El problema de la pedofilia ha alcanzado los titulares de los medios de comunicación aquí en Europa. El último, el sacerdote católico italiano que abusaba de niños y los inducía a las drogas. Por eso, la medida que ha tomado el gobierno alemán nos parece justa y necesaria. Ante todo la defensa del niño cuando es objeto sexual de aquellos que ni siquiera respetan a los más indefensos dentro de una sociedad de ansias, búsquedas sin metas, que pisotean lo más sagrado que nos ha dado la naturaleza: la infancia, en su increíble inocencia de abrir los ojos maravillados ante todo lo nuevo que se le va presentando en su marcha hacia la vida.

Así es, el gobierno alemán ha designado a la ex ministra de Familias Christine Bergmann, “encargada independiente para el estudio del abuso sexual de niños”. Hace meses puso manos a la obra y reunió en torno de su trabajo a setenta psicoterapeutas, médicos y pedagogos sociales. Finalmente, el martes pasado presentó su informe ante el gobierno alemán, de más de mil páginas, en una reunión de prensa. Entre las llamadas instituciones culpables va primero, sola, bien a distancia de las demás involucradas, la Iglesia Católica. Más del 40 por ciento de los criminales pedófilos pertenece a sus filas, seguidos a gran distancia por miembros de la Iglesia Evangélica, de clínicas y consultorios médicos, de clubes deportivos y, por supuesto, de las mismas familias de las víctimas. Casi las dos terceras partes de estos delitos sexuales tienen lugar en los dormitorios de los niños.

En su estudio de 300 páginas, la responsable del estudio aconseja más y mejor terapia y ayuda para las víctimas, alargar los plazos para la prescripción de los delitos y una ley de indemnización para los violados. Además, ofrecer cursos de información y de esclarecimiento para sacerdotes, educadores, médicos, terapeutas y docentes de deportes y entrenadores de equipos. Entre estos últimos existen núcleos que exigen a los jóvenes vida sexual mutua con promesas de grandes futuros deportivos.

Quien lea el informe de Bergmann se encuentra en un mundo desconocido: “De eso no se habla”. Ese es el principal motivo por el cual casi la totalidad de los crímenes contra la niñez y la juventud hayan quedado sin castigo en el mundo de los hombres. No hablan las víctimas, ni sus familiares, ni los familiares de los culpables. “De eso no se habla”, es la consigna tácita no propuesta.

Más, en los miles de testimonios está justamente eso: cuando niños han dicho a los padres que fueron abusados por sacerdotes, por ejemplo, los padres los han tratado de mentirosos y les ordenan no hablar nunca de eso. Porque para ellos está, ante todo, la autoridad eclesiástica.

Ante el informe Bergmann, la Iglesia Católica, a través de sus obispos, de inmediato se comprometió a pagar 5 mil euros a cada una de las víctimas de sacerdotes o de los llamados “hermanos”. Esta propuesta le ha parecido a la encargada del estudio un poco mezquina, pero será la Justicia la que resuelva en definitiva. Hasta ahora el obispado cristiano se ha comprometido en pagar la tercera parte del fondo para víctimas, que es de 120 millones de euros. No es sólo con dinero que se soluciona un problema tan profundo. “Ha llegado la hora de la verdad”, ha declarado la valiente funcionaria que cree más en las investigaciones de cada caso, en reuniones sobre ética, en seminarios sobre conducta de docentes y principalmente de padres y madres que viven atentamente ese aspecto de la vida educativa o los primeros pasos en la religión de sus hijos.

Está el famoso caso del colegio elitista Odenwaldschule, donde el director del mismo durante trece años –de 1972 a 1985– abusó sin problemas de alumnos que él elegía. Era un colegio de pupilos y ese director cada noche invitaba a algunos adolescentes a cenar en su casa –situada en el mismo colegio– y luego a dormir con él. Les hablaba, antes, de la cultura de la antigua Grecia con su entusiasmo por la belleza de los cuerpos y la libertad del amor sin diferencia de sexos. Los alumnos elegidos se sentían muy importantes y creían que eso era parte de la enseñanza. Lo mismo hizo durante décadas un profesor de música, amigo del director. Las anécdotas de los métodos que empleaban esos docentes llenarían páginas: evidentemente tenían mucha imaginación sexual. Los demás docentes sabían y comentaban entre ellos ese tema, pero nunca se atrevieron a hacer la denuncia de los hechos porque, claro, el director estaba nombrado por los dueños de la escuela privada, y esos docentes no sabían cómo reaccionarían los dueños ante la denuncia. Tampoco los padres reaccionaron porque para ellos era un orgullo que sus hijos estudiaran en el famoso colegio elitista, y les recomendaban a ellos que jamás hablaran de ese tema.

