La Casa Blanca se queja de la corrupción imperante en el gobierno del presidente Hamid Karzai. Tiene razón: del aeropuerto de Kabul salen cada semana –varias veces– valijas cargadas de dólares en efectivo que altos funcionarios afganos envían al exterior. A sus cuentas, naturalmente. Un solo viaje a Dubai llevó 52 millones de unidades verdes (http://www.npr.org/, 1/2/10). La mayoría de esos dineros proviene de la impune apropiación de tierras públicas y privadas y, sobre todo, del comercio del opio. Desde el derrocamiento de los talibán en el 2001, Afganistán se ha convertido en el mayor productor mundial del estupefaciente.

Un muy destacado confiscador de tierras es el hermano del presidente, Ahmed Wali Karzai, que preside el consejo provincial de la provincia sureña de Kandahar y no se limita a esa sola actividad: también les incauta el agua a las grupos tribales del lugar, lava dinero y –se dice– permite el paso de grandes cargamentos de opio mediante la adecuada y jugosa comisión (http://www.nytimes.com/, 30/3/10). Su hermano lo defiende contra todas las presiones. La familia es la familia.

No es el único, claro. Según el New York Times (26/8/10), al ex gobernador de la provincia de Helmand Sher Mohammed Akhunzada le encontraron nueve toneladas de opio y heroína en terrenos de su propiedad. No fue penalizado, que se sepa. Tal vez porque figuraría en la larga lista de pagos que la CIA abona en Afganistán. Incluye, entre otros, al hermano de Hamid. El diario neoyorquino señala que funcionarios afganos y estadounidenses informaron que el miembro prominente del Consejo Nacional de Seguridad de Afganistán Mohammed Zia Salehi recibe hace muchos años un sueldo de la CIA.

Salehi no es un personaje menor: funciona como asesor personal del presidente y fue arrestado en julio pasado por su involucramiento en la transferencia al exterior de miles de millones de dólares. “Todo lo que hace es por instrucciones directas del presidente, no hay intermediarios”, subrayó Harron Mir, director del Centro Afgano de Investigación y Estudios Políticos. La detención de Salehi duró muy poco: Karzai ordenó su libertad (http://www.rawa.org/, 27/8/10). Se podrían multiplicar ejemplos como el que dio el ex ministro de Minas Mohammad Ibrahim Adel: aceptó un soborno de 30 millones de dólares para adjudicar a China la concesión de la muy lucrativa mina de cobre Aynak. Renunció al cargo, pero no pasó un solo día entre rejas (http://www.washingtonpost.com/, 18/11/09). Los amigos son los amigos.

Perogrullo dijo que donde hay un corrupto hay un corruptor. Los más importantes son las corporaciones que proporcionan, entre otras cosas, los “soldados de fortuna” alquilados para “reconstruir” a Irak y Afganistán, y que además sustituyen a las fuerzas estadounidenses en no pocas tareas. Son unos 180 mil mercenarios, una cifra que supera al número de tropas que los ocupantes de EE.UU. jamás tuvieron. El gigante de la construcción KBR Inc. obtuvo contratos del Pentágono por valor de 16 mil millones de dólares solamente en el período 2004/2006 (projects.publicintegrity.org . 2008). Le siguieron monopolios como DynCorp International, Boeing y tantos más. La guerra es la guerra.

Las acciones de los contratistas son diversas. La Blackwater emplea mercenarios que no vacilan en matar a civiles afganos a voluntad. Y no sólo: Erik Prince, su fundador, ha sido acusado de participar en el programa de ejecuciones extralegales de la CIA. Al parecer, Prince ha llevado una doble vida durante años: a la luz diurna, presidente ejecutivo de Blackwater; en las sombras del secreto, diseñador, financista y ejecutor para la CIA de operaciones que van desde infiltrar personal en zonas de difícil acceso para los servicios estadounidenses hasta preparar grupos que asesinan a sospechosos de ser dirigentes de la insurgencia o miembros de Al Qaida (http://www.vanityfair.com/, enero de 2010). No extraña que el gobierno de EE.UU. haya acordado a su empresa contratos por valor de 1500 millones de dólares entre el 2001 y el 2009.

La Blackwater no se ha detenido ahí. Robó centenares de armas, más de 500 rifles de asalto AK-47 incluidos, que tomó de un depósito estadounidense en Afganistán para armar a sus guardias sin el permiso del comando central de ocupación. En mayo de 2009, cuatro de ellos ametrallaron a un coche que transportaba a civiles afganos, menos de dos años después de que otros colegas mataran a diecisiete civiles en Bagdad (washingtonindependent.com, 23/2/10).

No todos los contratistas son tan duros. Un estudio del Fondo de Investigación del Huffington Post reveló que ciertas compañías organizan fiestas y acercan prostitutas a funcionarios y militares estadounidenses en la Zona Verde de Bagdad para lograr contratos ventajosos (huffpostfund.org, 23/8/10). No todas las formas de la corrupción se tapizan con dinero.

