Ex directivos de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil (Rosario) serán querellantes en la causa por secuestros y torturas

Dos meses después de la intervención de la Biblioteca Popular, en febrero de 1977, siete ex directivos de esa organización fueron privados de la libertad, y sometidos a tormentos. Pedirán pruebas en la causa por delitos de lesa humanidad.

Con un arma sobre el escritorio de su oficina, el integrante de la patota de Feced, Telmo Alcides Ibarra, indagó durante horas a una alumna de 11 años, en la dirección de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, intervenida por el terrorismo de estado. Esa niña era Celina Andrea Duri, la hija de Augusto Duri, presidente de la biblioteca hasta febrero de 1977. El y otros siete miembros de la Comisión Directiva fueron secuestrados, detenidos y torturados en la Jefatura de Policía de Rosario. A fines de 2011, Duri y su hija, junto con Raúl Frutos, por entonces vicepresidente de la comisión; y Antonia Frutos, vocal y directora del Jardín de Infantes y de la Secretaria Técnica del Departamento de Educación, presentaron una denuncia a la Justicia Federal rosarina para que investigue esos hechos como delitos de lesa humanidad. El próximo 28 de junio se presentarán como querellantes en la causa, con el patrocinio de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Así, exigirán al Tribunal Oral Federal Nº 4, que llame a declarar a los integrantes de la patota de Feced, como pidieron en su momento los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta. Más adelante, la APDH se presentará también como querellante para reclamar que no solo se juzgue a los represores, sino también a los civiles que participaron del "saqueo" de la Vigil.

José Rubén "el Ciego" Lofiego, Mario "el cura" Marcote, José Scortechini, Ramón Vergara --condenados en marzo pasado junto al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Días Bessone, por el TOE Nº 2??, Nast, Altamirano, Fermoselle, Ibarra, Olazagoitía, Portillo, Travagliente, Vallejo, Dougor, Moore, Orefice y Corrales --integrantes de la patota del servicio de informaciones-- serían los implicados en los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con el delito de tormentos agravados" contra los desplazados directivos de la Vigil.

Tras la presentación de las víctimas ante el fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Stara, ahora las víctimas serán querellantes en la causa para buscar que el delito sea enmarcado entre los sucesos del plan genocida de la dictadura.

La APDH, como organismo defensor de los derechos humanos, presentará su querella dentro de la causa Feced por todos los delitos cometidos en relación a la Biblioteca Vigil. Ambos pretenden que se juzgue "no sólo a los que secuestraron y torturaron sino a todos quienes tomaron por asalto la institución y que colaboraron en su saqueo, ya se trate de los autores materiales o ideológicos". Entre ellos, mencionaron al "Capitán de Corbeta, Esteban César Molina, a cargo de la Comisión Normalizadora de la institución; al asesor legal de la intervención, Mario Julio Pin; al asesor contable, Emilio Cancellieri; al Coronel Sócrates Orlando Alvarado, interventor liquidador; y al ministro de Educación de la Dictadura", a quienes acusan de "robo, usurpación, daño, asociación ilícita y demás delitos que surjan de la investigación dentro del genocidio".

Las violaciones que las cuatro víctimas reclaman que sean investigadas -con patrocinio de los abogados María del Carmen Martínez, Matilde Gatti, Eliana Masegosa, de la APDH que preside Norma Ríos; y los letrado de la Vigil, Marcelo Abaca y Marcelo Scalona- "se ejecutaron a fin de facilitar el saqueo de la entidad, encubierto por un juicio fraudulento de liquidación y llevándose a cabo un verdadero genocidio cultural contra la comunidad que conformaba la Biblioteca Vigil y de la población de Rosario directamente beneficiada por esta institución", dijo la abogada Martínez, quien recordó que se quemaron 80 mil libros que había dentro de la biblioteca. "Fue un ataque a toda la comunidad", aseguró.

Entre mayo y diciembre de 1977, las víctimas fueron mantenidas en cautiverio en el Servicio de Informaciones. Antonia Frutos, madre de Celina Duri, presenció el secuestro de su ex?suegro, Platón Duri, y sufrieron persecución en el ámbito de la biblioteca, siendo obligados a renunciar a sus cargos.

Según consta en la presentación de octubre pasado ante el fiscal Stara, el 25 de febrero de 1977, una "Comisión Normalizadora" a cargo de Molina, con apoyo de fuerzas armadas de la policía, ingresaron a la sede de la Biblioteca Constancio Vigil prohibiendo el acceso a los directivos. En marzo, la Comisión Directiva fue obligada a renunciar y en el mes de abril asumió como interventor el Coronel del Ejército retirado Sócrates Alvarado. Dos meses después, comenzó el secuestro de los miembros de la ex comisión directiva.

Lorena Panzerini

Fuente: Página 12

El centroderecha Nueva Democracia ganó las elecciones griegas, llevando alivio a las potencias europeas, inquietas con el crecimiento de la izquierda, que quedó a menos de tres puntos del ganador.