Y si hubo algún padre que se atrevió a denunciar el hecho a la policía, ésta le contestaba que no podía basarse en el testimonio de menores de edad para hacer tamaña acusación. Es decir: el poder sabe cuidarse entre sí. La ética está siempre donde cabe el poder. Un caso muy parecido es el cometido en el Colegio Canisius, de los jesuitas, casos callados durante décadas.

Hasta que finalmente hubo alumnos y padres que tuvieron el coraje civil de hacerse cargo de las denuncias y hacerlas públicas, que fueron tomadas por uno o dos medios, y así explotó toda la malignidad social que significa aprovecharse de quienes les han sido confiados para su educación.

Las cartas recibidas por la comisión Bergmann, de perjudicados por la pedofilia, son de un valor humano imperdible. Por ejemplo, está la de un hombre de 70 años, violado repetidamente cuando niño: “En sí fuimos dos veces mancillados, primero por los bestias violadores y luego por los adultos que no nos quisieron escuchar en nuestro dolor. Y como resultado, la confianza perdida en la sociedad y en uno mismo”.

Ese es el resultado. Lo dice el psicólogo Jean Rossilhol, partícipe de todo este informe, que señala que hubo llamados telefónicos anónimos de víctimas: “Cuando se trata de abusos sexuales, no existen ya historias que no han sucedido. Tengo todavía en mi oído relatos de mujeres que cuando eran niñas les confiaron a sus propias madres que habían sido violadas y por ello recibieron de ellas tremendas palizas por contar eso. Y de hombres que fueron aislados por sus familias porque habían acusado al señor párroco de la iglesia por haberlo violado cuando niños. Porque eso no es cierto. Un dignatario cristiano no hace eso”. El escritor Raimund Neuss, ante el informe Bergmann, ha escrito: “La fe autoritaria da al clero un enorme poder psicológico. Y es fatal eso cuando producen en la víctima dependencia y complejo de culpa, y se impide la crítica social. En esto, la Iglesia Católica, para un examen a fondo de sus principios, está recién al comienzo”.

También hay otro aspecto del informe Bergmann: los internados católicos de niños huérfanos. El informe señala que, hasta la década del ’70, hubo más de medio millón de niños huérfanos en esos internados, y en el estudio se ha comprobado que vivieron en condiciones de explotación por los trabajos a los que fueron obligados y en muchos casos sufrieron castigos físicos.

Pero, como ya hemos escrito en notas anteriores, se nota ya un movimiento de liberación en los claustros religiosos del catolicismo. Aunque algunos la pagan caro. Es el caso del padre Georg Schwikart, teólogo y escritor, que iba a ser consagrado diácono en la catedral de Colonia. Pocas horas antes, el obispo Meissner, muy conservador él, le negó el derecho de ese nombramiento. Cuando los periodistas le preguntaron al padre Schwikart por qué su Iglesia le negaba ese cargo, respondió: “Como pensador, cometí la ingenuidad de proponer en mi Iglesia reformas que podían renovarla; por ejemplo, pedí que también las mujeres podían ordenarse como sacerdotes católicos y no solamente los hombres”. Cuando supo la resolución del obispo, el padre Schwikart resolvió ingresar a la Iglesia Evangélica Luterana de Alemania. Y éstas fueron sus palabras: “Yo sé que no marcho hacia el paraíso, pero estoy convencido de que en la Iglesia de la Reforma se respira un aire más libre, es menos jerárquica, más democrática y diría hasta más honesta”. Y agregó: “Para tener fe se necesita conciencia, que es lo que me da fuerza para dar este paso. Sólo aquel que cambia se mantiene fiel consigo mismo”.

Como se ve, por todas las reacciones últimas, algo está pasando en el complejo cristiano de la humanidad. Ojalá se sigan escuchando aquellas voces de seres como los obispos argentinos Angelelli y De Nevares, que tanto futuro estaban ofreciendo a una nueva Iglesia Católica.

Y vamos a terminar con un hecho que nos tiene que llenar de gozo y ternura. En primer lugar, un hecho negativo que dio origen a algo generoso y positivo. En el pueblo renano de Eudenbach, en una misa de primera comunión, el cura Udo Schiffers, como los niños presentes conversaban durante el oficio, dijo en voz alta: “O se van todos o suspendo la misa”. Esto causó sorpresa e indignación en los padres y madres presentes, que tomaron de la mano a los niños y se retiraron. Este episodio salió en los diarios con distintos comentarios. “Dejad que los niños vengan a mí”, dijo alguna vez Jesús. Esta frase fue repetida por algunos medios que censuraron al cura cascarrabias. Pues bien, el miércoles, el Congreso alemán acaba de aprobar una resolución por la cual se protege a los ruidos infantiles. Es decir, todo bullicio infantil está permitido y no se puede iniciar juicio por él como “ruido molesto”. Muy bien por esos diputados y senadores. Eso es votar vida. Porque las voces de los niños nos acercan al cielo.

