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La pregunta que titula esta publicación y que es la que el gallego Capella (entrañable amigo del alma) se hace en su tema "Y ahora qué?", fue lo que junto al dolor e indignación sentí leyendo un artículo publicado hoy en La Diaria bajo el título: "Cosas del pasado".
En dicho artículo se informa que la Comisión de Programa del Frente Amplio no incluirá la anulación de la Ley de Caducidad. El grupo que trabaja sobre el eje Uruguay Democrático (próximo programa de gobierno), aprobó un documento en el que no se menciona la Ley de Caducidad. Los coordinadores del eje son Carlos Yorio(PCU), Jorge Iribarnegaray (Asamblea Uruguay, AU), Carlos Faroppa (Alianza Progresista) y Gabriel Castellá (Movimiento de Participación Popular, MPP)
El documento dice en uno de sus pasajes: “Paso a paso y en la medida de lo posible, la sociedad uruguaya deberá caminar hacia un estado de verdad, donde cada actor se haga responsable de sus actos y responda ante la sociedad a través de la Justicia. Y esto hace al conjunto de los actores sociales”.
Me gustaría saber si realmente creen que los Bordaberrys, Goyos, Gavazzos, Corderos y demás responsables del terrorismo de estado se harán responsables de sus actos. Es esto ingenuidad, cálculo electoral o simplemente la cobardía de no querer jugarse ante temas que son sensibles para el conjunto de la población??? Al menos en este punto, blancos y colorados hace rato que dejaron bien clara su posición.
También agrega el documento: “Ideológica y moralmente alejados de la búsqueda de venganza, porque la reconstrucción de una sociedad que nos incluya a todos requiere de un debate pacífico sobre la historia reciente. Se ha intentado inculcar en la sociedad que ‘todos sabemos lo que pasó’. Por el futuro y por la solidez del proceso de transformación de la sociedad y del Estado, debemos afrontar esta responsabilidad. Sólo así podremos cerrar las heridas aún abiertas y poner a la sociedad de cara a una convivencia tolerante y solidaria”.
No compañeros!!! La única forma de cerrar las heridas es permitir los mecanismos que le aseguren al pueblo uruguayo la Verdad y la Justicia que se debe y se merece. Y por supuesto que la convivencia debe ser tolerante y solidaria, lo cual no implica que nosotros, los frenteamplistas, renunciemos a otro de nuestros principios, uno de los más sentidos.
Es importante destacar que el Partido Comunista y la Vertiente Artiguista no están de acuerdo con que este punto no se incluya en el Programa.
Pero la cereza de la torta la puso Eleazar de León, vicepresidente de la comisión de Programa e integrante del Partido Socialista (PS), al afirmar: “[La anulación de la Ley de Caducidad] no es un tema programático, es un tema de decisión política. Si hay compañeros que están muy preocupados con el tema, se podrá poner, pero eso implicaría una transacción política. Porque así como les parece bien esto y no se incluyó, a nosotros hay cosas que nos parecen bien y tampoco se incluyeron”.
Parece ser que a De León no le "preocupa" el tema y que para dejar a los que sí nos importa "tranquilos", nos propone una "transacción". Desde cuándo nuestros presos, secuestrados, torturados, muertos y desaparecidos son "negociables"??? Sería él capaz de hacer esta afirmación mirando a los ojos a las madres e hij@s de las víctimas???
Nos podrán llamar "dinosaurios, ortodoxos, radicales" y todos los epítetos que se les ocurra a los De León, pero para much@s de nosotr@s, el sufrimiento de las víctimas del terrorismo de estado y el de sus familiares, el principio irrenunciable de la defensa de los Derechos Humanos, así como nuestro derecho a la Verdad y a la Justicia, ni se transan ni se venden.
Y aunque a algunos les pese, seguiremos luchando porfiadamente para que nuestr@s hij@s no tengan que avergonzarse porque en su país el derecho a la Verdad y la Justicia no fue más que un cuento de hadas en el que alguna vez creyeron unos "locos utópicos".
Brujita
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Totalmente de acuerdo con Brujita. Y le agregaría algo más; en la misma nota dice que Jorge Brovetto declaró que no firmaría porque "este gobierno anunció que no la derogaría". Al respecto dos cosas: el gobierno ni hace ni deroga leyes, por lo tanto el gobierno no podría haber anunciado nunca algo así. Quien hace las leyes y las deroga (o las anula) es el Parlamento. Pero además, lo que dice Brovetto (y otros) no es así. Desafío a Jorge Brovetto o a cualquier frenteamplista que sostenga lo mismo, que me indique en que lugar del Programa del FA dice algo como eso. No existe ningún documento del FA que diga que no vamos a derogar la ley, ninguno. Y muy por el contrario,todo lo que dice el programa al respecto indica que nuestros legisladores deberían anular la ley ya mismo. Al respecto, hace un buen tiempo publiqué un artículo en EL POPULAR que transcribo a continuación:
ANULACION DE LA LEY DE IMPUNIDAD
El Frente Amplio ya tiene posición
Un argumento recurrente de quienes se oponen a la anulación de la Ley de impunidad, tanto dentro como fuera de la fuerza política, es que el Frente Amplio se comprometió a no anular la Ley. Nosotros hemos dicho –y lo seguiremos haciendo- que eso no es así, que no hay siquiera una sola mención en todo el programa de gobierno emanado del IV Congreso Extraordinario “Héctor Rodríguez” que permita extraer una conclusión como esa. Y decimos más. Decimos que, muy por el contrario, hay muchas referencias concretas en el Programa en lo que tiene que ver con los derechos humanos y con las relaciones entre el derecho interno y el internacional, que están obligando a los legisladores frenteamplistas a anular la ley de impunidad.