Grecia respaldó en las urnas la oferta política del pasado. Los conservadores de Nueva Democracia, uno de los dos partidos que, junto a los socialistas del Pasok, condujeron al país a la más profunda desesperanza, ganó las elecciones legislativas con el 29,66 por ciento de los votos. Nueva Democracia se impuso a la fuerza emergente de la coalición de izquierda radical Syriza, que sacó 26,89 por ciento. El Pasok, con 12,28 por ciento, quedó en tercer lugar y con amplias posibilidades de formar una coalición de gobierno con Nueva Democracia. Así, los dos sepultureros de Grecia, ahora conocidos como los partidos pro austeridad, volverán a tener las riendas del país. Sin embargo, si Syriza no consiguió los votos necesarios para configurar una mayoría, sí confirmó en las urnas su espectacular progresión: multiplicó por siete su caudal de votos desde 2009 y obtuvo 10 puntos más que en las elecciones legislativas del pasado 6 de mayo (infructuosas por la imposibilidad de formar gobierno). Nueva Democracia festejó su victoria en la plaza Syntagma y la izquierda radical bailó su relativa derrota al compás de “Avanti Popolo” en la plaza del Metro Universidad, distantes ambas 600 metros. “Salvamos el euro y el país de un delirante rojo”, decía un militante de Nueva Democracia que se paseaba por la plaza Syntagma con la bandera azul de su partido. “En seis meses volvemos con 40 por ciento”, decía a su vez un militante de Syriza en el acto del Metro Universidad, una explanada presidida por una estatua de Atenea, diosa de la Guerra, la civilización, la sabiduría, la estrategia y las artes, entre otros tantos atributos. Más filosófico, Evangelos, un portero de noche de la zona de Syntagma, decía: “Ganaron los ladrones, como siempre ha ocurrido en este país desde hace más de 40 años”.

Grecia votó ayer bajo la inmensa presión ejercida por sus socios europeos y los medios del Viejo Continente, que hicieron una campaña feroz y deshonesta a favor del continuismo presentando la elección con los mismos argumentos que la derecha de Nueva Democracia: a favor o contra del euro. Ganaron entonces el miedo y la austeridad. A las once menos veinte de la noche el jefe de Syriza, Alexis Tsipras, reconoció la derrota. Cuando llegó a la sede del partido los abrazos y la emoción eran los de una noche de victoria. “Es una suerte para nosotros. Ellos se van a quemar las alas y nosotros tomaremos el poder más legitimados”, decía sin rodeos un militante de Syriza. La juventud estaba feliz. Por primera vez en muchos años surgió de la nada una alternativa a la complicidad destructora entre la derecha de Nueva Democracia y los socialistas. Pero también emergió la peor versión de la extrema derecha, es decir, los neonazis del partido Amanecer Dorado, que reiteraron en esta consulta el porcentaje del pasado seis de mayo, 7 por ciento.

La victoria del líder de Nueva Democracia, Antonis Samaras, es estrecha y lo obliga a pactar una coalición con el Pasok. Ambos partidos empezaron anoche los regateos. El 30 por ciento de ND equivale a un mínimo de 75 escaños, a los que hay que sumarles los 50 escaños que se le otorgan como premio al partido más votado. Eso representa 125 escaños y se les puede agregar el 12 por ciento del Pasok (33 escaños), lo cual conduce a la mayoría de 161 dentro de un Parlamento con 300 bancadas. Sin embargo, la posición hipócrita del Pasok podría hacer entrar en el juego a la izquierda democrática del partido Dimar, que obtuvo 6,2 por ciento (17 escaños). El primero en salir al paso de una solución política fue el líder del Pasok, el ex ministro de Finanzas Evangelos Venizelos. “Un gobierno de responsabilidad nacional supone la participación de varias fuerzas de izquierda”, dijo Venizelos en alusión directa a la inclusión de Syriza en la coalición. Esta opción es imposible: Alexis Tsipras rehúsa lógicamente entrar en un gobierno compuesto por las formaciones que provocaron la hecatombe, que aprobaron los planes de austeridad y que, encima, fueron elegidos para imponer todavía más austeridad. El portavoz de Syriza, Panos Skorletis, reveló anoche que Tsipras le había hablado por teléfono a Antonis Samaras para decirle que formara su gobierno “sin Syriza”.

A los griegos no les dejaron muchas opciones. El liberalismo europeo le planteó una encrucijada fatal: o el rigor o la quiebra. La paradoja es teatral: los responsables de la primera quiebra deberán aprobar nuevas medidas que se traducirán en más rigor. “Angela Merkel y sus bancos nos condenaron a morir a fuego lento y con hambre o a pagar hasta la eternidad comiendo migajas”, ironizaba Nikolas, un militante de Syriza. Allí donde se mire, las cuentas son una soga al cuello de la sociedad griega. El viernes pasado venció el plazo para el pago del segundo tramo del préstamo de 130 mil millones de euros que el FMI y el Banco Central Europeo decidieron otorgarle a Grecia el pasado 8 de marzo. Grecia tiene que recibir un paquete de 8 mil millones de euros, sin lo cual, a partir del 20 julio, no tendrá más dinero para pagar a sus funcionarios. Los bancos también tienen las cajas vacías. Los griegos vienen retirando sus depósitos desde hace dos meses y los bancos han dejado de financiar a las empresas. El sector privado perdió un millón de puestos de trabajo en los últimos cinco años. Atenas recibió hasta ahora 172 mil millones de euros mediante el rescate piloteado por Bruselas. Pero nada mejoró. El desempleo afecta a 25 por ciento de la población, los bancos necesitan ser recapitalizados y la sociedad existe y se mueve gracias, en parte, a la férrea solidaridad de los lazos familiares. “Haremos lo que sea necesario”, prometió anoche Samaras. Sin dudas, será lo que necesiten los bancos y Alemania, cuyo país ejerció una presión de tenazas para que los conservadores se quedaran con las riendas del poder. Un candidato “anti austeridad” como Alexis Tsipras fue una pesadilla para Alemania. Por eso lo hicieron pasar como un militante del antieuro, cosa que es totalmente falaz. Angela Merkel usó a Grecia como modelo del escarmiento y logró forzar a golpe de miedo, amenazas, intimidaciones y mentiras la victoria de una coalición que no refleja en nada ni la voz de la calle, ni la apremiante situación en la que se encuentra la gente. Pero entre lo nuevo amenazante –Syriza– y las argucias de lo viejo conocido –Pasok y ND– las urnas optaron por los capitanes de mala fama. Para la izquierda de Syriza la derrota tiene el sabor de un fruto dulce y jugoso. Con Syriza nació en Grecia y en Europa una fuerza potente a la izquierda del socialismo de gobierno, clientelista y corrupto. 26 por ciento de los votos es un sueño. “Vivir para soñar, dice el refrán. Pero nosotros estamos viviendo en carne propia lo soñado”, decía anoche una militante de Syriza.