Osvaldo Bayer

Fuente: Página 12

La ofensiva contra los jueces en casos de Derechos Humanos

El ataque político, técnico-profesional y personal contra la jueza penal de 7º turno, doctora Mariana Mota, promete llegar a niveles extremos. Como ocurrió con los magistrados Alberto Reyes, Alejandro Recarey y Gustavo Mirabal, desde distintos flancos se busca deteriorar la imagen de la jueza que condenó al dictador Juan María Bordaberry y a varios militares por delitos que no dudó en tipificar como crímenes de lesa humanidad. En tiempos de impunidad, el sistema judicial desnuda su fragilidad cuando gobierno y parlamento no le dan apoyo para su mejor funcionamiento.

Pocos imaginaron que esa mujer delgada, de pelo corto, casi tímida y de voz suave podría llegar a ser temida por los militares y policías que violaron los derechos humanos en los años de la dictadura. Sus antecedentes en el juzgado penal de 3º turno en la ciudad de la costa adelantaban su coraje para enfrentar a toda una mafia del contrabando que llevó a una serie de procesamientos en la Aduana del Aeropuerto de Carrasco. Pero, cuando la doctora Mariana Mota fue designada en el juzgado penal de 7º turno, muchos impunes suspiraban de alivio, por el traslado a los juzgados especial sobre ilícitos económicos de la jueza Graciela Gatti, quien había abierto la causa y ordenado el procesamiento con prisión del dictador Juan María Bordaberry.

La jueza Mota heredó un juzgado “caliente”, donde la causa Bordaberry no parecía una prioridad. En sus manos había quedado el caso de los hermanos José, Jorge y Juan Peirano Facio y el incidente de espionaje del ex agente del SIDE argentino, Iván Velázquez, un hacker que había perfeccionado un programa a través de Internet con el que se infiltró en documentos y secretos de autoridades, dirigentes políticos y periodistas de ambas márgenes del Río de la Plata. Mota tuvo que otorgarles la libertad a José y Jorge Peirano porque el Parlamento derogó una ley que los mantenía presos, pero a la vez mantuvo encarcelado a Juan Peirano tras su extradición desde Estados Unidos. Velázquez también fue procesado con prisión luego de espiar a la propia policía uruguaya que le pidió “ayuda” en la instalación de un software.

Desde que llegó al juzgado, Mariana Mota estudió detenidamente el voluminoso expediente contra Bordaberry, donde la denuncia original interpuesta por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León, habían permitido recabar testimonios y pruebas sobre decenas de crímenes de lesa humanidad ocurridas durante el mandato del dictador que el ministerio público a cargo de la doctora Ana María Telechea fue “acordonando” como causas a profundizar. Mota modificó la carátula de homicidios con que Gatti había encausado a Bordaberry por los casos de desaparecidos y los tipificó como desapariciones forzadas, a la vez que admitió que el presidente que disolvió el parlamento en 1973 había atentado contra la Constitución. Por primera vez un dictador fue condenado como tal.

La jueza Mota y la fiscal Telechea avanzaron sobre los casos “acordonados” y coincidieron en encarcelar a los oficiales aeronáuticos José Araújo Umpiérrez y Enrique Rivero por el homicidio del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa, cuyo cuerpo desaparecido había sido ubicado en una chacra de Pando en el informe que la propia Fuerza Aérea entregó al presidente Tabaré Vázquez en 2005. Paralelamente, se planteó a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad sobre 19 casos de muertes por tortura durante el ese período de la dictadura y otro similar por el caso del fusilamiento sumario de cinco tupamaros que habían sido secuestrados en Argentina y cuyos cuerpos acribillados fueron encontrados cerca de la localidad de Soca, como supuesta represalia ante el homicidio del coronel Ramón Trabal en París, en diciembre de 1974.

En el juzgado de 7º turno también se resolvió el procesamiento del coronel Carlos Calcagno por la desaparición de los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana en Paraguay en 1977 y se reinició la investigación sobre la desaparición en Maldonado del dirigente frenteamplista Horacio Gelós Bonilla, que el presidente José Mujica excluyó de la Ley de Caducidad. El trabajo de Mota se amplió cuando la Suprema Corte de Justicia –como lo había hecho con la muerte de Nybia Sabalsagaray- consideró inconstitucional la polémica Ley 15.848 en los 19 casos de muerte por tortura y en los fusilamientos de Soca, sobre los que había recurrido la fiscal Telechea. Desde entonces, también pasaron a instruir el caso de desaparición del maestro Julio Castro y recibieron nuevas denuncias por torturas en Bosio Lanza y sobre el caso de Antonio Viana Acosta.

