Silvia Ribeiro*

En junio de 2008, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, de Brasil (MST), denunció la existencia de un informe secreto contra ese grupo, elaborado a iniciativa de la Brigada Militar de Río Grande do Sul (cuerpo militar en funciones policiales), con un par de fiscales de alquiler como fachada. Este documento fue “aprobado” en diciembre 2007 por el Consejo del Ministerio Público de ese estado, a partir del cual esas instituciones deciden trabajar para lograr la “declaración de ilegalidad” y posterior “disolución” del MST, uno de los movimientos sociales más relevantes de América Latina. El MST se fundó en 1985 en ese mismo estado, y actualmente tiene millones de miembros en todo Brasil. Según Leandro Scalabrim, abogado defensor, “estamos frente a la mayor conspiración cívico-militar desde el fin de la dictadura”.

Detrás de esta conspiración represiva, en pacto con los latifundistas históricos de Río Grande do Sul, militares y el gobierno títere de la gobernadora Yeda Crusius, están las grandes empresas trasnacionales de monocultivos industriales de árboles y cereales, como Stora Enso, Aracruz Celulose, Votorantim, Bunge, Cargill y ADM. Aunque se aprovechan de alianzas con los sectores más rancios y explotadores del estado, estas empresas son ahora las más beneficiadas de la represión a los movimientos sociales. Es público que Stora Enso, Aracruz y Votorantim entregaron cientos de miles de dólares para la campaña de la actual gobernadora, hasta entonces desconocida, ahora acusada de varios actos de corrupción.

Las trasnacionales forestales están ocupando agresivamente las mismas tierras que podrían ser desapropiadas por las autoridades para entregar a los Sin Tierra, según las leyes de reforma agraria, o sea, los grandes latifundios con tierras improductivas. Argumentan que al instalar miles de hectáreas de eucaliptos la tierra está “produciendo”. Pero esos monocultivos, además de ser ganancia sólo para las trasnacionales y producir papel inútil, después de ser talados dos o tres veces en 20 años, dejan la tierra muerta, sin nutrientes, agotada y llena de troncos talados que ya nunca volverán a crecer ni permitirán que ninguna otra cosa crezca. No están haciendo producir la tierra, sino matándola para que nadie más la tenga.

El informe, que iba a ser secreto, tiene las características típicas de las dictaduras militares del continente: es completamente falso. Entre otras falacias, acusa al MST de estar conectado con las FARC de Colombia, de que sus escuelas –que educan a nivel secundario y terciario a miles de hijos de campesinos– son centros de entrenamiento de guerrilleros y de que la lucha por la tierra, que llevan desde hace más de dos décadas y que logró 650 mil familias asentadas en tierras desapropiadas legalmente a enormes latifundios improductivos, no es más que una cobertura para otras actividades. ¡Vaya cobertura!

El MST ha venido sufriendo en los últimos dos años un recrudecimiento violento de los ataques y represión contra las acciones legítimas (y garantizadas por el derecho nacional e internacional de protesta), como movilizaciones, marchas y campamentos, que realiza con el fin de obligar al gobierno a cumplir con la ley de reforma agraria.

Las represiones más violentas que han sufrido se inscriben en la nueva estrategia tomada por la Brigada Militar a partir del informe citado. En ese marco se inició en marzo de 2008 un proceso penal contra varios integrantes del MST, acusados de lo que serían “delitos” según la Ley de Seguridad Nacional, una norma de la dictadura. En julio 2008, el reconocido abogado Nilo Batista presentó en nombre de los acusados un recurso para que se desestimara el proceso legal contra ellos por basarse en una ley caduca. Un juez federal negó el recurso, y la parodia de proceso “legal” ya comenzó.

Esto es gravísimo porque significa luz verde para usar la Ley de Seguridad Nacional de la dictadura no sólo contra el MST, sino contra todas los movimientos y formas de protesta social en Brasil. Si este proceso continúa, Lula se convertirá en otro “gobierno popular” que usa leyes de la dictadura contra los movimientos. Así sucedió en Chile contra los indígenas mapuches, quienes protestan –incluso con huelgas de hambre de 112 días– por la invasión de sus tierras con monocultivos de las empresas Celulosa Arauco y Mininco del Grupo CMPC.

A punta de leyes amañadas y represión gubernamental contra indígenas y campesinos avanzan los desiertos verdes. Si los dejamos, estos nuevos señores feudales nos ilegalizarán a todos.

*Investigadora del Grupo ETC

http://www.mst.org.br/mst/pagina.php?cd=5556

Fuente: La Jornada