Durante los días 27, 28 y 29 de mayo, se efectuará en Juárez la audiencia inicial del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), sección México, que lleva por título "Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos, 2011-2014".

Ciudad Juárez es el epicentro del temblor de horror que sacude México; también lo es de la resistencia ciudadana a la insensata guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Temor y esperanza, amnesia y memoria, parálisis y acción atraviesan y forman parte de la vida cotidiana de los habitantes de Juaritos.


Mujeres desaparecidas, defensores de derechos humanos asesinados, jóvenes detenidos arbitrariamente por la policía y el Ejército, trabajadores de la maquila despedidos por reclamar condiciones de trabajo humanas son el pan nuestro de cada día en la ciudad. También lo son los reclamos enérgicos de las madres de víctimas, la organización para la defensa de los intereses, la documentación valiente de las tropelías y los abusos de la autoridad.


Ciudad Juárez ejemplifica los males del libre comercio salvaje que azotan a todo el país. El modelo de desarrollo maquilador, depredador de recursos humanos y ambientales, ha florecido allí sin políticas de amortiguamiento social. La destrucción del medio ambiente es proverbial, como lo es la descomposición del tejido social.


Un ejército de niños y jóvenes, muchos de ellos hijos de madres solteras que laboran de obreras de la planta de ensamble, crecen en viviendas sin equipamiento urbano suficiente y sin lugares para recreación, sin más futuro que sobrevivir integrándose a las bandas. Urbe fronteriza, es zona de paso de mano de obra indocumentada y de estupefacientes. La producción maicera del estado y las familias que viven de ella, están cercadas por las importaciones desleales del cereal estadunidense. En una historia de horror sin fin, más de 300 mujeres han sido asesinadas, después de ser secuestradas, torturadas, violadas y mutiladas.


Pero en Juaritos está sembrada también la semilla de la indignación. Los jóvenes se niegan a que el miedo paralice sus vidas. Toman las calles para protestar y para divertirse. Los familiares de las víctimas nombran a sus muertos y exigen justicia. En amplias capas de la sociedad se demanda poner fin a la militarización del país.


El último episodio de esa resistencia se celebrará este 27, 28 y 29 de mayo. Durante esos días se efectuará en Juárez la audiencia inicial del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), sección México, que lleva por título Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos, 2011-2014. Aunque en la reunión se documentará y analizará lo que sucede en todo el país, los juarenses son los anfitriones del acto.


Asistirán delegados de todo México. Una parte de ellos llegará hasta aquella ciudad como parte de una caravana que partirá de la ciudad de México el 24 de mayo. Durante el trayecto, a bordo de varios camiones, los delegados participarán en debates y reuniones en Atenco, Tlaxcala, San Luis Potosí, Zacatecas, Saltillo y Chihuahua, para discutir la problemática que se abordará en Juárez.


En la urbe fronteriza, seis jurados escucharán denuncias de las siete audiencias temáticas que conforman el TPP: 1) guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; 2) migración, refugio y desplazamiento forzado; 3) feminicidios y violencia de género; 4) violencia contra los trabajadores; 5) violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y a autonomía, y 7) desinformación, censura y violencia contra los comunicadores.


Los jurados internacionales que analizarán las denuncias, muchos de ellos destacados juristas, provienen de países como Francia, Brasil, España, Australia y Argentina, y tienen una larga historia en la labor de documentar arbitrariedades de los estados. Es el caso de la francesa Mireille Fanon Mendes France, hija del célebre siquiatra y revolucionario Franz Fanon, que es presidente de la Fondation Frantz Fanon, integrante de la International Association of Democratic Lawyers, y ha sido nombrada miembro del Grupo de trabajo de expertos sobre afrodescendientes de Naciones Unidas. Y de Gill Boheringer, que fue decano de la Macquarie Law School de la Macquarie University de Sydney, Australia, director del Center for the Critical and Historical Study of the Common Law, y miembro del comité editorial de la Alternative Law Journal (Australia) y del Editorial Boards of the Australian Journal of Law and Society.


Algunos de los jurados tienen larga trayectoria como defensores de derechos humanos. Por ejemplo, la argentina Nora Cortiñas es titular de la cátedra de poder económico y derechos humanos y doctora honoris causa por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, y de la Universidad de Salta, por su trayectoria en defensa de los derechos económicos y sociales de la población argentina. También el de su paisano, el abogado Alejandro Teitelbaum, representante desde 1985 hasta 2006 ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Asociación Americana de Juristas.


Aunque no estará presente en esta ocasión en Juárez, como jurado del TPP participa también un mexicano excepcional: Luis Villoro. Con mucho uno de los pensadores críticos más brillantes y comprometidos del país, el académico mexicano es filósofo, investigador y catedrático, y ha sido diplomático.


Ellos, junto al brasileño Eder Ferreira, al español Antoni Pigrau Sol y la argentina Graciela Daleo, escucharán los horrores que cotidianamente se viven en Ciudad Juárez y en el resto del país, que han conducido al Estado mexicano a ser sentado en el banquillo de los acusados de este tribunal ético.


Luis Hernández Navarro


Fuente: La Jornada

Entrevista a Perfecto Andrés Ibáñez, presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, quien denuncia complicidad entre gobiernos y empresas.

