsabilidad de pasar esa ley", indicó.
La senadora mexicana por el partido de la Revolución democrática, Yeidckol Polevnsky, señaló en entrevista exclusiva para teleSUR, que "no debía ser aprobada una ley como esta" y que hace urgente que el Gobierno estadounidense lance una nueva ley de migración.
"Obama lo hizo en su campaña, no tiene más tiempo para lanzar la ley, es una falta de definición de las políticas migratorias a nivel federal", señaló Polevnsky.
Además señaló que esta nueva legislación de Arizona, "pone en amenaza al mundo" y que a la gobernadora republicana no la detiene el hecho de "ser mujer, madre", quienes también serán víctimas de la nueva ley de criminalización. "Son visiones fascistas y neonazis", enfatizó.
Por su parte, el presidente estadounidense, Barack Obama, criticó la nueva ley antiinmigrante y la calificó de "equivocada" e "irresponsable". Asimismo, informó que su Gobierno revisará las violaciones a los derechos civiles.
Obama reconoció que las fallas en el gobierno federal, a la hora de aplicar las leyes de migración, "sólo abrirán las puertas a la irresponsabilidad de otros". Agregó que seguirá trabajando con el Congreso para proponer una reforma integral a las leyes de inmigración.
Reacciones
Organizaciones de inmigrantes, agrupaciones latinas, líderes religiosos y sindicalistas rechazaron la legislación en Arizona.
La ley de Arizona es "una de las leyes antiinmigrantes más retrógradas, mezquinas e inútiles del país", denunció el arzobispo de Los Ángeles, cardenal Roger Mahoney.
El director de la Red Nacional de Jornaleros, Pablo Alvarado, pidió una expresión nacional de repudio "al odio e intolerancia que amenaza a nuestra comunidad".
El presidente de la junta del Consejo Nacional de la Raza, Danny Ortega, manifestó que "Arizona ha sido incubadora de la legislación del odio".
El Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef) adelantó que retará la constitucionalidad de la ley ante los tribunales federales si llega a ser promulgada.
"Esta legislación creará un clima de temor y pánico y sujetará a inocentes en Arizona a ser perfilados por su raza", aseguró el director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani.
Cerca de un centenar de miembros del Movimiento Nacional Socialista (NSM), un grupo autodefinido como “neonazi”, convocaron el sábado en el centro de Los Angeles a una protesta para repudiar los inmigrantes en Estados Unidos, cuyos grupos llamaron a una contramarcha.
El centenar de “neonazis”, vestidos de uniformes negros a tres días de celebrarse el aniversario del natalicio de Adolph Hitler, fue ampliamente superado por unos 500 contra manifestantes que gritaban “Váyanse a su casa racistas” y “Paren a los Nazis”.
Antes de que comenzara la marcha neonazi, pautada para la 13H30 locales (20H30 GMT), un grupo de la contra manifestación convocada por líderes de las comunidades latinas, negras y también homosexual, se acercó a la sede de la Alcaldía de Los Angeles e increparon a un supremacista blanco con tatuajes nazis.
“No es más que un grupo de racistas protestando contra otro grupo de racistas”, dijo un oficial de La Policía de Los Angeles (LAPD), cuerpo que desplegó un operativo especial para salvaguardar el orden durante el evento en una la ciudades más cosmopolita de Estados Unidos, con más del 44% de la población de origen hispano.
Según testigos en el lugar, el integrante del movimiento neonazi se acercó a la contramarcha desafiando al grupo de las minorías étnicas, de unas 500 personas, según la policía, y fue atacado a golpes.
Con pancartas en español e inglés, los contra manifestantes gritaban “¡Basura Nazi!” (”Nazi scum”).
El NSM, cuyos miembros son considerados supremacistas blancos, ha realizado varias protestas en el sur de California, zona fronteriza con México, para repudiar la presencia de inmigrantes en Estados Unidos.
Al grito de “Justicia para todos”, más de 100 mil manifestantes, la mayoría de origen latino, abarrotaron el Mall, la gigantesca explanada que conecta al Capitolio con la Casa Blanca, en demanda de una reforma migratoria.
Ondeando miles de banderas de Estados Unidos y coloridas pancartas, familias procedentes de más de 40 estados del país se congregaron para enviar el mensaje al presidente Barack Obama y al Congreso sobre la urgencia de la reforma migratoria.