La coalición de la izquierda radical griega no sólo enfrentó en las urnas a sus adversarios políticos locales, sino también a la maquinaría liberal más poderosa del planeta. La edición alemana del Financial Times refleja hasta la vergüenza la agresión que sufrió el pueblo griego. El Financial Times escribió: “Griegos, resistan a la demagogia de Alexis Tsipras. El país sólo permanecerá en el euro con los partidos que respetan los términos de los acreedores”. Pagar o morir. Sin embargo, Grecia hizo de Syriza la segunda fuerza política del país. Mucho ante tantos manejos y distorsiones sucias. Atenas amanecerá con la oligarquía política que la llevó a la ruina negociando un pacto de gobierno. La llamada “coalición del euro” tiene el destino en sus manos. Angela Merkel y los mercados están contentos. La izquierda también. Ha sido apenas una vuelta más de una pugna que recién empieza.

Eduardo Febbro

Fuente: Página 12

Foto: Tubino

Malestar por dichos del diputado Pérez

Las víctimas del pachecato y la dictadura no quedaron conformes con el acto de reconocimiento y reparación por la actuación del Estado entre 1968 y 1985, cumplido el 4 de junio. Las ausencias oficiales fueron notorias. Un legislador del MPP hizo una infeliz declaración que profundizó el malestar y generó reacciones entre los familiares de las víctimas. La ley de reparación integral, aprobada en 2009, evidenció que, si bien es otro paso en la lucha por los derechos humanos, tiene vacíos que se deberán resolver.

No estuvo el presidente de la República. No fue en la sala de sesiones de la Asamblea General sino en la antesala de la Cámara de Diputados. El acto duró unos pocos minutos y no fue difundido en cadena de radio y televisión. Sólo se transmitió en las radios del Sodre. En nombre del Poder Ejecutivo habló el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich. Por el Poder Legislativo lo hizo el titular de la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, diputado Esteban Pérez. No hubo representantes del Poder Judicial.

El acto público de reconocimiento y reparación por la actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, previsto en el artículo noveno de la Ley 18.596, no terminó de conformar a las víctimas del pachecato y la dictadura, quienes recibieron un diploma que acredita su condición por parte de un Estado que reconoció su “responsabilidad institucional” al haberlos afectado en “su dignidad humana por motivos políticos, ideológicos o gremiales”. Cinco rúbricas, sin aclaración, suscribían el documento oficial que recibieron 250 personas.

La ceremonia celebrada el lunes 4 de junio no parecía algo posible de concretar en setiembre de 2009, cuando se aprobó la llamada ley de reparación integral. En aquellos días del gobierno de Tabaré Vázquez aún regía con fuerza la ley de caducidad, y la admisión del concepto de reparación integral ante las insuficiencias de la reparatoria Ley 18.033 había implicado una larga lucha de la organización de ex presos políticos Crysol, representados por el jurista Óscar López Goldaracena, quien se basó en la resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los “principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos” aprobados por la ONU en su período número 64 de sesiones, en diciembre de 2005, constituían entonces novedades del derecho internacional que parecían “demasiado” avanzadas para la jurisprudencia uruguaya. Aquella Ley 18.596 también había impuesto una declaración fundamental ante la historia: reconocían delitos del Estado desde la primera aplicación de medidas prontas de seguridad, en 1968.

Sin embargo, los casi tres años de demora en la concreción de este acto de reparación simbólica y el desgaste que en ese tiempo tuvo la comisión especial creada en el marco de la ley llevaron a que semejante reconocimiento del Estado no tuviera su real trascendencia, más aún cuando hace sólo tres meses el propio presidente José Mujica encabezó un desagravio similar ante la familia Gelman, obligado por una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. En el actual contexto, el acto del lunes quedó devaluado.

PALABRAS QUE DUELEN

La ausencia del presidente José Mujica y la negativa del Poder Ejecutivo a conceder la cadena de televisión para la difusión del acto se constituyeron en señales políticas que se sumaban a anteriores ‘guiñadas’ del gobierno en el tema derechos humanos. El colmo fue una desafortunada frase del diputado Esteban Pérez (MPP) quien, luego de aludir a los mártires víctimas del Estado, agregó: “Por respeto a todos ellos, ruego que hoy apartemos todo sentimiento de odio y rencor, que son paralizantes”.