El protagonismo adquirido por la jueza Mota (de bajo perfil mediático y a quien no le gusta salir ni en fotografías) y la fiscal Telechea (que seguía los pasos de la fiscal Mirtha Guianze), no tardó en ser atacado por los sectores y estructuras que defienden a los militares encausados por violaciones a los derechos humanos. Adelantando una estrategia que a principios de este año se hizo expresa con la creación del denominado Foro Libertad y Concordia, desde un par de importantes estudios de abogados se comenzó a diseñar una ofensiva que viene disparando sobre la representante del ministerio público y contra la propia jueza en el debate jurídico y a través de una serie de “chicanas” y recursos administrativos que han logrado enlentecer los procesos para llegar a noviembre próximo, fecha prevista para la prescripción de los delitos.

Esa molesta justicia

No es la primera vez que jueces que intentaron avanzar en la investigación de violaciones a los derechos humanos terminan siendo cuestionados. En 1997 el juez Alberto Reyes quiso iniciar las excavaciones en los Batallones 13 y 14 en busca de los desaparecidos y chocó con una resolución del presidente Julio María Sanguinetti quien “estiró” la Ley de Caducidad para impedirlo. En 2003, el juez Gustavo Mirabal impulsó la investigación sobre la desaparición de María Claudia García de Gelman y en tres oportunidades fue detenido por el fiscal Enrique Moller. Mirabal terminó pidiendo su traslado a un juzgado de lo contencioso administrativo y Moller pasó a comisión en el Parlamento como asesor del diputado blanco Sergio Botana. Aquel año, cuando el juez Alejandro Recarey sustituyó por enfermedad al titular Eduardo Cavalli en la causa sobre desaparición de la maestra Elena Quinteros, intentó acelerar la indagatoria y terminó cuestionado por su condición de magistrado suplente. Pese a su estado de salud, Cavalli reasumió en el juzgado.

La embestida contra jueces y fiscales que procuraban esclarecer las violaciones a los derechos humanos también tuvo como víctima a la fiscal Mirtha Guianze, impedida de ascender al cargo de Fiscal de Corte y atacada por la condición de preso político que tuvo su marido. También la fiscal Ana María Telechea fue cuestionada y denunciada ante sus superiores, en el marco de la estrategia desplegada por los abogados de los criminales de lesa humanidad, que cuentan con el asesoramiento y experiencia de sus colegas argentinos especializados en la defensa de estos casos, quienes les han facilitado el acceso a seminarios internacionales y un lobby regional financiado por poderosos grupos económicos que apoyan a partidos políticos conservadores en contra de los gobiernos progresistas existentes en la región.

Mariana Mota terminó siendo blanco de un ataque del ex fiscal Miguel Langón, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre por su sentencia contra el coronel Carlos Calcagno. La jueza se vio obligada a hacer una aclaración pública ante un programa de radio El Espectador donde se le cuestionaba sin fundamentos. Hasta la actual directiva del propio Colegio de Abogados del Uruguay llegó a difundir una crítica declaración que motivó días atrás el pedido de desafiliación gremial por parte de la fiscal Telechea. Ahora, la jueza también pasaría a ser investigada por su eventual participación como ciudadana en una marcha de silencio en la que cien mil uruguayos reclamaron el pasado 20 de mayo por verdad, justicia y la vigencia de los derechos humanos en Uruguay.

La situación termina por revelar la dificultad que fiscales y jueces tienen para realizar su trabajo en las causas de derechos humanos, ante la falta de apoyo de los poderes del Estado que no les facilitan la infraestructura necesaria y donde no hubo voluntad política para crear un par de juzgados especiales en la materia (similares a los de la lucha contra los delitos económicos) como había propuesto el senador Oscar López Goldaracena durante la discusión del presupuesto quinquenal. Similar indefensión sufren los propios testigos y víctimas de las causas por violaciones a los derechos humanos, quienes tienen que compartir sala de espera con los posibles indagados (en ocasiones sus propios torturadores) o declarar en pequeños despachos donde la víctima y el victimario prácticamente se tocan, como le ocurrió a Sara Méndez en un careo con el policía Ricardo Conejo Medina.

El grupo de abogados que defiende a los criminales de lesa humanidad, aparece hoy encabezado por el ex fiscal de Corte, Miguel Langón, que utiliza como sede el Estudio del abogado Carlos Curbelo Tammaro, ubicado junto al edificio de los juzgados de la calle Misiones. Langón, quien asesora directamente al Foro Libertad y Concordia y a varios de los militares retirados que están presos en la cárcel de Domingo Arena, maneja los contactos con los abogados argentinos que defienden a los golpistas del vecino país. En forma paralela se mueve el estudio Bordaberry-Viana, donde el abogado Gastón Chaves Sosa se ocupa de la defensa del dictador Bordaberry junto al doctor Gustavo Bordes. En varias causas ambos grupos de abogados han manejado estrategias en común, como en el caso Luzardo, donde el abogado Pedro Montano (que junto a Curbelo Tammaro fue codefensor de Gregorio Alvarez) recusó al juez Juan Carlos Fernandez Lecchini