A poca distancia de la manifestación, la Cámara de Representantes realizaba una inusual sesión dominical para aprobar la histórica de reforma al sistema de salud, en medio de señales de que los demócratas cuentan con los votos necesarios para aprobarla.
La expectativa de la multitud creció cuando se informó que el propio presidente Obama enviaría un mensaje videograbado a través de dos pantallas gigantes de televisión montadas en el evento, organizado por más de un centenar de organizaciones nacionales.
“Somos inmigrantes, no criminales”, rezaba una de las pancartas. “Reforma Migratoria Hoy”, remataba una de las mantas. Ali Noorano, del Foro nacional de Migración, estimó que la multitud rebasó los 100 mil asistentes.
Miles llevaban camisetas blancas como aconsejaron los organizadores, así como banderas estadunidenses y pancartas en las recordaban al presidente Barack Obama su promesa de impulsar un cambio a las leyes de inmigración.
El legislador Luis Gutiérrez se dirigió a la multitud, en su calidad de principal promotor de la reforma migratoria en la Cámara de Representantes. “Queremos una reforma migratoria integral justa ahora”, dijo ante la gritería de la gente.
La jornada de movilización inició con una misa dominical en la que el cardenal de Los Ángeles, Roger Mahony, pidió leyes más justas para los inmigrantes indocumentados.
“Sí se puede!, ¡Sí se puede!,”, exclamó el líder católico junto con cientos de feligreses que colmaron las instalaciones de la iglesia Saint Aloysius.
Hasta el momento las cadenas de televisión de Estados Unidos han virtualmente ignorado la movilización migratoria y sólo han prestado atención al debate final de la reforma de salud en la Cámara de Representantes.
La APDHA y ACSUR Las Segovias denuncian que las declaraciones públicas y propuestas políticas en materia de inmigración de los últimos días generan un peligroso caldo de cultivo para el racismo y la xenofobia.
Desde que hace ya dos años comenzaron a aparecer con fuerza los síntomas de la actual situación de crisis social y económica, los colectivos sociales que trabajamos en el ámbito de la inmigración hemos advertido reiteradamente de la necesidad de extremar la responsabilidad a la hora de tratar el fenómeno migratorio desde los foros políticos y mediáticos, ya que estos momentos son especialmente propicios para que surjan indeseables brotes de racismo y xenofobia.
Desgraciadamente, estos llamamientos de la sociedad civil han tenido un escaso eco. Tanto con reformas legislativas tremendamente restrictivas (la conocida como “Directiva Retorno” europea y la reciente reforma de la Ley de Extranjería española, principalmente) como con constantes mensajes vertidos desde los más diversos sectores, se está señalando, directamente o indirectamente, que la presencia de población de origen inmigrante en Europa y España es un factor que agrava las consecuencias de la crisis.
Y en los últimos días, a raíz de la decisión del Ayuntamiento de Vic de intentar no empadronar a sus vecinos/as de origen inmigrante en situación documental irregular, se ha iniciado una espiral de declaraciones públicas y propuestas políticas que son muy alarmantes por sus posibles efectos de fomento del rechazo social hacia nuestros/as conciudadanos/as de origen inmigrante. Señalamos brevemente aquéllas que nos parecen de mayor gravedad y nuestras valoraciones al respecto:
- La iniciativa del Ayto. de Vic, afortunadamente paralizada, ha puesto de manifiesto que los obstáculos para acceder al padrón municipal no son exclusivos de este municipio. Se ha hecho público que ayuntamientos como los de Torrejón (Madrid) o Salt (Gerona) también se niegan a empadronar a personas extranjeras en situación documental irregular. Y en otros pueblos y ciudades españolas, sin existir instrucciones formales en este sentido, proliferan las trabas burocráticas para dificultar el acceso al padrón. Y ello tiene un doble efecto perverso: por una parte condena a la inexistencia jurídica y a la imposibilidad de poder aspirar a regularizar su situación a miles de personas, y por otra le veta el acceso a derechos fundamentales básicos como la sanidad y la educación, derechos que la legislación vigente obliga a reconocer a toda persona que se encuentre en nuestro país, sea cual sea su situación administrativa, y el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente como especialmente vinculados a la dignidad humana.