La frase de Pérez volvía a validar la ‘teoría de los dos demonios’ en un acto en el que formalmente se admitía que sólo había existido el demonio de la represión del Estado. Las palabras del diputado emepepista dejaron un retrogusto amargo entre los que habían asistido a la ceremonia de entrega de los primeros 250 certificados (varios de los presentes lo increparon al finalizar el acto) y tuvieron muy duras repercusiones en las redes sociales en las que se expresan familiares de las víctimas.

Marys, hija del asesinado Nuble Yic, escribió en Facebook: “Todavía el Estado (gobierno, representantes, etcétera) no logra comprender que las víctimas y sus familiares no buscamos venganza, sólo queremos verdad y justicia […] No fue para nada un acto sentido, de verdadero reconocimiento. Fue un simple y corto protocolo formal para cumplir con una parte de lo que debería ser una ley de reparación integral […] Señores, me siento doblemente víctima, fue una verdadera payasada, es querernos conformar con lo que necesitamos […] Dicen que poco es más que nada… pero por lo menos, en lo poco que hicieron, se hubieran esmerado más… Nos lo merecíamos”.

Más duro fue el poeta Miguel Ángel Olivera (El Cristo), quien difundió versos titulados “Las Cocardas (El 5 de Oro del torturómetro)” que comienzan: “Escondiditos ahí/ entre bastidores/ en un baldío del Parlamento/ –casi un contenedor de residuos–/ un cuartucho para las escobas/ en el rincón de las arañas/ funcionarios de medio pelo/ entregaron cocardas victimosas/ revictimizando a las víctimas/ con un papelón”. Y terminan exclamando: “¡No gasten más plata en papel!/ ¡Compren el georradar para las excavaciones/ a ver si además de desenterrar/ los huesitos de los compañeros/ desenterramos sus ideas/ de una buena vez!”.

“La reparación integral es una lucha de años de quienes fuimos presos políticos. Mucho se logró en esta etapa: el reconocimiento de la responsabilidad del Estado desde 1968, la señalización de lugares donde ocurrieron cosas para que queden en la memoria, el otorgamiento de prestaciones médicas y la indemnización económica que corresponde a muchos. Quedan casos por los cuales hay que seguir luchando, para terminar con la cultura de impunidad que aún sobrevive”, explicó a Caras y Caretas Gastón Grisoni, dirigente de la organización.

QUE LA BRONCA TIRARON

La comisión especial creada por la ley de reparación integral ha recibido críticas y cuestionamientos desde su propia formación. Integrada por delegados de los ministerios de Educación, Economía y Salud, se complementó con sendos representantes de Crysol y Familiares de Desaparecidos. Su cometido fue “instruir, sustanciar y resolver” sobre los pedidos de amparo a la ley y para ello podía requerir toda la información y antecedentes necesarios como medios de prueba que confirmaran la condición de víctima de los solicitantes.

Los primeros que se sintieron excluidos de la reparación fueron grupos de uruguayos radicados en el exterior, quienes consideraron que su condición de exiliados no estaba amparada en la normativa. Reivindicaban la restitución e indemnización por daños materiales y psíquicos sufridos por su condición de parias y fundamentaban su alegato en el concepto “proyecto de vida” reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el que se reconoce el derecho a la realización integral de las personas durante el desarrollo de sus vidas.

También hubo críticas cuando, al asumir el nuevo gobierno del Frente Amplio, se produjeron sustituciones en los delegados de los ministerios ante la comisión especial. Esto implicó un nuevo comienzo, una vez que el grupo ya había pasado una etapa de adaptación, aprendizaje y coordinación para resolver casos que trascendían sus facultades originales y los colocaban en la necesidad de decidir si aplicaban normas del Código Civil, si admitían criterios de los asesores técnicos o tomaban resoluciones políticas ante determinados casos.

Un episodio particular fue el denunciado por Mario Nino De Negri, secuestrado en diciembre de 1975 en Buenos Aires, trasladado a Uruguay, devuelto a Argentina y regresado a Montevideo, donde quedó como desaparecido en centros de tortura durante ocho meses, antes de ser encarcelado en el penal de Libertad. Un peritaje le negó el amparo a la Ley 18.596 por considerar que no había sufrido lesiones gravísimas según lo estipulado en el Código Penal (enfermedad incurable, pérdida de un sentido, mutilación o deformación del rostro).

En su recurso contra el pronunciamiento, De Negri reclamó que se le reconociera por su condición de víctima del Departamento III del Servicio de Información y Defensa (SID) en el marco de la operación Cóndor, situación que no estaba contemplada en la ley y por tanto pedía un mecanismo de analogía que, en el formulario de petición, sólo consideró posible en opción “lesiones gravísimas”. La comisión terminó por admitir que el caso no estaba previsto en la ley y que la situación trascendía sus potestades. De Negri no pidió su certificado.

ROGER RODRÍGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy

Fuente: Caras & Caretas

Ilustración: Kalvellido

El egoísmo, la avaricia, el individualismo, un capitalismo llevado al extremo… nos ha traído una sociedad donde las desigualdades crecen.

Más de 400.000 familias viven gracias a la pensión de los abuelos. El 22% de la población está en riesgo de pobreza y, según la ONU, la pobreza infantil afecta al 26% de los niños y niñas. No estamos hablando de un lejano país asiático o de la pobreza en África. Son cifras de España, la hasta ahora cuarta economía de la zona euro.

