La ventana a través de la cual Salam Amira, de 16 años, filmó el momento en que un soldado israelí disparaba casi a bocajarro contra un detenido palestino, que se encontraba esposado y con los ojos vendados, tiene un gran agujero en el centro con multitud de hendiduras en los muros allá por donde se mire.

“Desde que se difundió mi video, los soldados no paran de disparar contra nuestra casa”, dijo la muchacha. Las destrozadas y agrietadas ventanas de la parte central del edificio confirman su historia. “Cuando dejamos abiertas las ventanas, también disparan gases lacrimógenos hacia el interior de la casa”.

Su hogar da justo sobre el control de carretera establecido por Israel para vigilar la única entrada al pueblo de Nilin, situado en el interior de Cisjordania, justo a medio camino entre Jerusalén y Tel Aviv. Fue allí donde el pasado mes de julio se le disparó una bala de goma en una pierna a un palestino esposado y con los ojos vendados, Ashraf Abu Rahma, de 27 años, en cumplimiento de la orden dada por un comandante de un regimiento israelí.

El trato dispensado a la familia ofrece un agudo contraste con la indulgencia mostrada hacia el soldado y el comandante implicados en ese incidente.

B’Tselem, un grupo israelí por los derechos humanos, ha acusado al ejército israelí de intentar “vengarse” del papel desempeñado por la muchacha al mostrar cómo actúan sus fuerzas armadas en Cisjordania.

Puede que así esperen también disuadir a otras familias de airear pruebas similares sobre la brutalidad del ejército, especialmente desde que B’Tselem empezó a distribuir docenas de vídeo-cámaras entre los palestinos de Cisjordania.

Las escenas captadas en unas filmaciones de colonos encapuchados atacando a unos granjeros palestinos cerca de Hebrón conmocionaron a mucha gente a principios de verano.

El pueblo de Nilin se ha convertido en el centro de las acciones del ejército israelí desde el mes de mayo, cuando sus 4.700 habitantes decidieron dar comienzo a una campaña de manifestaciones pacíficas a fin de parar la construcción del muro de separación que Israel construye a través de sus tierras.

Una vez que el muro esté terminado, al pueblo se le habrá arrebatado el 40% de la tierra agrícola que le quedaba, que pasará a propiedad de la media docena de grandes asentamientos judíos que rodean Nilin. Ante el derecho internacional, todos esos asentamientos son ilegales.

Varias veces a la semana, los habitantes del pueblo, a los que se une un pequeño grupo de simpatizantes israelíes y de varias nacionalidades, se congregan en los olivares donde los bulldozer se dedican a destrozar la tierra arrancando los árboles y los cultivos para dejar sitio al muro.

La gente de Nilin ha ensayado diversas formas de protesta no violenta, como ponerse a rezar en medio del camino de la maquinaria pesada, utilizar espejos para que la luz del sol se refleje en los trabajadores de la construcción, hacer sonar cacerolas y sartenes y colocar durante la noche piedras en el camino de los bulldozer.

El ejército ha respondido con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento y en ocasiones con balas de acero cubiertas de caucho y munición real. El pasado mes se informó que Israel estaba también experimentando con un nuevo método para dispersar muchedumbres que implica disparar líquidos pestilentes contra los manifestantes.

En las últimas semanas, el ejército ocupante disparó contra dos muchachos, de los que uno de ellos, Ahmed Moussa, tenía diez años. El ejército afirmó que les estaba tirando piedras. La autopsia mostró que había sido alcanzado en la cabeza por una bala procedente de un rifle M-16.

Esta semana, un soldado disparó a corta distancia tres balas de caucho contra Awad Surur, un minúsvalido psíquico, cuando intentó impedir que su hermano fuera arrestado. Dos balas penetraron en su cráneo, según B’Tselem, que denunció que el ejército se muestra cada vez más temerario y de gatillo fácil.

La familia de Salam, como muchos otros habitantes del pueblo, aguanta las heridas que recibe por asistir a las protestas. Casi todos los cinco hermanos han resultado alcanzados por balas de caucho, al igual que su padre, Yamal Amira, de 53 años. El ejército ha acordonado el pueblo en varias ocasiones y, según relatan sus habitantes, ha golpeado y aterrorizado a sus habitantes.