- Diversos responsables del Partido Popular reclaman una nueva reforma de la LOEX que restrinja aún más (si cabe) los derechos fundamentales de las personas extranjeras en España. Si desde los colectivos sociales nos opusimos con firmeza a la reforma recién entrada en vigor, por considerar que las restricción de derechos es inversamente proporcional a una verdadera integración de todo/as en una sociedad democrática avanzada, cualquier propuesta que pretenda ahondar en ese camino encontrará nuestro frontal rechazo.
- El Presidente de la Generalitat de Cataluña, el Sr. José Montilla (PSC/PSOE), ha afirmado que ni su gobierno ni su partido iban a caer en el peligro del “buenismo” al tratar las cuestiones migratorias. Recordamos al presidente Montilla que reivindicar la plena vigencia de los Derechos Humanos para todas las personas independientemente de su origen y el reconocimiento de la condición de ciudadanos/as de nuestras vecinos/as extranjeros/as no supone un cándido ejercicio caritativo de ilusos fuera de la realidad; simplemente es una exigencia derivada del respeto a la dignidad humana, de la letra y el espíritu de instrumentos internacionales vigentes y ratificados por España y de la jurisprudencia nacional e internacional en esta materia.
- Convergencia i Unió retoma su propuesta de “carnet por puntos” para inmigrantes y reivindica la autoría del lema “en Cataluña no cabemos todos”, utilizado vehemente en estos días por la Sra. Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partido Popular en Cataluña. Respecto a la primera propuesta, reiteramos que los derechos de los/as inmigrantes deben estar exclusivamente vinculados a su condición de personas y ciudadanos/as, sin requisitos “extra” respecto al resto de sectores sociales. Y en lo concerniente al “en Cataluña no cabemos todos”, ejemplifica a la perfección el tipo de declaraciones que pueden fomentar el racismo y la xenofobia.
- Por último, no ha faltado el recurrente discurso de vincular inmigración y delincuencia. El Sr. Josep González, presidente de la patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC) argumentó ante los medios de comunicación: “Barcelona ha tenido un flujo de entrada de inmigrantes con sus problemáticas y de gente que ha venido de países que seguramente no tienen la ética que tenemos aquí que ha hecho que el nivel de inseguridad haya subido”. Efectivamente, deberíamos preguntarnos qué patrones éticos guían a nuestra sociedad, que no reacciona ante declaraciones de este perfil, cuando no las aprueba y aplaude. Y en esta línea, Mariano Rajoy, presidente nacional del Partido Popular, ha abogado por la expulsión de personas inmigrantes que comentan delitos penados con más de 6 meses de prisión.
Ante estas circunstancias, la sociedad civil más que nunca debe exigir por enésima vez responsabilidad a todas las instancias políticas, mediáticas y sociales a la hora de tratar el fenómeno migratorio. Nuestros vecinos/as migrantes ni son causa ni agravan las consecuencias de la crisis social y económica, sino que son un colectivo que sufre con especial rigor las mismas (por los sectores económicos en los que mayoritariamente trabajan, por no poseer las mismas redes de protección familiares y sociales que las personas autóctonas, por la “espada de Damocles” constante de la situación documental…). El culpabilizar en todo o en parte, directa o indirectamente, a la inmigración de la crisis genera riesgos de xenofobia y fractura social, que pueden a su vez crear graves problemas de convivencia. Estamos todavía a tiempo de evitarlo; en caso contrario, una vez prendida la mecha las consecuencias son imprevisibles.
26 de enero de 2010
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ACSUR Las Segovias
A estos CIEs llegan personas que sin cometer ningún delito, sólo por no encontrarse en una situación administrativa regularizada, han sido privadas de libertad y encerradas en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche, en Madrid. Este Centro, junto con los demás que se encuentran en diferentes ciudades españolas y europeas, constituyen la red de pseudo-cárceles que muchas organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos califican como “los Guantánamos europeos”.
El viaje de un sin papeles hasta el "edén" de París
Costa-Gavras bajó un día de 1951 al andén de una de las estaciones de tren de París. Venía de Grecia y era un inmigrante "casi legal". Cerca de 60 años después, se ha decidido a tratar el tema de la inmigración en su última película, Edén al oeste, que acaba de presentar en La Mostra de Valencia. Autor de títulos tan reconocidos y comprometidos como Missing (1982) o Amén (2003), reconoce que necesitaba absoluta libertad para no ver coartado su pensamiento.
