Brasil acoge en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, llamada también “Rio+20” porque se ­celebra dos décadas después de la primera gran Cumbre de la Tierra de 1992. Asistirán a ella más de 80 jefes de Estado. Las discusiones se centrarán en torno a dos temas principales: 1) una “economía verde” en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; y 2) el marco institucional para el desarrollo sostenible. En paralelo al evento oficial, también se celebra la Cumbre de los Pueblos que congrega a los movimientos sociales y ecologistas del mundo.

Las cuestiones ambientales y los desafíos del cambio climático siguen constituyendo urgencias mayores de la agenda internacional (1). Pero esta ­realidad está siendo ocultada, en España y en Europa, por la gravedad de la crisis económica y financiera. Normal.

La eurozona atraviesa uno de sus momentos más difíciles a causa del ­fracaso manifiesto de las políticas de “austeridad a ultranza”. La recesión se ha instalado en varias economías, con un desempleo en alza y dramáticas ­tensiones financieras. España, en particular, vive sus momentos más preocupantes desde 2008; peores que cuando ­quebró el banco Lehman Brothers. La economía ha debido someterse a la auditoría de los inspectores de Bruselas. La prima de riesgo se disparó entrando en zona de intervención, y se han vuelto a despertar todas las dudas sobre la solvencia del sistema bancario español, arrastrado por la escandalosa quiebra de Bankia.

Ante el fracaso del Banco de España, y las dudas sobre la credibilidad del sistema financiero, se ha tenido que recurrir a un grupo de firmas “independientes” extranjeras para analizar la morosidad oculta de los bancos españoles (2). Entre los ciudadanos se extiende la idea de que España va a necesitar, de manera más o menos inmediata, el apoyo del Fondo de Rescate Europeo, como ya le ocurrió a Irlanda, Grecia y Portugal. El 62% de los españoles lo teme.

Cunde pues el pesimismo. El premio Nobel de economía Paul Krugman echó leña al fuego cuando, el mes pasado (3), avisó que es “muy posible” que Grecia abandone el euro en el curso de este mes de junio... Una salida de Atenas de la moneda única europea tendría como consecuencia inmediata la fuga de capitales hacia los paí­ses vecinos y la retirada en masa de los depósitos bancarios. Fenómenos que se contagiarían inevitablemente a Portugal e Irlanda y, sin duda, a España e Italia. Krugman vaticinó por cierto que no descartaba que, después, llegara a España y a Italia un corralito bancario (4)...

En esas preocupaciones estamos. Y por eso los ciudadanos europeos siguen con tanta atención la agenda electoral europea: elecciones legislativas francesas el 10 y el 17 de junio; nuevas elecciones griegas ese mismo día 17 de junio. Y la cumbre de Bruselas del 28 y 29 de junio que decidirá por fin si la Unión Europea sigue la senda alemana de la austeridad hasta la muerte, o si adopta la vía francesa del crecimiento y del resurgimiento. Dilema vital.

Pero ello, a pesar de su dramatismo, no debe hacernos olvidar que, a escala del planeta, hay otros dilemas vitales no menos decisivos. Y el principal de ellos es el desastre climático del que será cuestión, también este mes, en Río de Janeiro. Recordemos que, en 2010, el cambio climático fue la causa del 90% de los desastres naturales que ocasionaron la muerte de unas 300.000 personas, con un quebranto económico estimado en más de 100.000 millones de euros…

Otra contradicción: en Europa, los ciudadanos reclaman, con razón, más crecimiento para salir de la crisis; pero en Río, los ecologistas advertirán que el crecimiento –si no es sostenible– significa siempre mayor deterioro del medio ambiente y mayor peligro de agotamiento de los limitados recursos del planeta...

Los líderes mundiales, junto con miles de representantes de gobiernos, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y otros grupos de la sociedad civil, se reúnen pues en Río de Janeiro para definir precisamente una agenda global a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y también reducir la pobreza y promover la igualdad social. El debate central estará entre el concepto de “economía verde” que defienden los portavoces del neoliberalismo, y el de “economía ­solidaria”, promovida por los movimientos que creen que sin la superación del modelo actual de “desarrollo predatorio”, basado en la acumulación privada de riqueza, no habrá preservación ambiental.

