Legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutierrez RuizAsesinados por el Terrorismo de Estado

La madre de todos los horrores llega a su final; hoy se inicia el debate.

El mundo nos mira

La comunidad mundial aguarda con singular expectativa la decisión de nuestro país sobre una ley de terror que nunca debió haber existido. Sólo tres testigos de aquella sanción quedan hoy en el Parlamento que la hará desaparecer del mapa jurídico del país: Luis Alberto Lacalle, Luis Alberto Heber y Ope Pasquet. Se estima que el proyecto interpretativo será aprobado en el Senado por 16 votos contra 15, incluyendo entre la minoría al senador frentista Jorge Saravia, que votará en contra de la decisión del lema que lo condujo a la banca. En Diputados habrá una más amplia mayoría a favor del proyecto anulatorio. Todas las instancias culminarán antes del 20 de mayo, día del martirologio de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz.

Tota QuinterosMurió sin conocer el destino de su hija, la maestra Elena Quinteros

La Ley de Caducidad y la rebelión de los uniformados ante la Justicia en aquel 1986

¿En qué contexto fue aprobada en 1986 la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado? ¿Se pactó la impunidad en el Club Naval? ¿Qué querían los militares? ¿Qué hicieron los partidos?

Los hechos se precipitaron en aquel tumultuoso diciembre de 1986, cuando el juez penal Ricardo Harriague, le comunicó a la Jefatura de Policía de Montevideo que el día 22, a la hora 8, debía presentarse a declarar por el caso Orletti, el teniente coronel José Nino Gavazzo, quien catorce meses antes, desafiante, dijo públicamente: "como militar, no estoy dispuesto a concurrir ante ningún juez civil para que se me juzgue por operaciones militares". Gavazzo era el primero de nueve oficiales convocados (el 23, Manuel Cordero, el 24, Ernesto Ramas).

Ante las primeras denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas en los tribunales, al regresar el país a la democracia (marzo de 1985), la Justicia Militar presentó una contienda de competencias ante la Suprema Corte de Justicia reclamando su primacía respecto a la Justicia ordinaria, para dilucidar estos casos. Los distintos partidos buscaban fórmulas tendientes a encontrar una solución al espinoso asunto. Todas naufragaron con bastante rapidez.

El acuerdo del Club Naval, que viabilizó la salida negociada de la dictadura (iniciado un 6 de julio, y concluido el 3 de agosto), contó con la asistencia de los jefes de las Fuerzas Armadas (Hugo Medina, Ejército; Rodolfo Invidio, Armada; Manuel Buadas, Aeronáutica), y representantes de los partidos Colorado, Frente Amplio, Unión Cívica). Los blancos, (con su líder preso Wilson Ferreira, al regreso del país, 16 de junio) rechazaron esta fórmula, que implicó la realización de comicios y la entrega del gobierno a quien resultara electo.

Inicialmente, los blancos dijeron que "la impunidad" se pactó en el Club Naval. Los testimonios reunidos indican que la revisión de los hechos ocurridos durante la dictadura (1973-1985), no fue abordada. Lo señala el propio secretario político de Ferreira, Diego Achard, en una muy documentada obra de investigación de 1995 ("La transición en Uruguay), en la que concluye: "las violaciones a los derechos humanos durante el proceso, no fue tratada" (página 54).

Sin embargo, Medina reconoció el 1º de diciembre de 1986, en una reunión con el presidente Julio Sanguinetti y los líderes políticos, que en agosto de 1984 tenía la impresión, por la forma en que se produjo la salida, que no existiría "revisionismo". En marzo de 1985, fue aprobada una Ley de Amnistía, que abrió las cárceles políticas. El 18 de mayo de aquel tenso 1986, Medina se preguntó si aquella norma había sido "ecuánime", al excluir a militares y policías.

Las negociaciones políticas fueron intensas, mientras la Suprema Corte decidía qué criterio seguir (Justicia civil o militar). Se integró una comisión de juristas, el gobierno impulsó una ley de amnistía (29 de agosto), que fue rechazada por blancos y frentistas. El Partido Nacional propició en el Parlamento otro mecanismo (18 de setiembre), delimitando ciertos delitos en los que podrían haber incurrido los uniformados, pero tampoco tuvo votos: para los colorados era demasiado amplia; para la izquierda, insuficiente. La demanda por "juicio y castigo" a los culpables ganaba la calle, y se produjeron varias reuniones entre mandos castrenses y líderes blancos.

Sanguinetti reclamaba una "solución política". En un reciente ensayo, Alfonso Lessa ­gerente de noticias de canal 12­, revela que antes del Club Naval, hubo contactos "secretos" entre Sanguinetti y Medina, en los que se habló de todo. "No hubo tema ausente, tampoco el de los derechos humanos(...). Esta sucesión de encuentros y lo que en ellos se conversó, no parece haber estado en conocimiento de los demás negociadores en el Club Naval" (La Primera Orden, página 252). Las fuentes de Lessa fueron Medina, y el propio Sanguinetti.

El 24 de noviembre de 1986, la Suprema Corte falló: era la Justicia ordinaria, la competente. El 3 de diciembre, a través del oficio 1132, el juez Harriague comunicó a la policía la citación a Gavazzo para la mañana del 22. Ni él ni ninguno de sus colegas pensaba presentarse. El proyecto de Ley de Caducidad, que hoy será eliminado, se aprobó en el directorio blanco; contó el 21 con la mayoría en el Senado (22 en 31, en contra el FA y varios blancos), y el mismo 22, en Diputados (60 en 97). El senador frentista Jose Germán Araújo, fue expulsado de ese cuerpo, al ser acusado por blancos y colorados de instigar el rechazo publico desatado.

La Ley establecía en su artículo cuarto, que era el Poder Ejecutivo quien debía determinar, ante una consulta expresa, si los casos estaban o no comprendidos por la norma, ratificada en un referéndum de 1989, interpretado como una amnistía por los gobiernos; hasta que en 2005, con Tabaré Vázquez en el gobierno, varió radicalmente este criterio, con los resultados a la vista.