Por eso, su mujer ha producido el filme: "Si al final no hay dinero para mis honorarios, no me importa, sólo quiero no estar sujeto a presiones económicas", explica a Público el cineasta. A sus 76 años, Gavras sigue rompiendo esquemas.
Ahora se pregunta cómo es posible que una población como la francesa, cuyo 30 por ciento es de origen inmigrante incluido su presidente tenga una política tan represiva. "El problema es que nos presentan la inmigración como un fenómeno de masas. Pero si nos tomamos un poco de tiempo para que el inmigrante se haga entender y escuchamos su historia, el rechazo inicial desaparece", comenta el director, que en su momento también se sintió extranjero en París.
Pero ha pasado el tiempo y Gavras dice estar ya completamente acogido y reconocido en la sociedad francesa: "La integración es posible. Lo que pasa es que nuestra sociedad va demasiado deprisa", se lamenta el director.
Entretenimiento y política
Edén al oeste habla de la sociedad actual a través de Elías (Ricardo Scamarcio), un inmigrante que viaja desde el mar Egeo hasta la ciudad de París, con escala en el infierno y en el paraíso. Una historia muy personal, pero no autobiográfica. "Tuve la suerte de llegar a Francia como estudiante y, entonces, encontrar trabajillos era sencillo. Ahora es mucho más difícil", admite Gavras.
A lo largo de su carrera, el director ha conseguido el reconocimiento de la crítica y el público internacional con una veintena de títulos que repasan escándalos políticos y sociales. "Antes había más dictaduras, ahora hay dictablandas, casi democráticas. Creíamos que después de la caída del muro de Berlín llegaría el paraíso, pero vivimos peor que entonces. Por eso hay que seguir haciendo películas", sentencia.
La cultura del miedo
Para el director, el cine es más que un espectáculo, siempre transmite un mensaje. "Todas las películas tienen una lectura política, hasta las de acción para adolescentes". En su opinión, la Meca del cine concentra el poder, pero las mejores películas "se hacen fuera de Hollywood".
Hace poco, Gavras se reencontró con un responsable de Universal, que estuvo en la producción de su película Missing. En ella denunciaba la participación de la CIA en el golpe de estado de Pinochet en Chile, sembrando una enorme controversia en EEUU. "Aquel tipo participa ahora en la saga La momia", comenta sorprendido. Quizá sea una de las razones por las que ya no le interesa cruzar el Atlántico para rodar sus historias.
"Las películas no tienen que ser arengas políticas", aclara el director, pero sí defiende que deben tener un contenido. "Con la historia de Elías, el protagonista de Edén al oeste, retrato tanto al inmigrante como a la sociedad que le recibe. La inmigración no diferencia lo político y lo social. Todos estamos influidos por las leyes y los mensajes que difunden los gobiernos y hemos adoptado una postura: la del miedo", explica.
Aunque se excusa a la hora de dar la solución a este problema, "los cineastas no tenemos la verdad, no estamos aquí para dar soluciones, eso es tarea de los políticos. Nosotros tenemos el deber de plantear las preguntas", concluye Gavras.
Se sabe: el dixieland es el jazz nacido en Nueva Orleáns. La tierra de este hallazgo de los afroamericanos es el sur profundo de EE.UU. o Down South o simplemente Dixie, que el talento de William Faulkner expresó a fondo. El dixieland tiene ritmos que procuran alegría, pero Dixie no: en Tennessee, una joven madre guatemalteca es arrestada y va presa cuando pide que paguen su trabajo en una fábrica de quesos; en Georgia, el violador de una niña latinoamericana de 13 años no va preso porque ella es una indocumentada. Son algunos ejemplos del trato que reciben los llamados latinos en Dixie. Es la región estadounidense donde la migración latinoamericana ha crecido a mayor velocidad.
Un reciente estudio de campo que el Southern Poverty Law Center (SPLC) sito en Montgomery, Alabama, llevó a cabo en diez comunidades latinas de cinco estados del sur reveló el estado de guerra en que viven esos migrantes, que realizan los trabajos más duros, sucios y peligrosos por una paga muy baja. Cuando les pagan. El capítulo I del estudio (www.splcenter.org/le gal/undersiege) señala que al 41 por ciento de los entrevistados no les entregaron los jornales que debían recibir. Esta cifra alcanzó la asombrosa cima del 80 por ciento en Nueva Orleáns y en cualquier código civil este acto se llama robo. Del 32 por ciento de los interrogados que sufrieron lesiones en el trabajo, sólo un tercio recibió una atención médica adecuada. Claro que a nadie le pagaron los salarios caídos.