LA CONSTITUCIÓN
Allí decimos: “Comprometido con la verdad y la justicia –principios por los que el conjunto de nuestro pueblo ha bregado incansablemente- en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la dictadura, (el gobierno del FA) hará todos los esfuerzos que estén a su alcance para lograr el cumplimiento de dichos principios, en cumplimiento de la Constitución y la ley”. Para llevar a cabo ese compromiso con la verdad y la justicia, y hacerlo en cumplimiento de la Constitución y la ley, no hay otra opción que anular la Ley de Impunidad, puesto que por un lado ella se opone a la verdad y la justicia, pero además es manifiestamente inconstitucional. Es absolutamente claro e irrebatible que viola flagrantemente el artículo 233 de la Constitución, que dispone expresamente que el Poder Judicial será ejercido por la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales y Juzgados respectivos, en tanto la ley de impunidad adjudica esas funciones al Poder Ejecutivo.
Pero además, a renglón seguido de esto, decimos que “El gobierno progresista reafirma la posición clara que las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos, tienen igual valor que las leyes nacionales. Al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. La única forma de adecuar la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país, en materia de derechos humanos, es anulando la ley de impunidad. No hay otra forma de hacerlo.
DERECHO INTERNO E INTERNACIONAL
En este capítulo del Programa del FA, las referencias que estarían obligando a los legisladores de nuestra fuerza política a anular la ley de impunidad son muchísimas. El capítulo arranca diciendo que “El derecho internacional de los derechos humanos viene a completar el andamiaje de protección a los derechos humanos que cada Estado ha construido en su derecho interno. Derecho internacional e interno no se deben contraponer, sino complementar.” Al sancionar la ley de impunidad, se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico una norma que es nula por ser contraria y violatoria de normas de derecho internacional con rango de jus-cogens, que prohíben los crímenes contra la humanidad y disponen su castigo. Y por tanto, si derecho internacional e interno no se deben contraponer –como decimos en el Programa de gobierno- no nos queda otra opción que anular la ley.
Luego decimos: “Cuando el Estado ratifica o adhiere a un Tratado (nombre genérico que comprende los Pactos, Convenciones, Protocolos o Convenios) la norma internacional que el tratado contiene se incorpora al ámbito interno y a partir de ese momento la autoridad del Estado dispone entonces de “imperium” para hacer que se cumpla, de igual manera que si se tratara de una ley nacional. Este carácter vinculante, obligatorio, alcanza igualmente a otras normas que si bien incluidas en declaraciones multilaterales, con el transcurso del tiempo han alcanzado el nivel de “jus cogens”. En tal caso su coercitividad a nivel interno deriva de que enuncian reglas de conducta de validez universal que se han vuelto compulsivas para los Estados en virtud de la costumbre, fuente creadora del derecho internacional”. Esto no significa otra cosa que reconocer en nuestro Programa que los Tratados internacionales tienen un carácter vinculante y obligatorio para nuestro país, y que sus disposiciones se han vuelto compulsivas para los Estados. Por tanto, si las leyes de impunidad violan los tratados, no queda otro camino que anularlas, tal como ha sucedido por ejemplo en Argentina y en Chile.
Citas tan claras como la precedente aparecen nuevamente en ese capítulo: “El gobierno del EP-FA deberá adoptar una posición clara de que las normas de un tratado sobre derechos humanos tienen igual valor que la ley nacional. Su valor puede ser visto con una arista superior a la ley nacional, desde que para desligarse de las obligaciones que emanan de un tratado no bastará con sancionar una ley que lo anule sino que se requerirá previamente denunciar el tratado y esperar el plazo que éste fije para que la denuncia tenga efecto”. Y la inmediata siguiente: “El gobierno del EP-FA deberá adecuar su legislación interna a los Tratados internacionales ratificados por el país, por ejemplo: la obligación de tipificar en nuestro derecho penal los delitos específicos de “Tortura” y de “Desaparición Forzada de Personas”.
VERDAD Y JUSTICIA
En este capítulo somos absolutamente claros en el Programa: “…la impunidad constituye un verdadero obstáculo a la normalidad democrática para poder superar traumas de un pasado reciente. Cuando ella funciona para proteger a agentes gubernamentales (civiles, militares y policías) que han violado seriamente derechos humanos, cometiendo con ello crímenes penales de suma gravedad. Esto implica un agravio a la Justicia y afecta seriamente la igualdad de las personas ante la ley”. Y seguidamente: “Resulta fundamental establecer la verdad y hacer actuar a la justicia. Verdad y justicia no son valores intercambiables, no es posible renunciar a la justicia bajo ofrecimiento de algo de verdad”.
Y el más claro de todos: “Por otra parte se seguirán las conclusiones y recomendaciones efectuadas por la “Comisión Interamericana de DDHH”, el “Comité contra la Tortura”, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc”. Y ¿cuáles son esas recomendaciones? Por ejemplo la Comisión Interamericana observa que las leyes de impunidad carecen de validez jurídica y que por tanto no podrían sancionarse ni aplicarse. Porque cada vez que se sanciona una ley de impunidad se viola el pacto de San José de Costa Rica, pero cada vez que se aplica también. Y recientemente (el 9/9/07) esa misma Comisión advirtió al Estado uruguayo que continúa incumpliendo la Resolución 29/92 y las recomendaciones que hace 15 años se le hicieran ante la incompatibilidad de la Ley de Caducidad con los convenios internacionales firmado por el país. Que como acabamos de demostrar, nos comprometimos a respetar.
José Luis Perera
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