Los países ricos acuden a Río con esa propuesta principal de la “economía verde”. Un concepto-trampa que se limita a designar, la mayoría de las veces, un simple camuflaje verde de la economía pura y dura de siempre. Un “enverdecimiento”, en suma, del ­capitalismo especulativo. Esos países desean que la Conferencia Rio+20 les otorgue un mandato de las Naciones Unidas para empezar a definir, a ­escala planetaria, una serie de indicadores de medición para evaluar económicamente las diferentes funciones de la naturaleza, y crear de ese modo las bases para un mercado mundial de servicios ambientales.

Esa “economía verde” desea no sólo la mercantilización de la parte material de la naturaleza ­sino la mercantilización de los procesos y funciones de la naturaleza. En otras palabras, la “economía verde”, como afirma el activista boliviano Pablo Solón, busca no sólo mercantilizar la madera de los bosques sino mercantilizar también la capacidad de absorción de dióxido de carbono de esos mismos bosques (5).

El objetivo central de esa “economía verde” es crear, para la inversión privada, un mercado del agua, del medio ambiente, de los océanos, de la biodiversidad, etc. Asignando precio a cada elemento del medio ­ambiente, con el objetivo de garantizar las ganancias de los inversores privados. De tal modo que la “economía verde”, en vez de crear productos reales, organizará un nuevo mercado inmaterial de bonos e instrumentos financieros que se negociarán a través de los bancos. El mismo sistema bancario culpable de la crisis financiera del 2008, que recibió miles de millones de euros de los gobiernos, dispondrá así, a su antojo, de la Madre Naturaleza para seguir especulando y realizando de nuevo cuantiosas ganancias.

Frente a estas posiciones, paralelamente a la Conferencia de la ONU, la sociedad civil organiza en Río la Cumbre de los Pueblos. En este foro se presentan alternativas en defensa de los “bienes comunes de la humanidad”. Producidos por la naturaleza o por grupos humanos, a nivel local, nacional o global, estos bienes deben ser de propiedad colectiva. Entre ellos están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos –ríos, océanos y ­lagos–, las tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques ­naturales, el lenguaje, el paisaje, la memoria, el ­conocimiento, ­Internet, los productos distribuidos con licencia libre, la información genética, etc. El agua dulce empieza a ser vista como el bien común por excelencia, y las luchas contra su privatización –en varios Estados– han tenido notable éxito.

Otra idea que preconiza la Cumbre de los Pueblos es la de una transición gradual entre una civilización antropocéntrica y una “civilización biocéntrica”, centrada en la vida, lo que implica el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza y la redefinición del buen vivir y de la prosperidad de modo que no dependan del crecimiento económico infinito. También defiende la soberanía alimentaria. Cada comunidad debe poder controlar los alimentos que produce y consume, acercando consumidores y productores, defendiendo una agricultura campesina y prohibiendo la especulación financiera con los alimentos.

En fin, la Cumbre de los Pueblos reclama un vasto programa de “consumo responsable” que incluya una nueva ética del cuidado y del compartir; una preocupación contra la obsolescencia artificial de los productos; una preferencia por los bienes producidos por la economía social y solidaria basada en el trabajo y no en el capital; y un rechazo del consumo de productos realizados a costa del trabajo esclavo (6).

La Conferencia Rio+20 ofrece así la ocasión a los movimientos sociales, a escala internacional, de reafirmar su lucha por una justicia ambiental en oposición al modelo de desarrollo especulativo. Y su rechazo del intento de “enverdecimiento” del capitalismo. Según esos movimientos, la “economía verde” no constituye una solución a la crisis ­ambiental y alimentaria. Al contrario, se trata de una “falsa solución” que agravará el problema de la mercantilización de la vida (7). En suma, un nuevo disfraz del sistema. Y los ciudadanos están cada vez más hartos de los disfraces. Y del sistema.

Ignacio Ramonet


(1) Léase Ignacio Ramonet, “Urgencias climáticas”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2012.

(2) El País, Madrid, 21 de mayo de 2012.

(3) The New York Times, Nueva York, 13 de mayo de 2012.

(4) “Corralito” es una palabra surgida durante la crisis económica argentina de 2001, cuando ante la avalancha de clientes a los bancos para retirar sus ahorros, el ministro Domingo Cavallo decidió que cada titular de cuenta sólo podría retirar un máximo de 250 pesos por semana. El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró, al revuelo causado por la palabras de Krugman, asegurando que un corralito en España es una posibilidad técnicamente imposible.

(5) Pablo Solón, “¿Qué pasa en la negociación para Rio+20?”, 4 de abril de 2012.

(6) Rumbo a Río+20

(7) Léase, “Declaración de la Asamblea de movimientos sociales”, Porto Alegre, 28 de enero de 2012.