Un mexicano que reclamó a su contratista de Nueva Orleáns los jornales debidos no tuvo suerte: sin decir una palabra, el señor levantó su camisa y le mostró la culata de un revólver empotrado en el cinturón. El inmigrante Beltrán tapizó diez departamentos y nunca recibió los 3000 dólares que tenía que cobrar. “Eso le pasa a todo el mundo –dijo al investigador del SPLC–. La humillación empieza ahí. Yo sé que en este país uno puede defender sus derechos, pero la gente le tiene miedo a la policía.” Se explica: el 40 por ciento de los latinos entrevistados en Georgia relató los maltratos a los que la policía los somete. En Alabama levanta retenes continuos donde siempre los paran y nunca a otros.
Más de 12,7 millones de mexicanos viven en EE.UU., 17 veces más que en 1970 (www.pewhispanic.org, 15-4-9). Constituyen el 32 por ciento del total de inmigrantes del país y riesgos de todo tipo acechan su labor. Una investigación que el periodista Justin Pritchard realizó en el 2004 mostró que los trabajadores mexicanos tienen un 80 por ciento más de posibilidades de morir en su tarea que sus pares estadounidenses (AP, 14-2-2004). “¿Por qué?”, pregunta Pritchard. Y responde: “Los mexicanos son contratados para trabajar barato... a veces les dan tareas sin capacitarlos ni brindarles condiciones de seguridad”. Un trabajador de la construcción cayó desde una altura de 50 metros. En el registro oficial de su fallecimiento se indica que “no tenía ningún tipo de protección contra caídas”. Son casos frecuentes.
Los que trabajan en el campo –la mayoría– están expuestos a los pesticidas que incluso se arrojan cuando están levantando la cosecha. Los estragos que esto produce no se notan en EE.UU. “Lo que pasa –dice Berta en Georgia– es que cuando nos sentimos enfermos, volvemos a casa y allí morimos. Las consecuencias no se notan aquí, se notan en México.” Los estados de Dixieland no tiene leyes de sanidad que los protejan.
El capítulo IV del estudio del SPLC examina la situación de las mujeres latinas en el Down South: el 77 por ciento soporta acosos sexuales. “Hay patrones, supervisores y otros que quieren aprovechar su posición para tener sexo con las empleadas –denunció Gabriela en Nashville, Tennessee–-; si se niegan, las amenazan con el despido o las intimidan diciéndoles que son ilegales y que pueden llamar a Inmigración.” Una que se negó fue brutalmente golpeada por un supervisor cuando lo denunció ante la empresa. Un ejecutivo aclaró que la agredida era indocumentada y que no tenía derecho a recurso alguno.
Tampoco faltan los allanamientos de lugares de trabajo para detener y deportar a indocumentados. Durante su campaña electoral, el entonces candidato Barack Obama declaró a Univisión que pondría freno a los empleadores abusivos y prometió una reforma general de las leyes de inmigración. El 24 de febrero, un mes después de asumir la presidencia, agentes de Inmigración allanaron una fábrica en Bellingham, Washington, y arrestaron a 28 indocumentados. El panorama de Dixieland fue así descripto por el dueño de una plantación en Carolina: “El Norte ganó la guerra (civil) en el papel, pero en realidad ganamos nosotros, los confederados, porque seguimos teniendo esclavos. Primero tuvimos peones, después arrendatarios y ahora tenemos mexicanos”.
Decenas de miles de inmigrantes de diferentes partes del mundo marcharon la tarde de este lunes hasta Trafalgar Square, en el centro de Londres, para pedir la entrega del derecho a tener la ciudadanía británica y trabajar legalmente a más de un millón de personas que no lo tienen.
La marcha, convocada por la Citizen Organising Foundation, busca que los candidatos a las elecciones en el Reino Unido y en Europa se comprometan a la regularización de los ciudadanos inmigrantes de sus países.
La multitudinaria convocatoria se inició después de varios servicios religiosos en todo tipo de iglesias, para terminar su recorrido en la plaza londinense, en la mayor manifestación pro-inmigrantes de la historia reciente de Inglaterra.