Madres y Abuelas en su incansable lucha por Verdad y Justicia

LAS DOS CONSULTAS

Referéndum del 16 de abril de 1989:

Papeleta amarilla (mantener la Ley): 1.082.454 (55.9 %)

Papeleta verde (anularla): 799.109 (41.3 %); en Montevideo alcanzó el 55 %

Plebiscito del 25 de octubre de 2009

Papeleta Rosada (eliminarla): 1.105.768 (47.98 %). La opción hubiera resultado victoriosa si llegaba a la mitad más uno de los habilitados.

DDHH EN EL CLUB NAVAL

"Ellos (los militares, durante las negociaciones del Club Naval, en 1984), presentaron distintos textos, a través de los cuales pretendían que la Justicia militar siguiera entendiendo en los delitos comunes cometidos por los militares en el ejercicio de sus funciones. Y entonces todo aquello que pudiera haber sido violación de los derechos humanos, hubiera sido competencia de la Justicia militar y no de la Justicia civil (ordinaria). Ese texto fue rechazado y fue el momento más duro de la negociación, donde se interrumpió por un largo rato, hasta que finalmente se llegó a mantener el texto de la Constitución de 1967" (declaraciones de Juan Young, uno de los representantes del Frente Amplio en el Club Naval, y por entonces presidente de la Democracia Cristiana en "La Primera Orden", de Alfonso Lessa, 2009).


Nibia Sabalsagaray, asesinada por el Terrorismo de Estado

Evalúan pedir libertad para militares


Los abogados que representan a los militares retirados y ex policías, detenidos en Domingo Arena, comenzaron a evaluar la posibilidad de pedir la liberación de los procesados, si el Parlamento deja sin efecto la ley de Caducidad, afirmaron a La República allegados a los presos.

Si bien los procesados por delitos de violación a los derechos humanos admiten que para poder juzgarlos el Poder Ejecutivo los excluyó de le ley de Caducidad, entienden que la actuación judicial se realizó en base a la vigencia de la ley aprobada en 1986.

En tanto, las fuentes indicaron que los clubes sociales que nuclean a los retirados, ofrecieron su asesoramiento en caso de que la ley de Caducidad quede sin efecto. En ese sentido, los informantes señalaron que ante cada citación judicial que reciban los retirados, se presentarán recursos "de inconstitucionalidad" ante la Suprema Corte de Justicia. Afirmaron que los más de 20 casos en que la Suprema Corte falló a favor de la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad, pueden servir de antecedente para sus casos. Subrayaron que en principio está descartado presentar un recurso masivo, sino que se harán individualmente. Los retirados anunciaron además su disposición a presentar sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por considerar que existieron "irregularidades" en los procesos judiciales. El ex integrante de la OCOA, coronel retirado Jorge Silveira admitió que él presentará su caso ante la corporación internacional, al igual que otros detenidos.

Entre tanto, los procesados por delitos de lesa humanidad prosiguen con su campaña de cartas a legisladores, intendentes, autoridades del Ejecutivo y ámbitos internacionales en los que cuestionan la actuación del Poder Judicial.

A través de una misiva firmada por el Inspector Mayor (R), Ricardo Medina se el policía retirado sostiene que: "Se habilitó un sistema jurídico especial. Se obviaron normas de Derecho. Se violaron principios del Derecho. Tácitamente se mantiene el concepto de "asociación ilícita", cuando no lo es. En los casos presentes no corresponde la tipificación de delitos de lesa humanidad. Insistentemente se pretende por los operadores judiciales la imputación de los delitos de "desaparición forzada", "homicidio político", contraviniendo lo establecido en la Constitución nacional, los convenios y tratados que no admiten la retroactividad de las leyes penales, salvo en los casos en que sean beneficiosas para el inculpado".



"COMPLICES"

El diputado del Frente Amplio, Luis Puig desafió al senador Francisco Gallinal a debatir si está a favor de la justicia o de la impunidad, y acusó a los gobiernos blancos y colorados de haber sido cómplices de los terroristas de Estado, violadores y asesinos.

El senador del Partido Nacional, Francisco Gallinal ­que fuera además secretario del ex senador Alberto Zumarán­ será el legislador que defenderá hoy en el plenario de la Cámara de Senadores, la posición contraria a la ley interpretativa para dejar sin efecto la Ley de Caducidad. Gallinal dijo que el Frente Amplio, con su postura de dejar sin efecto la Ley de Caducidad, pone al pueblo uruguayo "como víctima de esta situación". Para el diputado Puig, Gallinal está cambiando los ejes de la discusión, y olvida que "fue el terrorismo de Estado quien puso al pueblo como víctima". Acusó a los gobiernos blanco y colorados de "haber negado a las víctimas el derecho a la justicia". Recordó a Tota Quinteros que murió sin saber el paradero de su hija, a María Ester de Gatti, buscando a sus hijos, y a Sara Méndez en su búsqueda de Simón.




MOVILIZACION DENTRO Y FUERA DEL PAIS

La deliberación parlamentaria que se inicia hoy en el Senado y que comenzará a determinar la suerte de las modificaciones a la Ley de Caducidad, también ha despertado la expectativa y movilización de organizaciones sociales dentro del país, y de la diáspora uruguaya. Para presenciar el debate, lanzaron una convocatoria, el PIT-CNT, Crysol, la organización integrada por hijos de desaparecidos, entidades vinculadas a los derechos humanos y movimientos nucleados en las redes sociales.

El integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, Raúl Olivera dijo a LA REPUBLICA que la central sindical junto a la organización Crysol, y movimiento de la redes sociales, se congregarán en las inmediaciones del Palacio Legislativo el martes, para asistir al debate. Agregó que a las 14.30 horas los integrantes de la "Mesa permanente contra la impunidad" se concentrarán e instalarán un estrado en las proximidades del Parlamento.