El juez del Tribunal Supremo español Perfecto Andrés Ibáñez presidió el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), donde se denunció, por violación de derechos sociales y ambientales, a más de 40 multinacionales.

¿Qué validez tiene la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos?

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) recoge una experiencia histórica de los tribunales organizados por Bertrand Russell, uno sobre Vietnam y otro sobre Latinoamérica, hace 40 años. Lo que pretende el Tribunal es hacerse eco de situaciones de injusticia que se producen en cualquier lugar del mundo que no encuentran acogida en las instancias oficiales. El TPP trata las denuncias por un procedimiento que se parece al judicial, pero no es oficial. Las denuncias adquieren visibilidad porque se pone voz a las víctimas y se dan a conocer a la opinión pública. Es un tribunal de conciencia.

¿Cuál es la responsabilidad de la UE en el comportamiento de las empresas con sede en su territorio?

Hay una notable inhibición de la Unión Europea, que apoya a grandes empresas que violan los derechos humanos en países pobres. Además, permite que tengan comportamientos en otras áreas del mundo que no podrían llevar a cabo en sus países de origen. Una de las finalidades del Tribunal es implicar a los Gobiernos y a los tribunales de los Estados. La nuestra no es sólo una respuesta ética, de aquí salen líneas de actuación. Existen instrumentos jurídicos, el problema es que no existe voluntad política para hacerlos vinculantes. Por eso, lo que deben hacer nuestros Gobiernos es poner más instrumentos, que en Europa sí funcionan y que en otros lugares del mundo no se aplican.

¿Hay alguna posibilidad de ir más allá y juzgar las prácticas de las multinacionales?

De todos los tribunales de los pueblos que se han celebrado desde 1979 hay ya un amplio corpus. Los Gobiernos probablemente no hagan mucho caso a este tipo de iniciativas, que no son nuevas. Las poblaciones llevan mucho tiempo denunciándolo. El veredicto del TPP se hace llegar a todas las instancias.

El problema es que las grandes corporaciones se mueven en una especie de vacío legal. Los intereses económicos no tienen fronteras, pero los derechos sí, y las multinacionales buscan los lugares que más les convienen.

Se instalan en países donde existe una cierta fragilidad jurídica, fragilidad de los pueblos afectados, y así les resulta muy fácil la obtención de un beneficio extraordinario. Además, estas transnacionales juegan, en muchos casos, con la complicidad de los Gobiernos locales, que cierran los ojos ante la violación de derechos fundamentales. Al mismo tiempo, los países donde se instalan las multinacionales no cuentan con normativas para juzgar estos crímenes.

Todas las intervenciones coinciden en la denuncia a las multinacionales por el expolio de los recursos y el impacto social y medioambiental.

Sí. Por las dimensiones tan grandes de las denuncias que se han dado a conocer ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, y cómo están incidiendo en el medioambiente y en la vida de los pueblos, como las actuaciones de Repsol, son todos casos bastante graves.

En la época de la primera colonia, los galeones venían cargados de oro y otras materias primas que tenían un valor de mercado. En este momento, el sistema capitalista a escala mundial necesita ingentes cantidades de recursos, y estos países tienen esas materias primas. El problema es que las agresiones se producen en marcos jurídicos frágiles, con poblaciones vulnerables con poca capacidad de incidir en los medios de comunicación... Esto tiene un atractivo para las multinacionales que, para qué nos vamos a engañar, son empresas sin alma que se rigen por la lógica del beneficio.

María José Esteso Poves

Fuente: Diagonal

El TPP (Tribunal Permanente de los Pueblos) alerta a la opinión pública sobre la violación de los derechos y la dignidad de las víctimas.

Hoy se ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos que ha juzgado desde el pasado viernes 14, los ventisiete casos documentados de violaciones de derechos humanos cometidos por multinacionales europeas en América Latina con el apoyo de las instituciones y gobiernos de la Unión Europea.

En el acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el presidente del Tribunal, el magistrado español Perfecto Andrés Ibáñez, acompañado de otros miembros del jurado, ha presentado la sentencia que ha comentado Alirio Uribe, miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Entre las alegaciones se pide "a los Estados miembros la adopción de normas nacionales que garanticen el acceso a su jurisdicción nacional civil y penal, por parte de las víctimas de abusos de derechos humanos o contra el medio ambiente, cometidos fuera de la Unión Europea por parte de una empresa o una de sus filiales con sede en un Estado miembro".

Según se cita en la sentencia, "a la vista de los casos examinados por el TPP, es posible identificar una estrecha relación de funcionalidad entre las políticas públicas de la Unión Europea y los intereses de las ETN en sectores estratégicos. Es evidente que las instituciones europeas son permeables a la acción de los lobbies empresariales, y que existe una relación de interdependencia y tráfico de influencias entre los sectores privado y público". Asimismo, se declara que "el derecho a la reparación es la garantía y reconocimiento de los derechos a la verdad y la justicia y no puede entenderse satisfecho cuando se sustenta en un marco de impunidad y olvido".

Esta sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos se ha convocado a propuesta de la Red Birregional "Enlazando Alternativas IV", dentro del programa de Actividades de la Cumbre Alternativa de los Pueblos que se clausuró el domingo en Madrid.

El texto completo de la sentencia se puede leer AQUÍ




Fuente: Enlazando Alternativas