Entre las maniobras impulsadas por los defensores se encuentra la de impedir que los testigos sean acompañados por un abogado (como establece la ley 18.026), mientras que los acusados se presentan con un ejército de profesionales que llegan a destratar a las víctimas e interponen sucesivos recursos para dilatar el proceso (aunque saben que serán desestimados), como ha ocurrido en la causa Gelós Bonilla. También ha existido una directa intimidación sobre personal subalterno que podía proporcionar información, a quienes abogados impuestos por los clubes militares les advirtieron que habían llegado como testigos pero podían terminar siendo imputados si hablaban. En la causa Sabalsagaray, la citación a los testigos militares se hizo desde el propio Ministerio de Defensa, con un papel grapado donde aparecía el teléfono de un coronel del despacho del Comandante del Ejército, con quien debían comunicarse antes de ir a declarar.

Roger Rodríguez
rogerrodriguez@adinet.com.uy

Fuente: Caras & Caretas

Un librito escolar del escritor Parson Weems inauguró en 1800 el mito de que el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, jamás había dicho una mentira. Dos siglos después, la ciudadanía estadounidense está acostumbrada a que sus gobernantes le mientan en la cara.

Para no ir demasiado atrás, la sinopsis de esta historia puede empezar el 6 de agosto de 1945, cuando Harry Truman anunció que “la primera bomba atómica fue arrojada sobre la base militar de Hiroshima”, ciudad donde vivían medio millón de japoneses inermes, con la intención de “evitar al máximo la muerte de civiles”. En los cinco años siguientes morirían 200.000 a causa del bombardeo. En 1962, un día antes de la invasión a Playa Girón en la que murieron 14 estadounidenses y que contó con apoyo de la CIA, John F Kennedy sostuvo que su gobierno no planeaba “una intervención militar en Cuba”.

Lyndon B Johnson inventó en 1964 “renovadas acciones hostiles contra barcos de Estados Unidos en aguas del golfo de Tonkin” para inyectar más tropas en Vietnam. Nixon mantuvo esa mentira y pronunció tantas otras, sobre todo por el caso Watergate, que terminó renunciando. Una de ellas las resume todas: “No soy un sinvergüenza”. Ronald Reagan juró en 1986 que no canjearía “armas ni nada por rehenes”. Luego, debió admitir que entregó equipo antitanques a Irán con ese fin, aprovechando la operación para canalizar por vías clandestinas dinero a la guerrilla que se oponía en Nicaragua a la Revolución Sandinista.

“Escúchenme. No lo voy a decir de nuevo: no tuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita [Mónica] Lewinsky”, dijo muy serio por televisión Bill Clinton, quien también bombardeó una fábrica de aspirinas en Sudán con la patraña de que allí se producían armas químicas justo cuando el Congreso lo enjuiciaba por conducta impropia.

A George W Bush no le temblaba una pestaña cuando promovía con argumentos falaces la injustificable guerra en Iraq. Su gobierno fue el imperio de la mentira. Y lo reeligieron. Barack Obama adornó sus informes públicos sobre el asesinato de Osama bin Laden en Pakistán y sobre el ataque a Libia con abundantes engaños y enredos. Su popularidad se disparó al cielo.

Las mentiras presidenciales tienen consecuencias. Facilitan reelecciones, pero también siembran desconfianza en todo sistema político y hasta en valores fundamentales como los de la democracia y la república. Una señal de eso en Estados Unidos es el escaso registro de ciudadanos para ejercer el voto y la elevada abstención electoral, de entre 45% y 60%.

Si Uruguay llegara a esta situación extrema, la obligatoriedad del sufragio disimularía esa desconfianza. Sin embargo, el ejemplo estadounidense recomienda poner las barbas en remojo. El presidente de la República debería dirigirse a la ciudadanía con sinceridad y sin mentiras, y también debe esforzarse por ser verosímil. Debe ser sincero y parecerlo.

Pero la verosimilitud es todo un problema para el presidente José Mujica. Su peripecia en torno de la Ley de Caducidad sirve como muestra. En 1986, su Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) fue de los primeros en apoyar de la campaña por un plebiscito para derogarla. En 2003, el sector logró excluir del programa de gobierno del Frente Amplio la anulación de la norma, procedimiento al que consideraban piantavotos. La posterior campaña por el referéndum contra la impunidad contó con la adhesión de Mujica en 2009, cuando estaba finalizando, y el entonces precandidato argumentó que firmaba porque estaba “podrido de ir a los juzgados”. Una vez que fue candidato a presidente, no dijo en los actos de campaña ni una palabra a favor del voto rosado. Pocas semanas después de ponerse la banda presidencial, su canciller, Luis Almagro, se dedicó a diseñar con la bancada y las autoridades del Frente Amplio una solución legislativa que desactivara la Ley de Caducidad. Un año después, cuando esa solución estaba por aprobarse en el Parlamento, Mujica desautorizó a Almagro. Luego, les advirtió a los diputados frenteamplistas que si apoyaban el proyecto socavarían el rendimiento electoral del oficialismo. Pocos días más tarde, le pidió al diputado Víctor Semproni que lo votara por disciplina partidaria, sin éxito. Tras el fracaso parlamentario, dijo que “es una pena”. Ahora asegura que se propone reanudar por la vía administrativa los 88 juicios que sus antecesores ampararon en la Ley de Caducidad.