En Argentina

Con motivo del tratamiento parlamentario en Uruguay, uruguayos frenteamplistas, organizaciones civiles, sociales, políticas y de DDHH "convocan a manifestarse a las 18 horas frente a la Embajada del Uruguay (Av. Las Heras 1907 esq. Ayacucho) a fin de entregar un documento al embajador Guillermo Pomi y a la cónsul general Lilián Alfaro, para que por intermedio de ellos le hagan llegar la petición a los legisladores uruguayos, que aprueben con prontitud dicha iniciativa".


Hijos que aún buscan a sus padres


Senado debate hoy fin de la Ley de Caducidad, 24 años después

El Senado se expedirá hoy sobre el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, declarando que varios de sus artículos "presentan ilegitimidad manifiesta, violan la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno".

En lo estrictamente político, a partir de la hora 9.30 de hoy se espera un áspero y largo debate. Se cuenta con una mayoría conformada por dieciséis legisladores del Frente Amplio y la oposición de los quince restantes, compuesta por nacionalistas, colorados, y Jorge Saravia (Frente Amplio), quien incluso argumentará en contra (ver nota aparte).

En su momento, los senadores Rodolfo Nin Novoa y Eleuterio Fernández Huidobro expresaron sus reparos al emprendimiento. En Comisión de Constitución y Legislación, sus suplentes, Gustavo Guarino y Carlos Gamou, respectivamente, dejaron constancia de la postura que asumieron aprobando el proyecto en virtud de una resolución de la fuerza política.

Pasaron 293 meses y como legisladores quedan tres testigos de aquella jornada de diciembre de 1986 en que se consagró la Ley de Caducidad: el senador Luis Alberto Lacalle (PN), y los entonces diputados Luis Alberto Heber (PN) y Ope Pasquet (PC).

Textualmente, cuando desde la Presidencia, Danilo Astori abra la sesión, el punto a tratar es la "Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se interpretan los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, sobre la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y se declara que presentan ilegitimidad manifiesta, violan la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno".

La iniciativa, en caso de sancionarse favorablemente por la Cámara alta, debe ser analizada en la Cámara de Representantes. El compromiso del Frente Amplio es aprobarlo antes del 20 de mayo.

Desde el Frente Amplio, el miembro informante será el senador Oscar López Goldaracena (ocupa la banca del comunista Eduardo Lorier); por el Partido Nacional hará lo propio Francisco Gallinal; mientras que desde el Partido Colorado la tarea recaerá en Ope Pasquet.


La lucha del pueblo por recuperar su dignidad


Acceso a la Justicia

El proyecto del FA apunta a interpretar los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley 15.848, aprobada el 22 de diciembre de 1986. Dichos artículos fueron plebiscitados sin éxito en octubre de 2009, al no pasar la barrera del 50% de los sufragios emitidos en la elección nacional. Goldaracena fue uno de los promotores de la consulta que planteaba la anulación de esos artículos. "En materia de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, no existen dos bibliotecas: no es posible convalidar, ni aceptar ninguna ley que impida el acceso a la Justicia. Es un principio inderogable del derecho internacional. El derecho cierra, en este caso, las opciones políticas y el único camino es el de remover la Ley de Caducidad como si la misma nunca hubiera existido", sostuvo días atrás.

"Si se compartieran los artículos 1º, 2º, 3º y 4º ­que presentan una ilegitimidad manifiesta­ alguien podría decir que en épocas de dictadura no pudo recurrir a los Juzgados y que cuando lo intentó se dieron todos los inconvenientes con la Ley de Caducidad, por las razones que sean, incluso de Estado; no estoy haciendo un juicio de valor", afirmó en Comisión el senador Rafael Michelini (FA).

Por tanto, "quiere decir que el ciudadano, la víctima, tuvo dos impedimentos: uno de hecho, causado por la dictadura y otro, provocado por el Parlamento, si esos artículos se declaran ilegítimos. Insisto: como la víctima ­aún cuando la persona haya fallecido lo es­ cuando retoma el derecho a la Justicia se encuentra ante la prescripción, lo que se intenta, independientemente de que se puede llegar al límite de otros derechos y aspectos, no es caprichoso, no es algo venido de la nada y sin ningún fundamento, sino que se procura devolverle a la víctima un derecho que fue conculcado por la dictadura y luego por una ley".



Propósito electoral

Desde el PN, Gallinal indicó que "este proyecto de ley tiene un propósito político electoral manifiesto, porque el Frente Amplio ha abusado y abusado de este tema y va a generarle no pocos problemas al país". Estimó que ello será así "porque reabre heridas muy profundas del pasado, y porque además es tirar una bomba con la mecha encendida adentro del Poder Judicial que es el que va a tener después que lidiar con principios jurídicos recogidos por nuestro texto constitucional que son puestos en tela de juicio por el proyecto de ley que se pretende aprobar". Para el legislador blanco "también es responsabilidad de los gobernantes respetar los pronunciamientos populares. A mí no me sirve el argumento de proteger a los individuos contra las decisiones de la mayoría democrática".


María Ester Gatti


Anulación de la ley

"Estamos en contra de este proyecto de ley que propone, más allá de denominarse interpretativo que no lo es, se propone anular la Ley de Caducidad porque la declara ilegítima, inconstitucional y la priva de todo efecto jurídico, y luego se preocupa por establecer que esa supresión de los efectos se hace retroactivamente, con lo cual no queda ninguna duda de que esto se trata de una anulación de la ley", indicó Pasquet. El senador colorado señaló que "se incurre en evidente inconstitucionalidad por varias razones: porque la facultad de declarar inconstitucional las leyes la tiene la Suprema Corte de Justicia, cuyo ámbito de competencia se invade, y porque la retroactividad que se procura, lesiona derechos fundamentales reconocidos tanto por la Constitución como por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

Luis Casal Beck y Marcelo Márquez

Fuente: La República

EL FIN DE LA IMPUNIDAD EN URUGUAY

Mientras el Presidente Mujica establece que las Fuerzas Armadas de hoy no tienen nada que ver con las de la Dictadura, los principales referentes de ellas y los Centros Militares se empeñan en demostrar que son las mismas Fuerzas Armadas. El Comandante del Ejército Rosales se empeña en aparecer públicamente reclamando únicamente más plata y más impunidad y nada habla de los restos de los desaparecidos y de los niños robados, por ejemplo el nieto o nieta de María Esther Islas.