Las comunidades más numerosas fueron las de Zimbabue, Congo, Europa del Este, Bangladesh y, sobre todo, la iberoamericana, que tuvo uno de los mayores contingentes.
El acto principal contó con la presencia de representantes de lo cuatro grandes partidos del país, (laborista, conservador, liberal y verde) quienes solicitan la regularización de 750.000 indocumentados y de distintas sinagogas, iglesias y mezquitas.
Al respecto ya se han conseguido las firmas de 80 parlamentarios de los 150 que se necesitan para que haya una discusión al respecto de ello en la Cámara de Los Comunes en el Parlamento.
La Alianza Iberoamericana del Reino Unido está además a la espera de una reunión el jueves con el ministro David Lammy, ministro de Propiedad Intelectual y el único de origen latino, antes del debate programado para el sábado sobre el Estado de Londres en el cual se avance en el reconocimiento de la comunidad iberoamericana en el país.
El anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería (LOEX) que prepara el Gobierno se topó el martes con el rechazo del informe evaluador del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). En su análisis, la Subcomisión de Extranjería denuncia el "exceso sancionador de la LOEX" y muestra su "preocupación por el trato a los menores no acompañados".
La reforma del texto fue aprobada por el Consejo de Ministros a finales de diciembre de 2008 y, desde entonces, el anteproyecto se encuentra en manos de los órganos consultivos del Gobierno. Entre ellos se encuentra el CGAE, cuyo informe tendrá en cuenta el Ejecutivo antes de presentar el texto final en el Congreso de los Diputados para su aprobación.
La Subcomisión centra sus críticas en cuatro áreas: la criminalización de los inmigrantes, la falta de garantías para los menores no acompañados, la ampliación del internamiento en los CIE y que se priorice la sanción frente a la integración.
"El nuevo texto ha puesto el acento en los aspectos restrictivos y en el sentido de incrementar las sanciones frente a las situaciones de mera irregularidad", afirma el CGAE. Además, denuncia que la inclusión de "conceptos rechazables, como el riesgo de fuga, extraídos del derecho penal y que se contienen en la directiva europea de la vergüenza no hacen sino favorecer la criminalización denunciada".
Respecto a los menores no acompañados, los abogados consideran que, de aprobarse tal cual está redactada, la Ley incumplirá la Convención de los Derechos del Niño al tratar a los menores "con la misma dureza y rigidez que a los adultos". "Se les somete a una obsesión por la expulsión digna de otra causa", asevera.
El poder de las palabras
Los abogados también lamentan el vocabulario que se utiliza en la redacción de la nueva Ley. Así, instan al Gobierno a diferenciar conceptos como "inmigración irregular" de "inmigración ilegal" y no confundir "facilitar" con "beneficiarse o traficar" con la inmigración irregular.
A este respecto, los abogados consideran que "el internamiento no se concibe como una medida cautelar, sino como un instrumento represivo" y denuncian que existe la posibilidad de prolongar el internamiento más de 60 días.
Además de este informe, el organismo que representa a los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), votará este miércoles otro documento de similares características. En éste, los magistrados prevén dar un nuevo tirón de orejas al Ejecutivo destacando sobre todo la ampliación de los plazos de internamiento de los inmigrantes en situación irregular.
Centros de inmigrantes de la Comunidad de Madrid, en manos de los Legionarios de Cristo, ahora investigados por el Papa
Que el Gobierno de Esperanza Aguirre apoya a organizaciones ultraconservadoras y ultrarreligiosas no es ninguna novedad: congregaciones católicas como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo participan activamente en educación y sanidad en la Comunidad de Madrid, pero también en otros ámbitos. Cuatro de los 17 CEPI (Centros de participación e integración para inmigrantes) de la región están en manos de los Legionarios de Cristo a través de la Fundación Altius-Francisco de Vitoria. Al menos en uno de ellos, en el Centro Hispano-Peruano situado en el municipio de Majadahonda, ofrece programas de apoyo a mujeres embarazadas para evitar que aborten, y ofrece conferencias pro vida a sus trabajadores. Estos centros, financiados con dinero público, reciben alrededor de 1,6 millones de euros anuales de la comunidad.