Aun con este panorama tan complicado es posible presumir la sinceridad de Mujica. Creer que hace lo que puede con el equipo y las circunstancias que lo rodean. Pero esta suposición resulta cada día más difícil. La pregunta es: ¿Mujica quiere desactivar la ley más nefasta de la historia uruguaya? El menor de los riesgos de una respuesta negativa es que el presidente quede como un mentiroso frente a esta generación y las siguientes. El mayor de los riesgos es que alimente la desconfianza de la ciudadanía en el sistema político y en la democracia. Hagan sus apuestas.

Marcelo Jelen

Fuente: La Diaria

Verdad y justicia. Derecho de todos. Responsabilidad del Estado” o “Mentira e injusticia. Nadie tiene derecho a la verdad ni a la justicia. El Estado no es responsable de garantizar esos derechos.”

¿A cuál consigna debería adherir un juez? ¿Un legislador? ¿Un presidente? ¿Un periodista?

Tomar partido por el respeto a los derechos humanos y aceptar que el Estado es responsable de ofrecer las garantías para su cumplimiento es un acto que se debería saludar, sobre todo cuando la postura la asume alguien que representa al propio Estado.

Eso fue lo que hizo la jueza Mariana Mota si concurrió a la Marcha del Silencio del pasado 20 de mayo. Ya otros integrantes del sistema judicial –jueces, fiscales, además de abogados– han concurrido. ¿Por qué se da a entender de soslayo que en esta actitud humana, responsable, transparente, hay un acto de pérdida de la imparcialidad? El hecho de concurrir a la marcha convocada por los familiares de detenidos desaparecidos, que aún buscan explicaciones, restos de sus hijos, padres, nietos, abuelos, y que se juzgue a los responsables, no implica que los jueces corran luego a su despacho, saquen del cajón de su escritorio una venda, se la pongan sobre los ojos y alcen una espada filosa contra el primer denunciado por violaciones a los derechos humanos que aparezca.

Implica, en todo caso, una muestra de responsabilidad, una señal de probidad: como representante del Poder Judicial hará todo lo que esté a su alcance para reunir indicios que le acerquen a la verdad, pruebas que le permitan juzgar y eventualmente condenar a quienes hayan incurrido en crímenes de lesa humanidad, como deberían ser considerados los asesinatos políticos, la desaparición forzada, la tortura, cometidos en cualquier tiempo.

El semanario Búsqueda no se sorprende si un juez y el abogado de un narcotraficante conversan o intercambian ideas caminando por la calle Misiones o incluso en el bar de la esquina. ¿O es que nunca se ha visto una escena de ese tipo? ¿Nadie vio jamás a través de los ventanales del bar Misiones a abogados y jueces compartiendo un café, debatiendo, sonriendo ante alguna ocurrencia de uno u otro?

Pues, esas charlas se dan –porque “el Uruguay es muy chico y nos conocemos todos”– y Búsqueda no se inmuta por eso. Los hechos ocurren a la luz pública, sin ánimos de ocultamiento. No hay por qué perturbarse. Salvo que se tengan sospechas…

Uno de los que siendo fiscal del Estado en lo Contencioso Administrativo compartió más de una vez una mesa de bar, una charla en medio de la calle, con abogados que demandaban al Estado por diferentes razones, a la vista de quién quisiera verlo, fue el jurista y ahora defensor de represores Miguel Langón. Ya lo hacía cuando era fiscal penal y se mostraba –¿por qué no?– charlando en lugares públicos con abogados que defendían a indagados en casos en que Langón actuaba como acusador.

¿Alguien hizo una noticia de esos encuentros públicos? No recuerdo haberlo leído en Búsqueda.

¿Entonces, por qué es motivo de alerta que la jueza Mota haya conversado en la marcha del 20 de mayo, ante la mirada de decenas de miles de personas, con el abogado patrocinante de casos de derechos humanos y legislador frenteamplista, Óscar López Goldaracena?

Si un periodista tuviera sospechas, indicios, datos, de que en las charlas de bar o de calle entre jueces y abogados se estuviera “arreglando” algún caso, debería investigar y publicar, si confirma los hechos.

Dejar caer una sospecha, una más, contra la jueza sobre cuya cabeza Búsqueda sí ha puesto una espada y pedido a gritos que alguien, quien sea, baje el filo hasta decapitarla, parece confirmar la existencia de una campaña contra la magistrada.