Los Centros Militares aglutinantes de represores y de torturadores, que hacen apología de la muerte, violación y desaparición de personas, incluso haciendo de sus crímenes una virtud, amenazan diaria, abierta y veladamente, contra cualquier solución que deje a los uruguayos todos iguales ante la ley. No se resignan porque fueron protegidos por Gobiernos cómplices y una Justicia atada de pies y manos. Fue necesario que llegara el Gobierno del Dr. Tabaré Vázquez para que se corrieran los velos de la impunidad que escondían los más atroces crímenes, torturas, violaciones y ejecuciones en masa.

Los uruguayos que venimos desde hace décadas luchando contra la mentira y la impunidad rechazamos todo tipo de amenazas y chantajes, de los militares y sus personeros, por lo que los convocamos el próximo martes 12 de abril desde las 9 y 30 horas a todos los ciudadanos de este país, a participar de la Jornada que realizaremos en los alrededores del Palacio Legislativo donde se debatirá, en el Senado de la República, el Proyecto Interpretativo de la Ley de Caducidad, que dejará sin efecto la misma.

Además de poder presenciar la Sesión en las barras se podrá escuchar la misma en los alrededores del Parlamento a través de la amplificación del audio que existirá en la explanada. Asimismo se colocará un escenario donde se desarrollarán diversos espectáculos artísticos. Participarán Organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos.

Por nuestros muertos, por nuestros desaparecidos, y porque hay más de 20 declaraciones de Inconstitucionalidad de esta perversa ley por parte de la Suprema Corte de Justicia, y porque fue declarada nula por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Porque la VERDAD y la JUSTICIA no se negocian,TODOS IGUALES ANTE LA LEY.

Mesa Permanente Contra la Impunidad

ENCUENTRO DE REAFIRMACIÓN, DE COMPROMISO EN LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA VIGENCIA PLENA DE LOS DERECHOS HUMANOS


11 DE ABRIL - 18:30 HS.

SALÓN DE ACTOS DEL PIT-CNT
(Jackson 12 83)

Si vuelve la luz… nos va a alumbrar a todos

Esta frase de reclamo que le realizara Fito Paez al entonces presidente Sanguinetti, sirvió para sintetizar en 1999 una consigna que orientó la lucha del movimiento popular contra la impunidad.

Durante once años, esa luz fue alumbrando un largo camino en el que encontramos a Macarena y a Simón; se entró a los cuarteles; rescatamos los restos de Ubagesner Chavez Sosa y Fernando Miranda; logramos los procesamientos de violadores a los derechos humanos; se determino la inconstitucionalidad de la ley de caducidad por la Suprema Corte de Justicia; se dio el reencuentro de Mariana con su historia; se materializó el reconocimiento por la corte interamericana de que tenemos razón en lo que hemos reclamado durante tantos años al Estado uruguayo; contribuimos a la sentencia en la Argentina en la causa “Automotores Orletti”, entre otros. Y seguramente alumbraremos la próxima eliminación de la ley de caducidad.

Esa luz la encendió la lucha democrática del movimiento popular que se expresó en la labor de las organizaciones sociales, las víctimas que prestaron sus testimonios, los periodistas, los abogados, los artistas, los investigadores, las redes sociales, los sectores políticos, los operadores del sistema judicial, los medios de comunicación y ciudadanos de todo el país, que comprendieron que el problema de los Derechos Humanos rebasó y rebasa las fronteras y las competencias de los ámbitos ético, político o jurídico, para ubicarse en el lugar de los requisitos de cualquier sociedad democrática.

Para reconocernos en esta lucha, para reafirmar compromisos y para abrazarnos, nos encontramos el lunes 11 de abril a las 18:30 horas en el salón de actos del PIT-CNT (Jackson 1283).

Convoca:
PIT-CNT

Actuarán:
LARBANOIS- CARRERO
DIABLOS VERDES

Esquina Montevideo se suma a la convocatoria de la Mesa Permanente Contra la Impunidad para rodear el Palacio Legislativo el próximo martes 12 de abril desde las 09.30 de la mañana, hora en la que está previsto el inicio de la sesión de la Cámara de Senadores que tratará la Ley Interpretativa.

Se trasmitirá por altoparlantes el desarrollo de dicha sesión y en horas de la tarde está prevista la presencia de numerosos artistas populares.

¡¡A liquidar la impunidad!!

Con la movilización convocada por el PIT-CNT, Crysol, la organización integrada por hijos de desaparecidos, entidades vinculadas a los derechos humanos y movimientos nucleados en las redes sociales, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) se apresta aprobar el martes el proyecto interpretativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad.

Desde la oposición se adelanta que senadores blancos y colorados librarán una dura batalla contra el oficialismo, no sólo por rechazar el proyecto, sino por cuestionar la decisión del FA de no atender los resultados de los plebiscitos.