La crisis ha alterado la agenda y el calendario de muchas familias. Personas que hasta ahora vivían bien, tenían su trabajo, su casa, sus hijos, su hipoteca… y que hoy tienen que acudir a organizaciones, como Cáritas o Cruz Roja, para poder dar de comer a sus hijos. Un millón setecientas mil familias españolas tienen a todos sus miembros en situación de desempleo y seiscientas mil familias no tienen ningún ingreso. Las organizaciones de la sociedad civil española ya venían alertando de la situación que se podría llegar a vivir en España. "La crisis lo que ha hecho en sacar a la luz cosas que estaban ahí: desigualdades, injusticias…”, explican desde Cáritas. Informes de antes de 2008, cuando empieza la crisis, hablaban de que en España no se estaban reduciendo los índices de pobreza. Y era en época de bonanza. Hoy, recogemos lo sembrado. Se crecía, había trabajo… pero eran empleos precarios y de baja cualificación.

Los niños y los mayores son los grupos más vulnerables ante cualquier crisis, y también lo son en el caso español. Más de dos millones de niños, según Unicef, viven en hogares que no llegan a fin de mes, que han recortado la lista de la compra o que no pueden hacer frente a los gastos del material escolar. Pero lo peor, dicen los expertos está por llegar y explican que la pobreza infantil aún puede crecer más. Hasta hace un par de años, el perfil de pobreza infantil era el de un niño de clase baja, de familias desestructuradas o unifamiliares. En la actualidad, ese rostro ha cambiado. Son niños de clase media que han vivido bien, han tenido de todo… pero sus padres han perdido el trabajo y se enfrentan a una realidad difícil. Desde Cáritas, explican que muchos niños que sufren fracaso escolar lo hacen como reflejo al fracaso social y familiar que viven. Sin embargo, desde las organizaciones se hace hincapié en que no se trata de un fracaso del individuo sino que es un fracaso colectivo, del conjunto de la sociedad que no ha sabido crear las redes suficientes para que las familias no caigan al vacío.

Las pensiones de los abuelos son para muchas familias el único ingreso que reciben. Los mayores vuelven a ejercer el papel de padres, los padres el de hijos mayores y los nietos a ser los hijos pequeños. Para los mayores, es ya la cuarta crisis grave que han vivido en democracia, personas que han trabajado durante toda su vida, vuelven hoy a dar sostén a la familia, pagan las hipotecas de los hijos, ayudan a llenar el carro de la compra… Un cesto que ha descendido. Cruz Roja alerta que el 23% de los hogares no pueden comer ningún tipo de proteína a la semana, ni pollo ni embutidos. Muchas familias no pueden encender la calefacción ni calentar el agua caliente.

El rostro de la pobreza ha cambiado en los últimos años. Hoy, por fin, nos hemos dado cuenta que cualquiera de nosotros podemos llegar a hacer fila para recoger alimentos de la "caridad”. El egoísmo, la avaricia, el individualismo, un capitalismo llevado al extremo… nos ha traído una sociedad donde las desigualdades crecen. Estamos recogiendo lo sembrado. Pero, aún podemos cambiar las cosas. Unámonos para que la voz del pueblo sea escuchada porque queremos otra Europa, otra sociedad, otra manera de hacer política y de vivir. Y hoy más que nunca porque es necesario.

Ana Muñoz Álvarez
ccs@solidarios.org.es

Fuente: Adital

Entre la falta de medicamentos, sueldos impagos, 22 por ciento de desempleo, suicidios en alza, tres millones de pobres recién llegados al mercado de la pauperización, salarios divididos por la mitad, los griegos eligen su futuro.

Se pueden elegir con libertad los colores para pintar el gran fresco del desastre: a Grecia no le falta ninguno. Penuria de medicamentos, sueldos impagos, desempleo (22 por ciento de la población activa), suicidios en alza, tres millones de pobres recién llegados al mercado de la pauperización (28 por ciento de la población), salarios divididos por la mitad, dignos de un país pobre, ricos que jamás pagan impuestos, corrupción masiva en las instituciones del Estado, juventud en busca de otras fronteras, decenas de miles de personas sin domicilio y hasta una isla, Zante, hoy bautizada “isla de los ciegos” porque se descubrió que más de 600 personas cobraban un subsidio social de 325 euros cuando en realidad apenas había 50 ciegos. La afabilidad de la gente no refleja este profundo drama social y político. El pasado 4 de abril, Dimitris Christulas, un farmacéutico jubilado de 77 años, se elevó a la estatura de símbolo de la debacle nacional con un gesto sin retorno: a las 9 de la mañana, Dimitris Christulas se disparó un tiro en la cabeza en la emblemática plaza Syntagma, justo enfrente del Parlamento. “No puedo más, no quiero dejarles deudas a mis hijos. El gobierno redujo a la nada mis posibilidades. No encuentro otra solución para un fin digno”, escribió. El árbol de la plaza Syntagma donde puso fin a sus días es casi un lugar de culto para quienes, como Panos Giotakos, un empleado del Ministerio de Educación, la muerte de Dimitris equivale a un “crimen de Estado”. En apenas tres años Grecia pasó de la bonanza a la indigencia, de la vitrina idílica del Mediterráneo a la desnudez de un sistema que funcionaba con espejismos.