Fuente: Le Monde

El presidente de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias (ULAN), el argentino Sergio Fernández, advierte que “la democratización de los medios de comunicación es una condición imprescindible para construir una auténtica democracia económica, política, social y cultural”.

Cada vez son más los gobiernos de América Latina que añaden esa democratización al proyecto caracterizado por la defensa de la soberanía nacional, la reducción de las desigualdades y la integración regional.

El cambio en el sistema de medios, además de tener un valor propio, actúa como catalizador para los tres objetivos de las nuevas políticas: descoloniza la identidad de las sociedades para que defiendan mejor su soberanía, convierte la información en conocimiento para la participación política y económica y descontamina las relaciones entre los vecinos que durante mucho tiempo han sido obligados a verse a través de la interesada desinformación de los poderosos medios internacionales. Como explica Fernández, la ULAN (creada en junio del año pasado) “ya está construyendo un relato que nos permita contarle al mundo lo que pasa en América Latina desde nuestra propia visión, que no es la de las agencias europeas y estadounidenses”.

La Ley argentina de Servicios de Comunicación Audiovisual es la referencia para el proceso de democratización en Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay. La rechazan los aliados de Estados Unidos: México, Chile, Colombia y la mayoría de los gobiernos de América Central. Mientras en España se reduce el servicio público, se protege la impunidad de los negocios audiovisuales y se bloquean las iniciativas sociales, la mayoría de los gobiernos de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) recuperan el servicio público, controlan los negocios y favorecen el desarrollo de las iniciativas sociales.

En España el 70 por ciento de las licencias estatales de radio y de televisión son para los negocios audiovisuales, sólo un 30 por ciento para el servicio público y nada para los medios de carácter social, recluidos en el ámbito municipal. En América Latina se avanza en el nuevo reparto de un tercio de las licencias para cada uno de los tres sectores. La legislación brasileña empezó por la recuperación del servicio público, la venezolana apoya el desarrollo de las iniciativas comunitarias, la ecuatoriana prohíbe que banqueros y grandes empresarios puedan ser al mismo tiempo los dueños de los medios de comunicación más influyentes, y la argentina limita la concentración de la propiedad de radios, televisiones y periódicos en las mismas manos. En Argentina hay una comisión de seguimiento con participación parlamentaria muy parecida al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) que el gobierno de Rajoy elimina ahora de nuestra legislación.

La democratización de los medios de comunicación tropieza en América Latina con grandes enemigos y con las lógicas debilidades de un proceso de cambios. Los enemigos son los poderosos empresarios que, con el apoyo de sus similares en EE UU y la Unión Europea, se han convertido en partidos de oposición para proteger sus negocios.

En Washington, respondiendo a los ataques de Fox News contra el presidente Barack Obama, su directora de comunicación, Anita Dunn, dijo que “no se comportan como una cadena de noticias, son un ala del Partido Republicano y así los vamos a tratar”. No provocó una denuncia por atentar contra la libertad de los medios como sucede en Argentina, Ecuador y Venezuela cuando los gobiernos acusan a los empresarios audiovisuales de encabezar la oposición y aplican legislaciones contra la concentración en la propiedad para que compitan sin ventajas con el servicio público y las emisoras de iniciativa social. La Sociedad Interamericana de Prensa (el club de los empresarios controlado por los estadounidenses) montó una campaña contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa, cuando ganó en los tribunales una demanda por injurias contra el diario El Universo, que en un editorial le llamaba “dictador” doce veces. Al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sus enemigos de la prensa le llaman “el gorila rojo”.

La democratización de los medios de comunicación en América Latina es una política en defensa propia: en defensa de los gobiernos democráticamente elegidos y en defensa de los ciudadanos, para que la buena información les permita conocer lo que les amenaza. Hay también debilidades que no dependen de las leyes sino de la actitud de los gobiernos: favorecer a los empresarios colaboradores, convertir los medios públicos en gubernamentales o limitar las iniciativas sociales para que sólo puedan ser comunitarias (para que no tengan dimensión estatal, conflicto que puede perjudicar a las comunidades indígenas). La tentación más peligrosa es la de gubernamentalizar el servicio público como respuesta a las agresiones de los medios comerciales que intervienen como partidos de la oposición. Con medios dogmáticos, sectarios y aburridos no se consigue ni la credibilidad ni la confianza.