El Sr. Amira está entre los al menos 100 campesinos cuyos medios de vida se verán aniquilados por el muro. Perderá todas las 14 hectáreas de tierra que posee, los campos de los que han vivido todos sus antecesores cultivando olivos, pepinos, berenjenas y tomates.

Pero los cinco minutos que Salam filmó sobre el incidente acaecido en el bloqueo de carretera durante un toque de queda de cinco días impuesto contra la aldea, sólo ha servido para agravar aún más los problemas de la familia.

Tres días después de que se difundiera el vídeo, el ejército arrestó a su padre durante una protesta pacífica. Fue el único detenido tras afirmar el ejército que los manifestantes habían entrado en una zona militar prohibida. El Sr. Amira fue asimismo acusado de atacar a un soldado.

Durante tres semanas y media se le tuvo detenido antes de que un juez del ejército israelí rechazara la petición de éste para que siguiera en prisión preventiva durante tres meses más hasta el día fijado para el juicio.

En medio de una reprimenda casi sin precedentes en un proceso judicial, el juez cuestionó los argumentos del ejército, diciendo que no encontraba prueba alguna de que ese ataque se hubiera producido. También preguntó por qué el padre de Salam fue el único detenido de entre todos los participantes en la protesta.

El abogado del Sr. Amira, Gabi Laski, dijo que la decisión judicial confirmaba “nuestra anterior afirmación de que el arresto fue un acto de venganza y castigo por el vídeo filmado por su hija”.

Sin embargo, el Sr. Amira todavía tiene que hacer frente a un juicio militar. Un informe del pasado año de Yesh Din, un grupo de derechos humanos, halló que en sólo en el 0,25% de los casos abordados por tribunales militares se declaraba inocente al acusado. Incluso aunque sea absuelto, el Sr. Amira tendrá que pagar unos costes legales que alcanzan la suma de casi 10.000 dólares USA (36.700 dirhams), una suma que la familia dice no poder pagar.

En contraste, los dos soldados responsables de los disparos al detenido en el bloqueo de carretera han sido reprendidos con la acusación menor de “conducta inapropiada”. Ni siquiera se les va a someter a juicio criminal. B’Tselem ha tachado de “vergonzosa” la decisión.

Bajo la ley israelí, según el grupo legal de la Asociación de Derechos Civiles en Israel, el castigo por abusos graves a un detenido es de siete años de cárcel. Los abogados de ACRI han presentado una petición alegando que la indulgente acusación “transmite a los oficiales y al resto de soldados un mensaje extremadamente grave de desprecio hacia la vida humana”.

El teniente coronel Omri Borberg, el comandante que dio la orden de disparar a Abu Rahma, renunció a su puesto pero fue de inmediato trasladado subrepticiamente a un puesto superior en otra unidad. En una muestra de apoyo, Gabi Ashkenazi, el jefe del ejército, dijo el que el teniente coronel Borberg podía ser restituido a un puesto de mando.

Mientras tanto, los vecinos del pueblo dijeron que la conducta del ejército no iba a disuadirles de sus protestas ni iba a hacer que renunciaran a su compromiso con la no violencia.

Salah Hawaja, uno de los organizadores de las protestas, dijo: “Cuando dimos comienzo a nuestras manifestaciones, solían aparecer unos cincuenta soldados. Ahora hay cientos de ellos estacionados permanentemente alrededor de nosotros. Israel nos está tratando como si esto fuera una zona importante de guerra, aunque lo único que utilizamos son métodos pacíficos”.

“La gente de Nilin tiene asumido que la mejor estrategia para parar los planes de Israel de robar nuestra tierra y dejarnos encerrados en un gueto es la no violencia”, dijo el Sr. Hawaja.

“Necesitamos mostrar al mundo quién es el ocupante y quién el ocupado. Israel interpreta esto como una amenaza, por eso es por lo que pone en marcha tanta fuerza contra nosotros”.

Hay abierta una cuenta para ayudar a la familia de Amira. Pueden enviarse las donaciones a: Amira Legal Defense Fund, PO Box 1335, Kafar Saba, Israel 44113, extendidas a “Matte Hacoalitsia”. O bien, hacer la donación a través de PayPal: http://tinyurl.com/6fekjc

Jonathan Cook es un escritor y periodista que vive en Nazaret, Israel. Sus últimos libros son: “Israel and the Clash of Civilizations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East” (Pluto Press) y “Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair” (Zed Books). Su página web es: www.jkcook.net

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