“Hemos llegado a la cita exacta con la realidad. Soñar es imposible, lamentarse por el pasado es inútil. Todos nos beneficiamos con el sistema anterior, pero era una mentira. Lo único que nos queda por hacer es tener paciencia y reconstruir. Harán falta muchos años y alguien medianamente honesto que tome las riendas de este país. Eso es lo más difícil”, dice Panos Giotakos mientras recorre con los ojos llenos de emoción el árbol donde murió Dimitris Christulas. A los griegos se les atragantan las palabras cuando escuchan que en el resto de Europa los hacen responsables del futuro de toda la Eurozona: “¡Es hipócrita. Ellos son tan cómplices como nuestra clase política!”, dice con rabia Vassillis Paperigaus, un vendedor de ropa de la zona de Plaka. Los males de Grecia se fueron sumando como un rosario de desgracias: la crisis de la deuda trajo la crisis económica, ésta la crisis política, luego se pegó la crisis social y moral y, último escalón del precipicio, la crisis humanitaria.

Luka Kastelli, ex ministra de Economía y luego ministra del Trabajo del gobierno socialista de Lucas Papandreu, le agrega a esas crisis otra peor: “la austeridad que se le impuso a Grecia no sólo incrementó las desigualdades e hizo tambalear todo el sistema político. También acarreó una crisis de legitimidad de las instituciones”. Luka Kastelli fue expulsada del Partido Socialista griego (Pasok) por haber votado contra el plan de ajustes. Para salir del dilema de la ilegitimidad y refrescar el sistema, Luka Kastelli fundó en abril pasado el partido Koisy, el Acuerdo Social. La ex ministra socialista apoya hoy las propuestas de la coalición de la izquierda radical Syriza. Kastelli ve las elecciones de este domingo como el planteo de un nuevo rumbo. No se trata de “elegir por un partido o por otro, sino de optar por un gobierno con suficiente capacidad como para negociar con toda la firmeza necesaria los cambios sustanciales en las políticas económicas”.

Kastelli tomó el rumbo correcto: saltó del barco del desprestigiado Pasok antes de que la sociedad los barriera del horizonte. Una dirección distinta a la que tomó Milena Apostolaki. La mujer ocupó una banca de diputada del Pasok durante más de una década. Era una de las mujeres diputadas más populares, hasta que le pasaron la cuenta y fue aplastada en las elecciones del pasado 6 de mayo: “Pagué por todo”, dice aún bajo el efecto de la derrota. Pagó por el arraigado clientelismo de los socialistas y, sobre todo, por el famoso “memorando”, es decir, el plan de austeridad que firmó el Pasok.

Los intelectuales griegos que sueñan desde hace mucho con una reforma global sienten que la hora sonó a destiempo y que la metodología forzada por Europa es “inadaptada”, según la expresión del director de la revista literaria más antigua del país (Nea Estia), Stavros Zoumbulakis. Este intelectual delicado reconoce la “necesidad de una reforma, pero ninguna sociedad puede reformar con una pistola en la cabeza”. Una pistola y la humillación. Eso es lo que sienten los griegos: que los abruman y los humillan. “Creen que somos todos mendigos, vagos y mentirosos”, dice entre risas y arrebatos de malhumor Aris, un comerciante de una de las calles peatonales de Plaka. El discurso alemán sobre la “vagancia” de los griegos caló en la percepción que la gente que visita Grecia tiene del país. “Son asnos –agrega Aris–. Se creen que cuando pisan Atenas llegan a una ciudad donde hay una guerra civil.”

Pero no hay guerra. Sólo un motón de cólera, miedo, desaliento y, por encima de todo, una contagiosa alegría de vivir. “El sol, el sol, el sol nos salva del presente y también del pasado”, dice entre carcajadas Petros, un agente inmobiliario que no vende “ni un sucucho desde hace ocho meses”. Esa Grecia vota hoy. Bajo ese otro sol opresivo y sin fin que es la crisis.

Eduardo Febbro

Fuente: Página 12

La Mesa Permanente Contra la Impunidad invita el próximo sábado 16 de Junio, a partir de las 16 hrs, al Foro - Debate "DESTERRAR LA CULTURA DE LA IMPUNIDAD", en el que participarán como invitados Gabriel Mazzarovich, Raúl Olivera y Jorge Zabalza, actuando como moderador Walter Caimí.

En la misma jornada se expondrá una de las Muestras Fotográficas sobre Derechos Humanos de la reportera - gráfica Martha Passeggi.

La actividad se llevará a cabo en el SIMA (Sindicato de la Industria del Medicamento), sito en Martín C. Martínez 1686 entre Eduardo Víctor Haedo y Colonia.

Tu presencia es importante.

Cecilia Michelini, la hija del diputado uruguayo Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires en 1976, y titular de la fundación que lleva el nombre de su padre dialogó con Las/12 sobre las consecuencias de la impunidad cívico-militar tras la dictadura padecida en ese país. Junto a ella, la secretaria de la Asociación de Amigos del Museo de la Memoria, Antonia Yáñez, se refirió a las denuncias por violencia sexual como delito de lesa humanidad.

Cecilia tiene 53 años y es una de los diez hijos de Zelmar Michelini y Elisa Delle Piane. Cuando asesinaron a su padre en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor, tenía 19 años y también se encontraba en la misma ciudad junto con algunos de sus hermanos. Poco después partió hacia Suecia y Francia, donde estuvo exiliada varios años. Entre tanto, su madre se quedó junto a sus hijos más pequeños en Uruguay y fue una de las protagonistas de la lucha por el juzgamiento de los responsables de la dictadura cívico-militar padecida por el pueblo uruguayo. Dos de sus hermanas, Elisa y Margarita, sufrieron largos encarcelamientos: Margarita permaneció secuestrada en el centro clandestino conocido como Automotores Orletti, en Buenos Aires.