José Manuel Martín Medem*

* Corresponsal en México, Colombia y Cuba. Es miembro del Consejo de Redacción de CODOaCODO y del Consejo de Dirección de Crónica Popular.

Fuente: Revista Pueblos

60 autocares de ASTURIAS, 70 de CASTILLA LEÓN; de ARAGÓN, de GALICIA… las comarcas mineras de toda España acudieron ayer a Madrid para hacer temblar al débil gobierno de la derecha.

Miles de mineros de toda España 13.000 más o menos recorrieron este jueves uno de los laterales del paseo de la Castellana para protestar ante el Ministerio de Industria sobre los recortes en el sector. Durante la marcha los antidisturbios desplegados cargaron contra los manifestantes con porras y pelotas de goma. CCOO mostró su repulsa ante la desproporcionada actuación policial. La concentración, autorizada hasta las 14.00 horas, empezó a ser disuelta una hora antes por los antidisturbios, quienes cargaron contra los manifestantes de forma arbitraria, lo que ha provocado varios heridos.





“No vamos a dejar que los trabajadores de las comarcas mineras se conviertan en emigrantes” Con estas palabras, Felipe López, secretario general de la Federación de Industria de CCOO, resumió el sentir de las más de 13.000 personas que se concentraron hoy frente al Ministerio de Industria para exigir al Gobierno una solución para el sector del carbón.

Y es que el recorte en los presupuestos del Plan del Carbón en más de un 60% conllevará el cierre inmediato del sector. Tras la última reunión de la Comisión de Seguimiento, a la que el Ministerio acudió sin propuestas, los sindicatos decidieron convocar una huelga indefinida que comienza mañana y cuyo éxito está asegurado: en la jornada convocada para hoy, el paro ha sido total y la presencia en la manifestación, masiva.

La suerte de miles de familias que dependen de la actividad minera y de las comarcas que sobreviven gracias a ella está en juego. “El Gobierno tiene 23.000 millones de euros para Bankia pero no tiene 400 millones para salvar miles de puestos de trabajo”, aseguró, por su parte, Juan Carlos Á. Liébana, secretario de Industrias Extractivas de la Federación de Industria de CCOO.

Reseñar también que el fotógrafo de Madridiario Juan Luis Jaén ha resultado herido en un dedo y en las piernas a manos de un agente antidisturbios mientras cubría la manifestación de los mineros en el paseo de la Castellana.







Los hechos ocurrieron cuando nada más terminar el recorrido oficial de la manifestación, cuando los mineros abandonaban la zona de Nuevos Ministerios y se dirigían hacia el Santiago Bernabéu por el paseo de la Castellana. En ese momento, parte de los manifestantes estaban lanzando botellas, petardos y otros objetos contundentes a los agentes de policía, que a su vez cargaban contra ellos.

En este contexto, el fotógrafo se acercó para hacer fotos de los hechos y en ese momento un agente le golpeó con la porra en la mano derecha, con la que sostenía la cámara. Como consecuencia, la batería del aparato cayó al suelo. El informador, entonces, gritó a los agentes “¡Prensa!, ¡Prensa!”, pero no consiguió impedir que un segundo agente le golpeara con la porra en la espalda —que llevaba cubierta con una mochila— y en las piernas.

Después, un trabajador del Samur le acompañó a la ambulancia, que se encontraba en la plaza de Cuzco, donde fue atendido por los sanitarios. Como resultado, Jaén presenta hinchazón en el dedo índice de la mano derecha y diversos hematomas en la parte posterior de los muslos por los impactos de las porras.

Fuente: La República.es

Fotografías: Uly Martín, Fotogracción, A Di Lolli

Perciballe recurrirá a la Corte Interamericana si su recurso de revocación es rechazado por el MEC y el TCA

Para hoy a las 18.00 está fijada una asamblea de socios de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU). La convocatoria está vinculada con la resolución del fiscal de Corte, Jorge Díaz, de trasladar a Ricardo Perciballe de la Fiscalía Penal especializada en Crimen Organizado de 2° turno a la Fiscalía Civil de 1º turno. Luego de esta decisión, Perciballe pidió apoyo para que el tema se tratara en asamblea, pero ante los “cuestionamientos” por parte de algunos colegas, retiró la solicitud. No obstante, 13 fiscales recogieron las firmas necesarias y la asamblea quedó convocada.