El senador Jorge Saravia sumará su voto negativo al de la oposición. Si bien los senadores Eleuterio Fernández Huidobro de la CAP- L y Rodolfo Nin Novoa de la Alianza Progresista mantienen su objeción a la iniciativa, ambos sectores decidieron acatar la resolución de la dirección de la izquierda. En el caso de Nin Novoa, se señala que el martes puede reemplazarlo su suplente Gustavo Guarino, quien es partidario de eliminar la norma. El FA tiene asegurados 16 votos en 31 senadores. La discusión en la Cámara alta se produce luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA contra el Estado uruguayo por el "caso Gelman" y las advertencias realizadas por el ministro de la entidad internacional de Derechos Humanos, Alberto Pérez Pérez, quién señaló que el texto interpretativo puede ser un camino "no idóneo" para dejar sin efecto la Ley de Caducidad. "La sentencia de la Corte Interamericana no exige al Estado uruguayo que declare sin efecto la Ley de Caducidad, sino que aplique la sentencia que dice que esa ley carece de efecto jurídico", precisó el catedrático en la Facultad de Derecho. El debate en la Cámara alta se realizará además en medio de la inquietud reinante de los mandos de las Fuerzas Armadas, la oficialidad y las organizaciones sociales que integran los militares retirados. La preocupación por la eventualidad de que se produzca un desfile masivo de militares por los juzgados ha sido un tema recurrente en las conversaciones mantenidas por los comandantes con el presidente José Mujica, y en la reunión que tuvo el mandatario el miércoles 6 de abril con militares retirados. El propio presidente reconoció a LA REPUBLICA que existe un "profundo desasosiego" entre los militares por la eventual aprobación del proyecto interpretativo de la Caducidad.


Ilegitimidad manifiesta

En tanto, la participación que tendrán los militantes del FA durante el debate será definida mañana en la sesión de la Mesa Política. En principio, el partido de gobierno se inclina por promover una masiva concentración en mayo, cuando el proyecto se apruebe en Diputados, y quede sancionada la iniciativa interpretativa que deja sin efecto la Ley de Caducidad. La sesión del Senado se iniciará a la hora 9:30, con el informe en mayoría que realizará el senador Oscar López Goldaracena, quien ocupará la banca del comunista Eduardo Lorier. El abogado querellante en varias causas de derechos humanos defenderá el proyecto interpretativo del FA, por considerar que la ley vigente "presenta ilegitimidad manifiesta, viola la Constitución de la República y carece de valor jurídico alguno", según se expresa en el texto que se pondrá a consideración del plenario. El proyecto del FA apunta a interpretar los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley 15.848, aprobada el 22 de diciembre de 1986. Dichos artículos fueron plebiscitados sin éxito en octubre de 2009, al no pasar la barrera del 50% de los sufragios emitidos en la elección nacional. Goldaracena fue uno de los promotores de la consulta que planteaba la anulación de esos artículos. "En materia de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, no existen dos bibliotecas: no es posible convalidar, ni aceptar ninguna ley que impida el acceso a laJusticia. Es un principio inderogable del derecho internacional. El derecho cierra, en este caso, las opciones políticas y el único camino es el de remover la Ley de Caducidad como si la misma nunca hubiera existido", expresó el senador semanas atrás. Por su parte, el miembro informante del Partido Nacional será el senador Francisco Gallinal, quien expresará el rechazo unánime de la bancada blanca al proyecto. "La gran víctima de toda esta situación fue el pueblo uruguayo", dijo Gallinal a radio el Espectador. El legislador consideró que el oficialismo con su postura, "enciende la mecha de una bomba que la va a tirar adentro del Poder Judicial generando toda una suerte de conflictos interminables y por eso creen que esto reabre". Para Gallinal, la decisión del FA "también le está dando pena de muerte a toda posible recolección de firmas o pronunciamiento popular que en el futuro proponga el propio Frente Amplio, porque con esto le pegan una bofetada a los pronunciamientos -que en su momento ellos mismos promovieron- y que ahora no están dispuestos a reconocer". Por su parte, el senador Ope Pasquet de Vamos Uruguay también fustigó al FA por promover el proyecto interpretativo y no ajustarse al resultado de las consultas populares. En el blog "Vamos batllistas" expresó: "Llamar a los ciudadanos a votar y luego, ante el resultado adverso, decir que su voto no importa, es ser desleal para con la democracia y sus instituciones".


Movilización

Entre tanto, el integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, Raúl Olivera dijo a LA REPUBLICA que la central sindical junto a la organización Crysol, y movimiento de la redes sociales, se congregarán en las inmediaciones del Palacio Legislativo el martes, para asistir al debate. Agregó que a las 14:30 horas los integrantes de la "Mesa permanente contra la impunidad" se concentrarán e instalarán un estrado en las proximidades del Parlamento. Desde el partido de gobierno se estima que independientemente de la resolución que adopte el FA mañana, simpatizantes de la coalición asistirán a las barras.

Fuente: La República

Foto: Pablo Dondero

“Cerré una etapa y abrí otra”

Ezequiel trabajaba en la Fuerza Aérea cuando confirmó que era hijo de desaparecidos. Después de oponerse a los análisis de ADN, habla del encuentro con su familia. Hoy dice que su objetivo es “sumar”.

Durante diez años se opuso a que le hicieran una prueba de ADN para establecer si era o no hijo de desaparecidos. Allanaron su casa y se llevaron su ropa, pero eso tampoco dio resultado. Lo pararon en la calle, lo escoltaron al juzgado, le pidieron la remera y otras prendas y entonces sí, se estableció que sus padres eran María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, secuestrados en julio de 1977. La confirmación de esa noticia no se la dio un juez, sino la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré. Es que Ezequiel Vázquez Sarmiento trabajaba en la Fuerza Aérea. Es el nieto 102 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo y es la primera vez que da una entrevista. De hecho, él la propuso. “Quiero agradecer”, explica: “Yo pensaba que querían revancha y venganza y al final nada que ver. Uno después habla con la gente de allá y lo único que fue es contención y calidez. Para mí, el post enterarme e interactuar con las personas de Abuelas fue muy importante para cambiar los prejuicios”.

La particularidad más ostensible del caso de Ezequiel es que al momento de confirmar que era hijo de desaparecidos y durante buena parte de lo que duró el proceso judicial para establecer su identidad, él trabajaba en la Fuerza Aérea. Es el primer nieto recuperado que es empleado de las Fuerzas Armadas. Su apropiador, un oficial de esa misma fuerza, está prófugo desde 2003. Ezequiel lleva su apellido y no quiere modificar esa situación, al menos por ahora. El no dice apropiador. Dice “mi padre”, o “la persona que considero mi padre”.