¿Cómo fueron los años de impunidad y ausencia de justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura?

– Un proceso de mucha lentitud por la combinación de varios factores. La salida de la dictadura fue una salida “negociada” porque ya no podían sostenerla, pero nunca se supo bien en qué había consistido esa “negociación” en la que participaron todos los sectores políticos de nuestro país; en ciertos sectores, más que “negociado” fue “consensuado”. Es más, hay indicios de que se hicieron cambios destruyendo pruebas en los lugares donde estaban los restos de los desaparecidos, en forma consensuada con algunos sectores políticos, no todos. “Lo dice la tierra”, como explican los antropólogos forenses. Lo cierto es que toda la sociedad política participó en esa salida de la dictadura.

Pero en democracia se sancionó la Ley de Caducidad.

– Sí, se negoció entre los partidos tradicionales ya sin los militares, por lo menos teóricamente, la Ley de Caducidad que impidió el juicio precisamente a los militares. A partir de ahí se creó una fuerte corriente en la que mi mamá fue muy protagonista junto a la mujer de Gutiérrez Ruiz, el otro legislador que asesinaron con mi papá, y María Esther Gatti, abuela de Mariana Zaffaroni, que derivó en el plebiscito de 1989. Fue una lucha enorme, emblemática, recorrieron todo el país, pero se perdió, y a partir de ahí se instaló la impunidad y, salvo ciertas excepciones, fueron responsables todas las fuerzas políticas. Los familiares de los desaparecidos intentaron seguir luchando hasta 1996, cuando se instaló la Marcha del Silencio y empezó a lograrse que se hablara del tema; sólo eso, que se hablara. En 2000, cuando ganó la presidencia Jorge Valle, creó la mal llamada Comisión de la Paz. Fue como una Comisión de la Verdad, un gesto con el que se avanzó muy poco. Tendría que haberse establecido la búsqueda de la verdad y el enjuiciamiento de los culpables, pero no fue así.

¿La sociedad civil no reclamaba justicia?

– En Uruguay fue todo muy despacio con respecto a otros países. Si bien Valle no fue protagonista, acompañó a Juan Gelman en el gesto cuando encontró a Macarena, porque el que encontró a Macarena fue su abuelo; Valle lo acompañó públicamente y por primera vez se reconoció ese horror de haber matado a una chica tan joven y haberse quedado con su niña. Pero tampoco se hicieron cosas que la Ley de Caducidad sí habilitaba, como haber juzgado a los mandos superiores, a los civiles y a los delitos económicos. Lo que no se podía investigar ni juzgar era el tema de los desaparecidos, aunque eso no impedía buscarlos. Sin embargo, la impunidad fue tan impresionante que a pesar de eso no se hizo la búsqueda. Era una ley anticonstitucional porque el presidente decidía por sobre los tres poderes.

¿Cuándo se empezó a avanzar?

– Recién en 2005, con el gobierno de Tabaré Vázquez. Entonces sí se investiga a los mandos y la cuestión de los desaparecidos. Fueron presos Bordaberry, el presidente civil que dio el golpe y luego fue desplazado, y algunos militares. Se hizo un acuerdo con la universidad para que empezaran a buscarse los cuerpos; se avanzó mucho con eso. Pero la Ley de Caducidad seguía vigente y hubo pacto de silencio entre los militares de los altos mandos, no se produjeron resultados porque no se podía investigar sobre los desaparecidos. Fue un proceso complejo, se avanzó muy poco. Es algo que se mezcla con la política, tiene raíces políticas, pero no se logra una cultura de lo que es el Estado de Derecho y una sociedad en esos términos, por eso muchas veces las agendas se marcan por momentos electorales o políticos. Recién ahora la sociedad civil está remontando y tiene una fuerza mayor: comparando con la Argentina, siempre me pareció que la uruguaya es una sociedad más débil.

¿Y la izquierda uruguaya? ¿Cuál es su protagonismo en todo este proceso?

– Bueno, algunas cosas empiezan a pasar, las víctimas comienzan a reclamar sus derechos, a tener conciencia de la memoria; hay leyes reparatorias, todas muy tibias. El proceso es tibio pero igual algo se ha avanzado, aunque no en el caso de los desaparecidos. Ahí no se han puesto los medios que deben ponerse y los tiempos corren, los familiares están muy mayores y tampoco se le ha dado medios a la Justicia para que se especialice en esos temas. Hay mucho por hacer, por el rescate de la memoria constructiva, hacia adelante. Y hay una mezcla de temáticas que hace que ciertos políticos, incluso dentro de la izquierda, de alguna manera planteen la teoría de los dos demonios, desvirtuando el hecho de que una cosa es el Estado arrogándose el derecho de aterrorizar a la población violando todos los derechos humanos, y otra cosa es que personas particulares hagan tal o cual acto delictivo. Es un tema con el que hay que luchar mucho y en el que la izquierda también ha sido débil.

Pero surgió el fenómeno de los jóvenes.