Casualmente es una jueza que tiene a cargo varios expedientes de derechos humanos –en los que actúan Langón y otros abogados defensores– y la única que ha aplicado la ley de crímenes de lesa humanidad, en consonancia con la opinión del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

¿Quién se beneficiaría si a Mota la removieran del juzgado penal? Si pasara, seguramente llegarían decenas de cartas de felicitaciones para ser publicadas en las páginas finales del semanario de los jueves, entre ellas las que suelen enviar los hospedados en la cárcel de Domingo Arena y sus allegados –algunos que quizá teman ser procesados–, quienes se han vuelto grandes colaboradores de tan reconocida sección.

Walter Pernas

Fuente: Brecha

Se acusa a Mladic de ser el responsable de la muerte de siete mil musulmanes entre hombres y niños en Srebrenica en 1995. Serbia comenzó el proceso de extradición del ex general al tribunal de crímenes de guerra en La Haya.

El despiadado líder militar serbio Ratko Mladic se encontraba anoche en una celda a punto de enfrentar un juicio por crímenes de guerra. Las autoridades estuvieron 16 años buscando a quien se cree fue el responsable de la peor masacre de civiles desde la Segunda Guerra Mundial. Mladic, de 69 años, fue alojado en una celda para crímenes de guerra en Belgrado, luego de un arresto domiciliario en una casa humilde de un familiar suyo, en una pequeña aldea al norte de Serbia. Cargaba consigo dos pistolas, pero se entregó sin resistencia. Fue arrestado por efectivos serbios de seguridad a las 5.30 de ayer en la aldea de Lazarevo. Se encontraba en una casa de ladrillos amarillos que había pertenecido a su primo, Branko Mladic. Los vecinos nunca lo habían visto. Según dijo Rasim Ljajic, un ministro serbio que se ocupa de crímenes de guerra, cuando Mladic salió de la casa estaba pálido y parecía aun más viejo que los 69 años que tiene.

Esta detención allana el camino para que Serbia se integre a la Unión Europea. El país era considerado una nación paria por la Unión Europea, por haber fracasado en arrestar al hombre responsable de la muerte de siete mil musulmanes, hombres y niños, en Srebrenica, en 1995. Increíblemente, Mladic era considerado como un héroe por muchos compatriotas por su rol en las guerras balcánicas de la década del ’90.

“Damos por terminado un período difícil de nuestra historia; hemos quitado la mancha del rostro de Serbia”, dijo el presidente Boris Tadic en un anuncio a toda pompa. Dijo que Serbia había comenzado el proceso de extradición del ex general al tribunal de crímenes de guerra en La Haya, donde se lo condenará a cadena perpetua en caso de encontrarlo culpable de genocidio y otros cargos.

La casa donde fue encontrado el genocida venía siendo vigilada desde hace meses. La esposa de Mladic, Bosiljka –quien intentó declararlo muerto el año pasado–, y su hijo dijeron que se encontraban shockeados y sorprendidos por la noticia que terminó con años de búsqueda, falsos escondites y obstáculos por parte de las autoridades serbias. A pesar de los millones de dólares que pesaban sobre su cabeza, Mladic pudo vivir un largo tiempo abiertamente en Serbia antes de tener que esconderse, una vez que las autoridades comenzaron a cercar sus pistas. Cuando Slodoban Milosevic estaba en el poder, Mladic iba a ver partidos de fútbol y no reparaba demasiado en esconderse. Pero cuando Milosevic fue destituido en 2000, la búsqueda de su paradero se tornó más seria, y a partir de allí dejó de mostrarse en público por diez años.

Se cree que los ultranacionalistas fieles a Mladic, que permanecían en el ejército serbio y en la policía tras la caída de Milosevic, lo tenían escondido. También se supone que esos remanentes fueron responsables de las filtraciones en las investigaciones acerca del paradero de Mladic. La presión que ejerció la Unión Europea y la OTAN sobre el gobierno reformista serbio para dar con el genocida hizo que éste se convirtiera en el primer obstáculo para la integración de Serbia a la Unión Europea.

El verdadero punto de inflexión se dio con el repentino arresto en 2008 del líder de los serbiobosnios, Radovan Karadzic, casi irreconocible por la barba y el pelo largo, posando como un gurú new age. El había estado viviendo con bajo perfil en Belgrado bajo un nombre falso. A partir de ahí comenzó a acelerarse el ritmo de la cacería.

Hubo numerosas redadas. En noviembre de 2008, una fábrica privada y la casa de su dueño fueron allanadas en el pueblo central de Valjevo. En 2009, la policía internacional allanó la casa de la hermana de Mladic, en la parte controlada por Serbia de Sarajevo.

