"No vi el momento en que matan a Roslik, pero sentí bien claro cuando ese Pocho Coubarrere gritó '¡Pará! ¡que éste ya dio!' y con eso entendí que Roslik había muerto", denunció ayer el ciudadano brasileño Antonio Pires da Silva Junior, quien regresó a Uruguay por primera vez después de aquella represión en San Javier en 1984.
Sentado en una silla de ruedas, con su flaco cuerpo arqueado sobre uno de los posabrazos, víctima de una grave enfermedad, Antonio Pires da Silva Junior, acompañado por el activista en derechos humanos Jair Krischke, narró ayer a la prensa uruguaya por primera vez el calvario que sufrió hace veinticuatro años.
Pires da Silva fue detenido junto a una decena de uruguayos con apellido de origen ruso en la localidad de San Javier en abril de 1984. Fue torturado junto al doctor Vladimir Roslik y escuchó el momento en que se produjo el deceso de quien se transformaría en el último muerto de la dictadura militar. "Yo era torturado en un sector y en otro adjunto era torturado el doctor Roslik. Torturaban a Roslik y le preguntaban por mí. Me torturaban a mí y me preguntaban por Roslik. Querían que uno delatase al otro. Pero yo no sabía nada, sólo lo conocía como médico. Me llevaron afuera y me hicieron un falso fusilamiento", relata emocionado. "Mientras nos torturaban cuenta yo escuché el nombre del que mandaba, era el Pocho Coubarrere. Esa es una de las personas más importantes de la muerte de Roslik (...) No vi el momento en que matan a Roslik, pero sentí bien claro cuando ese Pocho Coubarrere gritó "¡Pará! ¡que éste ya dio!" y con eso entendí que Roslik había muerto". Antonio Pires da Silva Junior nació en Brasil pero había vivido junto a sus padres en Tacuarembó y San Javier. Conocía al Dr. Vladmir Roslik que atendió a su familia. Habían regresado a su país luego de la represión de 1980, pero tras la muerte de su padre, de igual nombre y a quien apodaban "Café Café", Antonio volvió a San Javier. Aquella madrugada del 15 de abril Antonio fue detenido y torturado. Un comunicado de la Dinarp lo transformó en "chivo expiatorio" del asesinato de Roslik y lo acusó, bajo el "alias" de su padre, de ser, junto al médico muerto, uno de los encargados del tráfico de armas que en lanchas y aviones traía el "aparato armado del Partido Comunista". Antonio fue procesado por la Justicia Militar y terminó recluido en el Penal de Libertad, pero su situación fue denunciada ante la prensa de Porto Alegre por Jair Krischke y, en forma insólita, Pires da Silva fue liberado el 5 de setiembre en la plaza internacional de la fronteriza ciudad de Rivera. Krischke explica: "Los militares expulsan a Antonio. Fueron al Penal de Libertad, lo sacaron y lo dejaron en Rivera, con 80 pesos en el bolsillo. Cuando lo liberaron todavía tenía en su cuerpo las quemaduras de la tortura, pero ni el parte forense ni su denuncia ante la policía brasileña aparecen.
En 1984 la coordinación seguía", advierte. Pires da Silva Junior, quien en los últimos 24 años ha luchado contra toda tortura y realizado huelgas de hambre por la causa de los derechos humanos, viajo a Montevideo para cobrar una reparación otorgada por el Estado uruguayo y legalizar ante un escribano público su testimonio para que pueda ser utilizado si se abre el caso Roslik.
El último muerto de la dictadura
A principios de 1984, Uruguay comenzaba a oler la democracia que ya perfumaba a Argentina. La movilización social crecía.
El PIT-CNT realizaba con éxito el primer paro general luego de once años, salía de la cárcel Líber Seregni, volvía del exilio Alfredo Zitarrosa y los rehenes tupamaros habían sido devueltos al Penal de Libertad... Sin embargo, la represión se mantenía viva.
La prensa era censurada. y los periodistas coaccionados, estudiantes del Liceo Militar golpeaban a alumnos del Erwy School y el 13 de abril se registraba una serie de atentados con granadas y balazos contra el director del clausurado "5 Días", Ignacio Lezama, y negocios que avisaron en ese diario.
El 14 de abril, como todos los años desde 1978, la dictadura realizó su acto por el "Día de los caídos en la lucha contra la subversión" y el general Julio César Rapela anunció que, en las elecciones prometidas para noviembre, habría partidos y candidatos proscriptos. Todavía no había comenzado la negociación del Club Naval.
Aquel año, la fecha en que se recordaba la jornada de ejecuciones de la guerrilla y la represalia de los escuadrones de la muerte en 1972, fue conmemorada en la Brigada de Infantería Nº 3 de Salto con la planificación de un particular operativo represivo sobre los habitantes de la localidad de San Javier.
Los ciudadanos, de origen ruso de aquella población ribereña ya habían sufrido una acción similar en 1980, cuando una decena de personas fue detenida, encapuchada y torturada, antes de ser procesada por la justicia militar y recluida por un año en el Penal de Libertad.
En la madrugada del 15 de abril, una unidad encabezada por el capitán Daniel Castellá y el teniente Rodolfo Costa, ingresaron a San Javier para volver a detener a aquellos "rusos". El médico Vladmir Roslik sólo pudo intentar tranquilizar a su mujer María Cristina Zabalkin y su hijo Valoia, cuando entendió que aquella pesadilla se repetía.
Roslik y los otros detenidos fueron trasladados al Batallón de Infantería Nº 9 de Fray Bentos, dependiente de la División de Ejército III que entonces comandaba el ascendente general Hugo Medina. Al día siguiente Mary fue informada de que debía ir a buscar el cadáver de su esposo, muerto por un supuesto paro cardiorespiratorio.
Vladmir Roslik fue el último muerto por torturas de la dictadura uruguaya. Su asesinato denunciado por la prensa alternativa de la época (Aquí, Convicción, Jaque en particular) fue indagado por la justicia militar que sancionó con un traslado a los dos oficiales que lo detuvieron. El impune crimen está aún amparado en la Ley de Caducidad.
Fuente: La República
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