Dos agentes viajarán con fondos del gobierno porteño para hacer un seminario en El Salvador, dictado por un instituto estadounidense. Advierten sobre la similitud con la capacitación que se dio a dictaduras latinoamericanas.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad y el legislador kirchnerista Francisco “Tito” Nenna denunciaron que dos agentes de la Policía Metropolitana viajarán con fondos del gobierno porteño a un seminario sobre “contraterrorismo y narcotráfico” en El Salvador, organizado por la International Law Enforcement Academy (ILEA), que calificaron de una “nueva Escuela de las Américas”. La Escuela de las Américas fue el centro en Panamá en el que Estados Unidos ofreció entrenamiento en torturas a las dictaduras latinoamericanas. Nenna presentó un pedido de informes, dado que los temas del seminario no guardan relación con las contravenciones y delitos de los que debe ocuparse la Metropolitana. Cerca de su titular, Eugenio Burzaco, sostuvieron que “está bien que se capaciten porque en Buenos Aires tuvimos dos atentados”.

Según publicó en el Boletín Oficial del 31 de mayo –que, curiosamente, no puede hallarse en Internet– el gobierno porteño autorizó a Emilio Sardella y al subinspector Alvaro López para que viajen a El Salvador a un seminario llamado “Programa de Desarrollo Gerencial para Fuerzas Especiales y de Seguridad”, donde podrán escuchar seminarios sobre contraterrorismo, lavado de dinero y control de pasos fronterizos. El legislador kirchnerista y la ONG de derechos humanos advirtieron que se trata de delitos federales, lejanos a la competencia de la Metropolitana, cuya atribución abarca contravenciones y delitos transferidos a la ciudad. Además, la ley de seguridad pública, que creó la Metropolitana, no le da atribuciones para tareas de inteligencia, ni de contraterrorismo, ni de narcotráfico, ni mucho menos de control de pasos fronterizos.

Según pudo saber Página/12, el evento está financiado por el gobierno de los Estados Unidos, que solventará los gastos de los dos jóvenes metropolitanos. No obstante, y para que no se queden sin plata, el gobierno porteño les proveerá de ocho mil pesos para gastos personales. El congreso será entre el 14 y el 23 de junio. Cerca de Burzaco, advirtieron que al encuentro viajarán también agentes de otras policías argentinas, aunque no supieron especificar cuáles. “No solamente es sobre narcotráfico y terrorismo. Aparte Buenos Aires ya recibió dos atentados. Es bueno que se capacite la policía”, indicaron a este diario. Tampoco supieron precisar qué temas vinculados a las contravenciones y los delitos que tiene a su cargo la Metropolitana serán tratados en el seminario.




En su pedido de informes al gobierno porteño, Nenna citó declaraciones del reverendo Roy Bourgeois, uno de los fundadores de la organización de derechos humanos estadounidense School of Americas Watch (SOAW), que denuncia el papel de la Escuela de las Américas en las dictaduras del Cono Sur y Centroamérica. Bourgeois cuestionó a la ILEA, donde irán a capacitarse los metropolitanos. “El papel de esa escuela es el mismo diseño que el de la Escuela para las Américas que antes estuvo en Panamá y ahora está en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos”, sostuvo Bourgeois, un veterano de Vietnam. “La ILEA es un obstáculo para la democracia y un obstáculo para los derechos humanos”, remarcó el pastor protestante.

Nenna también citó diversas páginas de la ILEA, donde plantea que sus instructores provienen de la DEA, el FBI y la ICE, que se encarga del control de inmigrantes en Estados Unidos. Los asistentes y la mayoría de los seminarios están clasificados como confidenciales. Por eso, Nenna pide precisiones sobre los seminarios a los que asistirán y no sólo inquiere sobre los dos agentes sino sobre si otros oficiales de la Metropolitana asistieron alguna vez a cursos dictados por ILEA.

“El jefe de Gobierno nuevamente viola la ley de seguridad pública”, cuestionaron desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad. Recordaron que las “ONG y organizaciones de derechos humanos internacionales son críticas de la ILEA, dado que la consideran la nueva Escuela de las Américas”. En tanto, Nenna planteó que “la sombra del Fino Palacios sigue en la Policía Metropolitana. Macri quiere formar a sus agentes en una versión aggiornada de la Escuela de las Américas”. “La ley que creó la fuerza de seguridad de la ciudad no contempla la posibilidad de que sus agentes hagan inteligencia –advirtió–. Fue creada como una policía de proximidad, pero Macri porfía con la idea de dotarla con armas de tortura o formándola en cursos sobre delitos que no se cuentan entre sus competencias.”

Werner Pertot

Fuente: Página 12

La foto es gentileza de Manuel Capella

La Casa Zitarrosa que dirige la hermana del cantante, dedicada a la cultura uruguayo-argentina, fue cerrada en la noche del viernes. Hasta tiraron la puerta abajo.

