La nueva Ley de Extranjería, y otras disposiciones de la legislación Europea y de los Tratados de Derechos Humanos, reconoce un periodo de restablecimiento y reflexión cuando existen indicios suficientes para creer que una persona extranjera en situación irregular es víctima de trata de seres humanos. Asimismo, prohíbe la expulsión de mujeres embarazadas cuando esto suponga un riesgo para la gestación o la salud de la madre.

Las organizaciones Proyecto Esperanza y Women´s Link Worldwide, integrantes de la Red Española contra la Trata de Personas, identificaron a una mujer nigeriana embarazada como presunta víctima de trata para la explotación sexual cuando se encontraba en el Centro de Internamiento para Extranjeros.

A pesar de la solicitud del periodo de reflexión, ninguna de las numerosas autoridades del Estado que han tenido conocimiento de esta situación ha reconocido este derecho ni le ha concedido ninguna medida de protección.

El Estado está incumpliendo su deber de proteger a las víctimas de la trata, a las que se les está denegando el derecho al periodo de reflexión porque el procedimiento carece de desarrollo reglamentario y las autoridades no saben cómo actuar.

“La mujer será expulsada mañana, sin que su condición de víctima de trata ni su estado de embarazo sean considerados. Esta actitud por parte del Estado supone una flagrante violación de los derechos humanos”, señala Viviana Waisman, directora ejecutiva de Women’s Link.

Fuente: AmecoPress

Foto: Carlos Capote

El anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería (LOEX) que prepara el Gobierno se topó el martes con el rechazo del informe evaluador del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). En su análisis, la Subcomisión de Extranjería denuncia el "exceso sancionador de la LOEX" y muestra su "preocupación por el trato a los menores no acompañados".

La reforma del texto fue aprobada por el Consejo de Ministros a finales de diciembre de 2008 y, desde entonces, el anteproyecto se encuentra en manos de los órganos consultivos del Gobierno. Entre ellos se encuentra el CGAE, cuyo informe tendrá en cuenta el Ejecutivo antes de presentar el texto final en el Congreso de los Diputados para su aprobación.

La Subcomisión centra sus críticas en cuatro áreas: la criminalización de los inmigrantes, la falta de garantías para los menores no acompañados, la ampliación del internamiento en los CIE y que se priorice la sanción frente a la integración.

"El nuevo texto ha puesto el acento en los aspectos restrictivos y en el sentido de incrementar las sanciones frente a las situaciones de mera irregularidad", afirma el CGAE. Además, denuncia que la inclusión de "conceptos rechazables, como el riesgo de fuga, extraídos del derecho penal y que se contienen en la directiva europea de la vergüenza no hacen sino favorecer la criminalización denunciada".

Respecto a los menores no acompañados, los abogados consideran que, de aprobarse tal cual está redactada, la Ley incumplirá la Convención de los Derechos del Niño al tratar a los menores "con la misma dureza y rigidez que a los adultos". "Se les somete a una obsesión por la expulsión digna de otra causa", asevera.

El poder de las palabras

Los abogados también lamentan el vocabulario que se utiliza en la redacción de la nueva Ley. Así, instan al Gobierno a diferenciar conceptos como "inmigración irregular" de "inmigración ilegal" y no confundir "facilitar" con "beneficiarse o traficar" con la inmigración irregular.

Desde el anuncio de modificación de la Ley de Extranjería, la polémica más destacada ha sido el aumento de 40 a 60 días de los plazos de encierro de irregulares en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

A este respecto, los abogados consideran que "el internamiento no se concibe como una medida cautelar, sino como un instrumento represivo" y denuncian que existe la posibilidad de prolongar el internamiento más de 60 días.

Además de este informe, el organismo que representa a los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), votará este miércoles otro documento de similares características. En éste, los magistrados prevén dar un nuevo tirón de orejas al Ejecutivo destacando sobre todo la ampliación de los plazos de internamiento de los inmigrantes en situación irregular.

Fuente: Público