Ezequiel vive con la mujer que lo crió, su esposa y sus tres hijas e incorporó a su vida a sus dos parientes biológicas más cercanas: su abuela materna y su tía. Además, otras dos mujeres intervinieron en este proceso: la ministra de Seguridad (en ese entonces de Defensa) y la presidenta Cristina Kirchner.

En septiembre del año pasado, el joven fue convocado al despacho de Garré. No conocía a la funcionaria personalmente y creyó que había hecho algo mal, aunque no sabía bien qué. Se preparó para un reto: “Fue un diálogo muy ameno, ella me quería adelantar y contar el resultado del ADN, pero conteniéndome y respetando mi postura. Me dijo que conocía mi caso y estuvimos hablando un montón, hasta de temas familiares. Fue la primera persona con la que tuve una charla así”.

Luego vino el anuncio de las Abuelas de Plaza de Mayo. Ezequiel prefirió mantenerse al margen. Pero la distancia le duró poco. Enseguida decidió hablar con su familia biológica: quería contarles lo que sentía, explicarles. Fue a Mar del Plata para conocer a su tía y a su abuela: “Bajé del avión y en el aeropuerto me esperaba mi tía, la reconocí porque era la única mujer que estaba llorando”. Tiempo después ellas vinieron a Buenos Aires. Ezequiel les presentó a la mujer que llama “mamá”, o “vieja”. “Apenas las saludó, mi mamá se puso a llorar y mi tía y mi abuela biológica la abrazaron, la consolaron. Eso para mí fue muy fuerte. Ellas no tenían rencor ni bronca.”

–¿Entendés igual que es un poco paradójico, no?

–¿Por qué decís paradójico?

–Porque tu tía y tu abuela son las víctimas, junto con vos y tus padres, claro.

–Para mí fue como decir “a pesar de lo pasado no te tenemos bronca”. Ellas empezaron a hablar, a preguntar, y mi vieja les contaba cosas de mi infancia.

–¿Qué les dijiste a tus hijas?

–Son chicas. La más grande tiene ahora seis años. Cuando en noviembre fuimos a festejar mi cumpleaños a Mar del Plata, estaban mis primas, sus hijas. Mi hija más grande me dice “ahora tengo más primas”. Yo sólo les dije: “Ella es la abuela Nely, ella es la tía Pato”, creo que es difícil de entender. Aunque ellas lo tomaron como algo natural.

–¿Cómo te enteraste de que no eras hijo biológico de quienes pensabas que eran tus padres?

–Me enteré en 2001. Hablando con mi mamá, antes de que me llegara la notificación policial. Yo tenía 24 años, estudiaba Economía. Tengo toda la carrera cursada en El Salvador, pero al final dije no, esto es una mentira...

–Ah... y estudiaste Derecho, que es algo serio

–(Se ríe.) Bueno, eso dejémoslo para otro momento. Ella me contó que yo no era hijo biológico de ella. Yo le dije “quiero que me cuentes hasta acá”. Ahora seguiremos en la causa judicial.

–¿Por qué no quisiste saber detalles?

–Me contó que ella tampoco sabía de dónde era yo, que con el paso del tiempo se lo planteaba más. Tampoco tuve la necesidad de seguir indagando porque mi principal fuente de preocupación era que no le pasara nada a ella.

–A ella.

–Sí, a ella. En realidad a los dos, pero a ella en primer lugar.

Dolor

María Graciela Tauro y Jorge Rochistein militaban en Montoneros y estudiaron en la Universidad Nacional del Sur. El, Ciencias Económicas. Ella, Bioquímica. Así se conocieron. Se casaron el 30 de enero de 1976, después de un largo noviazgo, y fueron secuestrados el 15 de mayo de 1977 en Hurlingham. Graciela estaba embarazada. Fueron llevados a la Comisaría 3 de Castelar, luego a Mansión Seré, el centro clandestino que regenteaba la Aeronáutica y a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde nació Ezequiel.

Juan Carlos Vázquez Sarmiento es un oficial de la Fuerza Aérea. Su foto, con la gorra de aviador y bigotes gruesos, se puede ver en alguno de los avisos que el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos publicó ofreciendo cien mil pesos a quienes aporten datos que ayuden a encontrarlo. Está prófugo desde 2003. Las denuncias en la causa señalan que fue miembro de la Regional Buenos Aires de Inteligencia (RIBA) de la Fuerza Aérea. Ezequiel lo defiende de las acusaciones sobre su posible participación en un grupo de tareas.

–¿Cómo convivís con el hecho de que quien considerás tu papá está prófugo?

–En su momento se toman decisiones..., yo no lo considero responsable. Yo trabajé en la Fuerza Aérea y conozco la responsabilidad de un cabo principal y más en esa época. Para mí es doloroso. Pero ya con el mote de militar y con la gorra en la cabeza se sabía que mucha alternativa no había.

–¿No creés que se debería presentar y hacerse cargo?

–Por un tema de preservación de él, yo no tengo contacto. Es más doloroso verlo detenido que no verlo.

–Haber sabido la verdad de la forma en que haya sido, ¿fue un bien para vos?

–Recién ahora me planteo el hecho de sumar. Lo veo como experiencia de vida. Si no se hubiese judicializado el tema supongo que lo hubiese querido saber antes..., pero hoy por hoy, sí, hoy tengo la suerte de que tanto mi vieja como mi familia biológica son personas maravillosas y por el tema judicial por ahí me perdí de diez años, pero ya está. Para mí es fuerte que me hayan buscado y la forma en que lo hicieron sin querer hacerme daño.

–¿Pensabas que las Abuelas querían hacerte daño?

–No. Yo nunca interactué con ellos. Era un tema judicial. Pero en el imaginario... uno pensaba que era “revancha y venganza”, y al final nada que ver. Uno después habla con toda la gente de allá y lo único que fue es contención y calidez. Para mí el post enterarme e interactuar con las personas de Abuelas fue muy importante para cambiar los prejuicios.