Carlos Rodríguez

La topadora del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, no respeta apellidos ni historias. Los desalojos a granel ordenados por el mandamás del PRO alcanzaron esta vez al centro cultural uruguayo-argentino liderado por Cristina Zitarrosa, hermana de Alfredo Zitarrosa, el cantautor y poeta uruguayo a quien varias generaciones de argentinos –sin entrar en disputas sobre su nacionalidad, como en el caso de Carlos Gardel– idolatran como si hubiera nacido en el Abasto. “Estábamos en el lugar desde 2005, con un contrato precario que se firmó en la época del gobierno de Aníbal Ibarra. Es una zona de casas bajas y departamentos que iban a ser demolidos por el intendente (Osvaldo) Ca-cciatore para construir un puente que nunca se hizo. Ahora nos sacaron de ese lugar”, le explicó a Página/12 Cristina Zitarrosa, con su acento uruguayo, inalterable a pesar de los largos años que tiene en el país, donde nacieron sus dos nietos. “Se ve que al actual gobierno de la ciudad no le gusta mucho el apellido Zitarrosa”, se lamentó Cristina.

El centro cultural fue creado por la Asociación Civil Encuentro Uruguayo-Argentino y es conocido como “La casa Zitarrosa”. Hasta el viernes funcionaba en Constituyentes al 5700, en el barrio de Villa Urquiza. “Fue un allanamiento sin orden previa, tiraron la puerta abajo y tuvimos que sacar todo lo que teníamos.” En Constituyentes, del 5700 al 5900, hay una serie de casas bajas y departamentos que fueron desalojados en los tiempos de Cacciatore y que se fueron llenando de familias, a partir del regreso de la democracia en la Argentina, siempre a través de contratos precarios. Como viene haciendo a la vera de las vías del ferrocarril Sarmiento, con vistas a la construcción del Corredor Verde del Oeste, los desalojos de Macri le vienen dando forma a un espacio “libre” de personas que carecen de vivienda, de comedores donde concurrían a diario niños y ancianos, y de centros culturales populares.

“En esa zona viven más de 70 familias que, igual que nuestro centro cultural, ahora van a ser desalojadas”, pronosticó Cristina Zitarrosa. “Se hacen los desalojos sin saber muy bien por qué, dado que el puente que se iba a construir quedó reducido a una placita.” Cristina Zitarrosa y su esposo tenían su vivienda en el mismo lugar donde funcionaba el centro cultural, dado que “nos habían dicho que nos asentáramos allí, para que el lugar no fuera ocupado por otras personas”. En el mismo sitio vivían otras dos personas que también se han quedado sin vivienda.

Cristina vive ahora, en forma momentánea, en la casa de su yerno, que también es argentino. “En estos momentos, justamente, estamos preparando la publicación de todos los escritos de Alfredo (Zitarrosa), como una forma de reconstruir las historias, la identidad, de tantos uruguayos que se han afincado en la Argentina, que tienen hijos o nietos nacidos acá y que ya seguramente no van a volver a vivir en el Uruguay.”

En ese momento, cuando desde el centro cultural se estaban estrechando los lazos que unen a los uruguayos con el país en el que se han instalado desde hace muchos años, llegó un desalojo que “es todo un despropósito por la actitud asumida por el gobierno porteño, que con el desalojo dejó trunca una negociación para encontrarle un sitio adecuado al centro cultural”, le dijo a este diario Gustavo Lesbegueris, del área de Educación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Para la semana que comienza se espera la realización de los nuevos desalojos, que suelen comenzar bien temprano, a las cinco de la mañana, bajo la batuta del director general de Administración de Bienes, Javier Ibáñez, que se ocupa personalmente de los operativos. En el centro cultural había computadoras y una pequeña imprenta. En el lugar había un taller de pintura y salón de exposiciones de obras de arte. Además, entre otras muchas actividades, se daban clases de candombe. “Ahora tenemos un lugar que nos brindó el gobierno nacional, en Bartolomé Mitre 2015, un edificio de cuatro pisos donde funcionan el Consulado de Bolivia y varias instituciones sociales”, explicó Zitarrosa.

“Fue un allanamiento sin orden previa, porque sin aviso vinieron funcionarios porteños, cerrajeros, abogados y nos sacaron. Ahora vamos a tener que repartir todas las cosas que teníamos en varios lugares. Este señor (Javier) Ibáñez nunca quiso entrar en razón, y encima le mintió al ministro (de Desarrollo Económico) Francisco Cabrera, diciéndole que nosotros habíamos aceptado un subsidio para irnos, cuando no aceptamos nada”, concluyó Zitarrosa.

Fuente: Página 12

Audio: Christian Libonatti