Mladic está acusado de homicidio y otros crímenes contra la humanidad, uno de los cuales está considerado la peor atrocidad de la guerra en Bosnia: la masacre de al menos siete mil musulmanes en el pueblo Srebrenica, en julio de 1995. También enfrenta cargos por el asedio de tres años y medio sobre la capital bosnia de Sarajevo, el cual dejó más de 10 mil muertos durante bombardeos indiscriminados contra la ciudad. Junto con Radovan Karadzic, Mladic se convirtió en un símbolo de la campaña serbia de limpieza étnica en la guerra. Karadzic, en juicio en La Haya, envió su solidaridad a Mladic por su arresto. Un cartel que decía “Mladic héroe” fue colgado en la entrada de la casa donde fue arrestado. La policía serbia prohibió ayer todas las reuniones y elevó los niveles de seguridad a lo largo del país en caso de una reacción violenta del nacionalismo.

Vesna Peric Simonjic *

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página 12.

Fuente: Página 12

Al menos dos personas heridas por los golpes de los Mossos

Los acampados llaman a concentrarse a las 19 hs. en Plaça Catalunya: Ven a la plaza y trae flores! Respuesta pacífica ante su brutalidad.

Cientos de personas se están acercando a la Plaça Catalunya de Barcelona para evitar el desalojo de la acampada. Los mossos están cargando contra una sentada pacífica. Hay al menos dos heridos entre los acampados.

La tensión aumenta en Plaça Catalunya y alrededores tras el intento de desalojo de la acampada de Barcelona. Cientos de personas se han ido concentrando a partir de las 8 de la mañana para evitar que el dispositivo de los mossos de Esquadra, la policía municipal barcelonesa y los servicios de limpieza desmonten el campamento de ’los indignados’.

En estos momentos, hay al menos dos heridos después de que los mossos caragaran contra la sentada que intentaba evitar la salida de los camiones con diversos materiales sustraídos de la acampada. Estas personas han tenido que ser trasladadas en ambulancia, informa Joana García Grenzner.

Según testigos presenciales, una patrulla de la Guardia Urbana (policía municipal barcelonesa) ha atropellado a un grupo que seguía la concentración. La matrícula del coche policial es 7205FVH.

Desalojo "por higiene"

La versión facilitada por la policía es que el dispositivo, que rodeó y bloqueó Plaça Catalunya a partir de las 6.30 de la mañana, pretende limpiar la zona de la acampada. Según publica La Vanguardia, la policía está diciendo que una vez desmontado el campamento "las personas podrán quedarse".

Según informan desde la acampada, lo primero que han sustraído los agentes de la Guardia Urbana han sido los ordenadores del punto de comunicación de la protesta.

Desde Barcelona, Joana García está siguiendo el desalojo a través de su cuenta @JoanaGGrenzner en twitter. También más información en @Acampadabcn

Fuente: Diagonal

Mientras, EEUU y UE discuten por su segundo rescate

10.000 manifestantes griegos "indignados" persistieron ayer por segundo día sus protestas en la plaza ateniense de Sintagma (Constitución) de Atenas, pero también en Tesalónica y otras ciudades contra las nuevas medidas de austeridad que el Ejecutivo pretende implantar para evitar la quiebra del Estado. Se prevé que esta tarde a las 18:00 mucha gente acuda a la convocatoria lanzada en Facebook. Los manifestantes ya se organizan para una acampada larga, que replica la del 15M en España.

Y mientras en las calles de Europa la indignación crece, en el G8 de Deauville, UE y EEUU discuten sobre el problema de Grecia. Todos están de acuerdo en que el gobierno griego debe imponer más recortes. ¿Pero quién salvará la deuda griega esta vez? La UE no está dispuesta a asumirse el coste sola, pero los EEUU tienen prisa por resolver el problema, pues a medida que baja el euro (ayer valía 1,41 frente al dólar), se dificultan sus exportaciones. Queda claro, pues, que hay que salvar el euro; pero para ello habría que reestructurar la deuda griega, lo cual supondría a su vez una caída de los bancos europeos. Fitch advirtió del riesgo de contagio anteayer. Lo llaman contagio, pero también lo califican como esquema Ponzi. En este juego de la cerilla, nadie quiere ser el último y quemarse. Así, ya hay quien como Peter Fischer, de Blackrock, que, en una entrevista al Financial Times, sugiere la idea de otra operación de salvamento de los bancos europeos. Preparémonos, pues, para otro "rescate" del "comunismo del capital", como diría Christian Marazzi.

Una cosa es cierta. Respecto a la anterior hay una gran diferencia. Un nuevo espectro, que viene de África, recorre Europa: es la indignación de las plazas contra el capitalismo financiario. Al gobierno del mundo, que desde 1980 está en manos de una clase capitalista transnacional, le está respondiendo, por fin, una clase anticapitalista, también transnacional.

Gorka Larrabeiti

Fuente: Rebelión