Muchas organizaciones pro vida reciben numerosas ayudas y subvenciones de la Comunidad de Madrid, que en comparación destina presupuestos irrisorios a centros de educación sexual y orientación anticonceptiva. Pero la presidenta regional, Esperanza Aguirre, sabe además cómo fomentar los postulados antiabortistas a través de otros organismos. Es lo que ocurre con los centros de participación e integración para inmigrantes (CEPI), instituciones públicas de gestión privada que tienen como objetivo prestar asesoría jurídica y laboral a los inmigrantes y fomentar la convivencia y el intercambio cultural.
Cuatro centros para los Legionarios Cuatro de estos centros de la región están en manos de los ultraconservadores Legionarios de Cristo, un grupo que está actualmente en el punto de mira ya que el Vaticano ha ordenado una investigación a raíz de los escándalos por abusos sexuales y pederastia que cometió su fundador, el ya fallecido Marcial Maciel. A través de la Fundación Altius-Francisco de Vitoria, la congregación se hace cargo de los centros orientados a inmigrantes peruanos, colombianos, centroamericanos, y otro para todos los latinoamericanos en general.
Asesoría anti-aborto Al menos en el centro Hispano-Peruano, que se encuentra en el municipio de Majadahonda (aunque allí solo residen 817 de los 52.000 peruanos que hay en Madrid), la orden ultracatólica aprovecha para difundir sus postulados. Entre las actividades, el centro incluye el Programa NES (No estás Sola), una “asesoría para mujeres embarazadas y madres” que considera que el aborto “no es una opción posible por todas las heridas que deja, entre ellas el síndrome post aborto”, según recoge El País. El centro está incluso recomendado por la Red Madre, una organización que engloba a numerosas agrupaciones antiabortistas en la comunidad, y no duda en tratar de persuadir a las mujeres inmigrantes para que no aborten, aunque sus responsables insisten en que en el centro sólo se ofrece “asesoría jurídica y formación profesional”.
Valores morales para los niños Este CEPI sirve también de punto de encuentro para las familias numerosas del municipio y entre sus programas incluye la transmisión de “valores morales” dedicada a los niños, algo que nada tiene que ver con sus objetivos de “convivencia e intercambio cultural” entre inmigrantes y madrileños, o con la oferta de “formación profesional y jurídica”.
La fundación lo niega No obstante, Pablo Aledo, director de la Fundación Altius, asegura que en ninguno de sus centros se intenta inculcar ningún tipo de orientación ideológica o moral. Según declaró a Público, se trata de un centro “público” que no intenta “darle una orientación ideológica a los asistentes hacia ninguna postura ideológica ni política”, porque “un CEPI no debe dedicarse a ello”.
Charlas para los trabajadores Pero no sólo quienes acuden al centro reciben este adoctrinamiento: los últimos viernes de cada mes los trabajadores también son invitados a charlas organizadas por Altius. La última de ellas, el pasado viernes, trataba precisamente sobre la oposición al aborto, aunque desde la organización aseguran que se trataba de un encuentro “privado” y destinado solo a miembros de los Legionarios o de la fundación, según recoge Público.
Protestas de la oposición socialista Los convenios con Altius comenzaron en 2006 y desde entonces la oposición socialista ha sido muy crítica con ello. Según denunció la portavoz de Inmigración y Cooperación del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, María Antonia García Fernández, los CEPI “son centros para manipular y tener controlado el movimiento asociativo y el voto inmigrante. A su juicio, además, los centros no están cumpliendo con la función integradora para la que fueron creados, ya que “segrega por nacionalidades” a los inmigrantes, separando cada país de origen en un centro distinto. Desde la comunidad, sin embargo, justifican la existencia de los CEPI asegurando que en 2008 220.000 personas se beneficiaron de sus servicios.
De todo se puede hacer plata en EE.UU., hasta de los inmigrantes a punto de ser deportados. Varias empresas privadas administran prisiones por las que alrededor de un millón de sin papeles han pasado en espera de su expulsión y en condiciones de pesadilla: mujeres y niños violados por los guardianes y muertes causadas por falta de atención médica básica. Las más importantes son la Corrections Corporation of America (CCA) y el GEO Group, las financia el gobierno y gozan del pleno apoyo de Wall Street. No es raro entonces que alienten con fuerza la criminalización y el encarcelamiento de centroamericanos, mexicanos y otros que entraron a la potencia del Norte en busca de trabajo.