“La solicitud no era un pedido de apoyo personal. Tenía que ver con que el plenario discuta el mensaje que se transmite a los asociados con este tipo de decisión que es grosera por donde se la mire. Esto es lo que se tiene que discutir mañana [por hoy]. Mi situación personal se resuelve por otros caminos, lo que hay que discutir es un problema de todos”, señaló el magistrado a la diaria. El presidente de la AMFU, Carlos Negro, explicó a la diaria que si bien la convocatoria se dio en ese contexto no hay orden del día establecido y la comisión directiva no tiene previsto elevar ninguna propuesta.

El lunes la comisión directiva se reunió con Perciballe y el fiscal Juan Gómez, quien pasó a ocupar el puesto vacante tras el traslado. La instancia fue solicitada por este último, quien se sintió agraviado por el recurso de revocación que presentó Perciballe el 23 de mayo contra la resolución del Fiscal de Corte. En dicho escrito, Perciballe alega que en los más de 20 años de servicio tuvo una sola licencia por enfermedad de cuatro días, apunta que actualmente no tiene problemas de salud y adjunta exámenes clínicos. Añade que “contrariamente”, Gómez, “amén de poseer mayor edad” que él, ha tenido “lamentablemente importantes quebrantos de salud”. “No me agrada que ligeramente se me descalifique en función de mi edad y de mi estado de salud. Tengo 56 años y la única licencia por enfermedad la solicité hace dos años y fue de 21 días, desde el 9 de abril al 10 de mayo de 2010. Después de eso tomé dos días por el fallecimiento de mi madre”, detalló Gómez en diálogo con la diaria. El directorio entendió que el planteo de Gómez era de recibo y, en palabras de Negro, aprobó una resolución “de fuerte respaldo por los agravios”.

Perciballe, por su parte, explicó que su recurso pretende defender su situación ante la resolución de Díaz y que la mención del estado de salud de Gómez responde al argumento del jerarca de que su estadía en Crimen Organizado le genera “un desgaste físico y emocional importante”. “Si alguien se quiere agraviar, que se agravie. Nunca dije que [Gómez] no estuviera capacitado”, señaló. Ambos fiscales se volverán a encontrar hoy en la asamblea.

El recurso de revocación está en el Ministerio de Educación y Cultura. El ministro Ricardo Ehrlich derivó el expediente al departamento de Asuntos Constitucionales para que evalúe la existencia de “vicios formales” en el trámite. Fuentes de esa cartera señalaron a la diaria que todo indica que se respaldará la decisión de Díaz. Previos descargos de Perciballe, pasará a consideración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que podrá confirmar la resolución o solicitar la anulación.

Cualquier decisión del TCA es vinculante, pero el proceso -que incluye diligenciamiento de pruebas, alegatos, el estudio del caso por un procurador del Estado y el análisis ministro por ministro- puede demandar años. Para Perciballe, hay un “vicio formal” en su traslado que tiene que ver con que no se le dio vista previa. Desde el TCA se considera que este criterio es discutible de acuerdo a la interpretación que cada ministro le dé a la norma.

El fiscal recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si su recurso no es aceptado y lo hará amparándose en el artículo 11 de la Convención. Éste establece que “toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad” y que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas” ni de “ataques ilegales a su honra o reputación”.

Lourdes Rodríguez

Fuente: La Diaria

Siete represores fueron detenidos en Jujuy por el secuestro de militantes del Partido Comunista.

Los ex militares y policías fueron arrestados por seis desapariciones ocurridas entre agosto y diciembre de 1976 en la localidad de Tumbaya, ubicada en la Quebrada de Humahuaca. Expectativa por la indagatoria de Blaquier.

La reactivación de las causas por delitos de lesa humanidad en Jujuy, con el llamado a indagatoria del empresario Pedro Blaquier como suceso emblemático, sigue generando un efecto dominó de novedades procesales. Ayer fueron detenidos siete ex militares y policías, por orden del Juzgado Federal 2 de esa provincia, involucrados en un tramo de la causa denominada Galeán que investiga el secuestro de militantes del Partido Comunista en la localidad de Tumbaya durante la dictadura. En tanto, Inés Peña, presidenta de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, destacó la “expectativa” de la parte querellante en la megacausa por los crímenes de La Noche del Apagón sobre los resultados de la pericia médica a la que fue sometido Blaquier.