Juan Gelman

Fuente: Página 12

Pocos tal vez recuerden que Laura Bush ejerció de feminista extrema cuando abogó por guerrear en Afganistán para terminar con “la opresión de las mujeres” bajo los talibán. Hubo toda una campaña internacional previa en favor de los derechos pisoteados de la mujer afgana y su “liberación” fue uno de los argumentos que EE.UU. y sus aliados reiteraron para invadir Afganistán el 7 de octubre de 2001. Como es notorio, el régimen talibán fue derrocado en noviembre, y en diciembre se estableció un gobierno de transición encabezado por Hamid Karzai, elegido presidente por el voto popular en 2004 y tal vez reelecto en las elecciones del jueves pasado.

Era más que duro y humillante el estatuto de la mujer afgana bajo el régimen talibán. Desde los 8 años tenían prohibido entrar en contacto con un hombre, excepto que fuera un familiar. Las mujeres no debían andar solas por la calle ni hablar en voz alta en público ni podían asomarse al balcón de su casa ni estudiar ni trabajar ni andar en bicicleta o en motocicleta o en taxi con el rostro descubierto, tenían que vestir burkas y de hecho vivían en arresto domiciliario. El castigo a las que violaban estas normas era público y cruel. A ocho años casi de tumbado el sistema, las cosas no han mejorado mucho.

Es cierto que algunas mujeres ocupan bancas en el Parlamento afgano y que millones de niñas asisten ya a la escuela primaria. Pero las restricciones aumentan para cursar la secundaria: sólo el 4 por ciento alcanza a terminarla. “La violencia contra las mujeres es endémica, son amenazadas en público y varias han sido asesinadas” (The Washington Post, 18.8.09). El “democrático” Karzai ha empeorado esta condición.

El 27 de julio último, quizás aprovechando los estrépitos de la guerra, puso una bomba silenciosa: la ley del estatuto personal chiíta, que faculta a los chiítas hombres a privar a sus mujeres de alimentación y sustento si éstas se niegan a obedecer sus demandas sexuales cuando las exijan. Los derechos de custodia de los niños quedan en manos de los padres y los abuelos y ellas deben pedir permiso a los maridos para trabajar. Las mujeres sólo pueden abandonar su domicilio si existe “un motivo legal urgente”. Esta ley rige para la minoría chiíta del país y viola el artículo 22 de la nueva Constitución afgana, que declara que hombres y mujeres “tienen los mismos derechos y obligaciones ante la ley”. También transgrede la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la que Afganistán es Estado Parte. Y más, claro: reimpone un régimen hogareño que los talibán aplaudirían a rabiar.

Karzai produjo un primer intento de promulgar estas regulaciones a comienzos de abril de este año, pero la protesta internacional lo obligó a prometer su modificación y, en efecto, se introdujeron algunas correcciones. Más bien en su redacción: “Expertos en la ley islámica y activistas de derechos humanos declaran que, aunque se ha cambiado el lenguaje de la ley anterior, permanecen muchas de las disposiciones que alarmaron a los grupos pro derechos de la mujer” (The Guardian, 15.8.09). Por ejemplo, la del tamkeen –señalada más arriba– que califica de “desobediente” a la mujer que no muestra prontitud en satisfacer el deseo sexual de su marido y que recibe entonces la penalidad consecuente: no hay sexo, no hay comida.

El presidente afgano destinó esta movida a ganarse el apoyo electoral de los chiítas ante el aumento alarmante de la popularidad de su contrincante más cercano, Abdulá Abdulá, que pasó en dos meses del 7 al 26 por ciento de la intención de voto. A pesar de sus promesas de mejorar la situación de las afganas, Karzai optó por satisfacer a quienes piensan todavía que la mujer es un objeto desechable. Durante la campaña electoral cortejó al ayatolá Mosheni, que se considera a sí mismo el líder de los chiítas del país, y a otros dirigentes musulmanes de línea dura. La consecuencia sería esta ley.

“Karzai ha cerrado el trato impensable de vender a las mujeres afganas a cambio del apoyo de los fundamentalistas en las elecciones del 20 de agosto”, señaló Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch (Reuters, 14.8.09). “Se suponía que esta clase de leyes bárbaras –agregó–- había sido relegada al pasado con el derrocamiento de los talibán en 2001.” Muchos críticos de la ley han recibido amenazas de muerte que se cumplieron con Sitara Achkzai, una prominente defensora de los derechos de la mujer que fue asesinada a balazos en Kandahar (www.hrw.org, 15.4.09). Pero Occidente aún no ha reaccionado ante las nuevas disposiciones. Tal vez porque Obama subrayó que la guerra en Afganistán no sólo es justa, también es necesaria.

Juan Gelman

Fuente: Página 12