La Presidenta

Hace veinte días un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo y nietos recuperados fue a visitar a la Presidenta, que los recibió para felicitarlos por el premio que la Unesco le otorgó a la institución. Estela Carlotto invitó a Ezequiel, quien aceptó de buen grado. “Uno no conoce todos los días a un Presidente.” El encuentro, que tal vez imaginaba protocolar, lo sorprendió: “Eramos un grupo de veinte personas. Nos reciben en el despacho de ella. Yo sería el séptimo u octavo en la fila de saludos..., entonces se da vuelta Estela y me dice ‘¿la saludaste?, ¿le dijiste quién sos?’. Me agarra y le dice: ‘Presidenta, él es Ezequiel’ y le empieza a contar. Ella deja de saludar a todo el mundo y empieza a hablar conmigo. Me dijo: ‘Quería conocerte pero no queríamos que te generara una presión, por eso ese día con Nilda no te trajimos acá, para que yo pueda hablar con vos, pero estaba interesada en tu caso. Estoy muy contenta de que estés acá’. Se acordaba de cómo había sido el proceso. Yo le agradecí. Para mí fue demasiado fuerte. Estela le dice en un momento: `El es demasiado formal’... yo soy el acartonado. Cuando nos sentamos a la mesa volvió a hablar conmigo. Imaginate todos los problemas que tiene y se preocupaba por mí, no como Presidenta, sino como persona. También le agradecí la contención que me había brindado Nilda, que fue una persona que me contuvo en los peores momentos. No tenía obligación. Fue algo humano y algo muy genuino. Salí bastante emocionado de esa experiencia en Casa Rosada”.

La verdad

–¿Cómo te sentiste cuando supiste la verdad?

–Yo sabía la verdad, no sabía de quién era. Sabía que mi origen era dudoso. Pero mi hermana también era considerada apropiada y ella en 2005 fue voluntariamente a hacerse el ADN y dio negativo. Ella es hija biológica de la que yo creo que es mi mamá. Yo no sabía si la familia que me reclamaba judicialmente era realmente la familia. Aunque esa no era mi preocupación, sino mi vieja. Se hizo todo lo que se pudo hacer y pude luchar hasta donde pude luchar. Si no fue voluntario deja de ser mi responsabilidad. Si me decís si hoy por hoy lo recomiendo hacerlo así... Es medio heavy...

–¿Pero entendés que no había otra alternativa?

–Entendía que no había otra alternativa bajo la lógica de defensa planteada por mí.

–¿Y estás contento de haber conocido a tu familia?

–Sí. Claro. A partir de eso cerré una etapa y abrí otra. Las dos cosas confluyen. Para mí, fue bisagra. Yo tomé la iniciativa de ir a ver a mi familia biológica a Mar del Plata. Me recibieron con los brazos abiertos. Lo único que me dijeron fue que no me querían hacer ningún daño. “Lo único que queremos es encontrarte”, me dijeron. Después yo las acompañé al juzgado, porque mi tía y mi abuela quisieron expresar eso en el juzgado.

–¿Qué sabés de tus papás?

–Mi abuela me mostró fotos de cuando Graciela era chica y bebé. Mis tres hijas son fotocopias y si las ponés al lado de una foto de ella, no sabés cuál es cuál. Del lado paterno no tengo parientes cercanos, hay un primo que vive en Estados Unidos y se contactó conmigo. Se preocuparon por mí, pero es un vínculo más lejano.

–Cuando eras chico, ¿sabías que había desaparecidos?

–No. Imaginate que yo tengo 33 años. Fui chico en los ’80, ’90. Acá hubo un quiebre después del 2003, del resurgimiento de los derechos humanos.

–Bueno, pero pasaron cosas antes. Cuando fueron los 20 años del golpe, en 1996, hubo una movilización muy importante, por ejemplo.

–Los noventa fueron despolitizados. La militancia que hay hoy no existía.

–¿Y cómo empezaste a trabajar en la Fuerza Aérea?

–Yo estudiaba Economía en El Salvador. Mi viejo trabajaba en la Fuerza Aérea y empecé a trabajar ahí. El tema de la abogacía tiene mucho que ver con la causa. Empecé en 2004 a estudiar Derecho por la causa y por tener otra actividad remunerada. Ahora trabajo en el Ministerio de Defensa.

–¿Cómo era tener el juicio sobre tu identidad y trabajar en la Fuerza Aérea?

–Nunca me pusieron objeciones a nada ni palos en la rueda. Me respetaron el tema. Para mí fue un tema que ellos consideraron privado y me respetaron y siempre el apoyo humano me lo brindaron, pero más que nada las personas.

–¿Cómo fue el encuentro con tu familia? ¿Cuándo los conociste?

–Yo quería exponerles mis motivos y mi sentir. Abuelas hizo el anuncio un lunes –y agradezco la forma en que lo hicieron, respetaron mi postura– y el jueves tomé la decisión de ir a ver a mi familia biológica a Mar del Plata y exponer mis motivos y mi sentir, quise dar el primer paso. Ellas iban a respetar mis tiempos, así que se emocionaron de que yo haya querido ir a verlas. Me fue a buscar mi tía al aeropuerto y me di cuenta quién era porque era la única mujer que estaba llorando.

–Vos te negaste a hacerte el ADN e hicieron un allanamiento que resultó negativo. ¿Me vas a contar qué pasó?

–Vinieron un día a las seis menos cuarto de la mañana a casa. Eran dos policías con un perito del Hospital Durand y dos testigos. Se llevaron prendas que estaban en mi casa, por así decir...

–Bueno, no me vas a decir. Pero después te fueron a buscar y te llevaron al juzgado.

–En definitiva se extrajo ADN de mi remera, que no fue entregada voluntariamente, en el juzgado.

–¿Qué les dirías a otros jóvenes, como en el caso de los Noble Herrera, que no quieren hacerse el análisis de ADN?

–Si me decís previamente a esta nueva situación..., pero hoy sinceramente les diría “no perdés nada, tratá de sumar y quitate la duda”. No sólo para ellos, para cualquiera que esté en esta situación. En definitiva no vienen con mala intención, igual, yo hablo de mi caso personal. Hay que tratar de sumar en la vida.