El mandamás de Ingenio Ledesma, imputado en ese expediente, estaría en condiciones físicas y mentales de ser interrogado, al menos así lo consideraron quienes lo examinaron el miércoles en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema. Sin embargo, el informe oficial se conocerá recién el jueves próximo y a partir de entonces el juez federal Fernando Poviña decidiría si lo cita para interrogarlo. “Esa indagatoria será un hecho histórico, no sólo porque permitirá dilucidar una de las causas más emblemáticas de derechos humanos en Jujuy, sino porque además permitirá revelar la vinculación entre el poder económico y el represivo”, dijo la presidenta de ese organismo de derechos humanos. Y recordó la consigna “el poder económico también fue la dictadura”, que puso en relieve la colaboración empresaria en el terrorismo de Estado, que se había propuesto garantizar la liberalización económica y para eso fue necesario eliminar a todos los sectores que resistieron, que se opusieron y que “alentaron un proyecto de país inclusivo y con justicia social”.

Peña también informó que en otra causa el mismo juzgado ordenó las detenciones del sargento Francisco Espíndola, el agente Catalino Soto, el cabo Jorge Mendoza (alias Gaucho Martín), los agentes del Servicio Penitenciario Félix Batalla y Federico Colmenares, el subprefecto Ramón Herrera y Emiliano Portal. Están acusados por el secuestro, tortura y desaparición de los hermanos Crecencio y Paulino Galeán, Rosa Santos Mamaní, Rosalino Ríos, Juan Elías Roconás y Américo Vilca Vera, entre otros militantes del PC y trabajadores rurales. El hecho ocurrió en la localidad de Tumbaya, ubicada en la Quebrada de Humahuaca, entre agosto y diciembre de 1976. La mayoría de los secuestrados en la localidad quebradeña fueron trasladados al Servicio Penitenciario de Jujuy, según testimonios de quienes compartieron la prisión desde donde desaparecieron. De acuerdo con los testimonios, Mendoza habría intervenido en el secuestro de Galeán.

Ludmila Da Silva Catela, investigadora en derechos humanos del Conicet junto a Elizabeth Yelín, relata que el lugar donde hubo más desaparecidos en Jujuy fue Tumbaya, porque sobre una población de 200 personas había seis. “Hablé con Federico Galeán, guardián de esa memoria, y me fui enterando de que en el momento del secuestro se llevaron a veinte hombres y que muchos de ellos habían estado afiliados al PC. Los primeros entrevistados, familiares y personas que estuvieron presas temblaban porque estaban contando algo que era muy pesado en su historia, y lo interesante es pensar que en ese pasado hubo gente con un proyecto político, que tenían libros y escuchaban discos de súper avanzada”, contó en una entrevista a la revista digital El Ojo de la Tormenta. “El cambio que hubo en Tumbaya respecto de la memoria es significativo, ahora hay una placa y, como dice Galeán, lo que cambió es que nos sentimos mucho más seguros y que la gente tiene mucho menos miedo para hablar”, afirmó Da Silva Catela.

En tanto, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy se reunió con el director de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad del Consejo de la Magistratura, Pablo Vassel, quien fue a interiorizarse del estado de las causas vinculadas al terrorismo de Estado en Jujuy.

Adriana Meyer

Fuente: Página 12

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) anuncia y prepara las condiciones legales y normativas técnicas para impulsar el proyecto ALBA-Medicamentos (Albamed), a fin de ejecutar compras globales de medicamentos.

Expertos de los países miembros reunidos en Nicaragua analizaron la puesta en marcha del Centro Regulador y el Registro Único de medicamentos que operará para los integrantes del bloque.

En declaraciones a la agencia Prensa Latina (PL), el doctor cubano Rafael Pérez Cristiá, coordinador general de la iniciativa, expresó que como ente regulador, Albamed asumirá la evaluación y autorización sanitaria en pro de asegurar a los programas gubernamentales de salud el acceso a productos esenciales garantizados por su calidad, seguridad, eficacia y al menor costo posible.

Agregó que durante el transcurso de este año también continuarán los preparativos con vistas a la creación de la entidad importadora y distribuidora de los medicamentos (Albafarma); de forma tal que en 2013 puedan entrar en funcionamiento el centro regulador y la empresa.

Destacó el especialista que también están trabajando en la definición en una lista de medicamentos esenciales, de carácter genérico, orientados fundamentalmente a la prevención y el tratamiento de las patologías que constituyen las principales causas de muerte en nuestros países.

Enfatizó que ALBA busca con su Grannacional de Salud respaldar programas públicos basados en el principio de la solidaridad humana y no en lógica del comercio.

Todo el que tenga intensiones de participar en las futuras licitaciones para venderle medicinas al ALBA podrá incorporarse siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos, indicó.

Fuente: ACN