– Sí. Un fenómeno nuevo en Uruguay, que continúa, y es la participación de la gente joven, los de 18 años. Las manifestaciones por el Sí fueron enormes. Para ellos fue una desilusión el haber perdido, pero igual siguieron y las Marchas del Silencio son de gente de 18 a 25 años. Obviamente, también participamos los mayores, pero es un acontecimiento muy importante el de los jóvenes involucrándose de esa manera. Y, finalmente, el 27 de octubre de 2011 el Parlamento aprobó la Ley 18.831, que calificó los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado hasta el 1O de marzo de 1985 como de lesa humanidad. La Ley de Caducidad nunca fue anulada ni derogada, pero los hechos legislativos ocurridos en 2011, como el desarchivo de los casos, su no amparo bajo la Ley de Caducidad y la votación en las cámaras legislativas, que impidió que las causas caduquen, determinaron que sus efectos fueran eliminados del ordenamiento jurídico del Uruguay. A partir de todo esto es que tenemos muchísimos casos en la Justicia y en la Corte Interamericana.

¿En qué situación está la búsqueda e identificación de desaparecidos?

– Eso es algo en lo que quiero rescatar a José López Maz, que está al frente del equipo de antropólogos forenses, y a la Universidad de la República, por el trabajo que están haciendo con el apoyo del gobierno del Frente Amplio que los llamó, aunque no tienen recursos. Los militares les dieron pistas falsas para desprestigiarlos, pero ellos siguen y encontraron dos cuerpos más: en total, hasta ahora, son cuatro, dos en el primer período de Tabaré Vázquez. Nosotros tenemos alrededor de 200 desaparecidos, muchos fueron secuestrados en la Argentina en el marco del Plan Cóndor. No hay nada más importante que el hecho de que los familiares cuenten con la posibilidad de buscar a sus desaparecidos, y tener justicia. Luego hay que mencionar todo lo que tiene que ver con la memoria, que es en concreto donde sentimos que desde la Fundación Zelmar Michelini podemos aportar más. Así, el año pasado en Montevideo organizamos el Seminario Dos Orillas entre Argentina y Uruguay, y hoy estamos haciendo este coloquio entre ambos países en el Centro Haroldo Conti.

¿Qué intentan impulsar a partir de estos encuentros?

– La humanización y la búsqueda de reflexión sobre lo que nos pasó, y el recuerdo y el reconocimiento a la resistencia, al coraje y a la solidaridad de tanta gente. Esas personas tuvieron nombres, ilusiones, amores, un novio, una minifalda, se pintaron los ojos; era gente joven. Pensando en los miles de desaparecidos acá en la Argentina y en los de nuestro país, hay que darle vida a todo eso. Y además tuvimos ideas, quisimos un mundo mejor... La fundación trabaja mucho desde el hoy. Nos parece que derechos humanos es también pelear por las condiciones en las cárceles, por la gente que todavía sufre pobreza. Es la construcción de derechos humanos y de ciudadanía desde el pasado y desde el hoy. Son las ideas de Zelmar Michelini llevadas adelante, con una visión optimista y constructiva.

VIOLENCIA SEXUAL Y LESA HUMANIDAD

Antonia Yáñez (63) es docente y secretaria de la Asociación de Amigos del Museo de la Memoria uruguayo, es militante del Partido Comunista (PCU) y fue detenida en 1975 y en 1981. En 1975 había sido apresada y juzgada por la justicia militar y civil, antes de la gran operación masiva contra el PCU que ocurrió en octubre de ese año.

“En el ’76 ocurren las muertes en Buenos Aires de compañeros que se habían asilado. La concepción de mi partido era quedarse y continuar la lucha en nuestro país, y así lo hicimos. En el ’77 cae mi marido; teníamos un hijo. Estar clandestina me impidió ir a verlo a él a la cárcel y estuve separada de mi hijo, que era criado por mis padres y mis suegros. En el ’79 y ’80 siguió habiendo caídas importantes: nosotros atribuimos nuestra caída posterior al plebiscito del ’80, al hecho de que se hubiera perdido; fue una represalia. Cayeron más de doscientas personas, hay tres compañeros desaparecidos. Uruguay tiene cuarenta y pico de personas muertas en la tortura y desaparecidas, recién ahora se pudo identificar a cuatro en total. Y después está el conjunto de personas desaparecidas en el marco del Plan Cóndor en la Argentina”, relata.

“Yo estuve en el centro La Tablada, en las afueras de Montevideo, donde hay cincuenta lugares que fueron centros de desapariciones y torturas. Junto a otros compañeros estuvimos seis meses desaparecidos y después nos llevaron a la cárcel de Punta de Rieles, que fue el presidio de todas las mujeres a partir del ’74. Nosotras estamos haciendo recién ahora las denuncias sobre las torturas, por ese proceso que significó llegar a considerar los delitos de lesa humanidad como imprescriptibles. Armamos un seminario sobre tortura y violencia sexual al que vinieron un fiscal y especialistas argentinos, e hicimos una denuncia de violencia sexual. Somos un grupo de veintiocho mujeres que nos fortalecimos y unimos en torno a esto, teniendo en cuenta lo que significan las denuncias y la exposición”, subraya. “Hay otras compañeras que estuvieron presas en la cárcel de Carmelo y decidieron plegarse a la denuncia.”

Y concluye que “en Uruguay las cosas fueron lentas y la política no siempre está a la altura de las necesidades de otro orden. Pero a partir de que ganó el Frente Amplio se pudo empezar a hablar, y el hecho de que haya militares y civiles presos marca una diferencia. El otro tema a destacar es la necesidad de que el movimiento popular y por los derechos humanos vaya ensanchándose. Claro, un gobierno abierto, progresista, también hace que una aspire siempre a más”.

Noemi Ciollaro

Fuente: Página 12