Victoria Ginzberg

Fuente: Página 12

Representantes de más de 30 organizaciones civiles mexicanas exigieron la libertad para todas las personas detenidas en Honduras y en especial de las cinco maestras acusadas de sedición y protesta ilícita, y demandaron garantizar la vida de las mujeres y su derecho a manifestarse en contra de las políticas que las afectan y por las violaciones a sus derechos humanos.

Durante la manifestación realizada el pasado día 8 en la representación de la Embajada de Honduras en México, las activistas y feministas entregaron la carta que contiene éstas y otras demandas, a Carolina Medina, titular del área jurídica de la representación hondureña, quien se comprometió a entregarla al embajador Mariano Castillo y a la Secretaria de Relaciones Exteriores en ese país.

En la misiva, las organizaciones también pidieron investigar y sancionar a los responsables de atacar a las y los manifestantes, haciendo valer la constitución hondureña, que garantiza a la ciudadanía el derecho a manifestarse de forma pacifica.

Con la consigna ¡Ni golpes de Estado, ni golpes para las mujeres! las activistas manifestaron su rechazo a la violencia y persecución contra las defensoras de derechos humanos y activistas hondureñas así como a la impunidad por las agresiones y asesinatos cometidos contra ellas pues dijeron, más del 90 por ciento de los casos siguen impunes.

Marusia López Cruz, integrante de las organizaciones Asociadas por lo Justo y de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, informó que en lo que va de 2011 se registraron 50 casos de feminicidio, mientras que durante 2010 ocurrieron cinco asesinatos de defensoras de derechos humanos.

La activista denunció la crítica situación que enfrentan las mujeres y el pueblo hondureño, debido al incumplimiento de los compromisos internacionales “con la democracia y los derechos humanos”, que adquirió Porfirio Lobo, al asumir la presidencia de Honduras, en enero de 2010.

Cabe recordar que la organización internacional Human Rights Watch (HRW) documentó en su informe titulado “Después del Golpe de Estado: Continúan la violencia, la intimidación y la impunidad en Honduras”, 47 casos de amenazas y ataques, incluidos 18 asesinatos contra periodistas, defensores de DH y activistas políticos que ocurrieron después de que Lobo Sosa asumió el poder en enero de 2010.

Ante ello alertó que hasta que las autoridades hondureñas sancionen a los responsables de la violencia en contra de opositores al régimen actual, “podrá restablecerse la confianza en el sistema democrático del país”.

Para lograrlo, HRW indicó que el gobierno de Honduras, encabezado por Porfirio Lobo Sosa, debe tomar medidas concretas para que los agresores rindan cuentas y para que este tipo de acciones no se repitan.

La falta de sanciones, sumada a la violencia y a las amenazas continuas, “han logrado inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y la participación política en esta nación”, sobre todo entre quienes se opusieron al golpe de Estado, menciona HRW.

Agregó que después del golpe de Estado, que inició en junio de 2009, las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones de DH, como el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias, así como la imposición de restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y de reunión.

PROTESTA INTERNACIONAL

A la manifestación que se realizó en la Ciudad de México, se sumaron las realizadas de manera simultánea en consulados y representaciones del gobierno hondureño en Guatemala, Venezuela, Estados Unidos y Canadá.

De igual modo, las asociaciones mexicanas junto con las de quince países más, anunciaron que enviarán por diversos medios una solicitud a Navy Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU, y a Rashida Manjoo, relatora de la ONU sobre la violencia contra la mujer, para que emitan un comunicado conjunto de rechazo a la “política de represión” en Honduras.

Guadalupe Cruz Jaimes

Fuente: Cimac

Casi 20 millones de peruanos votan el domingo por un nuevo presidente, con el progresista Ollanta Humala como favorito para ganar ante cuatro rivales neoliberales, aunque todo indica que habrá una segunda vuelta.

El postulante del bloque progresista Gana Perú, de 48 años, tiene entre siete y diez puntos de ventaja sobre su más cercana rival, Keiko, la hija del expresidente Alberto Fujimori, de 35, según encuestas privadas cuya difusión está prohibida esta semana por la legislación electoral.

Esa ventaja no le alcanza para ganar la presidencia en la elección de hoy, salvo que ocurra un salto en el crecimiento de las adhesiones ciudadanas a su candidatura, que en las últimas semanas se ha incrementado en forma incesante.

Detrás, según los sondeos, marcha el peruano-norteamericano y ex primer ministro Pedro Pablo Kuczynski, de 72 años, quien espera mejorar su posición con el apoyo que la dirigencia del gobernante Partido Aprista le otorgó el pasado viernes.

Ese respaldo es rechazado por dirigentes y militantes del viejo partido, que no tiene candidato presidencial por conflictos internos y solo presenta postulantes al Congreso, que también será renovado hoy.

En los siguientes lugares, casi sin posibilidad de pasar a la segunda vuelta -reservada para los dos más votados- se ubican el expresidente Alejandro Toledo y el exalcalde de Lima Luis Castañeda, que hace un par de meses disputaban el primer lugar.

El avance de Humala es para muchos producto del descontento mayoritario con la política económica neoliberal y del desgaste y el desprestigio de los partidos tradicionales.

El ascenso del ex oficial del ejército al primer lugar es también fruto de la oferta de cambio moderado, con medidas concretas de beneficio social directo, que han calado en la población.

Ha desafiado además una constante campaña de ataques que han buscado desacreditarlo como un supuesto peligro para la democracia y la estabilidad económica y cuya intensificación no ha conseguido detenerlo.

Su desafío será la segunda vuelta, en la que el continuismo del modelo económico, alentado por el presidente Alan García y la mayoría de la prensa, espera reagruparse para derrotarlo.

Él confía en que esta vez la historia será distinta a la de 2006, cuando una feroz campaña mediática y política en su contra hizo posible que, tras ganar la primera vuelta, perdiera por escaso margen la segunda ante García.

Fuente: PL