Sindicalistas y empresarios criticaron la última iniciativa dentro de la Unión Europea (UE) para castigar a empleadores que contratan a inmigrantes indocumentados.

David Cronin

La próxima semana, los ministros del Interior y de Justicia de la UE considerarán una directiva legal propuesta por la Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, que introduce reglas comunes para tratar el problema del empleo a extranjeros sin permiso.

Estos son descritos en los documentos oficiales europeos como "inmigrantes ilegales", aun cuando pocos de ellos han sido sentenciados por algún delito.

Al presentar el borrador original de la directiva el año pasado, la Comisión argumentó que la gran cantidad de empleos no declarados que tienen los inmigrantes puede llevar a graves pérdidas de ganancias impositivas, perjudicar los salarios en general y las condiciones laborales, afectando como consecuencia los seguros de salud y las pensiones.

La Comisión sostuvo que se debían imponer penas financieras a los empleadores que contrataran a inmigrantes indocumentados. Además, propuso obligarlos a pagar el costo de regreso a sus países de origen en caso de una expulsión.

Aunque funcionarios en Bruselas reconocen que no existe información confiable sobre cuántos indocumentados hay en la UE, la Comisión cita estimaciones que van de 4,5 millones a ocho millones. La construcción, la agricultura, la limpieza y los servicios de comida y bebida son los principales sectores donde trabajan.

Los sindicatos sostienen que se necesita un debate abierto sobre la situación de los trabajadores indocumentados, pero señalan que la ley propuesta tiene un enfoque incorrecto del problema.

"Si los empleadores italianos le pagan a los inmigrantes indocumentados mucho menos del salario legal, dicen que lo hacen porque en España hacen lo mismo", señaló Catelene Passchier, de la Confederación de Sindicatos Europeos.

A su vez, "en España afirman que pagan menos del salario mínimo en Holanda. Todos somos consumidores de tomates y fresas que son recolectadas bajo los estándares (laborales) mínimos, y esto es algo que tiene que ser analizado", añadió.

Passchier señaló que la directiva propuesta fue diseñada como una medida contra la inmigración, más que con el fin de mejorar las condiciones laborales. "Esto no dice nada de combatir la explotación laboral", afirmó.

La directiva también exige que cada país de la UE asegure que por lo menos una décima parte de las compañías que alberga sean inspeccionadas todos los años.

Passchier expresó su preocupación por el hecho de que el énfasis está más en intentar seguirle la huella a los inmigrantes que en constatar cuáles son las condiciones laborales. "Se necesitan más salvaguardas. Esto no debe hacerse a expensas de una adecuada inspección. Las inspecciones deben proteger a los trabajadores sin ir a los detalles sobre su estatus legal", sostuvo.

Steven D'Haeseleer, consejero en asuntos sociales para la red de grandes compañías BusinessEurope, dijo dudar que la propuesta actúe como un disuasivo para las firmas que abusan del trabajo barato.

Además, sostuvo que los gobiernos de la UE ya sancionan a los empleadores que tienen personal no autorizado, aunque carecen de recursos para constatar la obediencia de las firmas.

"Hay un problema para hacer cumplir las sanciones a nivel nacional. Añadir una capa extra al nivel de la UE no solucionará el problema. La prioridad debe ser aplicar las sanciones ya existentes a nivel nacional", afirmó.

Jean-Louis de Brouwer, funcionario de la Comisión encargado de asuntos de inmigración, dijo que la directiva se concentraba exclusivamente en castigar a los empleadores más que a los trabajadores en situación irregular.

Pero Jean Lambert, europarlamentario del Partido Verde, expresó su temor de que la directiva tenga un "potencial efecto racista".

"El empresariado de pequeña escala de las minorías étnicas podría ser tenido como objetivo, más que el sector de producción de alimentos, que es por lo general el principal empleador", alertó.

Según Marco Barbieri, ministro de Empleo en la sudoriental región italiana de Puglia, existe una "complicidad forzada" entre los trabajadores inmigrantes y sus jefes.

Barberi dijo que era necesario usar helicópteros para vigilar las granjas en Puglia, ya que los inmigrantes indocumentados suelen huir apenas ven a los inspectores que se acercan a pie.

"Los empleadores a veces pueden ellos mismos pedir una inspección, ya que están en una mejor situación si los trabajadores huyen, pues no tienen que pagarles. Si uno no quiebra esta complicidad forzada, será muy difícil que esa directiva cumpla su objetivo", añadió.

La europarlamentaria italiana Claudia Fava, en quien recayó la tarea de redactar la respuesta oficial del Parlamento Europeo a la directiva, argumentó que ésta debería ser revisada para que reconozca que los inmigrantes pueden hacer una contribución positiva a la economía.

Fava citó algunas predicciones según las cuales se necesitarán 50 millones más de trabajadores en Europa para compensar en 2050 la caída de la tasa de natalidad en varios países del continente y el envejecimiento de la población.

"Usemos esta directiva para absorberlos (inmigrantes) al mercado laboral. Hoy, cuando se encuentra a alguien trabajando ilegalmente, y que además es expatriado, corre el riesgo de ser repatriado", indicó.

Fuente: IPS